El 30 de mayo de 2025, el monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, Etecsa, anunció una subida tarifaria de los servicios móviles y las recargas de datos extra, con una tasa cambiaria promedio cercana a los 400 CUP por dólar, un valor superior al cambio de esa divisa en el mercado informal. La decisión evidenció —una vez más— la inseguridad jurídica de los ciudadanos cubanos ante una empresa que incumple sus normas contractuales y un Estado que actúa sin rendir cuentas.

Según el contrato de prestación de servicios que Etecsa mantiene con sus clientes, la empresa debe comunicar «con 30 días naturales de antelación cualquier modificación en las condiciones de prestación del servicio». Sin embargo, el anuncio y la aplicación de los nuevos precios ocurrieron el mismo día: el 30 de mayo.

La violación explícita de la cláusula contractual —unido a la abusiva escalada de los precios— generó malestar entre los usuarios y suscitó interrogantes sobre la posibilidad de presentar una demanda judicial contra Etecsa por violar los términos del contrato.

Aunque el incumplimiento del preaviso y el tarifazo son motivos de peso para impulsar una demanda ante un organismo de justicia «independiente», en Cuba el hecho de que potenciales demandantes a una empresa del régimen obtengan una compensación o un cambio efectivo mediante mecanismos judiciales resulta bastante improbable.

Lo anterior responde a que la isla carece de una legislación que reconozca los contratos de consumo —electricidad, agua o telecomunicaciones— dentro de la jurisdicción mercantil. La maniobra empleada por el Estado cubano supone que conflictos como el suscitado por el tarifazo queden fuera del alcance de los Tribunales especializados en disputas de esa naturaleza.

La estructura jurídica cubana está diseñada para proteger al Estado y a sus empresas, no al ciudadano común, quien —a falta de una entidad reguladora independiente— queda a merced de lo que Etecsa decida.

Además de la traba que enfrentarían los ciudadanos en los Tribunales, el monopolio parece estar «blindado» por el tipo de contrato que ofrece. Se trata de un modelo contractual de «adhesión» que no deja margen de negociación a los futuros clientes sobre las condiciones del servicio. No dista mucho de lo que las compañías de telecomunicaciones ofrecen a los usuarios en otras partes del mundo, con la diferencia de que en el mercado cubano no es posible elegir a otro competidor para acceder a la telefonía fija y móvil y a la conexión a Internet.

El carácter monopólico de Etecsa convierte cada modificación de sus tarifas o condiciones de servicio en una imposición. La disyuntiva es clara: «aceptas el tarifazo o te quedas sin conexión».

¿Quién protege a los ciudadanos?

Los intentos de ciudadanos que buscan interponer acciones legales por la falta de notificación previa —en lugar de poder denunciar lo injusto de los nuevos precios— no resuelve la raíz del problema: en lo adelante el acceso a Internet será un privilegio sujeto al pago de tarifas en una moneda extranjera y cuyos montos superan el salario mínimo estatal e, incluso, duplican la pensión mínima.

La libertad de Etecsa para operar como entidad rentista no será tratada de forma objetiva por ningún Tribunal, que en lugar de ser órganos independientes forman parte del entramado institucional del régimen. El ciudadano cubano que intente promover una demanda o cualquier tipo de reclamo legal contra Etecsa no solo enfrentará vacíos legales, sino también el muro político-judicial de un Gobierno que no permite que sus decisiones económicas sean cuestionadas en sede judicial. En términos prácticos, cualquier denuncia está condenada al fracaso.

Gobierno cubano ganó millones por exportación de servicios de telecomunicaciones: ¿qué hizo con ese dinero?

En una reciente entrevista en la televisión estatal, le preguntaron a la presidenta de Etecsa, Tania Vázquez, qué se hizo con el dinero recaudado por el monopolio. La funcionaria esquivó el cuestionamiento y se centró en la pérdida de divisas de la empresa. 

La prueba es que en lugar de reconocer la naturaleza abusiva de los nuevos precios, las autoridades prefirieron reducir el problema a un fallo en la manera en que se comunicó la medida. En su comparecencia en televisión, la presidenta de Etecsa, Tania Velázquez Rodríguez, atribuyó la reacción negativa de los usuarios a la «incomprensión sobre el alcance de estas medidas». La narrativa oficial desvió así la atención del fondo del conflicto: las tarifas se mantendrán (o se maquillarán de forma parcial), pero no habrá margen real para discutirlas o impugnarlas.

Del mismo modo que el ciudadano queda sin opciones ante una tarifa abusiva impuesta por un monopolio estatal, también lo hace cuando reclama libertad, justicia o una vida digna. En Cuba no hay instancia imparcial a la que acudir cuando el poder actúa en contra del interés público. La inseguridad jurídica que hoy permite el tarifazo de Etecsa es la misma que, en todos los ámbitos, deja a los cubanos sin herramientas legales para defender sus derechos fundamentales.

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