Los ministerios de Finanzas y Precios (MFP) y de la Construcción (Micons) publicaron el 12 de mayo de 2025 las Resoluciones 153 y 173 de 2025, respectivamente, que establecen la tercera actualización del Sistema de Precios de la Construcción en Cuba (Precons III).
Este conjunto de normativas, catálogos y procedimientos oficiales regula la elaboración de presupuestos y la formación de precios para las actividades relacionadas con la construcción y el montaje en el país. Según las autoridades, la norma permite «asegurar el manejo adecuado del presupuesto estatal y fomentar la equidad en el acceso a los procesos constructivos».
Lourdes Rodríguez, viceministra de Finanzas y Precios, afirmó en conferencia de prensa que la medida busca «corregir las distorsiones» en muchas entidades estatales que pagaban las obras a partir de los cálculos del constructor y no del inversionista.
«Si usted iba a un hospital, un director decía que se propuso reparar tres salones y solo pudo reparar uno con el mismo dinero», ejemplificó Amaury Medina, viceministro de la Construcción. «Ahora, cuando se haga el presupuesto, va a reparar tres salones y comprobar que con ese dinero alcanzó». Explicó, además, que la nueva norma no permite que se use el presupuesto del Estado para pagar «ciento y pico de veces el precio del salario».
Aunque las autoridades aseguran que se realizaron consultas con inversionistas y constructores para enriquecer la propuesta, en el sector privado dedicado a esta actividad existe el criterio de que se generará una crisis sin precedentes.
Los primeros análisis técnico-económico de los emprendedores demuestran que las regulaciones no solo limitan, sino que hacen matemáticamente inviable la participación del sector privado en proyectos estatales.
¿Quién reparará los hospitales?
En junio de 2024, el primer ministro Manuel Marrero Cruz le llamó «trabajitos» a las obras constructivas realizadas por negocios privados en el hospital provincial de Cienfuegos. Según dijo, el Micons dictaminó que los pagos millonarios a los emprendedores no se correspondían con la envergadura de las obras.
Desde 2022, de acuerdo con los reportes de prensa disponibles, trabajadores del sector privado rehabilitan las áreas del mayor centro asistencial de la Perla del Sur.
Los pagos millonarios del Ministerio de Salud Pública no son exclusivos de esa provincia ni mucho menos una «distorsión», si se tiene en cuenta que en años anteriores la prensa estatal y las autoridades han celebrado como un logro revolucionario los millonarios montos presupuestarios para «mejorar la calidad de las instalaciones sanitarias».
«Es cierto que han existido contratos “inflados” que aceptaban algunas empresas estatales a cambio de comisiones. Pero el camino no puede ser castigar a todo el sector productivo con una camisa de fuerza, sino crear mecanismos efectivos de fiscalización y transparencia, sin frenar el desarrollo», argumentó un emprendedor en el sector de la construcción.
El Precons III pretende acotar «los límites de pago a los empleados, ubicando a todos los actores en igualdad de condiciones a partir de una competencia leal y beneficiosa». Sin embargo, pareciera obviar cuestiones que influyen en el aumento del precio de los trabajos constructivos en la Cuba actual.
Salario topado
De acuerdo con las declaraciones de Marrero Cruz al referirse al contrato millonario entre una mipyme y el hospital de Cienfuegos, tampoco estaba bien que el negocio privado pagara a sus trabajadores 600 CUP para el almuerzo mientras el personal de Salud no tenía las mismas condiciones.
La diferencia en ingresos entre los trabajadores estatales y los privados —ya sean de la construcción o no— no es un asunto actual ni posterior a la aprobación de las mipymes. Tal «distorsión» constituye un impacto negativo provocado por la ineficiencia sostenida de la empresa estatal.
Las normativas publicadas en Gaceta establecen que el incremento de las tarifas de mano de obra no puede superar cinco veces las establecidas en la Resolución 29/2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
«Topar la mano de obra a cinco veces la tarifa base en un contexto de inflación, dolarización parcial y escasez de fuerza laboral es negar la realidad del mercado», criticó el CEO de una constructora privada. «¿Cómo se puede exigir productividad y calidad si no se permite pagar lo justo a quienes construyen bajo el sol?».
En un contexto inflacionario, en el que los salarios promedios del mercado han aumentado de manera significativa, este tope hace prácticamente imposible contratar personal calificado.
Mientras el sistema regula salarios de 2 100 CUP mensuales para un ayudante de albañil, el mercado real paga 30 000 CUP. Para los enchapadores, la brecha es aún más dramática: 3 000 CUP oficiales contra 150 000 CUP en el mercado de La Habana, explicó en sus redes una emprendedora.
Limitaciones adicionales
El nuevo marco regulatorio impone restricciones significativas que afectan la viabilidad económica de las empresas privadas en el sector de la construcción. Entre estas, se establece que la utilidad no puede exceder el 15 % sobre el total de costos y gastos —excluido el consumo material, los gastos generales y de administración, otros conceptos de gastos, los financieros y los tributarios—.
Una de las críticas al Precons III radica en que no considera la inflación acumulada desde 2021, calculada en cifras de tres dígitos, según economistas independientes.
Todo contrato con el Estado debe usar un modelo obligatorio de costos, con auditoría incluida, sin ofrecer flexibilidad para negociar términos más realistas, lo que hará que el sector privado no establezca contratos con las entidades públicas. ¿Quién construirá o reparará entonces los hospitales, las escuelas, las viviendas?, se preguntaron varios emprendedores.
«Del sector del turismo hace tiempo nos habían ido apartando, pero no creo que entidades extranjeras o empresas de la construcción estatales —a duras penas subsistiendo— se hagan cargo de las obras de beneficio social», dijo un emprendedor a elTOQUE. Según explicó, la falta de flexibilidad que establecen las nuevas regulaciones no se ajusta al escenario cambiante en la economía y sociedad cubanas.
La emigración de mano de obra calificada, la importación de materiales y productos para la construcción, la dolarización de la economía cubana —incluido el pago en dólares a entidades productoras de materiales—, la ausencia de un mercado cambiario formal y, por ende, de acceso legal a divisas (entre otros factores) afectan el proceso de contratación.
«La formación de precios justos para la contratación estatal de servicios privados tiene el desafío de intentar equilibrar dos lógicas presupuestarias que responden a criterios financieros, tasas de cambios y estructuras de costos sumamente distintas», explicó a elTOQUE el doctor en Ciencias Económicas Pavel Vidal. «Es difícil reconciliar los intereses financieros de ambas partes cuando cada una está insertada en realidades cambiarias y monetarias tan desiguales».
Asimismo, los empresarios privados coincidieron en que «los topes pueden tener sentido donde hay poder de mercado o falta de competencia, pero no en un país donde el problema central es la falta de oferta, de insumos, de fuerza laboral calificada y de respaldo a quien decide producir legalmente».
Disposición transitoria problemática
La disposición transitoria única obliga a ajustar en 60 días los presupuestos de obras en los cuales las tarifas salariales superen el nuevo límite establecido, lo que podría generar pérdidas significativas en contratos en ejecución.
«Si te gusta bien y si no también», bromea un emprendedor. «¿Cómo se ajustan los contratos ya existentes con materiales comprados, planes de ejecución, pagos prometidos? Decirle a un trabajador en medio de un proyecto que se le pagará menos solo atenta contra la motivación y la calidad. Sin contar el riesgo de pérdida y la incertidumbre financiera de la empresa ejecutora».
«Este sistema, si no se revisa a tiempo, podría asfixiar a las empresas privadas y limitar gravemente el desarrollo productivo del sector constructivo cubano», concluyó un emprendedor privado.
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