Los jóvenes Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual El4tico, que se autodefine como «un espacio disidente dentro de Cuba», fueron detenidos arbitrariamente y sus equipos de trabajo confiscados por la Seguridad del Estado el 6 de febrero de 2026 en Holguín. 

«Me arrestan por el único “crimen” que una dictadura no tolera: atreverse a mirar de frente y decir en voz alta lo que todos notamos: sus faltas garrafales, sus ineficiencias crónicas, sus injusticias sistemáticas y la opresión que aplasta la dignidad de un pueblo entero», se lee en un texto de denuncia escrito por Medina.

Tras el arresto de los creadores audiovisuales, la reacción ciudadana fue inmediata: una campaña en redes exigiendo su liberación.

En medio de esa presión social, Carlos Miguel Pérez Reyes, presidente de la mipyme Dofleini Software —uno de los primeros emprendimientos privados autorizados en el país—,  y miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular, intervino para intentar desviar el foco. No habló de detenciones arbitrarias ni de confiscaciones ilegales. Planteó, en cambio, una «pregunta de fondo»: hasta dónde llega la crítica legítima y dónde comienza una conducta que el Estado puede considerar hostil o delictiva. Apeló a la Constitución para insistir en que la libertad de expresión existe, pero no es absoluta; que el orden público, la seguridad colectiva y la «irrevocabilidad del socialismo» justifican límites; y que el Estado tiene derecho a defenderse de supuestas campañas de desestabilización, sobre todo si hay intereses externos de por medio.

El doctor en Economía, Mauricio de Miranda Parrondo, le recordó al diputado lo esencial: que la Constitución de 2019 nació sin consenso y que está llena de contradicciones; que las libertades que dice garantizar son violadas sistemáticamente por la Policía y la Seguridad del Estado; y que no existe amenaza real para un país en que un joven camine con un cartel pidiendo libertad para los presos políticos o diciendo: «socialismo sí, represión no». De Miranda le preguntó qué pone realmente en riesgo la seguridad nacional: las protestas pacíficas o un mal Gobierno que empobrece a la sociedad.

Fiscalía confirma «prisión provisional» para jóvenes de El4tico: otro golpe a la libertad de expresión en Cuba

La prisión política de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, así como el proceso arbitrario que se les impone, son evidencia (otra más) de que el Gobierno cubano es un régimen despótico que no encuentra límites en las leyes nacionales ni internacionales a la hora de castigar el disenso.

El diputado que hoy teoriza sobre los «límites» de la crítica mientras jóvenes son arrestados por ejercerla, fue también uno de los voceros más activos de las campañas de desinformación impulsadas desde el poder contra voces y medios independientes. No es la primera vez que usa su investidura parlamentaria y su perfil empresarial para legitimar narrativas oficiales.

Ese historial ayuda a entender por qué su advertencia sobre la libertad de expresión no es una defensa constitucional, sino una amenaza velada. Y por qué conviene mirar con lupa su papel en otra operación del discurso oficial: la ofensiva contra elTOQUE y su servicio sobre el mercado cambiario.

El papelazo cambiario del diputado

El miembro de la Asamblea Nacional en diciembre de 2025 tildó el servicio de la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI) de «hiper-ilegal», «superficial», «irreal»… El globo estalló más rápido de lo que muchos pensaron y a manos, irónicamente, del actor que lo estaba inflando con la complicidad y participación de Carlos Miguel Pérez y otros «expertos»: el Estado cubano.

Al parecer, el diputado cree que su cargo público le da suficiente autoridad para comparecer como supuesto especialista en los espacios oficiales y declarar contra el servicio informativo de la TRMI. También dijo —sin que le temblara la voz— que «como matemático, como ingeniero informático, como programador», él creía que, si el Gobierno cubano salía «con la misma tasa de cambio que tienen otras plataformas, con una tasa informal, entonces no hemos hecho nada».

¡Vaya papelazo! Apenas dos semanas después de sus afirmaciones, el Banco Central de Cuba (BCC) anunció no una, sino tres tasas cambiarias en el país, entre ellas «una flotante» de actualización diaria cuyo valor inicial de la divisa fue similar a la referencia informada por elTOQUE y otras plataformas independientes que Pérez tildó de «delincuentes», y para las que exigió «consecuencias» penales. 

Esto último contrasta con el hecho de que el diputado Pérez reconoció en televisión nacional que ha comprado dólares en el mercado informal, algo criminalizado por las autoridades, aunque tolerado a discreción. ¿Impunidad o doble discurso? Quizá un poco de ambas. El posicionamiento del empresario diputado del lado del régimen del Partido Comunista le hace creer que es inmune a las consecuencias de lo que podría tomarse como una confesión en la televisión.

