La tragedia ocurrida en España con las hermanas Anna y Olivia, de uno y seis años, removió sensibilidades dentro y fuera de ese país. El 27 de abril de 2021 las niñas fueron secuestradas en Tenerife. Lo hizo su padre, quien llamó a la madre para decirle que no las vería más. Un mes y medio después, el 10 de junio, gracias a las operaciones de rastreo del buque oceanográfico equipado con un sonar, fue hallado el cuerpo de la niña mayor en el lecho marino de Canarias. Aún se ignora el destino del padre y de la más pequeña, aunque se presume que están muertos. ¿Por qué un padre haría esto a sus hijas? Para vengarse de la madre por haber rehecho su vida junto a otro hombre. 

Este brutal episodio reavivó el debate acerca de una de las variantes más crueles de la violencia intrafamiliar: la llamada violencia vicaria. 

¿Qué significa la violencia vicaria? 

El término es joven. Lo acuñó la psicóloga Sonia Vaccaro en 2012. Se utiliza la palabra «vicaria» para hacer referencia a la sustitución de un individuo por otro en el ejercicio de una función. Por eso también se le denomina como «violencia por sustitución» o «violencia por interpósita persona». En resumen: es un tipo de violencia que instrumentaliza a los hijos (u otros seres queridos, incluso mascotas) para castigar, evitar la separación con el cónyuge o, después de esta, emplearlos como forma común de coerción. 

No obstante, el término (y su creadora) son discutidos con frecuencia. En primer lugar, porque al definir a los menores como instrumento, los puede invisibilizarlos como víctimas. Y en segundo, porque se suele vincular el fenómeno con la violencia de género en exclusivo, lo cual deja fuera crímenes cometidos por mujeres. 

«Si me dejas, te quito a los niños» o «te daré donde más te duele» son frases típicas de un escenario de violencia vicaria, cuyo desenlace extremo es el asesinato de los hijos para infligir dolor en uno de sus padres. Sin embargo, en sus fases intermedias puede ir desde la violencia psicológica (predisponer a los niños al hablarles mal de su progenitor, o amenazar con no permitir verlos) a las diversas formas de maltrato físico. 

El caso de España 

Angela González Carreño es la madre que sentó precedentes en cuanto a violencia vicaria en España. Su hija de 7 años fue asesinada por su padre en 2003 durante una de sus visitas sin supervisión. Ángela no pudo evitar que su ex pareja se llevara a su hija, a pesar de haber interpuesto más de treinta denuncias por violencia y haber solicitado protección. Tras su muerte, el caso le tomó once años en juzgados nacionales e internacionales, hasta que en 2015 el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) dictó una resolución a su favor, y determinó que hubo negligencia por parte del Gobierno español. Finalmente, una sentencia del Tribunal Supremo de España condenó al Estado español a indemnizar a Ángela con 600.000 euros por su responsabilidad patrimonial. 

La ley española no reconoce la violencia vicaria como crimen, aunque la Ley Integral Contra la Violencia de Género de 2004 sí menciona un tipo de violencia que se ejerce «sobre (...) familiares o allegados menores de edad». En 2017 se incluyó el concepto en el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, que reconoce como víctimas a las mujeres que han sufrido «el daño más extremo que puede ejercer el maltratador hacia una mujer: dañar y/o asesinar a los hijos/as». 

Antes de la muerte de Anna y Olivia, solos dos sentencias reconocieron las características de este tipo de crimen como actos de violencia contra la mujer. Una en A Coruña (2018) a un hombre que asesinó a su hijo durante el régimen de visitas, y otra en Valencia (2019) por el intento de asesinato de una menor. En ambos casos las sentencias establecen como agravante que el objetivo era el daño psíquico a la madre, por razones de género. La única Comunidad Autónoma que incluía la violencia vicaria era Cataluña, que a finales de 2020 modificó su ley sobre violencia de género. 

