Dos nuevos feminicidios fueron notificados el lunes 19 de junio de 2023, en horas del mediodía, por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT). El número de asesinatos por cuestiones de género en lo que va de año suma 42. Una cifra superior a la registrada por observatorios independientes a lo largo de 2022 (36). 

Los datos son un indicador vital para atender la violencia de género que ha sido posible obtener gracias a esfuerzos independientes de la sociedad civil. En ese sentido, destaca el trabajo desempeñado por el OGAT y por el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí Te Creo, primera plataforma cubana de acompañamiento a personas en situación de violencia machista. Un trabajo realizado gracias al «apoyo de observadores independientes, activistas y periodistas», y en contraposición al silencio gubernamental. 

En varias ocasiones, la sociedad civil pidió al Gobierno cubano hacer públicas estadísticas actualizadas sobre feminicidios en la isla. Una solicitud que pasó muchas veces sin respuesta. Por lo menos, hasta ahora. 

El 8 de junio de 2023, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) la plataforma digital del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG). El sitio —anunciado por fuentes del oficialismo desde 2021— recopila varios «indicadores relacionados con la situación y posición de mujeres y hombres en la sociedad cubana». La herramienta se presentó como un proyecto conjunto entre la FMC y la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Hasta hace muy poco, las cifras oficiales sobre desigualdad y violencia de género eran escasas. Se contaba con una Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género, publicada en febrero de 2019 y en la que figuraban datos de 2016. La investigación, elaborada por especialistas del Centro de Estudios de la Mujer y del Centro de Estudios de Población y Desarrollo, fue aplicada a casi 20 000 personas en todo el país, entre los 15 y 74 años. 

En ese momento, más del 80 % de las personas entrevistadas reconoció la existencia de violencia machista en Cuba; al ser los territorios orientales los más afectados y con mayores concepciones machistas sobre el rol de la mujer en la familia y en la sociedad. El 26.7 % de las mujeres encuestadas aseguró haber sufrido algún tipo de violencia en su relación de pareja en los 12 meses previos al estudio y apenas el 3.7 % de las agredidas pidieron ayuda institucional.

Asimismo, en junio de 2021, durante el programa televisivo Mesa Redonda, se dio a conocer que al cierre de abril de ese año habían llegado a Fiscalía poco más de 200 denuncias sobre violencia machista. De ese total, solo el 36 % de los casos había sido resuelto. Los restantes no habían tenido solución o su solución no había sido favorable para las denunciantes.

Los datos que ahora presenta el OCIG no muestran tampoco un panorama alentador; además de levantar varios cuestionamientos entre especialistas. De acuerdo al observatorio oficial, en 2022 hubo solo 19 asesinatos por razón de género; lo que representa una tasa de 0.39 por cada 100 000 mujeres de 18 años o más. El número es casi la mitad del reportado por los observatorios independientes para ese mismo año, considerado un subregistro. Una de las razones de la divergencia entre las cifras es que el registro oficial solo tuvo en cuenta los asesinatos cometidos por parejas o exparejas y los casos con sentencias firmes. Es decir, quedaron fuera aquellos con proceso judicial inconcluso y aquellos en los que no hubo proceso por suicidio del victimario.

«Suponiendo que ellas no se incluyen porque aún no hay sentencia firme, estaríamos asumiendo que la mitad de los casos reportados en 2022 aún no han sido resueltos», escribió en Facebook la investigadora Ailynn Torres Santana. «¿Para qué calculan una tasa que es absolutamente provisional? ¿Para exhibir su diferencia con el dato precario anterior de 2016? La comparación no vale: es metodológicamente arbitraria y políticamente deshonesta». 

La plataforma Yo Sí Te Creo consideró el observatorio oficial «un paso importante», pero advirtió que el esfuerzo aún está por debajo de las necesidades actuales con respecto a las estadísticas de género. Las cifras ofrecidas son escasas —algunas, incluso, desactualizadas— y se obvian indicadores importantes como métricas sobre menores de edad víctimas de abuso sexual; datos sobre la violencia sexual contra mujeres, hombres y personas LGBTIQA+; crímenes de odio por causa de género; y diferentes formas de violencia ginecobstétrica. También se omiten, una vez más, las categorías «femicidio» y «feminicidio». 

