El Estado cubano no esclarece las muertes de jóvenes durante el Servicio Militar ni determina responsables

Un registro público elaborado por elTOQUE documenta al menos 89 muertes de jóvenes cubanos que cumplían el Servicio Militar Activo (SMA) en la última década. En 46 de esos casos, logramos contactar a las familias. Solo ocho dijeron tener conocimiento de que se había realizado una investigación oficial sobre la muerte de sus hijos. Ninguna consideró que el resultado hubiera esclarecido suficientemente las circunstancias del fallecimiento o determinado responsabilidades.

En los demás casos documentados no encontramos reportes que permitieran establecer que las autoridades investigaron lo ocurrido. 

El abogado Raudiel Peña Barrios, de Cubalex, explicó a elTOQUE que la legislación cubana obliga a la Fiscalía Militar a investigar de oficio la muerte de un recluta y a comunicar los resultados a la familia, aunque en la práctica eso no siempre se cumple o la información que se entrega es parcial. El problema de fondo, señala, es que la Fiscalía militar «actúa como juez y parte con absoluta opacidad». Según el Protocolo de Minnesota, añade, toda muerte bajo custodia del Estado se presume potencialmente ilícita, y es el Estado quien debe demostrar, mediante una investigación independiente y transparente, que hizo todo lo posible por proteger esa vida.

Mercedes Roque, madre de Antonio Alejandro Rassi Roque, no acepta la explicación oficial de que su hijo, de 18 años, tomó la decisión de suicidarse en una unidad militar en La Habana en 2025.

Esta madre cubana ha reclamado explicaciones a funcionarios militares y cuestionado por qué los superiores no atendieron los cambios en el comportamiento de su hijo que, según testimonios de otros soldados, habían sido advertidos antes de su muerte. Los responsables de la unidad, asegura, nunca se han presentado ante ella.

Su pregunta no es únicamente qué pudo llevar a Antonio a suicidarse. Es qué hizo —o qué dejó de hacer— la institución antes de que ocurriera; qué consecuencias enfrentan los responsables; cómo se evita que otros jóvenes cubanos sigan muriendo bajo custodia del Estado que los obliga por ley a pasar el Servicio Militar.

Tras el suicidio de Mayckol Arcia Hernández, las dudas familiares se relacionan directamente con la actuación de sus superiores. Según declararon, el joven tenía antecedentes de problemas de salud mental y había expresado deseos de quitarse la vida. 20 días antes de su muerte, aseguran, advirtieron de ello al capitán de su unidad y solicitaron seguimiento psicológico.

A pesar de los antecedentes presentados a los funcionarios, Mayckol fue destinado a custodiar un depósito de armas. La versión oficial atribuyó su muerte a un suicidio con arma de fuego. La familia cuestiona las explicaciones de las autoridades sobre las circunstancias de su muerte y señala incongruencias en los datos que recibió, entre ellas la ausencia de restos de pólvora en sus manos y cerca de la cabeza y la posición del cuerpo que, aseguran, no coincidía con la descrita en el acta.

Ante esas dudas, exigieron una investigación en distintas instancias militares y gubernamentales y luego se negaron a aceptar el reporte oficial porque, denuncian, sus interrogantes no habían sido respondidas. 

En otros casos, las preguntas de los familiares tampoco llegaron a convertirse en investigaciones capaces de establecer responsabilidades. 

Morir en uniforme: elTOQUE documenta 89 muertes durante el Servicio Militar en Cuba en la última década

La investigación reconstruye casos ocurridos entre 2016 y 2026 y pone a disposición una base de datos descargable, un mapa interactivo, testimonios de familiares, entrevistas a expertos y un repositorio con documentos normativos nacionales e internacionales.

El padre del joven Orlando Lago Vega sostiene desde 2020 que la muerte de su hijo, asesinado de un disparo mientras dormía en un centro penitenciario donde cumplía funciones durante el Servicio Militar, no fue investigada con rigor. Aunque quien disparó fue condenado, su padre Orlando Lago Álvarez asegura que otra persona a la que responsabiliza de haber ordenado el crimen nunca fue investigada. También afirma que las autoridades conocían amenazas previas contra su familia.

Debido a sus denuncias y exigencias de justicia, Lago Álvarez asegura haber sido reprimido por la Policía. Sus reclamos ante instancias de la Fiscalía y la presidencia del país, sostiene, fueron ignorados.

La familia de Frank Antonio Hidalgo Almaguer enfrenta otra pregunta sin respuesta. Frank fue uno de los nueve jóvenes que murieron en las explosiones ocurridas en enero de 2025 en un almacén de material de guerra en Melones, Holguín.

Durante cuatro días, los familiares esperaron mientras las autoridades militares les aseguraban que intentarían entrar al lugar para rescatar a los sobrevivientes o recuperar los cuerpos. Según Daliha González, hermana de Frank, esa búsqueda nunca ocurrió. «Nunca hicieron ni el más mínimo esfuerzo», denunció.

Más de un año después del siniestro, jóvenes civiles accedieron al lugar y hallaron cuerpos. Las autoridades aún no han esclarecido públicamente lo ocurrido ni reportado las identidades de las víctimas que habrían sido localizadas.

Notifican oficialmente a familiares hallazgo de los restos de soldados fallecidos en Melones

Las autoridades informaron a las familias que fueron hallados los restos de los 13 soldados muertos en Melones. Los familiares cuestionan las evidencias presentadas y el proceso de identificación.

También hay familias que cuestionan las explicaciones recibidas después de muertes por enfermedad o presunta negligencia médica.

La madre de Ariel Díaz Cardero recibió inicialmente un dictamen según el cual su hijo había muerto por una «causa desconocida». Después le comunicaron que había sufrido una miocarditis. La familia, sin embargo, cuestiona que nunca se esclarecieron las circunstancias de la muerte del joven que cumplía el Servicio Militar en Matanzas.

En otro caso, la familia de Reinier Saúl Toledano Zamora sostiene que las autoridades militares no atendieron adecuadamente el deterioro de su salud. El joven enfermó durante el Servicio y años después murió tras sufrir una grave complicación cardíaca.

Las historias son diferentes, pero las preguntas se repiten: ¿quién investigó lo ocurrido? ¿Qué evidencias fueron recogidas? ¿Se determinaron responsabilidades? ¿Qué hicieron los superiores cuando existían señales de riesgo? ¿Por qué algunas familias no recibieron información suficiente sobre la muerte de sus hijos?

Durante la investigación, contactamos a instituciones militares y otras entidades estatales vinculadas con varios de los casos documentados y solicitamos información sobre las circunstancias de las muertes, los procedimientos seguidos y las investigaciones realizadas. Ninguna de las comunicaciones recibió respuesta.

En numerosos casos, la única investigación disponible es la que han intentado hacer las familias. Alfredo González, padre de Annier González Acosta, lleva años haciendo precisamente eso. Después de la muerte de su hijo en 2021, comenzó a reunir documentos, testimonios y nombres de otros jóvenes que fallecieron mientras cumplían el Servicio Militar. Buscó a sus familias, escuchó sus historias y conservó sus memorias. Por esa búsqueda también ha sido reprimido.

Alfredo ha hecho algo que ningún padre debería verse obligado a hacer: investigar la muerte de su hijo porque las respuestas oficiales no fueron suficientes.

«No hay justicia para nosotros ni para ellos», denuncia.

Lee la investigación completa aquí y explora la base de datos con los 89 casos documentados.