Cuando en mayo de 2023 comenzaron las lluvias de primavera, Richel Almeida pensó que podría librarse de la tarea cotidiana de buscar agua potable en alguno de los pozos del reparto América Latina —conocido como Boves—, Camagüey.
Sobre todo en las tardes, cientos de personas acuden al barrio camagüeyano, famoso por sus manantiales. La calle Heredia concentra la mayoría de los negocios familiares dedicados a la venta de agua, que durante los primeros meses de 2022 se convirtieron en vitales debido al colapso del acueducto de la ciudad.
Según la explicación oficial, la falta de precipitaciones impidió reaprovisionar las presas y forzó una disminución del bombeo hacia la potabilizadora local. La red llegó a disponer de menos de un tercio de los 1 300 litros por segundo con que había operado en los últimos años.
Grandes zonas de la ciudad pasaron meses sin recibir agua por tubería. Por entonces, se volvieron comunes las colas ante las casas con pozo de barrios como Boves. A los que habitualmente acudían en busca de un líquido de más calidad para niños, ancianos y enfermos, se sumaron quienes —como Richel— lo hacían forzados por la suspensión total del servicio.
Las lluvias de mayo y junio de 2023 —que ocasionaron en la ciudad las inundaciones más grandes desde 2008— propiciaron un alivio temporal. Las presas se llenaron y la mayoría de los barrios volvieron a recibir agua en ciclos de hasta 15 días. Sin embargo, ni los más favorecidos (con un ciclo más corto) han conseguido librarse del otro problema histórico que sufre la urbe: la suciedad del líquido bombeado —por lo regular, amarillento y con mal sabor—.
«Tomarse el agua es un riesgo, por mucho que se filtre y hierva», considera Richel, quien convive con su esposa y suegros, y destina alrededor de 1 000 pesos por mes a la compra de agua para beber y cocinar.
40 millones de dólares después
En junio de 2023, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez visitó la planta potabilizadora de Camagüey. Durante la visita, «se interesó por la calidad del agua que se está sirviendo a la ciudad e indicó hacerle varias pruebas en el día para conocer en detalle, incluso por fuentes de abasto, los estándares del agua que está llegando a la población». La nota del recorrido, publicada por el periódico Adelante, es uno de los pocos reconocimientos oficiales de la situación. Los camagüeyanos llevan meses quejándose de la mala calidad del líquido.
El acueducto de Camagüey se abastece de 12 embalses capaces de almacenar hasta 340 millones de metros cúbicos de agua, que la capital agramontina comparte con Nuevitas y Florida, las otras dos ciudades más importantes de la provincia.
Sobre todo, después de ejecutada la primera fase de un financiamiento con facilidades de pago de 40 millones de dólares que en diciembre de 2014 otorgó el Fondo Saudí para el Desarrollo (SFD). El objetivo era brindar «acceso a agua segura y limpia [... como] parte de un programa integral para la ciudad de Camagüey».
Así lo describió el jefe de la delegación en Cuba del SFD, Saud Alshammari, al participar en la reinauguración de la potabilizadora de la capital agramontina, en diciembre de 2021. Gracias al fondo, se rehabilitaron dos módulos de filtrado y se puso en marcha un tercero que nunca había funcionado, al elevar la capacidad de la planta hasta los 1 800 litros por segundo. Además, se emprendió la «reparación y construcción de 72 kilómetros de nuevas conductoras y 45 kilómetros de redes, y la rehabilitación de estaciones de bombeo», explicó en febrero del mismo año Luis Palacios Hidalgo, director del proyecto en Camagüey.
El esquema propuesto por el INRH contemplaba abastecer la ciudad capital y Nuevitas solo con el agua de los mayores embalses, y destinar los menores a Florida y como reserva para períodos de sequía.
Una segunda etapa de inversiones permitiría desconectar de la red el municipio floridano (para enlazarlo con un área de pozos industriales); reparar la potabilizadora de Nuevitas (para devolverle su capacidad de diseño de 600 litros por segundo); y construir una nueva conductora entre las presas Máximo y Cubano-Búlgara.
Pero el INRH postergó las grandes inversiones en favor de la reparación de redes urbanas y la instalación de metrocontadores.
Los metrocontadores incrementan los ingresos del INRH debido a la venta del agua por volumen, en lugar del pago por servicio, virtualmente simbólico. Además de la conveniencia económica, en la decisión probablemente también influyó que la mayoría de las brigadas especializadas en ese tipo de construcciones en la provincia instalaban una conductora de 89 kilómetros para abastecer de agua el polo turístico de Cayo Cruz. Aunque la fase civil de la obra turística concluyó en 2020, sus trabajos se extendieron a buena parte del año siguiente.
Hacia el comienzo de 2022 las condiciones para una «tormenta perfecta» estaban planteadas. A un año de pocas precipitaciones se sumó la crisis eléctrica y la falta de una fuente alternativa que supliera el agotamiento de los embalses de «primera línea». Para cuando las autoridades lo asumieron, y emprendieron la conexión de la presa Máximo y la instalación allí de una estación de bombeo, se había perdido un tiempo valioso. No fue hasta junio de 2023 que el agua de ese embalse llegó a Camagüey, luego de meses de dramática escasez y casi al mismo tiempo que las lluvias recuperaban las otras presas.