El discurso oficial ha evadido el uso de los términos de forma sistemática. La más reciente de estas discusiones ocurrió durante la Sesión Extraordinaria del Parlamento cubano en la que se debatió la última versión del Código Penal, el 14 y 15 de mayo de 2022. Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, pidió tipificar el delito de femicidio en la normativa. La propuesta fue rechazada. 

«No está la nomenclatura femicidio o feminicidio porque habría que establecer en el asesinato nomenclaturas distintas, como infanticidio, por ejemplo», contrarrestó Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo.

La intervención de Remigio recibió el apoyo de Teresa Amarelle, secretaria general de la FMC, quien llegó a señalar que en el boceto final no existían vacíos legales con respecto a la violencia de género. Sin embargo, los conceptos de femicidio y feminicidio quedaron fuera del marco regulatorio, al igual que los delitos de violencia vicaria, digital, política y obstétrica. 

Feministas cubanas piden que se declare «estado de emergencia por violencia de género»

La solicitud al Gobierno cubano responde al aumento de feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas que se han registrado en los últimos meses y a la necesidad de que se implementen medidas urgentes para prevenir y atender la violencia machista.

¿Qué ha hecho el Gobierno para atender la violencia de género?

Ante el alarmante incremento de los asesinatos por motivo de género en el país, cabe preguntarse en qué punto —legal y práctico— se encuentra Cuba en la atención a la violencia machista. ¿Qué esfuerzos ha llevado a cabo el Gobierno para hacer frente a esta problemática?

El 23 de junio de 2021 quedó aprobada la llamada «Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar», en una reunión del Consejo de Ministros dirigida por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. La política aparecería publicada meses después —diciembre— en la Gaceta Oficial 101, a pocos días de que se difundieran los primeros testimonios de violencia sexual contra el trovador Fernando Bécquer.

La Estrategia, en concordancia con los ejes de acción del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, engloba un total de diez componentes principales: comunicación social; educación y formación continua; prevención; lo local y comunitario; atención; protección; lo legislativo; información y estadísticas; investigación; seguimiento y evaluación. 

Es importante recordar que en diciembre de 2019 la ANPP desestimó la solicitud de incluir en el cronograma legislativo de ese período una ley integral contra la violencia de género, presentada por 40 mujeres cubanas y que recogió más de 900 firmas de apoyo. El documento solicitaba —entre otros aspectos— implementar un sistema integral de prevención y atención que garantizara el acceso a la justicia y preservara las vidas de las mujeres. Así como la construcción de un grupo asesor, cuya composición fuera de conocimiento público. El grupo asesor estaría integrado por personas de diferentes regiones del país y especialistas en el tema, que acompañen la redacción del proyecto de ley. 

La normativa ponía en consideración «la habilitación de refugios y casas de acogida para las víctimas, y construir programas de concientización para las mujeres, los agresores, las instituciones y la sociedad en su conjunto». De aquí se desprendería la campaña lanzada en 2020 por la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, «Refugios en Cuba ¡YA!». La iniciativa era un llamado de atención al Gobierno de la isla y a la sociedad en general sobre «la urgencia de crear un sistema de atención especializada a mujeres víctimas, con refugios temporales para mujeres». 

La propuesta ciudadana también resaltaba la urgencia de establecer sinergias entre los organismos para combatir la misoginia estructural; al señalar que la mayoría de las fuerzas policiales y operadores de derecho —entiéndase jueces, fiscales y abogados— en Cuba carecen de una formación en violencia de género. Por tanto, desconocen cómo evitar la revictimización durante el ejercicio de sus funciones.

La «solicitud de las 40» —como luego fue conocida— contribuyó a hacer visibles las demandas feministas en la esfera pública. Sin embargo, la iniciativa no solo fue rechazada, sino que fue objeto de diversos ataques públicos. Medios oficialistas presentaron las demandas de las activistas como una estrategia de manipulación financiada por actores internacionales y el pedido de ley como un reclamo típico de feminismos liberales, innecesario para el caso cubano. No obstante, la petición continuaría orbitando en los pronunciamientos oficiales como posibilidad. Vale señalar que en el cronograma legislativo para el período de la X Legislatura (2023-2028) tampoco se incluyó la ley integral.

