El Gobierno cubano publicó la Resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), una normativa que «reordena» las condiciones para el comercio mayorista en el sector privado anunciadas en agosto de 2024. 

La norma, que reglamenta lo establecido en el Decreto 107/2024, ha generado polémica porque impone (más) restricciones a las mipymes, cooperativas no agropecuarias (CNA) y trabajadores por cuenta propia (TCP). 

A partir de ahora, las actividades de comercio mayorista que no sean de producciones propias —o sea, importaciones— solo podrán realizarse con entidades o comercializadoras estatales, lo que elimina la capacidad de los privados para realizar transacciones con otros actores del mismo sector. 

La resolución confirma la «salida del juego de los TCP»; los cuales, en muchos casos, al comprarle a mayoristas sustentan negocios de gastronomía como bares y cafeterías, puntos de ventas o minimercados en los barrios. 

El giro en la regulación ha sido interpretado por muchas personas como una medida para reforzar el control estatal sobre la economía, a la vez que limita el sector privado y su capacidad para operar con flexibilidad.

Desvestir al privado para vestir al estatal

Desde hace meses, las autoridades cubanas han hecho énfasis en las «ventajas» del vínculo estatal-privado. Sin embargo, parece que la arenga no ha sido suficiente y ahora obligan a los emprendedores a «pasar por la canal». 

La obligatoriedad de la norma es una de las principales preocupaciones de los dueños de negocios consultados por elTOQUE. 

Una muerte anunciada: fin del comercio mayorista entre privados

El Gobierno cubano ha ordenado la cancelación de todas las licencias comerciales otorgadas a las cooperativas no agropecuarias y a las pequeñas y medianas empresas que tengan autorizado el comercio mayorista como actividad secundaria dentro de su objeto social. 

«No hay posibilidad de escoger si quieres o no comercializar con el Estado. Es obligatorio si deseas mantener tu negocio. Pasa otra vez lo mismo que con la importación y exportación a través de empresas estatales. El Estado vuelve a asumir el rol de intermediario», explicó el dueño de una Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada (SURL). 

Entre las «ventajas» de la nueva norma, la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos, Mereces López Acea, aseguró que los privados podrán disponer de la «infraestructura, transporte y experiencia comercial»; posibilidad que, supuestamente, les permitirá disminuir costos de transportación y almacenamiento y, por tanto, bajar los precios de cara a la población. 

Sin embargo, muchos emprendedores no coinciden con la otrora primera secretaria del Partido en La Habana. 

«¿Qué me garantiza que efectivamente sean estables con el transporte, si en varias ocasiones han reconocido que no tienen combustible ni para sectores priorizados como la agricultura?», se preguntó el económico de una mipyme. «Si yo traigo un contenedor de pollo y entre la burocracia y la falta de combustible demoro en venderlo a la empresa estatal, ¿quién me va a resarcir los pagos por estancia en puerto, por la energía de la refrigeración?».

A las ineficiencias del sector estatal en materia logística, también se suman preocupaciones relacionadas con el pago. 

Algunos emprendedores recuerdan que durante años las empresas estatales (como Acopio) han acumulado deudas millonarias por impago a campesinos o, peor, han provocado la pérdida de producciones por desorganización e incumplimiento de contratos. «¿Qué garantía tenemos que de que no sucederá lo mismo con nuestras importaciones?», se preguntan. 

La resolución del Mincin no deja claro cómo serán los pagos de las entidades estatales: si en pesos cubanos, moneda libremente convertible (MLC) o divisas. 

¿Cómo hará el Estado para reaprovisionarse de las divisas necesarias para comprar otro contenedor de pollo, por ejemplo, si el banco no tiene liquidez?  

EXCLUSIVA: Reunión de mipymes con viceministra expone tensiones sobre nuevo control de precios

elTOQUE tuvo acceso a un audio exclusivo de la reunión entre la viceministra de Finanzas y Precios y un grupo de empresarios privados. El tema en tensión fue el tope de precios a seis productos de primera necesidad que comercializan las entidades privadas.

Es harto conocido que el sector privado debe acudir al mercado informal para obtener el dinero de las importaciones. Además, la mayoría de las operaciones ocurren al cash (en efectivo), otra limitación que tendrán si quieren extraer de los bancos los cobros a la entidad estatal.

«Está establecido que las entidades estatales paguen a los privados a través de transferencias. O sea, ese dinero se mueve en los bancos cubanos. Si las entidades financieras están sancionadas por Estados Unidos, cómo se le pagará a los proveedores de ese país», comentó a elTOQUE un mipymero. 

Al sector privado también le preocupa el asunto irresuelto de la tasa de cambio, una promesa que el Gobierno no ha podido cumplir y que «aun así se atreve a continuar legislando al margen de una solución». 

El emprendedor dijo que el Gobierno sabe cómo funcionan las cosas y las «distorsiones» que implica declarar en las fichas de costo y facturas una tasa de cambio ficticia. «Miles de veces lo hemos mencionado en reuniones. Ellos dicen que nos entienden, pero vuelven a legislar sin resolver el problema, que es de uno de los que más encarece todo». 

Para hacer el asunto más comprensible, ejemplificó que una mipyme que importe un contenedor por un valor X en dólares, calcula el precio de venta total (tras añadir impuestos, costo, ganancia) al multiplicarlo por la tasa informal. Si acude a una entidad estatal, el cálculo cambia porque la tasa de cambio oficial es mucho más baja (120 CUP por 1 USD) y debe vender su importación al precio que ellos establecen.  

