En Cuba han muerto al menos 95 personas de manos de las fuerzas del orden en los últimos cinco años; otras 287 han sufrido violencia policial no letal. 

Entre las víctimas hay algunos nombres y rostros conocidos, pero una gran parte continúa bajo la sombra de las injusticias cotidianas que el Gobierno intenta ocultar. Para visibilizar y entender mejor la violencia policial, entre el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y elTOQUE hemos conformado una base de datos con los hechos y las víctimas de violencia a manos de los cuerpos armados cubanos durante el último quinquenio. 

La identificación de 382 víctimas fue posible gracias a que más personas deciden denunciar y gracias al trabajo de organizaciones y activistas que monitorean las situaciones de violencia. 

Las denuncias realizadas en redes sociales y en medios de prensa, así como los informes y datos de organizaciones independientes (Cubalex, Justicia 11J, Archivo Cuba, Proyecto Inventario, Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoners Defenders) nos sirvieron de punto de partida.

La violencia policial no se ejerce solamente cuando alguien muere; hay otros hechos frecuentes que son considerados actos violentos. Por ese motivo, en esta investigación la «violencia policial» hace referencia al uso indebido o excesivo de la fuerza física o del poder ejercido de manera directa o indirecta por agentes del Estado (policía, Seguridad del Estado, autoridades carcelarias u otros) en contra de individuos o grupos que resulta en lesiones, muertes o violaciones de los derechos humanos de las personas a las que deberían proteger.

Otras organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, definen la «brutalidad policial» como las diversas violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía, que pueden incluir palizas, insultos racistas, tortura, homicidio ilegítimo o el uso indiscriminado de agentes de represión de disturbios en manifestaciones. Sin embargo, la investigación se limita a registrar la violencia física y sexual a partir de las denuncias registradas. 

No se incluyeron otras formas de violencia (psicológica, económica y verbal, así como la discriminación, a causa de dificultades en el registro y verificación de estas). Resulta difícil determinar las formas en que los agentes del orden ejercen violencia contra los ciudadanos debido a la falta de transparencia de las fuentes oficiales. La dificultad para acceder a los datos ha sido uno de los principales obstáculos para la investigación y resulta también un problema grave en el país, pues limita el debate y esconde la realidad bajo el tapete.  

Existen reglas internacionales que establecen cuándo la policía puede recurrir al uso de la fuerza, en especial a los medios letales. En La Habana, durante el octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1990, la ONU estableció los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. La norma regula la violencia policial.

Los Principios Básicos disponen que cada Gobierno y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecen las normas y las regulaciones en cada país. Sin embargo, el documento insiste en la necesidad de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley posean «distintos tipos de armas y municiones, de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego»; también, en que los funcionarios empleen, «en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego».

Como parte de su contenido, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego establecen que «los Gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley». Regulan, además, que «no se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios Básicos».

Hemos identificado siete formas de violencia física que cometieron las autoridades en Cuba entre 2018 y 2023: 

1. abuso sexual, 
2. detención violenta o arbitraria, 
3. ejecución extrajudicial, 
4. negación de atención médica / negligencia médica, 
5. muerte bajo custodia, 
6. uso de arma de fuego, 
7. uso excesivo de la fuerza. 

Varias de las formas de violencia están motivadas por la discriminación política. 

Según nuestro registro, de las 382 personas violentadas por las fuerzas del orden, 274 fueron víctimas de violencia policial debido a alguna motivación política —principalmente dentro del sistema penitenciario y durante las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 y otras protestas públicas en contra de las autoridades y del sistema político—.

Quienes se oponen públicamente al Gobierno cubano son más vulnerables de recibir una respuesta violenta por parte de las fuerzas del Estado, situación que se agrava cuando se trata de prisioneros y de personas bajo custodia policial —sometidos a diferentes grados de violencia de manera constante y con menos posibilidades de denunciar—.

Violencia mortal: Suicidios y negligencia en prisiones 

El 5 de febrero de 2023, Aiser Roque Rivero, de 17 años, murió en circunstancias sospechosas en la estación de Policía de Placetas, Villa Clara. La versión oficial alegó que se trató de un suicidio, pero el padre del joven, Yoan Roque, está convencido de que fue un asesinato.

Según Yoan Roque, desde que Aiser fue detenido durante las manifestaciones del 11 de julio vivía bajo el acoso constante de las autoridades y en más de una ocasión terminó detenido en la estación durante varios días. La respuesta del joven ante los actos excesivos de las autoridades era plantarse —común entre los presos políticos desde 1959, que se niegan a acatar las órdenes de los carceleros y la «rehabilitación» impuesta desde el poder—, acción que las fuerzas del orden ven como afrenta.

