William Sosa: otro cubano detenido por decir lo que piensa
El cubano usuario de Facebook William Sosa, conocido por sus publicaciones en redes sociales sobre la situación económica del país, fue detenido el miércoles 12 de noviembre de 2025 en Las Tunas, según denunció su hijo Miguel en un mensaje difundido desde la cuenta personal de Sosa.
«Su único delito fue hacer exactamente lo que ustedes han seguido y respetado por tanto tiempo: publicar aquí sus análisis económicos y sociales», afirmó Miguel en el post, en el que pidió ayuda para visibilizar el arresto de su padre.
Un amigo de Sosa escribió a elTOQUE y pidió que amplificáramos la denuncia. De acuerdo con esta persona, la Seguridad del Estado fue quien detuvo al bloguero. Un familiar de Sosa nos escribió por redes sociales y compartió la fotografía de una citación policial a su nombre. El pariente añadió que Sosa estaría acusado de «desobediencia».
Según la citación, Sosa debería presentarse en horas de la tarde ante una oficial llamada «Celia», a secas. El militar que entregó la citación fue un primer teniente, cuyo nombre posiblemente sea Freddy Domínguez Ayala, pero es difícil saberlo con exactitud porque la caligrafía de la citación no es totalmente legible.
Hasta el momento, las autoridades cubanas no han ofrecido información pública sobre la causa o el lugar de reclusión de Sosa, cuya página es seguida por miles de personas dentro y fuera del país. En sus textos, Sosa abordaba con frecuencia temas de inflación, reformas económicas y el impacto de las sanciones estadounidenses.
En comunicación con otro miembro de su familia, supimos que Sosa también había sido citado por las autoridades hace unos meses, pero lo habían dejado marchar con una advertencia.
El Código Penal dicta que el delito de desobediencia puede ser penado con una condena de seis meses a un año de cárcel o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. El artículo 189.3 añade: «incurre en igual sanción que la prevista en el apartado anterior, quien (...) reiteradamente desobedezca o incumpla (...) las advertencias realizadas como consecuencia de la inobservancia de las (medidas) adoptadas por el órgano o entidad encargada de la prevención social».
«Es el hombre que sostiene a nuestra familia, no solo económicamente, sino con su amor y su guía», escribió su hijo. «Les pido desde el corazón que nos ayuden a visibilizar lo que acaba de ocurrir».
La detención ha provocado una ola de solidaridad entre colegas, seguidores y activistas por la libertad de expresión, que denuncian lo ocurrido como un nuevo ejemplo del creciente acoso contra voces independientes en la isla.
La activista residente en Cuba Yumilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, compartió la denuncia hecha por el hijo de Sosa. «Apoyo total a su derecho de regreso a casa, sin cargos y respetando su integridad física, como un ciudadano de bien y cubano de estos tiempos», escribió Lafita.
El caso de Sosa se sumaría a una lista creciente de comunicadores y usuarios que han sido citados, interrogados o encarcelados en los últimos años por expresar opiniones críticas sobre la gestión económica y social del Gobierno cubano.
En junio de 2025, se conoció que la Fiscalía pidió diez años de cárcel para el activista Alexander Verdecia por sus publicaciones en redes. Verdecia permanece en prisión desde inicio de 2025.
En octubre de 2025, el Tribunal Supremo Popular ratificó la condena de siete años de cárcel al activista Alexander Fábregas Milanés, también por sus publicaciones en redes. Fábregas Milanés ya había pasado nueve meses en prisión anteriormente por transmitir en vivo las protestas del 11 de julio de 2021 en Sancti Spíritus.
Hasta hace unos años, el Gobierno cubano se amparaba en el Decreto Ley 370, aún en vigor, para reprimir el disenso en Internet. El decreto contiene un apartado sancionador que permite aplicar multas a personas que, por ejemplo, publiquen contenidos o difundan información que se considere contraria al «interés social», la «moral», las «buenas costumbres» o la «integridad de las personas», conceptos abstractos que no están definidos en el Código Penal ni en ningún otro cuerpo jurídico de la isla y que en la práctica son utilizados para silenciar el disenso.
Sin embargo, en los últimos tiempos, el enfoque del régimen parece ser más agresivo: ya no se reportan tantos casos de personas multadas, como de condenas penales desproporcionadas a quienes ejercen la crítica en Internet.
«Su detención el día de hoy nos ha dejado en shock y con un vacío inmenso», añadió su hijo Miguel en la denuncia. «Hay un hogar que lo necesita, que lo espera, y que desde este momento sufre una angustia terrible por esta injusticia».
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