Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano, catalogó de «delincuentes» y «mercenarios» a opositores y exprisioneros políticos como José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara, luego de que estos se presentaran en la ONU para denunciar al régimen de La Habana. Las declaraciones de Rodríguez Parrilla han sido interpretadas por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición como una extensión de las políticas de control estatal fuera de la isla. Ello es muestra, además, del nerviosismo de la dictadura que ve cómo pierde el monopolio de la narrativa levantada para su conservación frente a la realidad que se impone afuera de los límites nacionales —justo allí donde su poder omnímodo se extingue y donde no puede imponer su visión totalitaria ni doblegar la opinión—.
Este tipo de descalificaciones oficiales a manos de un representante de la política exterior busca restar legitimidad a los testimonios sobre detenciones arbitrarias y abusos que ocurren diariamente en la isla e infundir temor en las redes de activistas en el exterior. De ese recurso echa mano de forma continuada el aparato bochornoso de funcionarios cubanos que —con una actitud de todo menos diplomática— dejaron clara la calaña del régimen luego de los actos de repudio orquestados por el nefasto Soberón, quien no perdió tiempo en ofender a su contraparte norteamericana con alusiones a su condición de persona homosexual.
Velozmente, la postura oficial difundida por medios estatales como Granma sostiene que dichos eventos forman parte de una «farsa» y una campaña de subversión coordinada por Estados Unidos para desviar la atención de un supuesto embargo económico al que le somete el prácticamente principal socio comercial de la nación caribeña. (De EE. UU., la isla obtiene casi la totalidad de los productos de consumo y del combustible que utiliza).
Desde una perspectiva de análisis sobre las dinámicas del poder gubernamental, observadores políticos como Orlando Gutierrez Boronat y Laritza Diversent señalan que ejercer presión pública sobre ciudadanos que han transitado por las cárceles del régimen constituye una herramienta de deshumanización. Al soslayar las experiencias y relatos de encarcelamiento expuestos por figuras como Otero Alcántara —reconocido previamente como preso de conciencia por Amnistía Internacional—, la retórica diplomática estatal busca anular la individualidad y el derecho de opinión de quienes disienten.
Al condenar a los disidentes bajo cargos comunes —como ha sido costumbre de la—, el aparato estatal intenta desplazar la discusión desde el marco internacional de las libertades civiles hacia el ámbito del derecho penal ordinario; así reviste de delito común toda forma de disenso y establece la base legal para reprimir con cárcel cualquier cuestionamiento ciudadano a su conducta.
El régimen dictatorial cubano —entrampado en una política de inmovilismo que subsiste dentro de su lógica al margen de la realidad exterior— recurre nuevamente a ese tipo de prácticas discursivas y repite así un comportamiento ampliamente utilizado por diversos regímenes autoritarios de corte comunista a lo largo del siglo XX. Otra vez el régimen y sus esbirros utilizan la estigmatización y la censura transnacional para invisibilizar a sus críticos en el exilio.
El objetivo estratégico es doble: por un lado, disuadir a la disidencia interna y demostrar que el alcance descalificatorio del Estado trasciende las fronteras geográficas; por otro, preservar la narrativa oficial ante la comunidad internacional y neutralizar testimonios directos que puedan comprometer el respaldo o la legitimidad del régimen en foros multilaterales como la Asamblea General de las Naciones Unidas (donde se realizará la votación anual por el embargo que Estados Unidos mantiene a La Habana).
En ese escenario de confrontación, las declaraciones del representante estadounidense Mike Waltz —quien acusó a las autoridades de La Habana de cometer crímenes contra su población y de disfrutar de un estilo de vida cargado de lujos y prebendas— se sustentan en informes de organizaciones independientes de derechos humanos como Cubalex y Amnistía Internacional.
Esas entidades documentan de manera consistente patrones de hostigamiento, juicios sumarios y severas condiciones de reclusión dentro de la isla por parte de un sistema penitenciario que está lejos de tener un carácter humano como mintiera el canciller del régimen, y en el que se registran muertes de presos políticos y comunes por hambre y enfermedades de forma cada vez más frecuente. Los elementos anteriores también contradicen las afirmaciones de la cancillería cubana sobre la ausencia de represión violenta contra las personas.
Mientras tanto, la situación de las libertades políticas en el país caribeño continúa bajo un estricto escrutinio global a las puertas de nuevas votaciones internacionales en el foro de Nueva York. Allí, la dictadura se enfrentará no con su histórico oponente, sino también con el peso de la verdad que no consigue ocultar.
Cada vez más, la dictadura corre los límites de la realidad que se ha inventado; pero se trata de pura ficción. Ficción que pretende engatusar voluntades y mantener en la ignorancia a los Gobiernos que simpatizan con la narrativa épica de un proceso político devenido uno de los sistemas más criminales y represivos que se han visto alguna vez en el continente americano.
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