Seis años hicieron falta para que, en 1988, la cadena Sol Meliá firmara el primer contrato de inversión extranjera formalizado en Cuba luego de 1959. Y otros dos para que el 10 de mayo de 1990 Fidel Castro acudiera a la inauguración del hotel Sol Palmeras, en Varadero, construido al amparo de aquel acuerdo. Para entonces, estaban por cumplirse ocho años de la entrada en vigor del Decreto Ley 50, la primera norma legal establecida para permitir negocios conjuntos entre empresas estatales cubanas y extranjeras.

Los tiempos no parecían ser un problema para las autoridades cubanas. Para cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular promulgó su primera ley sobre el tema (la número 77 de 1995), la inversión extranjera directa (IED) apenas había alcanzado el turismo y algunas industrias alimentarias. Más que en su promoción, el Gobierno parecía ocupado en atajar sus «impactos» sobre la sociedad. No abundaban los incentivos, pero sí las regulaciones en materia laboral e impositiva.

Casi treinta años después esa sigue siendo la premisa oficial. Lo ratificó hace pocos días el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, durante un encuentro con la revista Bohemia. A los inversionistas extranjeros «hay cosas que nos les gustan, y no por ello vamos a cambiarlas», sentenció.

«Son decisiones internas, [como] la contratación de personal a través de una agencia empleadora. Hemos sido muy cuidadosos en tratar de evitar que las personas que trabajan con inversiones de capital extranjero, simplemente por esa razón, ganen mucho más», ejemplificó.

El Gobierno tampoco satisfará los reclamos para adquirir los terrenos en que se levantan los hoteles («La propiedad de la tierra es patrimonio del Estado, está refrendado en la Constitución»), y en cuanto a las nuevas formas de gestión no estatal y su potencial asociación con capital extranjero, parece inclinarse por una fórmula bizantina («Eso lo aprueba el Gobierno, no es por la libre empresa […], pudieran hacerlo eventualmente»).

¿Bienvenidos, emigrados?

El director general de Asuntos Consulares y Atención a Ciudadanos Residentes en el Exterior de la cancillería, Ernesto Soberón, dijo en el marco del II Foro Empresarial Cuba 2021, en diciembre pasado, que el Gobierno pretende «que los cubanos residentes en el exterior sean promotores del desarrollo y el bienestar». Según explicó, no existe limitación alguna, «podrán contribuir con proyectos en las comunidades, antes que los extranjeros, quienes primero necesitan familiarizarse con el entorno».

Para el cubanoamericano Augusto «Gus» Maxwell no es un tema menor. Como socio del estudio de abogados Akerman LLP, especializado en la gestión de negocios para compañías del Fortune 500 —el grupo de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos—, muchas veces su día comienza o termina hablando con algún inversionista que busca información sobre el país del que sesenta años atrás partió su familia. «Una cosa que sorprende es la persistencia de personas interesadas en hacer algo con Cuba. Viene de norteamericanos y viene de cubanos. Es constante».

Maxwell compartió sus experiencias al respecto durante un seminario sobre inversión extranjera directa en Cuba, organizado en noviembre en Miami, bajo el coauspicio de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, el Cuba Study Group, el Cuban Capacity Building Project de la escuela de derecho de la Universidad de Columbia y Akerman LLP. Allí se dieron cita personalidades tan prestigiosas como divergentes en sus lecturas respecto al futuro de la nación caribeña y las relaciones entre ambas orillas del estrecho de Florida.

El punto más discutido de la agenda fue el relativo a las posibilidades de inversión en Cuba que tendrían ante sí los ciudadanos estadounidenses, cubanoamericanos o no. Maxwell apuntó a una ventana de oportunidad abierta casi al final del trumpismo, que el actual presidente Joe Biden no ha ampliado, pero tampoco cerrado: las remesas a cuentapropistas.

«Cuando Barack Obama, yo podía donar una remesa sin límites a un cubano siendo ciudadano estadounidense. Trump quitó esa norma, reemplazándola por otra que autoriza el envío de remesas a cuentapropistas. Fue la primera vez que en la ley norteamericana apareció el término cuentapropista. Fiel al espíritu de la legislación, pudiera dársele una donación ilimitada a un cuentapropista. Eso existe, no ha cambiado, y sería el amparo que tendrían los cubanoamericanos para hacer préstamos comerciales a compatriotas suyos de la isla. Otra cosa es que quieras arriesgarte a hacer negocios en Cuba, pero esa es decisión de cada cual», comentó.

La inversión de cubanos residentes en el exterior: ¿una invitación tardía?

Cualquier inversión en Cuba debe ser favorecida -grandes, medianas y pequeñas- pero deben existir mecanismos diferenciados para atraerlas y para hacerlas funcionar.