Tras el impacto mediático de las hermanas de Tenerife, el 4 de junio de 2021 se reformó el artículo 94 del Código Civil español para negar al progenitor el régimen de visitas si se encuentra «incurso en un proceso penal» por violencia doméstica contra el otro cónyuge o por violencia de género. Galicia también modificó en junio de 2021 su ley contra la violencia de género para extender la protección como víctimas a aquellas mujeres que hayan sufrido violencia vicaria de cualquier tipo. 

¿Solo los hombres? 

Si hacemos una rápida búsqueda en Google, veremos que se reconoce la violencia vicaria como una forma de violencia de género, porque con mayor frecuencia los perpetradores son los hombres. De hecho, en muchos casos de situaciones familiares se distingue la violencia vicaria del parricidio precisamente basándose en el género del perpetrador. 

En el caso de las mujeres, ejercer esta violencia suele expresarse de forma psicológica, aunque algunos eventos han sido tan escalofriantes como el caso de Anna y Olivia. Tan solo días después de que el hallazgo del cuerpo de Olivia acaparara titulares, otro hecho violento pasó casi inadvertido: la pequeña Yaiza, de 4 años, fue sofocada hasta la muerte por su madre, quien luego se intentó suicidar. Dejaba una nota al padre de la niña: «Porque has hecho que me quite la vida, pero vas a llorar la muerte de tu hija. La última palabra la tienes tú. Decide si la entierras o la incineras». 

¿Qué diferencia hay entre los motivos del padre de Anna y Olivia y de la madre de Yaiza, si ambos son crímenes de violencia vicaria? 

Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno español para la Violencia de Género y profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada, explica que la expresión “violencia vicaria” o violencia por sustitución, puede ser atribuida a situaciones en las cuales no esté presente la violencia machista. “Las víctimas sufren el mismo dolor, pero en el maltrato machista, que un padre mate a sus hijos parte de una violencia estructural y se basa en la identidad del hombre, que busca dominar a la mujer”, explicó Lorente a El País. 

El contexto cubano 

Como muchos otros países, Cuba no cuenta con datos desagregados sobre víctimas de violencia vicaria. No obstante, el Observatorio de Feminicidios que maneja la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba ha documentado la muerte de al menos tres menores en 2020 como consecuencia de la violencia de género; uno de ellos por violencia vicaria. En su documento Informes periódicos séptimo y octavo combinados, respecto al artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 2011, Cuba insertó una tabla con datos obtenidos del registro de atención a la población de la Federación de Mujeres Cubanas entre 2006 a 2008. Resulta llamativo que en los casos de violencia intrafamiliar predomina la violencia del hombre hacia la mujer, y le sigue la de la mujer a los hijos.

En la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género de 2016, el documento oficial más reciente sobre temas de género, tampoco se incluyeron preguntas relacionadas con la violencia vicaria. 

Más allá de lo anecdótico, no existe información pública sobre este tipo de crímenes o sentencias asociadas. Aunque no tenemos acceso a datos, la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe afirma que existen testimonios que corresponden con las características de violencia vicaria. 

Casi todos conocemos algún caso de una madre o un padre cuya relación con sus hijos se ha afectado tras una separación. La llegada de una nueva pareja a la ecuación puede empeorar el escenario, en el cual median lazos familiares, temas económicos y estatus social. En algunos casos, la violencia vicaria se traduce en amenazas, situaciones tensas, conflictos y discusiones inacabables que afectan a los niños y niñas al convertirlos en un comodín. También existen casos de violencia física: mascotas envenenadas, hijos maltratados, pensiones que solo llegan a cambio de determinadas condiciones específicas… Los asesinatos –su expresión más extrema– por fortuna son menos en comparación con otras formas.

Pero, ¿cuántas veces hemos sido testigos de situaciones parecidas a distintas escalas? ¿Las asumimos como una forma de violencia? Quienes tienen hijos deben considerar en qué condiciones interactúan con sus ex parejas; cómo cada progenitor se relaciona con los hijos en escenarios de ruptura. Tienen el deber de procurar que no exista violencia, ni siquiera en sus formas «menos agresivas».

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