Pero repasemos algunas de sus declaraciones en la televisión estatal, antes de seguir hablando del ridículo mayúsculo que ha hecho este miembro del Parlamento cubano, que debería en un escenario democrático (inexistente en Cuba) ser un modelo de la veracidad y ética. Pero, Carlos Miguel Pérez Reyes no es lo que esperaría la ciudadanía de un funcionario público. El propagandista y empresario dijo:

«Es nuestra responsabilidad tener un mercado cambiario, porque la única manera donde de verdad vamos a combatir efectivamente el delito, las ilegalidades y todo este tipo de comportamiento delictivo es teniendo nosotros la rienda del asunto».

Pérez (y no Matías, aunque se subió a un enorme globo) no sé da por enterado que las riendas de la economía cubana las tiene Gaesa, el holding empresarial controlado por los militares y una cúpula en el poder que no le avisó que la tasa oficial coincidiría con la de elTOQUE. 

Foto: Radio Cadena Agramonte/Archivo.

Carlos Miguel Pérez Reyes no fue el único vocero del Gobierno cubano que salió a cuestionar a elTOQUE y su TRMI, en medio de una fuerte campaña difamatoria. Pero, ¿por qué mirarlo con más atención que a otros su papel? Por su responsabilidad pública, más allá de su trabajo empresarial. 

En declaraciones anteriores, Pérez Reyes aseguró: «Siempre me gusta aclarar que soy diputado del pueblo, no de las mipymes o del sector privado. Defenderé a capa y espada esa premisa».

Un parlamentario, como supuesto representante del pueblo, tendría la obligación de ser un modelo ético de transparencia y respeto por la verdad, especialmente cuando se trata de asuntos que afectan directamente la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin embargo, en el contexto represivo y dictatorial de Cuba, donde la propaganda oficial se despliega a diario para moldear la percepción pública, la actitud de Pérez refleja la postura típica de los funcionarios que operan bajo la lógica de «mentir, manipular y desinformar» sin ética o una mínima coherencia entre sus argumentos, para proteger intereses propios y del régimen político. 

¿Diputado en Cuba, empresario fuera?

La dimensión empresarial de Pérez Reyes va más allá de su mipyme en Cuba. En su perfil público de LinkedIn, Carlos Miguel se presenta también como «cofundador y director general» del Grupo Teknovud, cargo que asegura desempeñar de forma «presencial» y a «jornada completa» desde enero de 2024.

Una búsqueda en registros y sitios web corporativos permite ubicar a Grupo Teknovud S. A. en Cancún, Quintana Roo, México. Según la información disponible en su página web, la empresa fue creada en 2024 y ofrece servicios de desarrollo de aplicaciones web y móviles, sistemas empresariales y plataformas de comercio electrónico.

En el sitio no aparecen los nombres de sus directivos ni de sus socios, aunque se describe como «un equipo altamente cualificado, incluidos doctores y másteres en tecnología».

El dato no es menor: mientras Pérez Reyes interviene en la televisión estatal cubana como supuesto especialista en economía y mercado cambiario, y justifica límites a la libertad de expresión desde su investidura parlamentaria, declara dirigir a tiempo completo una empresa tecnológica radicada fuera de Cuba.

En un país donde la verdad es manipulada por la estructura del Gobierno para controlar a la ciudadanía, y donde la disidencia es censurada y encarcelada, un diputado debería saber que su apoyo o entusiasta participación en las campañas de la Seguridad del Estado contra creadores que denuncian la realidad del país tiene consecuencias reales para personas inocentes en Cuba y el exilio. Pero aquí estamos: Pérez Reyes, el diputado empresario, (como tantos otros) se ha convertido en el portavoz de la farsa oficialista de turno.

El régimen cubano ha perfeccionado la manipulación informativa. Desde las tasas cambiarias hasta los datos sobre la economía o la salud, nada escapa a su intento de presentar una Cuba que no existe más que en la propaganda oficial. Y en medio de ese circo, un diputado como Pérez, lejos de actuar como un puente entre el pueblo y el Estado cubano, se convierte en un agente activo de esa maquinaria de desinformación.

El ridículo de Carlos Miguel Pérez Reyes no es solo personal, es un reflejo de la crisis de credibilidad de un sistema que se hunde cada vez más en el pantano de su farsa.