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Foto: Nelson Palomino.

Desafíos para la libertad de expresión en Latinoamérica: ¿cómo se inserta Cuba en este contexto?

30 / agosto / 2022

¿Cuáles son los retos, oportunidades y tendencias que existen actualmente en Latinoamérica con respecto a la libertad de expresión? La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información (Alianza) es una red internacional conformada por 18 organizaciones de diferentes países que estudian y promueven la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Como es costumbre, la Alianza intenta explicarlo a través de su informe periódico sobre el estado de ese derecho en América Latina.

El informe, inspirado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derecho Humanos, fue coordinado este año por uno de los miembros argentinos de la Alianza: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El documento actualiza la situación que enfrenta hoy Latinoamérica en cuanto a la libertad de expresión en línea y las prácticas de censura que se reproducen en el espacio virtual.

De acuerdo con los resultados del informe, entre las principales amenazas a la libertad de expresión en el continente destacan los fenómenos asociados a la vigilancia masiva de expresiones ciudadanas en línea por parte de los Gobiernos mediante tecnologías de comunicación, seguridad y control. Asimismo, se reproduce la desinformación y los discursos de odio o la regulación privada de contenidos en las plataformas digitales.

La investigación de la ACIJ alerta que, en los últimos años, se han identificado diversas prácticas de vigilancia masiva por parte de los Gobiernos de la región. Entre las prácticas destacan las interferencias de computadoras personales, la piratería de dispositivos móviles, la extracción y explotación de datos por parte de las grandes plataformas digitales, ingeniería social, programas de reconocimiento facial para vigilancia.

Además, identifica algunas prácticas específicas usadas con el objetivo de censurar o limitar discursos en la esfera pública. Así, se recurre al monitoreo de publicaciones en redes sociales o medios digitales que son criminalizados como forma de censura, debido a que los Estados no cuentan con la posibilidad de manipular de forma directa estas plataformas en Internet.

¿CÓMO SE COMPORTA LA VIGILANCIA ESTATAL EN LÍNEA?

El informe destaca, además, que en los países de la región donde predomina el autoritarismo, las tecnologías de vigilancia masiva suelen ser utilizadas como instrumentos de represión contra expresiones disidentes. Algunas formas de censura derivadas de la vigilancia operan de forma indirecta a través del amedrentamiento ulterior, como puede ser el caso de la criminalización o denuncia civil de expresiones vertidas en redes sociales.

En este sentido, se han identificado causas penales o civiles contra personas o colectivos como consecuencia de estas prácticas de vigilancia masiva en Cuba y otros países de la región (Argentina, Nicaragua, Venezuela, Honduras y Guatemala).

En el caso cubano, el polémico Decreto Ley 370 sobre «la informatización de la sociedad en Cuba», vigente desde 2019, ha permitido impulsar causas penales con amplias facultades para la imposición de multas respecto a publicaciones en Internet que impliquen «i) difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas».

El informe de la ACIJ subraya que son varios las y los activistas o periodistas que han recibido este tipo de multas. «El activista cubano Juan Luis Bravo fue sancionado con dos años de prisión por negarse a pagar la multa. También las publicaciones en redes sociales fueron utilizadas para abrir causas penales que derivaron en reclusión domiciliaria. Ese ha sido el caso de las activistas Tania Bruguera y Carolina Barrero, quienes fueron acusadas de instigación a delinquir por algunas publicaciones en redes sociales», precisa.

LA LEGALIZACIÓN DE LA VIGILANCIA ESTATAL EN LÍNEA

Dentro del continente, Cuba es uno de los pocos países que cuentan con una normativa relacionada con la vigilancia masiva. Al archipiélago se suman Argentina y El Salvador. Sin embargo, la situación en Cuba se comporta de forma opuesta a estas naciones.

En Argentina, la Ley Nacional de Inteligencia (25.520) establece la prohibición por parte de los organismos que realizan actividades de inteligencia de «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones».

El Salvador sanciona, a través de la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos, en su artículo 12, con hasta ocho años de prisión a quien «con fines indebidos obtenga datos, información reservada o confidencial contenidas en un sistema que utilice las Tecnologías de la Información y la Comunicación o en cualquiera de sus componentes».

Cuba, sin embargo, se vale de la legislación para una práctica inversa: el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Fundación Colectivo+Voces alertan que «se han ofrecido facultades discrecionales —incluso a los proveedores de servicios de Internet— para ampliar sus capacidades de monitoreo y acción en consecuencia. La ampliación de estas capacidades sin supervisión judicial fue motivo de preocupación de los relatores de la ONU en el informe emitido con relación al Decreto Ley 35 y su normativa complementaria».

Por otro lado, solo en Cuba parece existir una regulación respecto a la existencia de proyectos o regulaciones aprobadas que establezcan o impulsen la creación o diseño de autoridades públicas que intervengan en asuntos de censura en línea. Se trata de la Resolución 105 del Ministerio de Comunicaciones, que aprueba el «Reglamento sobre el Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad».

Dicha normativa estableció la creación de una autoridad especializada en ciberseguridad en la que participarán de conjunto funcionarios del Ministerio de las Comunicaciones, del Interior y de las Fuerzas Armadas. Sin embargo —señala el Informe de la ACIJ—, se desconocen los planes que establecerían la forma en que se organizará y las facultades de esa autoridad; la cual tendrá la posibilidad de «(…) prevenir, detectar y responder oportunamente ante posibles actividades enemigas, delictivas y nocivas que puedan ocurrir en el ciberespacio». Hasta hoy, es la Oficina de Seguridad de Redes Informáticas la autoridad encargada del monitoreo, vigilancia y defensa de las redes e Internet en Cuba.

LA DESINFORMACIÓN Y LOS DISCURSOS DE ODIO

Respecto a la desinformación y los discursos de odio, se trata de dos fenómenos que suponen una serie de desafíos en lo relativo a la protección de la libertad de expresión. Estos mensajes pueden afectar mediante la disuasión de otras expresiones legítimas o amplificar un escenario de discriminación sobre grupos vulnerabilizados.

Como apunta el informe de la ACIJ, «la tecnología ha posibilitado un aumento en la creación y difusión tanto de información falsa o manipulada, como de discursos que incitan a la discriminación, a la intolerancia y a la violencia hacia ciertos grupos. Los nuevos canales, a su vez, facilitan el anonimato de estas expresiones y dificultan gravemente la aplicación de “soluciones” clásicas como el derecho a réplica y la reparación ulterior por parte de los sujetos responsables».

A su vez, en el caso de la desinformación, destaca el documento que tiende a intensificarse allí donde el espacio democrático es estrecho, por lo que deriva en un círculo vicioso, fuertemente dañino para las instituciones y la democracia. Los discursos autoritarios y las ideas antidemocráticas que la desinformación muchas veces potencia también pueden contribuir en mayor o menor medida a lesionar la libertad de expresión.

Un informe de la Relatoría de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión de abril de 2021, a cargo de Irene Khan, refirió sobre el tema: «Cada vez hay más pruebas de que la desinformación tiende a prosperar allí donde los derechos humanos son limitados, donde el régimen de información pública no es sólido y donde el nivel de calidad, diversidad e independencia de los medios de comunicación es bajo. A la inversa, allí donde se protege la libertad de opinión y de expresión, la sociedad civil, los periodistas y otras personas son capaces de cuestionar las falacias y presentar otros puntos de vista».



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