La situación de los derechos humanos en Cuba será evaluada en noviembre de 2023 a través del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El mecanismo de revisión se efectúa a todos los Estados miembros en un período de cuatro años y medio y admite informes tanto de los Gobiernos como de organizaciones de la sociedad civil.

El EPU busca mejorar los derechos humanos a nivel global, al abordar violaciones en todos los países y compartir mejores prácticas. A través de informes nacionales, evaluaciones de expertos y datos de diversas fuentes, el EPU analiza cómo los Estados cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos, al basarse en tratados, compromisos y normativas internacionales. Los países revisados deben implementar las recomendaciones resultantes, mientras que el EPU supervisa su progreso y, en caso de falta de cooperación persistente, el Consejo de Derechos Humanos toma medidas apropiadas.

El último examen de Cuba ocurrió el 16 de mayo de 2018. El venidero debe abarcar el período transcurrido desde ese entonces hasta la fecha. En 2018 Cuba recibió 339 recomendaciones, de las cuales aceptó 226, dijo tomar nota de 83 y rechazó 30.

Las recomendaciones aceptadas abarcaron temas como la cooperación con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos; el fortalecimiento del marco jurídico e institucional; la lucha contra la discriminación y la violencia; la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales; el abordaje hacia la igualdad y contra la violencia de género; los derechos de la infancia y de las personas con discapacidad; y la lucha contra la discriminación basada en la raza, en la orientación sexual y en la identidad de género.

El Gobierno cubano rechazó las sugerencias referidas a la suspensión del arresto arbitrario a personas antes, durante y después de actos pacíficos y manifestaciones, así como a su excarcelación posterior; y al cese del acoso, intimidación, persecución, represión, arresto domiciliario y detención arbitraria de activistas políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y miembros de la oposición. También se negó a habilitar el monitoreo independiente de los derechos humanos en todos los sitios de detención; liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos de conciencia que han sido encarcelados por ejercer su derecho a libertad de expresión, asociación o reunión pacífica, y permitirles viajar libremente a nivel nacional e internacional.

Detenciones arbitrarias en Cuba: ¿ficción o realidad?

Sin denuncia no hay proceso penal, sin proceso penal no hay acusado, si no hay acusado, no puede haber limitación de derechos.

Tampoco apoyó las recomendaciones de implementar medidas que aseguren la independencia e imparcialidad judicial; proporcionar estatus legal a los grupos locales de derechos humanos, dejar de usar tácticas que los intimiden y permitir que tanto estos como la sociedad civil participen en Naciones Unidas y sus mecanismos; eliminar las restricciones de acceso a Internet, relajar el amplio control del entorno mediático y promover uno más pluralista e independiente; eliminar las restricciones al derecho de asociación y a la libertad de expresión; eliminar las limitaciones ilícitas al derecho de acceso a información y reformar su sistema unipartidista con elecciones multipartidistas que brinden a los ciudadanos opciones reales y un proceso verdaderamente libre y justo.

La excusa del Estado cubano para no aceptar las recomendaciones fue decir que estaban «sesgadas políticamente y construidas sobre bases falsas, derivadas de los intentos de desacreditar a Cuba por parte de quienes, con sus ambiciones hegemónicas, se niegan a aceptar la diversidad y el derecho de libre determinación del pueblo cubano».

En referencia al informe cubano, la iniciativa DemoAmlat de Transparencia Electoral, dedicada a la defensa y promoción de los valores democráticos, destacó que: «el país puntuó 0/4 en preguntas sobre la elección del jefe de Gobierno, siendo 0 la puntuación más baja y 4 la más alta. El proceso no se consideró libre ni justo, ya que el candidato fue preseleccionado por el Partido Comunista de Cuba (PCC). En general, la isla obtuvo una puntuación de 12/100, al obtener 1/40 en los derechos políticos y 11/60 en las libertades civiles. Para poner el puntaje en perspectiva, Argentina obtuvo 84/100 con puntajes de 35/40 y 49/60 en derechos políticos y civiles respectivamente».

¿De qué debe rendir cuentas Cuba en el EPU de noviembre de 2023?

