La violencia parece infiltrarse en las calles, la política, en muchos hogares y espacios laborales y escolares de Cuba. Mientras crecen las denuncias ciudadanas, 19 organizaciones de la sociedad civil cubana, agrupadas en tres coaliciones ―D FRENTE, la Mesa de Unidad de Acción Democrática y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba―, han decidido lanzar una estrategia global bautizada como Shanti, para dar respuesta a esta crisis. 

Por muchos años, en la opinión pública nacional y foránea se mantuvo la imagen de Cuba como un país pacífico, tranquilo. Frente a las recientes cifras y testimonios de víctimas en redes sociales se imponen las preguntas: ¿Qué ha pasado con la seguridad ciudadana en la isla? ¿Algo cambió o se rompió la burbuja construida en un contexto de desinformación, con poco o nulo acceso a Internet y medios bajo el control del Partido Comunista de Cuba (PCC)? 

Shanti busca atender las violencias que se esconden debajo de conductas «habituales», normalizadas por la cultura patriarcal. Violencias también mediadas por el empobrecimiento, la constante búsqueda de estrategias de supervivencia y la profundización de la crisis económica. 

Preocupa, además, un panorama marcado por la ausencia de espacios sociales y culturales destinados a la resolución de conflictos y en el que ni tan siquiera son públicas las estadísticas oficiales de violencia. Lo más constante son las cifras de muertes por agresiones que provee el Anuario Estadístico de Salud de 2022, que en 2020 y 2021 constituía una de las primeras 35 causas de fallecimiento en el país. 

Cifras y violencias

El 13 de agosto de 2023, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) hizo público su Informe sobre la Inseguridad Pública en Cuba. El monitoreo de los datos del primer semestre de 2023 muestra la escalada de crímenes violentos en el país.

La OCAC identificó 98 reportes entre enero y marzo de 2023, de los cuales 42 fueron robos, 33 asesinatos, 17 asaltos y 6 catalogados como «otro tipo de delitos». Mientras que en el segundo trimestre del año se registraron 189 reportes de crímenes: 77 robos, 49 asesinatos, 48 asaltos, 10 agresiones y 5 «otros delitos». Las provincias más afectadas en el segundo período fueron La Habana, Villa Clara y Guantánamo. 

Algunos de estos casos llegaron a ser titulares, tanto en medios oficiales como independientes. En julio, el Ministerio del Interior (Minint) informó sobre la captura de los autores del asesinato del locutor de Radio Guantánamo David Alexis González Joseph, ocurrido el 26 de abril de 2023. Según la nota reproducida por el portal Cubadebate, los responsables aprovecharon el horario de la madrugada para penetrar en la vivienda con la intención de robar. Durante ese mes, a través de las redes sociales, también se supo de los asesinatos de Ruberlandis Pérez en Baracoa; Roberto López en Manzanillo; Frank Ernesto Viel en La Habana; y un joven de 20 años identificado como David, en el capitalino municipio San Miguel del Padrón. 

A mediados de agosto en el municipio Los Palacios, provincia Pinar del Río, moría Wismayel Hernández Martínez. El joven fue presuntamente asesinado por una «deuda». Días después se notificó sobre el asesinato durante una pelea de Antoni, un adolescente de 14 años, vecino del reparto Poey en Arroyo Naranjo, La Habana.

Más de 40 feminicidios en 2023, qué esperar del observatorio de género del Gobierno

El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género levantó algunos cuestionamientos entre especialistas, mientras crecen las cifras de asesinatos de mujeres por razones de género.

También hubo un incremento en el número de feminicidios. Hasta la fecha, el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) han registrado un total de 59 asesinatos por cuestiones de género, cifra muy superior al total de casos reportados en 2022 (36). Algunos, incluso, contaban con denuncias previas presentadas ante la Policía pero que terminaron siendo desatendidas. 

Junio de 2023, con la verificación de 14 feminicidios, fue el mes más duro desde que comenzaran los subregistros en 2019. 

A la lista de hechos violentos habría que agregar las víctimas de la violencia institucional y política, respaldadas por el sistema judicial mediante regulaciones como el Código Penal y la Ley de Comunicación Social. De acuerdo con Prisoners Defenders, en Cuba hay al menos 1 047 presos políticos. La mayoría son personas sin militancias políticas.

Un estudio de 2023 —denominado Estudio Integral de la Tortura en Cuba— demostró que de 181 casos monitoreados todos habían sufrido alguna forma de tortura, al igual que sus familias, por defender su inocencia o por denunciar la situación que se vive en las prisiones. 

