El 13 de abril de 2015 murió Neil Horsley a punto de cumplir 71 años. Horsley fue un personaje tristemente célebre en Estados Unidos, un extremista antiaborto responsable del sitio web Archivos de Núremberg.
El sitio, creado en 1997, contenía una lista de aproximadamente 200 «abortistas». Así se referían a los médicos, enfermeras y otro personal sanitario que identificaban con su dirección particular, número de teléfono y fotografía. Horsley los clasificaba en tres grupos: «en funcionamiento, heridos o fallecidos». Celebraba la muerte de estos proveedores de atención médica ginecológica y alentaba la violencia contra ellos por haber practicado interrupción de embarazos.
Horsley se vio obligado a cerrar el sitio en 2002, luego de una extensa y feroz batalla legal. Para entonces varios médicos habían perdido la vida como consecuencia de ataques de extremistas y otros habían sufrido acoso constante.
Doxing
Archivos de Núremberg, nombre elegido como referencia de los juicios contra los nazis partícipes del Holocausto, constituye uno de los casos de doxing más conocidos y polémicos del mundo. Este término anglófono se refiere a una forma de ciberacoso que consiste en la revelación de información privada en Internet por una tercera persona.
La expresión proviene de la palabra «documentos», exactamente de su abreviatura «docs» en inglés. En la década de 1990, los hackers acuñaron el término dox para referirse a la práctica de recopilar documentos o información personal de sus rivales, en un contexto en que el anonimato era casi sagrado. Por aquellos días, resultaban usuales las disputas para conocer la verdadera identidad de otros competidores, exponerlos y eliminarlos del gremio.
Aunque revelar información personal como forma de represalia antecede a Internet, «el doxing se transformó en un concepto de conocimiento general en diciembre de 2011, cuando el grupo hacktivista Anonymous expuso la información detallada de 7 000 miembros de las fuerzas de seguridad en respuesta a las investigaciones de las actividades de hacking», explica el sitio de la firma de seguridad informática Kaspersky Lab.
En estos diez años, Anonymous ha expuesto información personal de cientos de presuntos miembros del Ku Klux Klan y partidarios de la secta conspiranoica QAnon.
Cualquier persona puede ser víctima de esta práctica; sin embargo, es habitual que se trate de políticos, reporteros, celebridades o personas con cierta notoriedad, poder o presencia pública.
En un perfil más bajo, no por ello menos preocupante, se encuentran los niños y adolescentes en edades escolares, en contextos de bullying. Las mujeres también son un blanco frecuente de este tipo de práctica.
En 2017, Amnistía Internacional realizó un estudio en ocho países que comprobó que un cuarto de las mujeres encuestadas habían sido víctima de abusos o acoso por Internet. El 26 % de ellas refirió que en algún momento se habían divulgado en línea datos personales o que las identificaban.
A diferencia de otros delitos cibernéticos, el doxing no tiene como objetivo el chantaje de las víctimas para obtener prebendas económicas. Casi siempre sus motivos están relacionados con la venganza, tanto de individuos independientes como de comunidades. En algunos casos se puede hablar de justicia extrajudicial, cuando las leyes no satisfacen a los implicados.
Es recurrente la publicación de información personal y privada de una persona, tanto con datos confidenciales como con públicos, para dañar su imagen o la de sus allegados, incitar al acoso o intimidarla.
Comúnmente, los doxers filtran el número de seguro social, correspondencia privada, la dirección física, información de las tarjetas bancarias, número de teléfono, fotos, informes de crédito, contacto de familiares o allegados, detalles vergonzosos o cualquier otro dato personal identificativo.
Doxing en el ámbito cubano
En junio de 2020, el presentador Alexander Otaola sorprendió a sus seguidores: según él, había descubierto la identidad de «Guerrero Cubano». Luego de «analizar» la cadencia y el tono del «youtuber de la Revolución» —conocido por sus videos sobre opositores en los que interviene a través de audios manipulados—, Otaola llegó a la conclusión que no era otro que el humorista Juan Karlos Hernández «El Gordo».
La supuesta revelación acaparó titulares y algunas figuras públicas se hicieron eco. Pocos días después, el cómico realizó una transmisión directa en Facebook en la que desmentía la información. El artista también denunció una serie de mensajes de odio recibidos al calor de la acusación.
«No se puede llegar a esos extremos por una simple oída de voz. Eso me está trayendo a mí problemas personales, amenazas a mi familia. Yo tengo una hija de 11 años, tengo a mi madre de 80 y está afectando a mi familia. Si yo hubiera hecho algo, no me habría arrepentido. (…) Guerreros son una pila de cubanos que estamos aquí igual. Otaola, por favor, no incites a la maldad, compadre. Llevo tres días con la presión alta, me siento mal», dijo entre lágrimas.
Menos de una semana después, Juan Karlos estuvo ingresado por una urgencia cardiovascular, al parecer debido al estrés vivido.
***
Lo sucedido entre Otaola y Juan Karlos no es, ni de lejos, el único caso de doxing en el ámbito cubano. Si bien en este caso la práctica fue «defectuosa» puesto que Otaola no reveló información privada de su víctima, muestra una de las aristas más peligrosas de este fenómeno: las consecuencias de impredecible gravedad que supone establecer un vínculo de terceros con situaciones, personajes o actividades negativas, sin necesidad de aportar evidencia.
Cuba siempre llega tarde a los fenómenos, pero llega. Con el doxing no ha sido diferente. Se ha visto un poco de todo: desde asuntos personales que se ventilan y resuelven al amparo de las redes sociales, hasta otros con un fuerte peso político y social.