El Gobierno cubano sostiene un discurso triunfalista y erróneo en referencia a la situación de derechos humanos en la isla. A propósito de la presentación del EPU de 2023, la Misión Permanente de Cuba ante la ONU en Ginebra, Suiza, publicó el siguiente tuit el 29 de marzo de 2023:

«Cuba tiene mucho que mostrar en esta nueva presentación ante el EPU. No solo son relevantes las disímiles transformaciones en materia legislativa, sino también la defensa de los derechos humanos desde un enfoque integral, inclusivo, evolutivo y atemperado a nuevas realidades».

Un día antes el representante permanente de Cuba en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla Román, apuntaba que Cuba se presentaría por cuarta ocasión al Examen Periódico Universal «con la moral de quien en los últimos 5 años ha trabajado incansablemente por consolidar las conquistas alcanzadas y garantizar más derechos para cada vez más personas».

A su vez, la Cancillería cubana afirmó en redes sociales que Cuba «reiterará en el EPU que el bloqueo impuesto por EE. UU. es el principal obstáculo al desarrollo de nuestro país y una violación flagrante de los DD. HH. de nuestro pueblo».

Las declaraciones gubernamentales contrastan con las denuncias de activistas y organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos respecto al retroceso en Cuba de las libertades de la ciudadanía en el último lustro.

La crisis cubana abarca ámbitos tanto de las medidas rechazadas en el EPU de 2018, como otros aceptados por el Gobierno cubano en aquel entonces, entre ellos la lucha contra la discriminación y la violencia, así como las garantías en la salud, la cultura, la educación y el desarrollo.

¿Qué dicen las Organizaciones sobre los derechos humanos en Cuba?

A pesar de la retórica política, Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), un tratado multilateral que compromete a las naciones a respetar los derechos civiles y políticos de las personas, como la libertad de expresión, la libertad de reunión, los derechos electorales y los derechos a un juicio justo.

El Pacto promueve, entre otros, el derecho a determinar libremente el estatus político, seguido por el derecho a participar de los asuntos públicos y el acceso a la función pública. DemoAmlat refiere que estos derechos en Cuba «se encuentran totalmente vulnerados» porque no existen tampoco derechos básicos como la libertad de expresión y asociación. También destaca la vulneración de los derechos electorales, ya que la población solo acude a las urnas para ratificar la elección de candidatos realizada por la Comisión de Candidaturas Nacional.

Sobre las elecciones parlamentarias del 26 de marzo de 2023, la organización subrayó que Cuba impidió una observación electoral independiente para validar los resultados divulgados por el Consejo Electoral Nacional (CEN). Se presentaron para 470 escaños igual cantidad de candidatos; por tanto, se trata de una ratificación de los candidatos del Gobierno y no de una elección. Además, las autoridades ejercieron presión sobre la ciudadanía para que votase y fueron detenidos varios observadores independientes.

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Los tiempos de mayoría abrumadora han pasado a la historia. Estas elecciones han sido las «más irregulares» en Cuba desde 1976.

Por su lado, Amnistía Internacional (AI) realizó su informe sobre la escalada de represión en Cuba, dirigido al 44 período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, al que se someterá la isla el próximo 5 de noviembre de 2023.

El documento de la ONG evalúa la aplicación de las recomendaciones formuladas a Cuba en el anterior examen, con énfasis en el derecho a la libertad de expresión y de reunión. También analiza el marco nacional respecto a la continua negativa de Cuba a ratificar instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos, así como al nuevo Código Penal, en vigor desde diciembre de 2022.

AI manifestó su preocupación por el encarcelamiento masivo de personas tras las protestas de julio de 2021, por la situación de los presos y presas políticos y por las restricciones de acceso a Internet. La ONG subraya que existen informes sobre malos tratos en las prisiones, a pesar de haber aceptado en el examen del EPU de 2018 «asegurar que los presos sean tratados con dignidad y humanidad».

Señala el informe que «desde el examen anterior, Cuba ha aumentado su sofisticada maquinaria de control sobre la libertad de expresión y reunión de una manera que no se había visto en prácticamente 20 años». Se han incrementado los presos y presas de conciencia, «personas encarceladas por sus creencias políticas, religiosas o de otra índole que no han recurrido a la violencia ni propugnado su uso».

Preocupa la entrada en vigor de un Código Penal «que amenaza con consolidar aún más unas arraigadas limitaciones a la libertad de expresión y de reunión, y presenta un panorama aterrador para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades». Se destaca que la normativa aumenta las penas mínimas en delitos como «desacato», «desórdenes públicos», «resistencia» y «ultraje a los símbolos nacionales».