Desde enero de 2023 la media de presos políticos que entran a formar parte de la lista de Prisoners Defenders es de 17 al mes; cifra tres veces superior a la registrada desde 2018 hasta julio de 2021, un momento de cambio para el país tras las protestas masivas del 11J. 

¿Quién protege la seguridad ciudadana?

Como muestran los datos de OAC, entre el primer y el segundo trimestre del año se duplicaron casi en su totalidad la cantidad de delitos cometidos. Un incremento que —según el observatorio— pudiera indicar una próxima o sucesiva escalada de hechos delictivos en el país. 

Si bien las cifras del informe podrían considerarse «bajas» en comparación con otros países de la región, lo cierto es que los números en el contexto cubano y su acelerado crecimiento resultan alarmantes. 

Por otra parte, en la percepción pública persiste la idea de que el trabajo policial está más orientado a aplastar cualquier disidencia política que a atender los índices de criminalidad. Mientras, la Policía Nacional Revolucionaria no ofrece cifras ni rinde cuentas de sus acciones. «Gritar en la calle contra el Gobierno garantiza un rápido despliegue policial. Gritar pidiendo auxilio, no», señala el informe. 

Otro elemento a considerar es la falta de transparencia del Gobierno cubano, que no cuenta con registros oficiales de criminalidad. No obstante, en una reciente investigación realizada por CubaData el 61 % de los cubanos encuestados afirmó haber sido víctima de violencia o de actos de delincuencia, pero solo el 14.6 % de ellos lo denunció a la Policía. Los bajos índices de denuncia dan cuenta de la escasa confianza ciudadana en la acción policial, así como a un subregistro de los delitos.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana coloca los datos dentro de una institucionalidad ineficiente que dice contener los niveles de pobreza y desigualdad mediante políticas sociales, aunque la realidad muestra lo contrario. 

«Se pone de manifiesto que la inseguridad pública en Cuba no es un problema superficial, sino un reflejo de problemas estructurales más profundos. La falta de inversión en servicios básicos como alimentación, salud, educación y vivienda, así como la violencia estructural y cultural, contribuyen a la escalada de la inseguridad pública», indica el OCAC. El observatorio, además, pide auditar y reformar instituciones clave como el Grupo de Administración Empresarial S. A. (Gaesa), cuyos recursos deberían ser redirigidos hacia el desarrollo y el bienestar social en lugar de beneficiar a una oligarquía.

La inseguridad y la violencia en Cuba

En los últimos tiempos, y cada vez con mayor frecuencia, trascienden reportes de personas que son asaltadas o asesinadas en Cuba. Dentro de los actos violentos que terminan con personas fallecidas, los asesinatos de mujeres ocupan un lugar especial.

A pesar de las reiteradas denuncias de la sociedad civil independiente, las autoridades cubanas continúan negando la existencia de un problema de violencia en el país. Durante una emisión del programa televisivo Razones de Cuba, el 27 de julio de 2023, funcionarios de la PNR y otros organismos de investigación del Minint justificaron la alta percepción de inseguridad con la retórica de siempre. 

«Existen personas que inescrupulosamente colocan en las redes sociales informaciones sin verificar y generan el pánico entre la población», sentenció el coronel Hugo Morales, jefe de brigada de Patrullas, de la Dirección General de la PNR. 

Apenas un mes antes de la transmisión, el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, dedicó un artículo editorial a culpar a los «enemigos» del proceso revolucionario de fabricar, «desde el espacio virtual, un presunto escenario de inestabilidad, desconfianza e inseguridad». 

Shanti, estrategia global contra la violencia en Cuba

A través de Shanti, D FRENTE y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) buscan atender las diferentes violencias que están dañado a personas, familias, comunidades, grupos y a sectores de la sociedad civil. Las «violencias opacadas por los medios de comunicación y mal disimuladas por la retórica de las autoridades», indicó la plataforma en un comunicado emitido el 5 de junio de 2023. 

El concepto de Shanti —originario de la India— ofrece una visión «apropiada y sencilla para la construcción de una paz activa, en movimiento, integral, alegre y positiva, con su acento primero en las actitudes y después en las palabras». Para ello, el colectivo busca trabajar en tres niveles básicos: hacia y desde el Estado, hacia y desde las colectividades con las que interactúa, y hacia y desde cada persona misma. 