En el segundo caso, se incluye la situación de activistas y periodistas cuyos números de teléfono, fotografías, dirección y otros datos se han filtrado en redes sociales, presuntamente por parte de la Seguridad del Estado.
Esta forma de acoso busca no solo causar malestar por el agobio de mensajes y llamadas constantes, sino deslegitimar su imagen y prestigio, al vincularlos, casi siempre, con actividades ilícitas o mal vistas.
Un ejemplo que roza la ilegalidad tuvo lugar en la Mesa Redonda el 12 de noviembre de 2021. En el espacio televisivo, el periodista Humberto López exhibió una lista de pagos recibidos por los activistas Yunior García y Manuel Silvestre Cuesta Morúa a través de Western Union, supuestamente para sembrar el caos político en la isla. El listado contenía, además, datos personales de ellos y de otros clientes ajenos al tema.
La maniobra intentaba satanizarlos como agentes de desestabilización pagados desde el exterior, restarles credibilidad, tanto a ellos como a sus causas, y sugestionar a otros en su contra.
Por otra parte y en franca desventaja, se encuentran quienes comparten en redes sociales datos de presuntos represores y agentes gubernamentales que actuarían impunemente respaldados por el Estado.
«Es lamentable que este sea el recurso que nos dejen las autoridades cubanas. Es lamentable también que siempre habrá personas que exijan paredón, y que insulten, degraden, animalicen a estos victimarios, ante el terror que provoca reconocer que no son monstruos, que son tan humanos como cualquiera de nosotros», expresó al respecto en su cuenta de Facebook la activista y abogada Salomé García Bacallao.
Recientemente, se ha visto una campaña en redes sociales para exponer a fiscales, jueces y abogados asociados a los juicios de los presos de las manifestaciones del 11 de julio. Se han compartido nombre, fotos y otros datos personales que permiten su identificación por parte de las familias de los acusados y el público en general.
«En un Estado de derecho, los familiares de las víctimas del 11J podrían establecer denuncias en los órganos competentes contra estos funcionarios públicos —aclara García. El recurso que queda para acceder a la justicia es el mismo que utilizan muchas víctimas de violencia sexual: exponer a sus agresores públicamente en las redes».
La activista refiere que por sus acciones estos funcionarios incurren en el delito de prevaricación, recogido en el Código Penal cubano, pero el propio sistema político, que no contempla la división de poderes, imposibilita establecer denuncias y que se les dé solución con seriedad.
«Las personas agraviadas (…) tienen derecho a acceder a la justicia, aunque sea la justicia de ponerle nombre y rostro a los culpables», agrega.
Según señala, estas denuncias, además de tener una función disuasoria, también las recogen organizaciones que pueden proponer que los funcionarios sean sancionados mediante mecanismos internacionales como la Ley Magnitsky*.
No obstante, existe el riesgo de incluir a personas por error o por interés particular de alguien de provocar un perjuicio. La búsqueda de justicia por vía extrajudicial siempre supone estos peligros, por ello es esencial que las leyes se respeten para todos.
En aguas de la legalidad
La brecha legislativa constituye uno de los principales aliados de los doxers. El doxing no es ilegal y, por tanto, no es penalizado si la información expuesta es pública de alguna manera, incluso si se comparte sin el consentimiento de la persona.
En el caso de Archivos de Núremberg, estos no violaban ninguna ley e, incluso, podía entenderse como parte de la libertad de expresión, pero el tribunal de Portland concluyó que amenazaba implícitamente a los médicos al incluirlos en una lista negra.
En el panorama cubano, explica el jurista Julio Antonio Fernández Estrada, «no hay nada regulado específicamente en el derecho penal». «En cambio, la Constitución de la República protege la dignidad y la intimidad», añade.
La frontera entre lo legal y lo ilegal en cuanto al doxing es muy delgada. «Si se conecta con amenazas o ataques a la moral de la persona expuesta, se tipificarían delitos previstos en el Código Penal como la amenaza o la difamación», explica Fernández Estrada.
El artículo 68 i del Decreto Ley 370 de 2018 sobre informatización de la sociedad cubana prevé como contravención, siempre que no sea directamente un delito, difundir mediante las TIC «información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas». Las sanciones posibles son multas de 3 000 pesos y decomiso del equipo con el que se difundió la noticia.
El polémico Decreto Ley 35 de 2021 también contempla violaciones en el uso de las tecnologías de la comunicación. En su reglamento aparecen sanciones previstas para situaciones de divulgación de datos personales más cercanas al doxing. Siempre que los actos no sean constitutivos de delitos, serían medidas de multas y decomiso.
Sobre la exposición de los fiscales y otros funcionarios, el jurista considera que sería una clara violación de la ley si se alentaran represalias contra ellos. «En este caso, se atentaría contra funcionarios públicos en su trabajo y se estaría incitando a la comisión de delitos contra personas. Aunque estén actuando mal, la vía es acusarlos ante las autoridades, no exponerlos para que se tome venganza contra ellos».
En el Decreto Ley 370 existe una norma general que permite el decomiso y la imposición de multas por usar las redes sociales contra el interés público, lo que en este caso sería una consecuencia directa.
El doxing, como casi todo lo que ocurre en Internet, es un fenómeno difícil de regular. Depende en gran medida de la ética individual y las soluciones que cada uno sea capaz de dar a los conflictos. En el contexto político cubano actual, es probable que continúe como búsqueda de justicia extrajudicial, mientras instituciones y órganos competentes no honren su mandato de servicio público.
*Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos es una legislación que permite al presidente de Estados Unidos imponer sanciones a cualquier extranjero que se compruebe que ha cometido abusos de derechos humanos y otras violaciones.
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