Atención a la violencia de género. ¿Cómo llega Cuba a 2023?

Mientras el Gobierno se enfocó durante 2022 en reformas legislativas como vía para abordar el problema de la violencia machista, la sociedad civil independiente posiciona el acceso a la justicia, la reparación y el acompañamiento a las sobrevivientes como una prioridad a atender.

Punitivismo contra prevención

En mayo de 2023, el Tribunal Supremo Popular (TSP) informó, a través de un comunicado oficial, sobre la condena a 18 perpetradores por asesinatos machistas durante 2022. La cifra de condenados representó poco más de la mitad de casos de feminicidios registrados por los observatorios independientes el pasado año. Ese mismo mes, el TSP confirmó las primeras sanciones públicas de cadena perpetua de 2023 contra Yadier Delvá Simón y Alexander Nápoles Téllez, sentenciados por el asesinato de sus respectivas esposa y expareja.

El Código Penal —vigente desde el primero de diciembre de 2022— recoge varias modificaciones relacionadas con la violencia de género. La categoría quedó incluida como agravante en la descripción de delitos relacionados con el acoso laboral, asesinato, lesiones, amenazas, coacción, violación de domicilio, agresión sexual, acoso y ultraje sexual, hurto, extorsión, chantaje, usurpación, estafa y daños. 

Sin embargo, varias especialistas han cuestionado que se haya priorizado reforzar el carácter punitivista para atender estos delitos en vez de centrarse en la prevención y la reparación de las víctimas. Se sabe que mayores condenas no necesariamente se traducen en menores delitos. 

Acorde a una publicación en Facebook de Alina Herrera, jurista y miembro de la Articulación Afrofeminista (AAF), a inicios de junio de 2023 varias representantes de esa colectiva se reunieron con Teresa Amarelle Boué. El tema que se puso sobre la mesa: el incremento de feminicidios en el país. 

Luego del encuentro, comenta Herrera en su publicación, la FMC pidió que se dieran a conocer una serie de medidas —algunas puestas en práctica y otras aún en proceso— que la organización oficialista había trazado para atender el problema. Entre ellas, la apertura de «centros de vida asistida». Espacios —según explicaron— orientados a «aquellas mujeres que busquen refugio o que haya que extraer de sus entornos violentos para salvaguardar sus vidas». De confirmarse el anuncio, sería un paso de avance considerable en la atención a las víctimas. Queda la duda sobre por qué la iniciativa aún no ha sido difundida por canales oficiales, considerando su importancia. 

«Estamos hablando de un tema de interés público y nacional. Solo a través de este enlace semiinstitucional se pudo conocer de algo que tiene que ser de dominio público», escribió la propia Herrera en la publicación en la que difundió lo conversado en el encuentro. 

Quedan también otras interrogantes: ¿Por qué tras la escalada en la verificación de feminicidios el Gobierno se limitó a hacer breves pronunciamientos de tolerancia cero, pero no actualizó las acciones y procesos? ¿Dónde están publicados los protocolos de los organismos públicos para atender la violencia de género y su metodología? ¿Qué dicen?

Activistas cubanas hablan sobre justicia restaurativa en casos de violencia machista (+Narración)

Cinco feministas cubanas debaten sobre la efectividad del esquema punitivo para atender y reparar a las víctimas de violencias de género, y la necesidad de caminar hacia un modelo de justicia restaurativa.

Todavía urge la creación de refugios para mujeres en situación de violencia machista y sus hijos e hijas —ya sean de carácter estatal o en alianza con la sociedad civil—. También se necesita reconocer a las mujeres en situación de violencia machista como grupo prioritario en los programas de vivienda; y acabar con la criminalización de los activismos feministas no institucionales. Es urgente —repiten una y otra vez activistas y ciudadanía— contar con una ley integral contra la violencia de género.

La violencia de género existe en Cuba. Es real y tangible. Tan real que, por tercer año consecutivo, las cifras de feminicidio son abrumadoras. Por tercer año consecutivo, plataformas y colectivos de la sociedad civil independientes despliegan un llamado al Gobierno para declarar «estado de emergencia por violencia machista».