La Fiscalía cubana solicita una condena de diez años de prisión para el activista Alexander Verdecia Rodríguez, coordinador en Granma de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), por expresar opiniones críticas contra el Gobierno en su cuenta personal de Facebook.

Según la petición de la fiscal Eliannys Bárbara Infante Bazán —difundida en redes sociales—, Verdecia está acusado de los delitos de «propaganda contra el orden constitucional» e «instigación a delinquir». El documento refiere que en enero de 2024 el imputado «concibió la idea de perturbar la tranquilidad ciudadana» mediante publicaciones en Internet que convocaban a las personas «a rebelarse contra el sistema y sus dirigentes».

De acuerdo con la petición fiscal, Verdecia escribió frases como: «no más apagones, abajo Díaz-Canel, abajo la tiranía comunista»[sic], y exigió libertad para los presos políticos. Fue detenido el 6 de febrero de 2025, un año después de las publicaciones, y permanece en prisión provisional en la cárcel provincial Las Mangas, en Granma.

La sanción solicitada por la Fiscalía es la pena máxima contemplada en el artículo 124.2 del Código Penal, que castiga con hasta diez años de cárcel a quienes difundan propaganda contra el orden constitucional usando medios de comunicación, incluidos los digitales.

El caso de Verdecia confirma la aplicación sistemática de una política de máxima severidad contra los ciudadanos que expresan opiniones contrarias al Estado cubano. La criminalización del activismo digital ha cobrado fuerza desde las protestas del 11 de julio de 2021, y forma parte del patrón represivo contra la disidencia pacífica.

Lo sucedido con Alexander Verdecia no es un caso aislado. En enero de 2023, Sulmira Martínez Pérez, conocida como Salem de Cuba, fue arrestada en La Habana por administrar una página crítica en Facebook. Al igual que Verdecia, a Sulmira la Fiscalía la acusó de propaganda enemiga. Desde entonces permanece en prisión y a la espera de sentencia, luego de que el juicio fuera pospuesto en tres ocasiones. 

Sulmira Martínez Pérez: la propaganda que el Gobierno castiga

A Sulmira Martínez Pérez la acusan por sus publicaciones en redes sociales por la posible comisión de un delito de propaganda contra el orden constitucional.

Prisoners Defenders estima que en Cuba hay más de mil personas presas por motivos políticos, muchas de ellas acusadas por manifestarse de forma pacífica. Estos procesos se caracterizan por la falta de garantías judiciales, prisión provisional prolongada y acusaciones violatorias del derecho internacional.

El encarcelamiento de Alexander Verdecia por opiniones expresadas en redes sociales viola principios fundamentales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el cual reconoce el derecho de toda persona a la libertad de expresión, incluyendo la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Aunque Cuba firmó el PIDCP en 2008, nunca lo ha ratificado, por lo que el Estado cubano no participa de los mecanismos de defensa de los derechos humanos que establece el instrumento.

Eliannis Villavicencio Jorge, esposa de Alexander, denunció públicamente la detención de Alexander y culpó a la dictadura y a la Seguridad del Estado por separar a sus hijas de su padre. Aseguró que con la encarcelación de su pareja, sus hijas pequeñas han quedado sin recursos y que es víctima de vigilancia constante. «Cuba no protege a los niños. No más terrorismo de Estado», escribió en redes sociales.

Villavicencio declaró a Martí Noticias que la familia decidió no disponer de abogado para el caso porque defienden el sistema. Ni Verdecia ni su entorno han sido notificados de cuándo se celebrará el juicio.

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