Desde la década de 1960 se discute en Cuba la pertinencia del estímulo laboral. En un inicio se apostó por la vigencia dentro del marxismo, de la autonomía contable, el autofinanciamiento y el sistema de estímulos materiales. Un crítico acérrimo de esta tendencia fue Ernesto Guevara, quien desaconsejaba fuertemente utilizar métodos que consideraba heredados del pasado. En cambio, Guevara promovía el estímulo moral, la mera satisfacción del deber cumplido ante la construcción del socialismo. El valor ético del estímulo se circunscribía en la atmósfera rigurosa y de trinchera, que clamaba por la ejemplaridad en la producción, en aras del «esfuerzo decisivo».

A partir del fracaso de la zafra de los diez millones, sin embargo, se adoptó el sistema soviético que utilizaba cálculos vinculantes entre las remuneraciones de los trabajadores, y la cantidad y calidad de su trabajo. Primero fue la entrega de productos electrodomésticos de factura soviética (televisores, ventiladores, planchas), luego china (como las bicicletas en los años noventa y los televisores Panda de los 2000). A partir de la reforma económica de los años noventa y el comercio con los Gobiernos del ALBA y, sobre todo, de la exportación de servicios médicos, técnicos y deportivos, el estímulo laboral consistió en un porciento en divisas de lo ganado por el centro de trabajo. Estos estímulos no se otorgaban a todos los puestos, sino que dependían de las capacidades de cada ministerio. De tal modo, tenían más presencia en aquellos centros autopresupuestados que generaban ganancias (por la producción o exportación de productos y servicios), así como en centros «estratégicos» subordinados o vinculados a las altas esferas del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno. 

En los últimos años, sin embargo, hemos visto la paulatina desaparición de productos materiales, sustituidos por paquetes de alimentos, consistentes en cajas de pollo, embutidos, huevos o aceite de cocina, entre otros productos de consumo básicos. De mayor o menor calidad, los alimentos resultan hoy día los estímulos más comunes para premiar la labor del trabajador estatal, sobre todo entre el personal médico, técnico, deportivo, etc. Aunque el Estado ha reconocido el cumplimiento laboral entre el personal más destacado con prebendas, nuevas políticas de ingresos y entregas de bienes (principalmente autos), los productos alimenticios son los estímulos más extendidos al uso. 

Gran parte de los deportistas cubanos que recibieron condecoraciones en el evento clasificatorio panamericano celebrado en Guadalajara, México, en 2021, fueron recibidos en Cuba por representantes del Gobierno local, con combos de alimentos que incluían pasteles, aceite de cocina, salchichas y hortalizas. Otro ejemplo, más lamentable, fue el de la conocida actriz cubana Gina Cabrera, famosa por su capacidad actoral, al punto de incluirse en el argot popular como la Reina del Drama en la Isla, quien falleció este mes de enero. Unas semanas antes de su defunción habría recibido de su antiguo empleador, el extinto Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), una ayuda alimenticia que su hijo describió como: «¡Algo de arroz, algo de chícharo, recortería sobrante de espaguetis, sofrito y aceite a granel para lubricar y bajar tamaña ofensa!». 

¿Cómo han sido las reformas económicas de la última década en Cuba?

Extender, con grandes restricciones, permiso para lo que se había aniquilado hacía más de 40 años: el autoempleo y el pequeño negocio privado.

En un sistema donde la memoria colectiva está signada por las políticas estatales y el legado de los trabajadores solo es formalmente reconocido por las entidades oficiales, resulta penoso un estímulo como el entregado a «glorias del deporte nacional», o a una generación cultural histórica de la que Gina Cabrera forma parte.

Si los estímulos son acciones para fomentar las potencialidades del individuo, las entregas de comida en Cuba han sido el lento tránsito hacia la pauperización de este mecanismo social, hasta ser casi un dispositivo de sobrevivencia del Gobierno. La comida ha pasado así a intentar calzar los sistemas salariales, activos y de jubilación, que no cumplen el papel que les corresponde. Pero el valor real de su contenido estaría, quizá, más cercano a la concepción del estímulo moral guevariano. Si los estímulos se proponen elevar la autoestima del trabajador, resulta lamentable que productos de consumo básico se propongan como tal, e incluso, sean deseados por sus receptores; sobre todo si pensamos en el sector jubilado, uno de los más vulnerables de la población cubana actual. 

En un momento de desabastecimiento crónico, la entrega estatal y parcializada de alimentos crea, además, una diferenciación social importante para los ciudadanos impedidos de este acceso. El sector estatal ha sido históricamente el colectivo más relegado, con menos beneficios económicos, distinción que se hizo más marcada con el auge del sector privado. Quizá por ello, en el sector estatal, la cultura del estímulo ha tenido siempre exponente y significado especiales. Son esperadas y deseadas las jabas tras chequeos de emulación de los ministerios, o como obsequios navideños, según el alcance de cada entidad. Incluso los jubilados de diferentes sectores de la industria, de las Fuerzas Armadas y otros organismos, reciben con agrado la posibilidad de acceder a determinados productos de forma especial y a precios módicos, lo que crea, digamos, un sentido de pertenencia con la idea del empleador paternal. 

Si bien la Tarea Ordenamiento ha intentado promover al empleado estatal con muy poco éxito, cualquier prebenda o entrega restringida de comida, en un sistema de inseguridad predominante como el que se ha establecido en los dos últimos años, marca una diferencia sustancial en una sociedad cada vez más porosa y disímil. El Gobierno conoce de la inseguridad alimentaria existente, y parte de esto para controlar y condicionar la militancia en los sectores claves, «estimulando» con productos que deberían ser comunes, cotidianos a todos sus ciudadanos. La comida básica, necesaria y común a una población, no puede ser moneda de cambio, distinción o condicionamiento, mucho menos para tipificar una relación ciudadano-Estado, tendencialmente signada por la carencia y por una deficiente retribución estatal.

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