Es FALSO que en las cárceles de Cuba «se garantizan los derechos», como afirmó funcionario en la ONU
Foto: X/@CUBAONU
Yoangel Valido Martínez, tercer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmó el 13 de junio de 2025, en el debate de alto nivel por el 10º aniversario de las Reglas Nelson Mandela, que en las cárceles cubanas «se garantizan los derechos de las personas privadas de libertad», y que «no hay hacinamiento, violencia contra las mujeres, condiciones insalubres ni discriminación». Estas afirmaciones absolutas son FALSAS.
Las declaraciones del funcionario cubano ante la ONU sobre las condiciones carcelarias en la isla ignoran, de forma deliberada, un patrón documentado de torturas, negligencia médica, hacinamiento extremo y muertes evitables que afecta de manera sistemática a las personas privadas de libertad, en especial por motivos políticos.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela, son un conjunto de normas internacionales que establecen los principios básicos para el tratamiento humano y digno de las personas privadas de libertad. Fueron adoptadas por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 2015. Algunos de sus puntos clave son respetar la dignidad humana, la prohibición de la tortura y los malos tratos, mantener condiciones de detención adecuadas, proteger a grupos vulnerables, garantizar el acceso a la justicia y defensa legal, entre otros.
Aunque los funcionarios cubanos aseguran que en el país «se cumple con los altos estándares de las Reglas Mandela», varias organizaciones de derechos humanos y activistas han denunciado en años recientes, basándose en testimonios de víctimas y familiares, no solo las precarias condiciones de vida en las cárceles de la isla, sino también la escasez de alimentos y medicinas, la desatención médica y la represión.
Los observadores independientes, organismos internacionales y la prensa independiente y extranjera, tienen limitado el acceso a las cárceles en la isla, donde hay alrededor de mil prisioneros políticos.
Incluso documentos oficiales de la ONU permiten conocer una versión distinta de la defendida por la diplomacia cubana sobre lo que ocurre al interior de las prisiones. En octubre de 2024, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) publicó sus Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de Cuba.
En el citado documento, el Comité dijo que «observa con preocupación» los informes sobre «mujeres privadas de libertad por expresar opiniones disidentes se enfrentan a violaciones de las garantías del debido proceso y de un juicio imparcial, a penas severas, a malos tratos físicos y a violencia psicológica, incluido el uso arbitrario de celdas de castigo con condiciones deficientes y durante períodos de tiempo excesivos».
Además, quedó registrado que «a las presas políticas a menudo se les niegan las visitas familiares, y que ellas enfrentan obstáculos adicionales para acceder a formas alternativas de detención que les permitirían vivir con sus hijos y familiares»; y «algunas mujeres transgénero detenidas deben compartir celda con detenidos varones (…)».
La Cedaw recomendó al Estado cubano que «se asegure de que las condiciones de todas las mujeres privadas de libertad se ajusten a las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok) y a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)». Asimismo, pidió que «se asegure de que todas las mujeres que se encuentran detenidas, en particular las presas políticas, tengan acceso a visitas familiares periódicas (especialmente las madres detenidas), y elimine el uso del régimen de aislamiento como medida punitiva», entre otras recomendaciones.
También el Comité contra la Tortura pidió a Cuba, en 2022, «investigar de modo pronto, independiente, y exhaustivo, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables del uso excesivo de la fuerza y malos tratos ocurridos durante las protestas sociales del 11 de julio de 2021». Este órgano de la ONU, compuesto por 10 expertos independientes, hizo su solicitud ante los reportes documentados de «golpizas, insultos, amenazas de carácter sexual, registros corporales integrales, aislamiento en celdas oscuras, uso de gas pimienta, exposición a altas temperaturas dentro de vehículos policiales, y abandono de personas retenidas en zonas remotas».
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Tras la participación de Yoangel Valido Martínez en la ONU, el centro de asesoría Cubalex, una ONG obligada a trasladar su sede fuera de la isla por la persecución estatal, advirtió que «la realidad en Cuba es otra» y que «hay vidas en riesgo» por el proceder de los funcionarios.
Mediante un monitoreo constante, Cubalex ha documentado en informes mensuales la «crítica situación de las personas privadas de libertad en Cuba». Según lo registrado por la ONG, estas personas son «sometidas de forma sistemática» a «torturas, tratos crueles y degradantes, incluidas amenazas y golpizas»; aislamiento prolongado y sin supervisión médica» en celdas de castigo «sin ventilación ni condiciones mínimas»; alimentación insuficiente y condiciones de «insalubridad extrema».
Además, Cubalex afirma que en el sistema penitenciario hay «hacinamiento crítico que agrava los riesgos para la salud», abandono de personas con discapacidad psicosocial y «castigos y represalias contra quienes denuncian abusos».
También refiere tener registrados múltiples casos de denegación de beneficios a los que deben tener derecho en las cárceles, como visitas familiares, llamadas telefónicas, entrega de alimentos o artículos de aseo personal, y la negación arbitraria de la libertad condicional o el acceso a un régimen de mínima severidad.
«No son hechos aislados. Es un patrón sistemático de represión, abandono y desprotección», señaló Cubalex en un comunicado. La organización también denunció que, desde enero de 2025, ha documentado «al menos 23 muertes de personas privadas de libertad, como consecuencia directa de la negligencia estatal y la falta de atención médica adecuada. Hasta el momento, ninguna ha recibido justicia».