«Una visión que conecta con elementos básicos de nuestra cultura y con la tradición cívica fundadora de la sociedad civil, y que debe traducirse también en leyes orgánicas que hagan valer derechos universalmente reconocidos», agregan. 

Lo distintivo de la propuesta radica en el trabajo mancomunado entre organizaciones de la sociedad civil independiente y la ciudadanía. Un trabajo que busca la despenalización del disenso, nuevas iniciativas contra la violencia de género, la recuperación de la soberanía ciudadana, la convivencia dentro de las comunidades, la pacificación de las calles, erradicar las desigualdades económicas institucionalizadas y las violaciones de la Constitución. Así como la supresión de lenguajes que fomentan la exclusión y el odio desde el Estado y desde la sociedad. 

El campo de acción de Shanti es amplio e involucra seis ámbitos: la violencia de género, la violencia racializada, la violencia institucionalizada, la violencia económica, la violencia interreligiosa, la violencia infantil y la violencia psicológica. Incluye jornadas internacionales, conversaciones permanentes, incluso, la acción pública e institucional. Ejemplo de ello es la Marcha Naranja que se realizará el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. 

La estrategia, a su vez, contará con espacios cívicos de encuentro y debate —tanto virtuales como presenciales—, la creación de redes comunitarias y una solicitud de Certificación Acreditativa de la Condición de Elector ante el Consejo Electoral Nacional. Desde 2019 este paso es fundamental para impulsar cualquier iniciativa popular; un requisito que por otra parte limita los derechos políticos de cubanos y cubanos que no residen en la isla y no pueden solicitar la certificación. 

«Shanti es una propuesta para todas y todos los cubanos, a quienes invitamos, porque se trata de un aprendizaje de acción colectiva. De ella depende su éxito», indican. 

Prevención y bienestar social, más que punitivismo

La actual situación exige respuestas rápidas para mejorar la calidad de vida de la población. Pero las respuestas no pueden —o no deberían— limitarse a medidas de carácter punitivo. Sobre todo, en un contexto como el cubano signado por las dinámicas de un Estado totalitario. Se hace pertinente la búsqueda de un enfoque integral que aborde las «causas subyacentes». Una de ellas es la falta de inversión, por parte de quienes gobiernan, en las necesidades básicas de la ciudadanía. 

La prioridad del Gobierno de la isla —apunta el colectivo Shanti— radica en proteger los intereses del grupo dominante. Un reciente informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) indicó que, durante el primer semestre de 2023, se invirtió cuatro veces más en hoteles y restaurantes que en Salud Pública y Asistencia Social. Cerca de 2 325.3 millones versus 583.3 millones de pesos, respectivamente. Los números confirman una tendencia que viene desarrollándose desde hace un buen tiempo. 

De acuerdo con cifras oficiales, en 2022, la Salud y la Educación recibieron juntos una décima parte de la inversión dedicada a los «servicios empresariales e inmobiliarios y alquiler». Este último renglón llegó a acumular 23 360 millones de pesos frente a las otras dos que —de manera conjunta— apenas llegaron a un 3.3 % con 2 340 millones de pesos. 

El sistema continúa deteriorándose con la pérdida gradual de la legitimidad del discurso oficialista y sus representantes, y debido a la incapacidad de estos de garantizar los mínimos recursos de subsistencia para la población. 

«En Cuba necesitamos hablar de justicia restaurativa» (I)

Varios países de la región ya cuentan con legislaciones específicas que incluyen programas restaurativos; en Cuba el debate aún es incipiente.

«Ese debilitamiento desafortunadamente no conduce a resolver las tensiones a través de mecanismos pacíficos inexistentes en un Estado totalitario, sino mediante la liberación de la violencia controlada y el reforzamiento de los mecanismos de castigo», explicó el opositor y uno de los líderes de Shanti Manuel Cuesta Morúa en una entrevista reciente a Alas Tensas. 

«Aquí comienzan a superponerse y a retroalimentarse todas esas violencias acumuladas y a mostrar su relación orgánica: la violencia del Estado machista y la violencia de la sociedad patriarcal. La primera conduce a las cárceles, a las golpizas policiales y al intento de asesinato moral de la diferencia, y la segunda a los feminicidios», agregó.

Para contrarrestar la violencia orgánica que se vive en la isla, se hace imprescindible afrontar los problemas estructurales y sistémicos que subyacen. Sin ello no habrá acción posible que responda de forma efectiva a los desafíos en materia de seguridad ciudadana.