*Nota en construcción

El Gobierno de Biden firmó hoy 4 de junio de 2024 una orden ejecutiva destinada a reforzar la seguridad fronteriza entre Estados Unidos y México. La medida cerraría las solicitudes de asilo y negaría automáticamente la entrada a los migrantes irregulares una vez que el número de personas encontradas por funcionarios fronterizos estadounidenses supere un tope diario.

La medida de Biden suspende temporalmente las protecciones de asilo de las personas que crucen de forma irregular la frontera y permite a las autoridades estadounidenses deportar a los migrantes sin otorgarles la oportunidad de buscar protección (aunque se espera haya excepciones para quienes puedan demostrar un umbral muy alto de temor al regreso). 

La orden ejecutiva se apoya en la Sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que otorga al presidente una amplia discreción para prohibir la entrada de ciertos inmigrantes a EE. UU. si fuera perjudicial para el interés nacional. Sin embargo, el artículo 208 de la INA regula que cualquier persona «físicamente presente» en Estados Unidos tiene derecho a solicitar asilo, con independencia de cómo haya llegado.

El senador Chris Murphy (D-Connecticut) se mostró escéptico sobre la viabilidad legal de cerrar partes de la frontera, sugiriendo que los tribunales probablemente anularían la medida en cuestión de semanas.

Fuentes anónimas del Gobierno de EE. UU. develaron a la agencia Associated Press que las restricciones son un intento para aliviar el sistema de asilo estadounidense que llega acompañado de esfuerzos para acelerar los casos de migrantes presentes en Estados Unidos y procesar más rápidamente a los que tengan antecedentes penales o sean considerados inelegibles para el asilo.

Desde principios de 2024, el presidente Biden había considerado una acción ejecutiva adicional tras el colapso de un proyecto de ley bipartidista sobre la frontera. Aunque el número de cruces ilegales ha disminuido gracias a los esfuerzos intensificados de México, la inmigración sigue siendo una preocupación clave en la preparación de las elecciones presidenciales de noviembre. Los republicanos han criticado enérgicamente a Biden por su manejo migratorio.

¿El proyecto de ley sobre la frontera ofrece una solución a los cubanos con I-220A?

La inclusión de la regla especial para cubanos en el proyecto de ley de Biden demuestra el poder del lobby cubano en EE. UU. y sugiere que la Administración actual escucha los reclamos de los migrantes de la isla.

Actualmente, existen más de 2 millones de casos pendientes en la Corte de inmigración de EE. UU. y miles de personas esperan años para una cita en la Corte mientras viven en el limbo migratorio.

AP también informó que el Congreso aprobó este año fondos para un total de 41 500 camas de detención y aumentó el dinero para las operaciones de aplicación de la ley y remoción de inmigrantes en 1 200 millones de dólares sobre lo que la Casa Blanca había solicitado en un inicio. Lo anterior incluyó 106 millones más en fondos para programas que monitorean a los inmigrantes en el sistema de asilo a través de aplicaciones telefónicas y pulseras de tobillo.

En momentos de alta migración y próxima contienda electoral en Estados Unidos, la nueva política recuerda al régimen de expulsiones del Título 42 implementado durante la pandemia. La Administración Biden considera la medida como parte de un conjunto más amplio de estrategias relacionadas con la frontera, después de que la mayoría demócrata del Senado intentara sin éxito añadir una autoridad similar a la ley de Estados Unidos en dos ocasiones en lo que va de 2024.

La orden ejecutiva fue emitida tras las elecciones presidenciales del 2 de junio de 2024 en México. México acepta hasta 30 000 deportaciones mensuales de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo una norma de la Administración Biden de mayo de 2023, la cual enfrenta desafíos judiciales.

El éxito de la cooperación con México también se debe a un aumento significativo en las aprehensiones de migrantes y otros esfuerzos para bloquear las rutas hacia la frontera estadounidense. Sin embargo, persisten dudas sobre si el Gobierno mexicano, que ha rechazado políticas similares durante la era Trump, estaría dispuesto a aceptar un mayor número de deportados bajo la nueva orden ejecutiva.

Según el comunicado de la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional aumentó la presencia de agentes en la frontera sur y opera más vuelos de repatriación que antes. En el último año, más de 750 000 personas fueron deportadas o devueltas.