Remesas no es lo mismo que flujo de capital

Para Aldo Álvarez, abogado y emprendedor cubano, y otro de los participantes en el webinar, remesas es un término que suele ser interpretado por muchos como ayuda familiar y no siempre es así. «En los importes que se calculan como remesas, también hay pagos de productos y servicios. Sería más correcto hablar de flujos económicos pues, aunque se usen los mismos canales para mover capital, no son lo mismo. La confusión contamina no solo el discurso, sino los propios pagos». 

«Pongo un ejemplo que podría ser más esclarecedor: según las reglas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), realizar una transferencia como pago de un servicio o producto, desde un banco local en Estados Unidos, a través de un banco intermediario en un tercer país, que luego envía el dinero a Cuba a través de BFI/Fincimex es legal (aunque participe BFI/Fincimex, que está sancionado), siempre que el destinatario final sea un actor privado cubano, y que este esté verificado (aunque esto sea más complicado). Sin embargo, si esta misma operación se hace como remesa, según esas mismas reglas, dicha transferencia es ilegal».

«Como siempre se habla de remesas como un todo, los departamentos de compliance de los bancos locales de Estados Unidos terminan por no autorizar ni lo uno ni lo otro. De la misma manera, la parte cubana, al no estar separados los envíos personales de los pagos de capital a actores privados por entidades estadounidenses, no ha ofrecido, hasta el momento, una nueva solución para procesar esto que no sea la actual». 

«Si no tocasen las remesas, y se quedasen solo con los flujos económicos de los pagos de los servicios/productos del sector privado (incluso del sector estatal, pero ahí el compliance es más fuerte), no tendrían problemas, porque su operación sería completamente legal».

Pasos pendientes en ambas orillas del estrecho

Desde su llegada a la Casa Blanca, el actual Gobierno anunció su intención de encarrilar la política hacia La Habana por una «tercera vía». Pero a la vuelta de un año el cambio de agenda todavía no se concreta. Siguiendo el razonamiento de Gus Maxwell, entre las opciones sobre la mesa presidencial pocas superarían —en cuanto a beneficios a corto plazo— la promoción de un vínculo directo con los emprendedores cubanos.

«Muchos son sumamente sofisticados, y han llegado a inscribir sus negocios y marcas en Europa y Estados Unidos. Fuera de Cuba existe la percepción de que solo se trata de bares, paladares, y no es así», detalló. Una decisión ejecutiva bastaría para despejar las dudas sobre la legalidad de las inversiones en el sector privado y colocar a los financistas estadounidenses en la casilla de comienzo para la partida. «Como están redactadas las normas ahora, muchos abogados no se atreven a recomendar inversiones con seguridad absoluta, pero no por ello el interés es menor. He tenido clientes que han venido a decirme que se comprarán una casa en Cuba. “Pero eso no es legal”, les he alertado; y aun así lo han hecho». 

A juicio de Ricardo «Ric» Herrero, director ejecutivo de Cuba Study Group, cualquier decisión que se tome en Washington deberá ser correspondida por La Habana. En manos del Gobierno cubano está otorgar igualdad jurídica a los cubanos residentes y no residentes, y abrir espacios para «la participación política de la diáspora. [En lugar de eso,] las autoridades cubanas intentan atraer el capital a la vez que mitigan el riesgo político que pueda venir acompañado. Temen que la inversión extranjera, y en particular la inversión directa de la diáspora, tenga un efecto «diluyente» en su poder», concluyó.  

Se trata de un proceso lleno de mediaciones, en el que aún no hay un marco regulatorio claro. «Las mipymes no pueden tener socios extranjeros, y el proceso de IED a través del Mincex, aunque posible, en teoría, ya que las mipymes tienen personalidad jurídica y por tanto pueden ser considerados inversionistas nacionales, está previsto para inversiones a nivel macro. Por ello, contempla unos requisitos y parámetros extremadamente complejos como para que sea una solución para el sector privado a nivel masivo», contrapuso Aldo Álvarez.

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere que el Estado cubano mueva ficha y resuelva este problema pronto, ya sea a través de una modificación a la normativa de las mipymes, o a través de un nuevo marco regulatorio para la inversión extranjera directa en el sector privado.