Un testigo comentó a Yoan Roque que el 5 de febrero Aiser afirmó que se plantaría. Poco después, un oficial dio la voz de alarma y alegó que Aiser se había ahorcado con el forro de un colchón. Yoan no cree en las coincidencias, su hijo no presentaba indicio alguno de querer acabar con su vida. 

La muerte de Aiser sucedió bajo la custodia del Estado. Las muertes bajo custodia pueden ocurrir en una variedad de circunstancias (durante un arresto o la reclusión en una celda, durante un interrogatorio o cualquier otro momento en que una persona esté retenida). Las autoridades tienen la obligación de velar dentro de sus instituciones por la integridad de sentenciados y sospechosos. Existe una responsabilidad estatal en la custodia, integridad y seguridad de las personas a su cargo.

Aunque la causa directa de la muerte puede variar (negligencia médica, uso excesivo de la fuerza, suicidio o causas naturales), el Estado no está exento de responsabilidad.

Historias como la de Aiser son retazos de una realidad cruda, inaccesible y difícil de aclarar que transcurre en las estaciones policiales y dentro de los centros penitenciarios cubanos —el espacio en el que se han registrado mayor cantidad de actos de violencia—.

De los 95 cubanos fallecidos en los últimos cinco años por excesos policiales, 76 estaban bajo custodia estatal en el momento de su muerte. A partir de la información que ofrecieron los representantes gubernamentales a varios familiares, hemos registrado que 33 perdieron la vida debido a una condición médica; 28 murieron por suicidios o presuntos suicidios; y otros 12 por huelga de hambre, golpizas o accidentes. Se desconoce la causa de la muerte de otras tres personas.

Más allá de los números, existen situaciones como la de Justo Alexander Aguilar —quien se quitó la vida en la prisión Kilo 8, en Camagüey, debido a las terribles condiciones de vida en reclusión— o la de Franklin Domínguez Pérez (natural de Santiago de Cuba y de 41 años) —se suicidó tras ser trasladado a una celda de castigo por protestar ante la negación de atención médica, según refirieron quienes lo custodiaban en la prisión provincial de Las Tunas—. El preso político Lisandro Betancourt Escalona, recluido en igual centro penitenciario que Franklin Domínguez, denunció los abusos cometidos por los agentes de la ley contra Franklin.

Otra víctima mortal es el del activista Yosvany Aróstegui, quien falleció en la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico «Amalia Simoni», de Camagüey, el 7 de agosto de 2020, tras sostener una huelga de hambre durante semanas.

El recluso Raidel García Otero también murió por irresponsabilidad de las autoridades carcelarias en enero de 2018 debido a una condición médica en la prisión Kilo 8, en Camagüey. Él es uno de los 33 reclusos que han muerto por causas médicas bajo custodia del Estado. Aunque no es posible investigarlo, se ha denunciado que estas muertes pueden estar asociadas con otro tipo de violencia, la negación de atención médica / negligencia. 

A los efectos del registro en la base de datos, la negación de atención médica / negligencia solamente aparece en casos en los cuales los afectados o sus familiares lo han denunciado. Cuando se trata de fallecidos, se registra una muerte por condición médica, sin precisar los detalles que son imposibles de determinar debido a la falta de transparencia de las autoridades. 

La negación de atención médica, para esta investigación, implica la falta de atención adecuada o el retraso en proporcionarla (lo cual puede empeorar la salud o causar la muerte de las personas bajo custodia policial). A la familia de Raidel le impidieron verlo en prisión. Pocos días después, les informaron que había sido ingresado en estado de coma.

Circunstancias similares a las de Raidel rodearon la muerte de Luis Barrios Díaz, manifestante del 11 de julio. Barrios Díaz falleció el 19 de noviembre de 2023, luego del prolongado deterioro de su salud en la cárcel 1 580 de San Miguel del Padrón, La Habana. Tenía 36 años. Sus familiares denunciaron que las autoridades carcelarias se negaron a prestarle atención médica de manera deliberada. 

Prisoners Defenders, Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas han denunciado que los maltratos y las vejaciones son constantes dentro de las cárceles cubanas. Principalmente, se perpetran contra prisioneros políticos y opositores. Son frecuentes las agresiones físicas, el hostigamiento y la privación de sus derechos elementales (atención médica y acceso a llamadas telefónicas reglamentarias). En varias ocasiones, un recluso sufre uno o varios tipos de violencia de manera repetida.

Víctimas mortales también en las calles

Aunque los espacios custodiados por las fuerzas del Estado son más inseguros —y, por tanto, en los que más víctimas hemos registrado—, ciudadanos que no fueron detenidos también resultaron víctimas mortales. En los últimos cinco años, 17 personas murieron en espacios públicos o en sus viviendas luego de interacciones violentas con fuerzas represivas. 

El adolescente Zinedine Zidane Batista Álvarez murió el primero de julio de 2022 de manos de un policía en la barriada santaclareña El Condado.

