Cuatro de los cinco hombres detenidos tras el frustrado desembarco armado que llegó a Cuba desde Florida el 25 de febrero de 2026 hablaron por primera vez públicamente sobre los objetivos de la operación y sobre el enfrentamiento en el que murieron cuatro integrantes del grupo en Cayo Falcones, en la costa norte de Villa Clara.
«El plan de acción era sencillo: lograr que el pueblo cubano se levantara en armas, controlar una provincia durante 72 horas y pedir una intervención militar del Gobierno de Estados Unidos», dijo José Manuel Rodríguez Castelló, un camionero radicado en Nashville, al medio estadounidense Belly of the Beast, cercano al régimen de La Habana.
Los testimonios de Rodríguez Castelló, Christian Ernesto Acosta Guevara, Leordán Enrique Cruz Gómez y Conrado Galindo Sariol fueron recogidos en julio de 2026, mientras permanecían bajo custodia en una instalación del Ministerio del Interior (Minint) y sin abogados presentes.
De acuerdo con Belly of the Beast —que publicó el reportaje el 23 de septiembre de 2026 en colaboración con los medios Drop Site y Miami New Times— las entrevistas fueron hechas ante el fiscal Edward Robert Campbell y el coronel Francisco Estrada Portales. El medio reconoció que no pudo verificar de manera independiente que los detenidos hablaran sin presiones.
Cruz dijo que la operación intentó aprovechar el creciente disgusto con el régimen existente dentro de Cuba: «Es ilógico pensar que diez hombres pueden declararle la guerra a un país. Sería absurdo. Pero éramos conscientes del descontento social. Sabíamos que la gente quería que ocurriera algo. Una chispa, quizá», dijo.
El grupo estaba integrado por diez hombres. Los cuatro fallecidos en el momento del enfrentamiento fueron Pavel Alling Peña, escritor y profesor de literatura; Michael Ortega Casanova, camionero; Ledián Padrón Guevara, residente en Texas; y Héctor Duani Cruz Correa, residente en Florida.
Roberto Álvarez Ávila, una de las personas identificadas entre los detenidos inmediatamente después del tiroteo, «falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas», según publicó el Minint un día después del deceso.
Rodríguez Castelló dijo a Belly of the Beast que el fuego comenzó desde el grupo anticastrista: «Uno de nosotros hizo el primer disparo. Tengo que admitirlo». Los testimonios, sin embargo, difieren sobre quién presionó el gatillo.
Christian Acosta identificó a Amijaíl Sánchez González, cofundador de la organización Autodefensa del Pueblo (ADP), como el hombre que abrió fuego contra los guardacostas cubanos. Según su relato, Sánchez «agarró un cargador para el AK-47 chino que tenía» y comenzó a disparar.
No se obtuvo el testimonio de Amijaíl Sánchez: según el reportaje, este «se negó a ser entrevistado o no se le permitió hablar con los periodistas».
Acosta también dijo que él se lanzó al suelo de la embarcación para protegerse al comenzar el enfrentamiento.
Las declaraciones indican que en el intento armado primó la improvisación. Cruz reconoció que el plan podía parecer ingenuo porque el grupo no había previsto todas las situaciones que podía enfrentar. Rodríguez admitió que no tenían el entrenamiento suficiente para combatir contra los militares de la isla.
El reportaje de Belly of the Beast describe parte de la preparación en Florida y señala que algunos participantes fueron captados mediante redes sociales, como la cuenta de TikTok «La Nueva Cuba».
El medio también reconstruyó el presunto uso de una propiedad de 13 acres en LaBelle para actividades de entrenamiento, aunque autoridades locales dijeron que no tenían elementos para confirmar que allí se hubiera realizado entrenamiento militar relacionado con la incursión de febrero pasado.
¿Quién estaba detrás de la operación?
La incursión ha sido presentada por las autoridades cubanas como una operación «terrorista» organizada desde Estados Unidos. La información publicada hasta ahora describe como sus objetivos la toma de instalaciones policiales y de Guardafronteras y la provocación de un levantamiento armado; no describe, sin embargo, un plan dirigido específicamente contra población civil.
El reportaje no resuelve una de las principales interrogantes del caso: quién organizó y financió la operación y cuál fue exactamente el papel de las personas señaladas por las autoridades cubanas o por los participantes.
Belly of the Beast vincula el plan de incursión con redes del exilio cubano en Florida y menciona a Maritza Lugo Fernández —exprisionera de conciencia reconocida por Amnistía Internacional— entre las personas relacionadas con la operación. Sin embargo, en declaraciones a Martí Noticias, ella negó ser responsable de entrenar y financiar al grupo interceptado por las Tropas Guardafronteras.
Los testimonios recogidos por el Belly of the Beast presentan diferencias sobre las responsabilidades individuales y no permiten establecer por sí solos una cadena de mando o financiamiento.
Los cinco hombres que sobrevivieron al enfrentamiento permanecen detenidos en una sección de máxima seguridad del penal Combinado del Este (en La Habana). También está preso Duniel Hernández Santos, señalado por las autoridades cubanas como supuesto colaborador dentro de la isla.
El 31 de marzo de 2026, una delegación del FBI se reunió brevemente con los detenidos y les tomó huellas dactilares y muestras de ADN, según las autoridades cubanas citadas en el reportaje.
Los acusados enfrentan cargos relacionados con terrorismo. Según el fiscal que habló con Belly of the Beast, las sanciones podrían alcanzar los 30 años de prisión o incluso la pena de muerte.
Christian Ernesto Acosta dijo haberse arrepentido de participar en la operación y la calificó como una «locura». Rodríguez, en cambio, afirmó que no se arrepiente, aunque lamenta la muerte de sus compañeros, el sufrimiento causado a su familia y «haber fallado a todos aquellos cubanos que quieren una Cuba libre».
Belly of the Beast, un mensajero con privilegios
El acceso a estas entrevistas fue concedido por decisión de las autoridades cubanas a un medio identificado en una investigación de elTOQUE como pieza central del entramado mediático que amplifica narrativas favorables al Gobierno cubano ante audiencias estadounidenses.
Según la investigación «Red de apoyo al autoritarismo», Belly of the Beast se presenta como un medio independiente sostenido por donaciones individuales, pero canaliza su financiamiento a través del Center for Independent Documentary, organización que ha recibido más de 1.3 millones de dólares de Roy Singham y Medea Benjamin, dos financistas vinculados con el sostenimiento de una red de medios y organizaciones afines a distintos regímenes autoritarios, incluido el cubano.
Ese historial no invalida por sí solo la información del reportaje sobre la incursión armada de Cayo Falcones, pero sí exige leer con mayor cautela el contexto en que las autoridades cubanas conceden el acceso y la forma en que se presentaron las declaraciones de los detenidos.
En julio de 2026, la organización Cubalex cuestionó ante el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas la información proporcionada por el Estado cubano sobre los detenidos en el norte de Villa Clara. La ONG pidió mantener abiertas las Acciones Urgentes iniciadas en marzo para cinco de los involucrados porque, según argumentó, las autoridades no habían aportado documentación suficiente para verificar el paradero, la situación jurídica y las condiciones de custodia.
Cubalex también cuestionó la versión oficial sobre la muerte de Álvarez Ávila: el Estado dijo ante el Comité que murió por sus heridas y que fue cremado con autorización familiar, pero según la organización, no presentó registros médicos ni constancia de ese consentimiento. Familiares del fallecido negaron haber autorizado la cremación.
La ONG señaló, además, inconsistencias en la información oficial sobre el traslado y la detención de los sobrevivientes, así como dificultades para acceder a recursos legales y atención médica.