El sector no estatal lleva años entrampado en el diferendo bilateral. En 2016 el Departamento de Estado emitió una licencia especial para que los negocios privados de la isla pudieran exportar directamente a Estados Unidos, y durante su visita a La Habana Barack Obama dedicó buena parte de su atención a los emprendedores, reuniéndose con ellos y citándolos como ejemplo de la nueva realidad propiciada por el «deshielo». Pero cuando los titulares de aquel viaje salieron del ciclo de noticias se hizo evidente que el ejecutivo de Raúl Castro no autorizaría esa modalidad de ventas directas. Su decisión fue designar a empresas estatales como intermediarias para los negocios de exportación, con lo que pretendía presionar por el levantamiento de las sanciones sobre la isla y mantener control sobre el sector no estatal. En definitiva, la jugada no contribuyó a eliminar sanciones, y cerró la puerta a ingresos que más adelante hubiesen ayudado a enfrentar en mejores condiciones la pandemia.

La Casa Blanca también ha sembrado obstáculos en el camino de los cuentapropistas cubanos. El caso más reciente tuvo como protagonista a la plataforma Airbnb, que a inicios de este año aceptó pagar 91 mil dólares para solventar «su potencial responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones contra Cuba». La multa, que en principio ascendía a 600 millones de dólares, fue rebajada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros como reconocimiento a la «activa colaboración» de la entidad imputada. 

«Cuba se sigue viendo como un mercado pequeño con un riesgo muy grande. Muchas veces le explicamos a un banco norteamericano que algo es legal y al final no hace el negocio», apuntó Maxwell.

OFAC multa a Airbnb por realizar actividades que violan el embargo a Cuba

La actividad que incumple las sanciones contra Cuba incluye pagos relacionados con huéspedes que viajaban por motivos fuera de las categorías autorizadas de la OFAC, así como la falta de mantenimiento de ciertos registros obligatorios asociados con transacciones relacionadas con Cuba».

Al amparo del título III de la Ley Helms-Burton, activado el 2 de mayo de 2019, decenas de demandas fueron presentadas por ciudadanos estadounidenses ante las cortes de ese país contra empresas vinculadas a Cuba. El nuevo escenario ha agregado incertidumbre al futuro económico de la isla, necesitada como nunca de capital extranjero. Los temores de los inversores se multiplicaron desde que en mayo de 2021 la multinacional LafargeHolcim, con domicilio fiscal en Suiza, fue obligada a pagar una indemnización millonaria a una familia de antiguos terratenientes que la había demandado en el sur de Florida. La querella cuestionaba la participación de esa compañía en la empresa Cementos Cienfuegos S. A., cuya fábrica se estableció a finales de la década de 1970 en terrenos nacionalizados.  

La captación de inversiones extranjeras siempre ha quedado muy por debajo de las expectativas oficiales, recordó en otro momento del seminario el doctor Omar Everleny Pérez-Villanueva, exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana, adscrito a la Universidad de La Habana. En 2014, al aprobarse la ley vigente, el Ministerio de Economía y Planificación cifraba entre 2 000 y 2 500 millones de dólares el volumen de IED que cada año habría de recibir el país para sostener un crecimiento del producto interno bruto que efectivamente elevara la calidad de vida de su población. Esos dígitos no solo no se han alcanzado, sino que se ha hecho habitual «presentar como inversión concluida capital sobre el que solo existen acuerdos. El año pasado, por ejemplo, se hablaba de 1 300 millones de dólares, cuando en realidad la cifra en ejecución debía ser mucho menor», detalló Pérez-Villanueva.

Las reservas de los financistas podrían mitigarse con herramientas como las «obligaciones convertibles» —préstamos canjeables en acciones u otras formas de participación, acordadas para «cuando la legislación cubana lo permita»—, especuló Natalia Delgado, moderadora del encuentro e investigadora principal del Cuban Capacity Building Project. Su amplia experiencia como consultora de firmas que cotizan en NASDAQ (la bolsa de tecnologías más importante del mundo) da particular validez a su aseveración de que en «sectores como la informática, Cuba tiene mucho que ofrecer».

A falta de referentes regionales, la isla tiene ante sí ejemplos como el de Vietnam, que en la década de 1990 intentó —sin éxito— atraer los fondos de su diáspora en Estados Unidos. Debido a diferencias políticas, solo los residentes en Australia —la otra gran comunidad emigrada— atendieron a la convocatoria de Hanói. Aunque tal circunstancia no impidió el éxito final del Doi Moi, sí tuvo el efecto indeseado de profundizar la dependencia vietnamita respecto a los capitales chinos y japoneses, y retrasar durante años algunos de los avances más necesarios en la nación indochina.

Cuba pudiera acortar etapas en su camino hacia la prosperidad, coincidieron los expertos. Incluso con la interpretación actual de las leyes en ambas orillas del estrecho de Florida. «Antes que económico, este es un problema político», dijo Maxwell; «y como tal, se resolverá en Washington y La Habana». El problema, al menos en el caso de la isla, es que sus autoridades parecen creer que tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo.

Puedes ver el seminario a continuación:

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