El 14 de enero de 2025, el Gobierno cubano anunció que liberaría a 553 prisioneros «en el espíritu del Jubileo Ordinario del Año 2025». Hasta el momento, las organizaciones de la sociedad civil solo han registrado 210 excarcelaciones de presos políticos.

El comunicado oficial, publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que las excarcelaciones se realizaban tras una negociación diplomática en la que medió el Vaticano y la cual incluyó que la Administración Biden retirara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Días más tarde, Donald Trump reinsertó al régimen cubano en el listado. 

Con excepción de una excarcelación concedida el 30 de enero, el resto se notificaron entre el 15 y el 20 de enero de 2025. Todo indica que después de esta fecha, coincidente con la toma de posesión en Estados Unidos de Donald Trump, el proceso se detuvo. Aunque las autoridades no lo han reconocido. 

La libertad condicional y la licencia extrapenal fueron las medidas concedidas por el Gobierno a los excarcelados. Estos beneficios no significan que se haya extinguido su sanción, por lo que deberán cumplir su condena de forma íntegra y podrían regresar a los centros de detención si las autoridades así lo consideran. No se trata de una liberación. Según la organización Prisioners Defenders, el 94 % de los excarcelados tenían derecho al régimen abierto y, en algunos casos, se les había negado previamente.

La Administración de La Habana no reconoce la existencia de presos políticos en el país. En una entrevista, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, se refirió al tema. El jurista insistió en que esta medida es habitual en el sistema de justicia cubano y que no está mediada por temas políticos. Además, dijo: «ninguna de esas personas está ahí porque haya cometido delitos asociados a su vocación política o sus ideas».

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El presidente del Tribunal Supremo Popular insistió en que las excarcelaciones de enero de 2025 no constituyeron una amnistía ni un indulto. El funcionario se refirió a los presos políticos como creadores de «disturbios» y personas que le faltaron «el respeto a la autoridad».

Sin embargo, la mayoría de las personas excarceladas (203) de las que se tiene registro habían participado en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021. Los delitos por los que fueron procesados incluyen: desórdenes públicos, desacato, desobediencia, atentado y sedición. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron violaciones al debido proceso durante los juicios. Las condenas fueron ejemplarizantes con penas desde cuatro hasta 15 años de prisión.

Contrario a lo que aseguró Remigio Ferro, las organizaciones de la sociedad civil registran, al menos, 1 387 personas en la isla que han sido detenidas y procesadas por sus ideas o sus acciones contra el Gobierno cubano o por ejercer el derecho a la manifestación pacífica.

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Julio Antonio Fernández Estrada, parte del equipo de elTOQUE Jurídico, explicó que las excarcelaciones «demuestran cómo el sistema político, en general, utiliza a las personas privadas de libertad por cualquier delito como moneda de cambio y los convierte en mercancía para intercambiar favores políticos en momentos de tensión».

La lista completa de las personas excarceladas se puede consultar en la plataforma colaborativa #todos, impulsada por diez medios independientes cubanos. Este espacio acompaña y amplifica los esfuerzos de familiares, activistas y organizaciones de la sociedad civil (como Cubalex, Prisioners Defenders, Justicia 11J, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos) en su demanda de liberación para todos los presos políticos cubanos.

Consulta la plataforma: https://todoslibres.net/