La culpa es del clima
El de Camagüey no ha sido el único proyecto hidráulico impulsado en Cuba con financiamiento saudí. En 2013 el SFD otorgó un crédito de 30 millones de dólares para la rehabilitación de redes hidráulicas en La Habana, y en 2016 otros 29.1 millones para trabajos similares en el acueducto, alcantarillado y drenajes pluviales de Cárdenas, Matanzas.
Aunque los préstamos no alcanzaban para una reforma integral de los sistemas en las tres ciudades, sí representaban un aporte significativo. Lo ideal era que fueran complementados por inversiones del Gobierno cubano, sobre todo en aspectos como infraestructura de las fuentes de abasto.
Los reportes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información no detallan el monto de las inversiones correspondientes a infraestructura hidráulica. Los fondos asignados a ese fin se compilan bajo el genérico de «Suministro de electricidad, gas y agua», al que en el trienio 2013-2015 se asignó el 13.9 % de los recursos presupuestados para inversiones públicas. En el trienio siguiente ese porcentaje bajó hasta el 11.3 %, y en el período «coyuntural-pandémico» (2019-2021), a poco menos del 9 %. En 2022, la partida tuvo una ínfima recuperación, al elevarse hasta el 9.8 %. No obstante, teniendo en cuenta las urgencias que el sistema eléctrico debió enfrentar ese año —incluida la devastación ocasionada por el huracán Ian—, es improbable que la asignación para acueductos y otras obras hidráulicas tuviese un peso significativo.
La reciente crisis de abasto a la capital lo puso en evidencia.
Inicialmente, las autoridades plantearon que las roturas de los sistemas de bombeo eran consecuencia de una temporada de tormentas eléctricas muy activa. Sin embargo, pocos días después el director general de la empresa Aguas de La Habana, Leonel Díaz Hernández, reconoció que «en años anteriores siempre ha pasado [la afectación por tormentas] más o menos en esta misma dimensión». La diferencia era que antes había «sistemas de abasto un poco más robustos, más eficientes, con más equipos, y eso permite dar una respuesta más rápida a la hora de la recuperación».
Al cabo de una semana, la subdirectora de la entidad, Rosaura Socarrás Ordaz, tradujo en números concretos el problema. Entrevistada por Granma, la funcionaria «explicó que todos los años la empresa reponía el 10 % de los equipos de trabajo, pero desde 2019, a partir de la compleja situación económica existente en la isla, no se ha podido llevar a cabo esta inversión».
Los problemas se extienden
El 26 de junio decenas de vecinos de la comunidad Guatemala, en el municipio holguinero Mayarí, salieron a la calle para reclamar agua, luego de tres meses sin recibirla a través del acueducto.
La justificación oficial atribuía la crisis a la rotura del motor utilizado para sostener la pequeña red de la localidad, el cual se había intentado sustituir con una turbina de menos potencia y con pipas. Solo después de la protesta, las autoridades enviaron suficientes camiones cisterna para surtir el poblado y agilizaron la reparación del equipo averiado, asegurando que sería devuelto a la provincia para su reinstalación la semana siguiente.
Por las mismas fechas varias embajadas ubicadas en el barrio habanero Miramar se planteaban elevar una queja al Ministerio de Relaciones Exteriores por los malos servicios del acueducto y su pretendida alternativa, el abasto con pipas. Así lo alertó Mario Hernández, un lector de Tribuna de La Habana, que aseguró ser empleado de la inmobiliaria que atiende el sector diplomático. Según él, el origen de la inconformidad estaba en la disminución del caudal bombeado y los horarios de servicio, «por los que nunca se les llenan las cisternas ni por la mitad [... y] no hay pipas para mantener con agua todos esos inmuebles».
La nota de Tribuna… fue publicada el propio 26 de junio, día que La Habana tenía sin servicio de acueducto a casi el 10 % de sus habitantes. Las redes sociales están llenas de referencias a aquella situación, que con las semanas fue solucionándose en buena medida, gracias a apresuradas importaciones de motobombas y piezas de repuesto.
Era una realidad compleja, pero no más que la que habitualmente viven los pobladores del interior del país, sobre todo de la región oriental.
En Granma la situación también es tensa en ocho de los 13 municipios del territorio. Las inundaciones de junio de 2023 provocaron daños en las estaciones de bombeo, salideros y derrumbe de canales, lo cual afectó a 120 000 habitantes.
En marzo, Guantánamo reportaba unas 107 000 personas afectadas por la falta de agua, el 21.3 % de la población de la provincia. Para abastecerlas, solo se contaba con 12 pipas del INRH (de 38 en inventario), más tres donadas por China y «ocho o nueve de la economía (empresas, entidades), todo agravado por la persistente escasez de combustible», consignaba el periódico estatal Venceremos.
La escasez de fuentes hídricas también afecta el municipio Maisí (el de peor situación causada por la sequía). Durante una reunión gubernamental al territorio, la población se quejó de estudios que se realizan desde hace años y no logran concretar soluciones para el abasto del agua.
Son en total 600 000 los cubanos que reciben el agua a través de pipas; servicio que en algunos lugares también puede «comprarse» por la izquierda, llegando a costar más de 5 000 pesos.
Entre los límites de la colaboración internacional, los pocos recursos de que dispone el Estado cubano y la incapacidad de buena parte de la población para destinar cientos o incluso miles de pesos a la compra de agua potable, el margen de maniobra se acorta… como los horarios de funcionamiento de los acueductos en buena parte del país.
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Aurelio