En días recientes, mientras se hacían públicas las declaraciones de estudiantes universitarios de diferentes facultades del país en rechazo al tarifazo de Etecsa, también comenzó a circular una cadena de WhatsApp viral que alerta sobre «nuevas normas de comunicación» que supuestamente serían establecidas por el Tribunal Supremo Popular de Cuba.
Varios lectores se comunicaron con elTOQUE preguntando por la veracidad del contenido y nos enviaron capturas del mensaje.
En el mensaje se afirma que «a partir de mañana», debido a «las circunstancias que vive nuestro país» serían implementadas varias medidas. Entre ellas: «todas las llamadas [telefónicas] serán grabadas», así como las «llamadas y mensajes de WhatsApp»; también serían «monitoreadas» todas las redes sociales. Sin embargo, el escrito es FALSO.
La cadena ha resurgido en otros momentos de tensión política en Cuba. elTOQUE chequeó igual contenido luego de las protestas del 17 de marzo de 2024 en la isla.
Su recurrencia denota que estas narrativas generan preocupación y son utilizadas de manera reiterada para amplificar la sensación de vigilancia estatal, pero no están respaldadas por fuentes oficiales ni hechos verificables.
Aunque el Gobierno cubano tiene un cuerpo normativo que autoriza el monitoreo del uso que los ciudadanos hacen de Internet y prevé sanciones para quienes incurran en las contravenciones establecidas, el mensaje que se viralizó recientemente es una desinformación que ha circulado en distintos países hispanoamericanos (con pequeñas variaciones cada vez).
En junio de 2023, a raíz de la circulación de la cadena entre los ciudadanos de la isla, el Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSP) desmintió el mensaje, mediante su cuenta en la red social X y aseguró que era «Falso».
En el mensaje que circuló viral en 2023 (y en el que se comparte actualmente) se cita «un Decreto Ley 346, artículo 2 607; cuando, realmente, la única normativa de ese tipo con esa numeración se refiere al presupuesto del Estado [cubano] en el año 2017», según la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).
Dicho documento legal contiene un artículo único que dispone hacer modificaciones al artículo 8, apartado 2, primer párrafo, de la Ley No. 122 «Del Presupuesto del Estado para el año 2017», del 27 de diciembre de 2016, agregó la ACN.
¿De dónde viene esta desinformación?
Se trata de una cadena falsa que lleva moviéndose, al menos, desde 2017 en México, desde donde se propagó a otros países con pequeñas variaciones del mensaje para modificar el contexto en el que resurge.
Así, se difundió en Argentina durante la cumbre del G-20 en 2018 y nuevamente en 2019; en España apareció en marzo y en noviembre de 2020, a propósito del estado de alarma por la pandemia de la COVID-19; y en octubre de 2022 la información fue nuevamente desmentida, en esa ocasión por el proyecto de verificación «Detector de mentiras», de la cadena Univisión en Estados Unidos. La desinformación también se ha reportado en Ecuador y Colombia, entre otros países de habla hispana.
En la cadena actual que circula en Cuba se cambió el final con este contenido: «Cualquier cosa que escribas o digas puede usarse en tu contra, ¡incluso cualquier broma! Que contenga palabras despectivas o inmorales que atenten contra la moral e integridad de nuestro máximo líder Miguel Díaz-Canel Bermúdez y demás órganos de justicia social».
Ese párrafo coincide con una campaña para desalentar las protestas que ha incluido amenazas de las autoridades cubanas en medios de comunicación (Ver 1, 2, y 3); y procesos penales a manifestantes, como en otros contextos represivos cuando varias personas han sido condenadas a largas penas de prisión.
Cuba controla las comunicaciones y la libre expresión en Internet
Aunque el mensaje específico que verificamos es FALSO, el Estado cubano sí dispone de normas para legalizar el monitoreo y control de las comunicaciones de los ciudadanos que considere de su interés —principalmente en las redes sociales—.
En 2019, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel firmó el Decreto Ley 389, que permite a las autoridades la «vigilancia electrónica o de otro tipo», la «escucha y grabación de voces», intervenir comunicaciones de cualquier tipo —incluido el «acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos»— sin que un juez autorice antes la invasión a la privacidad de los ciudadanos.
La ONG Cubalex advirtió entonces que, a pesar de que la norma supuestamente se aplicaría en el caso de investigaciones sobre «delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en defensa de los intereses nacionales», en el contexto cubano «se puede predecir que quienes están en la mira son los miembros de la oposición e instituciones de la sociedad civil».
También, el Decreto Ley 370 sobre la «Informatización de la sociedad en Cuba», vigente desde 2019, permite imponer multas respecto a publicaciones en Internet que impliquen: «difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas».
Un informe de 2022 de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, señala otras implicaciones del 370: «El activista cubano Juan Luis Bravo fue sancionado con dos años de prisión por negarse a pagar la multa. También las publicaciones en redes sociales fueron utilizadas para abrir causas penales que derivaron en reclusión domiciliaria. Ese ha sido el caso de las activistas Tania Bruguera y Carolina Barrero, quienes fueron acusadas de instigación a delinquir por algunas publicaciones en redes sociales».
Por otro lado, según una investigación de Proyecto Inventario, entre julio de 2021 (cuando ocurrió el estallido social del 11J) y mayo de 2022 Etecsa bloqueó el envío de SMS con palabras claves como «Díaz-Canel singao», «dictadura», «protesta», «manifestación» y «SOSCuba».
El Gobierno cubano publicó, el 17 de agosto de 2021, el Decreto Ley 35 y otras normas de menor rango para regular el uso de las telecomunicaciones y anunciar la respuesta estatal ante «incidentes de ciberseguridad».
La normativa establece que los usuarios de telecomunicaciones en Cuba tienen la obligación de impedir la difusión de «informes o noticias falsas»; prohíbe usar estos servicios de manera que afecten «la seguridad colectiva», «el bienestar general», o «el respeto al orden público», entre otras categorías imprecisas.
La organización internacional Human Rights Watch denunció que estas normas «restringen gravemente la libertad de expresión online y constituyen una amenaza para la privacidad de los usuarios».
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