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Hombre con nasobuco mira su celular en la calle. Cuba

Foto: Ernesto Verdecia.

Nuevo decreto podría limitar democratización del ciberespacio cubano

El Consejo de Estado (CE) anunció la aprobación de un nuevo Decreto Ley «De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y el Uso del Espectro Radioeléctrico». El contenido de la norma aún no ha sido publicado en la Gaceta Oficial de la República, pero a partir de los reportes de medios de prensa que tuvieron acceso a la reunión del CE se obtienen algunas conclusiones preliminares.

El ministro de Comunicaciones cubano Jorge Luis Perdomo Di-Lella había asegurado, en febrero de 2020 durante la emisión del programa televisivo Mesa Redonda, que una de las aristas de la ciberseguridad radicaba en el combate contra el uso del ciberespacio para fines subversivos. En aquella ocasión el titular del ramo alegó que el Artículo 16, inciso m) de la Constitución de la República amparaba esa estrategia porque allí se condenaba el uso del ciberespacio y el espectro radioeléctrico para acciones de disturbio.

Asimismo, el ministro presumió de que por primera vez la informatización del país —en la cual incluía la ciberseguridad— se regulaba por una norma del nivel de un Decreto Ley. Perdomo Di-Lella hacía referencia al Decreto Ley 370, una norma que desde su promulgación generó gran polémica dentro y fuera del territorio nacional.

El rotativo Juventud Rebelde divulgó que, al presentar el nuevo Decreto Ley, el ministro de Comunicaciones reconoció que la «legislación contribuirá como instrumento regulatorio básico a la informatización del país; a la soberanía tecnológica; a la eficiente gestión del espectro radioeléctrico; a contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio; a salvaguardar los principios de seguridad e invulnerabilidad de las telecomunicaciones en beneficio de la economía, la sociedad, la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior y la Defensa Civil; y para defender los logros alcanzados por nuestro Estado socialista».

Los POR CUANTOS, por regla general, contienen los porqués y para qué de las normas jurídicas. El Decreto Ley 370 —«sobre la informatización de la sociedad en Cuba»— fue promulgado en diciembre de 2018 y conforme a su segundo POR CUANTO tenía como principal objetivo elevar la soberanía tecnológica para de esa forma:

  1. Beneficiar a la sociedad, la economía, la seguridad y defensa nacional.
  2. Contrarrestar las agresiones cibernéticas.
  3. Salvaguardar los principios de seguridad de nuestras redes y servicios.
  4. Defender los logros alcanzados por nuestro Estado socialista.
Imagen del segundo POR CUANTO del Decreto-Ley No. 370, Cuba que regula la actividad en el ciberespacio.

Decreto Ley No. 370.

Al comparar los pronunciamientos de Jorge Luis Perdomo al momento de presentar la nueva norma ante el Consejo de Estado y los fines declarados del Decreto Ley 370 pudiera concluirse que ambas normativas persiguen básicamente los mismos objetivos. Se deriva entonces una pregunta: ¿qué ha cambiado desde diciembre de 2018 que amerite la promulgación de una nueva norma que persigue los mismos objetivos del Decreto Ley 370?

El ministro cubano de Comunicaciones empleó, durante su alocución de febrero de 2020, un artículo de la carta magna que establece los principios de las relaciones internacionales del Estado cubano para justificar una política interna que valida las restricciones de contenidos en Internet. Perdomo Di-Lella utilizaba la condena constitucional «al uso del ciberespacio y del espectro radioeléctrico con fines subversivos y desestabilizadores de naciones soberanas» para defender un sistema contravencional restrictivo que se establece, en lo fundamental, en el Artículo 68 del Decreto Ley 370. Un sistema contravencional que apenas publicado el Decreto Ley intentó ser rectificado mediante un tuit de la cuenta del Ministerio de Comunicaciones y que permitió imponer multas de hasta 3 000 pesos cubanos y decomisar medios tecnológicos a ciudadanos que expresaban sus ideas antigubernamentales en las redes sociales.

Puede que esos errores que comunicaron a través de un tuit, al considerarlo como una fuente de derecho, sean corregidos en la nueva legislación anunciada por el Consejo de Estado. Pero ¿puede aspirarse a que los otros elementos contenidos en el Artículo 16, inciso m) de la Constitución que no fueron mencionados por el ministro de Comunicaciones en su alocución de febrero de 2020 sean incluidos en la nueva legislación?

El Artículo 16, inciso m) de la Constitución también reconoce el compromiso del Estado cubano para construir «una sociedad de la información y el conocimiento centrada en la persona… en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento en la mejora de su calidad de vida». El artículo defiende, además, la «democratización del ciberespacio». Esa democratización no encontró respaldo en el Decreto Ley 370 y sus normas complementarias. ¿Será entonces la demorada democratización del ciberespacio la que se abrirá paso con la nueva norma promulgada por el Consejo de Estado?

El Informe del VIII Congreso del Partido Comunista —cuyas sesiones comenzaran escasos días después del anuncio de la aprobación del nuevo Decreto Ley «De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y el Uso del Espectro Radioeléctrico»— no deja espacio a las dudas. La democratización no parece ser el camino. La seguridad nacional parece justificar mayores restricciones que las introducidas por el Decreto Ley 370.

En el informe Raúl Castro utiliza el mismo lenguaje empleado por el ministro de Comunicaciones en febrero de 2020 y que repitiera al presentar ante el CE la nueva norma aprobada. El general de Ejército señaló que «no podía olvidarse el hecho de que el Gobierno de los Estados Unidos había creado un Grupo de Trabajo de Internet para Cuba que aspira a que las redes sociales se conviertan en canales de subversión, creación de redes inalámbricas fuera de control estatal y la realización de ataques cibernéticos a infraestructuras críticas».