El joven se encontraba en una reyerta callejera junto a otras diez personas. Los vecinos del lugar avisaron a la Policía y en poco tiempo aparecieron patrullas y fuerzas especiales para neutralizar la pelea. Según los testigos del suceso y las declaraciones de la familia de Zinedine, un policía le propinó tres balazos —uno en el hombro, otro en una pierna y el tercero en el pecho mientras estaba desarmado y esposado en el suelo—. 

Aunque en apariencia el detonante del incidente no tuvo carácter político, Zidane había protestado el 11J en Santa Clara. Al igual que Aiser Roque y otros manifestantes, desde que Zidane fue liberado una semana después de las protestas continuó recibiendo presiones, acusaciones y citaciones de la Policía. 

El caso de Zidane se hizo público por su corta edad y por los múltiples testigos y videos del suceso. El Gobierno, en menos de 24 horas, publicó una nota de prensa. El texto culpabilizó a Zidane y justificó el enfrentamiento mortal y la desproporción en el uso de la violencia policial refugiándose en el carácter antisocial y «antecedentes delictivos» del joven. 

La muerte de Zidane demuestra, además, que el uso de las armas de fuego es doblemente riesgoso. Las autoridades reconocieron que hicieron disparos al aire y lesionaron a una persona ajena al suceso.

Revictimizar a quienes sufren algún tipo de violencia policial —en especial si es mortal— y lavar el rostro de quienes cometen el delito ha sido una de las herramientas que más ha empleado el Gobierno para justificar los excesos. Así ocurrió con la muerte de los ciudadanos Luis Alberto Sánchez Valdés y Hansel Ernesto Hernández Galiano y con las personas involucradas en el incidente en Bahía Honda el 29 de octubre de 2022 —hecho que ejemplifica otro tipo de violencia de los cuerpos armados, las ejecuciones extrajudiciales—.

La ejecución extrajudicial es el acto de matar deliberadamente a una persona al margen de cualquier marco jurídico. Incluye, además, la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado —o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de estos— sin un proceso judicial o legal que lo disponga. Puede ocurrir de manera aislada, con o sin motivación política.

El hundimiento de la embarcación en Bahía Honda para evitar la salida irregular del país de emigrantes cubanos fue una ejecución extrajudicial. Murieron ocho de las 26 personas que iban a bordo. Entre los fallecidos se encontraba una menor de edad de 2 años. 

Exduyn Yoel Urgellés Huete fue ejecutado extrajudicialmente en octubre de 2022 después de que un agente de la policía le aplicara una técnica de contención. Milagro Huete Martínez, madre del joven, relató que Exduyn Yoel vendía aromatizante cuando se dio cuenta de que a su alrededor había un operativo que perseguía a un ladrón de cadenas. Decidió correr porque una semana antes había sido multado con 2 000 CUP. 

Exduyn fue arrestado y reducido con ayuda de un espray. Luego, lo condujeron al carro patrulla y tres oficiales lo obligaron a mantener la cabeza entre las piernas aplicándole una técnica de inmovilización. Al llegar a la estación policial, el oficial se percató de que Exduyn estaba cianótico y echaba espuma por la boca. Fue trasladado de inmediato al policlínico Cristóbal Labra, en La Lisa, donde lo declararon muerto por asfixia. Los responsables de su muerte fueron absueltos.

En el siguiente gráfico interactivo se pueden consultar cada una de las historias de los 90 hombres y cinco mujeres que han muerto como consecuencia de la violencia policial.

Violencia no mortal. Política y recurrente

La violencia policial en Cuba también se expresa en el uso excesivo de la fuerza, en las detenciones violentas, en los abusos sexuales y en el uso de armas de fuego que no termina con la vida de la persona, pero que la lesiona. 

Las acciones en la cuales los agentes del orden emplean una cantidad de fuerza que excede la necesaria y proporcionada para controlar una situación o detener a un sospechoso se consideran «uso excesivo de la fuerza». Entre las acciones que clasifican como uso excesivo de la fuerza se hallan las que involucran la fuerza física (golpes, patadas, estrangulamiento) y las que incluyen el uso de armas no letales (porras, gas pimienta o pistolas eléctricas [taser]) en situaciones en las que no están justificadas. 

Durante las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021 se registró el mayor número de acciones violentas contra ciudadanos, muchas de ellas acompañadas de suficiente evidencia gráfica. De los 395 incidentes no mortales registrados en nuestra base de datos, 129 corresponden con el 11J. 

Durante otras protestas ciudadanas también ha sido evidente el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Una de las situaciones más alarmantes ocurrió en la segunda noche de protestas en Nuevitas, Camagüey, en agosto de 2022. 