El pasado año, más de 40 reclusos perdieron la vida en condiciones similares, de acuerdo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Los informes de las ONG coinciden con numerosos testimonios de personas reclusas en Cuba. El opositor José Daniel Ferrer, considerado un «preso de conciencia» por Amnistía Internacional, dijo a elTOQUE en una entrevista durante un breve periodo de excarcelación que, durante su cautiverio entre julio de 2021 y enero de 2025, «había momentos más tensos en los que me daban una golpiza y me mantenían incomunicado durante semanas que ni los carceleros se comunicaban conmigo».
En una investigación presentada por el OCDH y elTOQUE, también se reveló que al menos 95 personas murieron en Cuba a causa de la violencia policial entre 2018 y 2023, y otras 287 fueron agredidas sin consecuencias letales.
De acuerdo con la base de datos creada: de las 382 personas violentadas por las fuerzas del orden, 274 fueron víctimas de violencia policial debido a alguna motivación política —principalmente dentro del sistema penitenciario y durante las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, y otras protestas públicas en contra de las autoridades y del sistema político—.
Se identificaron siete formas de violencia física que cometieron las autoridades durante estos años:
– Abuso sexual
– Detención violenta o arbitraria
– Ejecución extrajudicial
– Negación de atención médica / negligencia médica
– Muerte bajo custodia
– Uso de arma de fuego
– Uso excesivo de la fuerza
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El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), una ONG especializada en monitorear y reportar lo que ocurre en el sistema carcelario, denunció que entre las violaciones más frecuentes documentadas en 2024 relacionadas con temas de salud, se encuentran el incumplimiento de las prescripciones médicas y no suministrar medicamentos por parte de las autoridades.
Además, el CDPC menciona en un reporte «las deplorables condiciones sanitarias, de hacinamiento y alimentación de las prisiones ocasionan frecuentes brotes de tuberculosis, dengue, sarna, diarreas, enfermedades respiratorias y de la piel, así como plagas de roedores, chinches y otros insectos, que por lo general no son debidamente tratadas por las autoridades penitenciarias».
Las Reglas Mandela exigen que en cada centro penitenciario se cuente «con un servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de los reclusos, en particular de los que tengan necesidades sanitarias especiales o problemas de salud».
Sin embargo, Camila Rodríguez, directora del CDPC, ha señalado que negar asistencia médica y medicinas es una práctica deliberada en las prisiones cubanas, aplicada específicamente a los presos políticos. «Para nosotros es fundamental que se hable de la negación de atención médica como forma de tortura», dijo la defensora de derechos humanos en un evento de Amnistía Internacional.
Según el más reciente informe mensual del CDPC, la organización registró durante mayo de 2025 al menos «92 eventos violatorios de derechos humanos» en 32 centros penitenciarios de Cuba.
«Nuevamente, documentamos enfermedades sin tratar, desnutrición severa y la expansión de brotes de tuberculosis, varicela y hepatitis en varios centros penitenciarios. Las condiciones de insalubridad, el hacinamiento y la falta de atención médica ponen en riesgo la vida de cientos de personas privadas de libertad», comunicó la ONG.
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En palabras del activista Albert Fonse, hermano del preso político Roberto Pérez Fonseca, se trata de «un sistema penitenciario diseñado para destruir».
«Las prisiones en Cuba no son centros de rehabilitación, son auténticos campos de concentración donde reina la violencia, la tortura psicológica, la negligencia médica y el hambre. La dignidad no existe. El sufrimiento es la regla», declaró a Diario de Cuba.
En el informe de Prisoners Defenders, La Tortura en Cuba. Lanzamiento del 1er Estudio Integral, también se denunció la existencia de «15 patrones de tortura [en cárceles cubanas] que se repiten en un porcentaje elevado de casos, como la privación de la atención médica, la desorientación intencionada, los trabajos forzados, el confinamiento prolongado, las agresiones físicas y la privación de líquidos, alimentos, sueño o comunicación con familia, defensa y allegados, entre otros».
Esto es una violación clara de las Reglas Nelson Mandela, que establecen que «ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, (…) y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario».
La organización Humans Rights Watch también ha denunciado la deficiente alimentación en las cárceles de la isla, los problemas de salud de los detenidos, la restricción de las visitas familiares y religiosas, el aislamiento indebido de prisioneros, los abusos policiales y los abusos sexuales.
La ONG advierte que «a pesar de los graves problemas» identificados en el país, el régimen de La Habana «ha afirmado su pleno cumplimiento de las Reglas Mínimas», establecidas en las directrices del derecho y los tratados internacionales sobre el tratamiento de reclusos.
Tras las declaraciones de Yoangel Valido Martínez en la ONU, la historiadora del arte y activista cubana Anamely Ramos denunció «que no solo están pasando por encima de las víctimas y de la justicia al invitar a Cuba a hablar de eso. Lo increíble es que están pasando por encima de sí mismos, como organización. Porque estoy convencida de que las relatorías, como la de Detenciones Arbitrarias, y otras de la ONU, reciben suficientes denuncias de Cuba (algunas avaladas, como las que condenan la prisión política de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo) como para no reproducir ese circo».
Al presentarse como ejemplo de buenas prácticas, el Gobierno cubano no solo distorsiona la realidad, sino que revictimiza a quienes han sufrido en carne propia la violencia del sistema penitenciario cubano.
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