La ONG critica la negativa de Cuba a permitir que medios de comunicación internacional u organizaciones internacionales de derechos humanos supervisen los juicios de personas detenidas en el contexto de las protestas del 11 de julio de 2021. El documento denuncia las condenas excesivas, la represión de las protestas, las violaciones de los derechos humanos de los detenidos y «los niveles alarmantes de vigilancia» a los que han sido sometidos artistas, intelectuales y otras personas con ideas alternativas; además de la restricción ilegal de la libertad de circulación y arresto domiciliario impuesto a varios periodistas y activistas.

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Desde el estallido de julio de 2021 en Cuba y hasta la fecha al menos 1 860 personas han sido arrestadas por protestar.

Por otro lado, la organización elogia aspectos como la legalización en la isla del matrimonio igualitario, «un importante paso adelante para hacer realidad los derechos de las personas LGBTIQ+». 

Otro de los aspectos por los que Cuba tendrá que rendir cuentas en el próximo examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) es el control e interrupción del acceso a Internet en momentos políticamente delicados, como protestas sociales. Las prácticas, a las que Cuba se ha negado a renunciar, contravienen el derecho internacional.

El Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI, por sus siglas en inglés) ha afirmado que la tecnología empleada para efectuar los bloqueos es cada vez más sofisticada, sobre todo desde 2019, cuando se comprobó el bloqueo de sitios de medios de comunicación durante el referéndum constitucional.

Sobre los derechos económicos, sociales y culturales, la situación de Cuba se ha deteriorado desde el último EPU hasta la fecha. En los últimos años se han convertido en un paisaje habitual las colas cada vez más largas para el abastecimiento de alimentos y otros productos básicos como aseo y medicamentos. La falta de condiciones y recursos, así como la escasez de personal en el área de la salud, son otros de los aspectos preocupantes en el contexto actual, además del descenso en la calidad del sistema educacional. A la vez, ha aumentado de manera desproporcionada el éxodo masivo de cubanos, al representar alrededor de un 3 % del total de la población.

Desde la Academia cubana, tanto a lo interno como desde la diáspora, se han lanzado alertas sobre el retroceso en la situación de los derechos humanos durante los últimos años y su negación por parte del poder, al no ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que había firmado en 2008. Con ello se impide la investigación de acusaciones de personas y organizaciones a quienes el Estado cubano ha violado sus derechos.

Sobre este asunto, el jurista y profesor Julio Antonio Fernández Estrada explicó que: «Hablar de derechos humanos siempre es necesario e importante en todos los contextos y obliga a las instituciones políticas, específicamente al Estado, a comportarse de una manera particular frente a la ciudadanía. Son muy relevantes los mecanismos por los cuales a través de la Declaración se llega a las regulaciones y protecciones de los derechos humanos. No por gusto Cuba no firma o ratifica los Pactos que no le interesan porque los Pactos convierten en vinculantes los contenidos de la Declaración».

Recomendaciones para colocar en primera plana los derechos humanos en Cuba

En el Informe para el 44 período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el EPU, a efectuarse en noviembre próximo, AI añade una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno cubano.

La ONG aconseja ratificar sin demora el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En relación con la supervisión independiente de los derechos humanos, insta a permitir de inmediato el acceso de organizaciones de derechos humanos independientes para dar seguimiento y asistir como observadores a los juicios contra defensores de los derechos humanos y personas detenidas durante las protestas; además, a cursar invitaciones a las relatorías especiales de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, y sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Acerca de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, recomienda iniciar de inmediato un diálogo auténtico con defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas independientes y otros actores, incluidas las personas que critican a las autoridades; poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica; reformar las disposiciones del nuevo Código Penal que criminalizan a los actores mencionados por criticar a las autoridades y reformar o derogar aquellas que pretenden limitar aún más la libertad de expresión; dejar de someter a activistas de derechos humanos y periodistas independientes a vigilancia y detención arbitraria, incluido el arresto domiciliario de hecho.

En cuanto a las personas presas de conciencia, recomienda al Estado cubano poner en libertad inmediata e incondicional a todas aquellas encarceladas exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, asociación o reunión pacífica, y desistir de usar las interrupciones de Internet para reprimir la libertad de expresión y reunión; así como garantizar que se respeten los derechos económicos, sociales y culturales de la población, y abordar la necesidad de mayor acceso a alimentos y medicamentos.