Durante dos noches continuas, los ciudadanos de Nuevitas se lanzaron a las calles para protestar por los cortes de electricidad y para reclamar mejores condiciones de vida. El Gobierno respondió con desapariciones forzadas de corta duración, 28 arrestos, citaciones a interrogatorios y militarización de los barrios, según registró Justicia 11J.

Para el manifestante José Armando Torrente Muñoz —padre de una de las dos niñas agredidas físicamente por el oficial que lo detuvo durante las protestas— y para Mayelín Rodríguez Prado —quien transmitió las protestas en vivo a través de Facebook y difundió el testimonio de las niñas golpeadas— la Fiscalía solicitó al Tribunal penas de 14 y diez años de cárcel respectivamente. 

Fiscalía pide hasta 15 años de prisión para los protestantes de Nuevitas

Las autoridades cubanas emplean otra vez la cláusula de intangibilidad constitucional contenida en el artículo 4 de la carta magna de 2019 para catalogar cualquier posicionamiento o acción en contra del «socialismo» de acto sedicioso.

Otro tipo de violencia no mortal recurrente por parte de los agentes del orden son las detenciones violentas. Una detención violenta ocurre cuando un ciudadano es detenido, arrestado o interceptado por agentes del orden que hacen un uso excesivo de la fuerza durante la acción.

Las detenciones violentas se emplean con frecuencia contra opositores o disidentes políticos. En el informe de Cuba ante el Examen Periódico Universal de los derechos humanos el 15 de noviembre de 2023, Luis Emilio Cadaval, funcionario del Ministerio del Interior, dijo que en Cuba están prohibidas las detenciones arbitrarias y que las detenciones se realizan conforme al procedimiento penal. Aseguró, además, que en la isla no había presos políticos y que nadie era privado de libertad por sus ideas políticas. 

Las palabras de Emilio Cadaval omiten decenas de casos que lo contradicen. Uno de ellos es el del rapero y activista Maykel «Osorbo» Castillo, una de las principales figuras del Movimiento San Isidro. Maykel quien fue detenido sin justificación legal en varias ocasiones hasta que el 18 de mayo de 2021 fue encarcelado; 12 meses después lo condenaron a nueve años de prisión.

La activista Diasniurka Salcedo Verdecia ha sufrido acoso y detenciones constantes por parte de la Seguridad del Estado. En noviembre de 2020 reveló que fue abusada sexualmente durante una detención. Salcedo Verdecia denunció el 13 de enero de 2024 en sus redes sociales, luego de salir de la isla, que el régimen de La Habana la forzó a escoger entre el exilio y una sanción de ocho años de prisión.

El abuso sexual es otro tipo de violencia que ejecutan los uniformados de la isla, aunque no se tengan los registros totales. El abuso sexual incluye cualquier forma de agresión, acoso o explotación sexual cometida por parte de agentes de la policía en contra de las personas bajo su custodia o durante un encuentro policial. Engloba la violación.

Durante esta investigación se conoció sobre cinco víctimas de abuso sexual. Las activistas políticas Diasniurka Salcedo y Yeilis Torres; la adolescente Gabriela Zequeira (mientras estuvo recluida por participar en las manifestaciones del 11 de julio) y dos menores de edad cuya identidad no es pública (abusadas por dos policías en abril de 2020 en el municipio habanero Mariano). Este último caso es notorio, pues es una de las pocas situaciones en las que los uniformados han sido condenados por sus delitos (ocho y seis años de prisión).

La condena de los dos agentes resulta relevante porque la impunidad ha sido una constante en los casos de violencia policial. De los 482 incidentes reportados en la base de datos, solamente se pudo confirmar dos ocasiones en que los agentes del orden sufrieron consecuencia legal por sus acciones. No significa que no existan condenas, pero no se hacen públicas. 

El funcionario del Ministerio del Interior, Luis Emilio Cadaval, dijo en Naciones Unidas que en los últimos cinco años fueron sancionados 144 funcionarios penitenciarios por excesos en sus funciones —de ellos, 76 fueron investigados por la Fiscalía Militar y se aplicaron tres sanciones penales y 14 medidas disciplinarias o administrativas—. Sin embargo, no es posible conocer más detalles de las sanciones ni los hechos que las motivaron.

Desde el poder, se intenta blanquear la imagen de la Policía cuando queda expuesta en actos violentos a través de las redes sociales o en los medios de comunicación independientes. Así sucedió tras las manifestaciones del 11J. En televisión nacional se deslegitimó a los manifestantes y sus reclamos y se presentaron a las fuerzas del orden como víctimas de las reacciones violentas de los ciudadanos.

La protección de la imagen de las fuerzas del orden, la manipulación de los sucesos y la falta de transparencia determinan que muchos actos violentos no sean registrados a pesar del esfuerzo de los diferentes colectivos independientes. Por esa razón, es probable que la cifra real de personas violentadas, así como el número de incidentes violentos en los últimos cinco años sea mucho mayor.