«Entonces generará pérdidas para el sector privado, que luego tiene que multiplicar el pago de la entidad estatal según la tasa informal para poder reaprovisionarse de las divisas que permitan comprar otro contendedor. No está mal “encadenar” sectores, pero hay que hacerlo en un escenario realista», concluyó. 

El nuevo intermediario es el Estado

Los análisis sugieren que la resolución del Mincin busca abastecer sus tiendas y puntos de venta con las importaciones del sector privado. 

Desde hace meses, el panorama del comercio estatal es desolador y la mayoría de la población encuentra sus alimentos y otros productos básicos en puntos de venta de trabajadores por cuenta propia o negocios que compran a mipymes mayoristas y venden en el comercio minorista o a través de tiendas online. 

¿Se acabarán los bodegones de las mipymes?

Ni Marrero ni Gil ni Odriozola dijeron cómo pretenden corregir las desviaciones que atribuyeron a las mipymes. Pero la historia ha demostrado que apelan siempre al control estatal y a la represión.

Aunque en varias ocasiones las autoridades cubanas han criticado el rol de esos «revendedores» y los precios «abusivos» que establecen al consumidor final, ahora el Estado pretende no eliminar, sino ocupar ese puesto de «intermediario» con la promesa de la posible reducción de precios. 

Los negocios con licencia de comercialización mayorista, ahora, solo podrán vender sus productos ellos mismos o al Estado. 

Pero las entidades del Mincin no solo tienen el antecedente de vender en MLC a la población, sino también el de aumentar el margen comercial de los productos en un 240 %. 

«¿Será otra medida para surtir sus tiendas en MLC y obligar a la gente a depositar divisas en los bancos? Los cuentapropistas por lo menos venden en moneda nacional», se preguntó un usuario. 

Si bien algunos emprendedores coinciden en que no está mal encadenar sectores e incluso aprovechar la infraestructura de tiendas y puntos de venta estatales, aseguran que no debería ser una (otra) camisa de fuerza. 

«No es descabellada la idea de que el sector privado ponga sus divisas e importaciones para echar a andar infraestructura estatal y aprovecharla teniendo en cuenta la falta de liquidez del Gobierno. Pero muchas mipymes existentes han invertido en sus propias máquinas y no están interesadas porque encadenarse no siempre significa aumentar la producción. Hay muchas más variables que influyen», agregó. 

Entre las variables a las que hace referencia el usuario se encuentra el riesgo económico y político, los altos costos operativos, la falta de financiamiento adecuado, la ineficiencia de la infraestructura estatal, las condiciones del mercado, la burocracia gubernamental y la pérdida de control empresarial. 

Algunas mipymes prefieren mantener su independencia y operar con sus recursos para garantizar mayor eficiencia y rentabilidad.

Nuevas obligaciones y permisos para socios de mipymes

El Decreto Ley 88/2024 establece cómo puede perderse la condición de socios y traspasa el poder de aprobación de nuevas empresas a los Consejos de Administración de los municipios. 

El economista Ricardo Torres comentó a elTOQUE que las medidas anunciadas intentan rescatar administrativamente el sector estatal en medio de su descalabro. «Las justificaciones carecen de sustancia porque no hay un solo argumento que pueda ejemplificar la viabilidad de la mayoría de las empresas estatales. Además, al forzar un vínculo entre un sector y otro, se pone en evidencia la autonomía del sector privado, un aspecto problemático a la luz de la nueva Administración estadounidense y las narrativas que se han asentado en el sur de Florida». 

Según su criterio, la resolución es una pésima idea en política económica, un paso descolocado frente a la posible nueva realidad en las relaciones con Estados Unidos y una confirmación de la falta de criterio estratégico y la ausencia de un plan para reflotar la economía cubana. 

Otra medida con malos augurios

Más de 100 000 licencias comerciales para comercio mayorista en más de 3 500 actores de la economía serán canceladas de oficio, según Santiago de Secada, director del Registro Central Comercial (RCC) del Mincin. 

«Se eliminan porque son muy abiertas y es necesario restringir qué actores que pueden continuar con su actividad mayorista lo harán con entidades estatales», dijo Secada en conferencia de prensa. 

Un usuario se preguntó si se devolverá el dinero que pagó por obtener una licencia comercial en el RCC, ya que ahora no podrá ejercerla a pesar de que es válida por varios años. ¿Se reembolsará el importe de una licencia que se cancela?

Otros han criticado que la resolución del Mincin elimina licencias de entidades que fueron legalmente constituidas y aprobadas. 

«Parecería que el relato oficial asigna un poder excesivo a las regulaciones estatales restrictivas, asumiendo que los “actores” privados —poseedores de liquidez en divisas— están indefensos y no adoptarían medidas para reducir riesgos, incluyendo mover su dinero a otra parte», dijo en su cuenta de X el economista Pedro Monreal. 

La Resolución 56 del Mincin refuerza el control estatal sobre el comercio y limita las opciones de las mipymes para acceder a productos y negociar precios.

Algunos han augurado una reducción en las ventas de mipymes y cooperativas como consecuencia de las nuevas restricciones. También un cierre de negocios. Un panorama similar al ocurrido tras el tope de precios de seis productos en julio de 2024. 

¿Resolverá la nueva medida el desabastecimiento estatal de varios productos cuya presencia en Cuba garantiza hoy, fundamentalmente, el sector privado? 

Desde una perspectiva económica, la ley de oferta y demanda sugiere que una disminución en la oferta, combinada con una demanda constante o creciente, puede provocar un aumento de precios. La nueva medida podría entonces convertirse en un bumerán.