Asimismo, señaló que las redes sociales e Internet se han convertido en el espacio en el cual la contrarrevolución interna carente de base social, liderazgo y capacidad movilizadora ha concentrado su activismo. Ante esa situación destacó que no debe «existir espacio para la ingenuidad a estas alturas y el entusiasmo desmedidos por las nuevas tecnologías sin previamente garantizar la seguridad informática».

Luego de estos pronunciamientos —además de las rectificaciones de algunos errores garrafales del Decreto Ley 370 que se intentaron solucionar mediante tuits del Ministerio de Comunicaciones— solo podría esperarse una norma que asegure el control estatal; o lo que es lo mismo en el caso cubano, el control partidista del ciberespacio y las telecomunicaciones.

 

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Ivan el terrible

En cuba nunca va ha existir la democracia mientras dependa de un único partido y además comunista,estamos condenados a la censura es una realidad bien dura.
Ivan el terrible

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El ministro de Comunicaciones cubano Jorge Luis Perdomo Di-Lella había asegurado, en febrero de 2020 durante la emisión del programa televisivo Mesa Redonda, que una de las aristas de la ciberseguridad radicaba en el combate contra el uso del ciberespacio para fines subversivos. En aquella ocasión el titular del ramo alegó que el Artículo 16, inciso m) de la Constitución de la República amparaba esa estrategia porque allí se condenaba el uso del ciberespacio y el espectro radioeléctrico para acciones de disturbio.

Asimismo, el ministro presumió de que por primera vez la informatización del país —en la cual incluía la ciberseguridad— se regulaba por una norma del nivel de un Decreto Ley. Perdomo Di-Lella hacía referencia al Decreto Ley 370, una norma que desde su promulgación generó gran polémica dentro y fuera del territorio nacional.

El rotativo Juventud Rebelde divulgó que, al presentar el nuevo Decreto Ley, el ministro de Comunicaciones reconoció que la «legislación contribuirá como instrumento regulatorio básico a la informatización del país; a la soberanía tecnológica; a la eficiente gestión del espectro radioeléctrico; a contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio; a salvaguardar los principios de seguridad e invulnerabilidad de las telecomunicaciones en beneficio de la economía, la sociedad, la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior y la Defensa Civil; y para defender los logros alcanzados por nuestro Estado socialista».

Los POR CUANTOS, por regla general, contienen los porqués y para qué de las normas jurídicas. El Decreto Ley 370 —«sobre la informatización de la sociedad en Cuba»— fue promulgado en diciembre de 2018 y conforme a su segundo POR CUANTO tenía como principal objetivo elevar la soberanía tecnológica para de esa forma:

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Decreto Ley No. 370.

Al comparar los pronunciamientos de Jorge Luis Perdomo al momento de presentar la nueva norma ante el Consejo de Estado y los fines declarados del Decreto Ley 370 pudiera concluirse que ambas normativas persiguen básicamente los mismos objetivos. Se deriva entonces una pregunta: ¿qué ha cambiado desde diciembre de 2018 que amerite la promulgación de una nueva norma que persigue los mismos objetivos del Decreto Ley 370?

El ministro cubano de Comunicaciones empleó, durante su alocución de febrero de 2020, un artículo de la carta magna que establece los principios de las relaciones internacionales del Estado cubano para justificar una política interna que valida las restricciones de contenidos en Internet. Perdomo Di-Lella utilizaba la condena constitucional «al uso del ciberespacio y del espectro radioeléctrico con fines subversivos y desestabilizadores de naciones soberanas» para defender un sistema contravencional restrictivo que se establece, en lo fundamental, en el Artículo 68 del Decreto Ley 370. Un sistema contravencional que apenas publicado el Decreto Ley intentó ser rectificado mediante un tuit de la cuenta del Ministerio de Comunicaciones y que permitió imponer multas de hasta 3 000 pesos cubanos y decomisar medios tecnológicos a ciudadanos que expresaban sus ideas antigubernamentales en las redes sociales.

Puede que esos errores que comunicaron a través de un tuit, al considerarlo como una fuente de derecho, sean corregidos en la nueva legislación anunciada por el Consejo de Estado. Pero ¿puede aspirarse a que los otros elementos contenidos en el Artículo 16, inciso m) de la Constitución que no fueron mencionados por el ministro de Comunicaciones en su alocución de febrero de 2020 sean incluidos en la nueva legislación?

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En el informe Raúl Castro utiliza el mismo lenguaje empleado por el ministro de Comunicaciones en febrero de 2020 y que repitiera al presentar ante el CE la nueva norma aprobada. El general de Ejército señaló que «no podía olvidarse el hecho de que el Gobierno de los Estados Unidos había creado un Grupo de Trabajo de Internet para Cuba que aspira a que las redes sociales se conviertan en canales de subversión, creación de redes inalámbricas fuera de control estatal y la realización de ataques cibernéticos a infraestructuras críticas».

Asimismo, señaló que las redes sociales e Internet se han convertido en el espacio en el cual la contrarrevolución interna carente de base social, liderazgo y capacidad movilizadora ha concentrado su activismo. Ante esa situación destacó que no debe «existir espacio para la ingenuidad a estas alturas y el entusiasmo desmedidos por las nuevas tecnologías sin previamente garantizar la seguridad informática».

Luego de estos pronunciamientos —además de las rectificaciones de algunos errores garrafales del Decreto Ley 370 que se intentaron solucionar mediante tuits del Ministerio de Comunicaciones— solo podría esperarse una norma que asegure el control estatal; o lo que es lo mismo en el caso cubano, el control partidista del ciberespacio y las telecomunicaciones.

 

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