Las protestas sociales de julio de 2021 en Cuba fueron un parteaguas en el ejercicio colectivo del derecho a la manifestación. Desde entonces otras protestas de menor envergadura han ocurrido en diferentes zonas del país.
Desde el estallido y hasta la fecha, el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba Justicia 11J contabilizó que al menos 1 860 personas han sido arrestadas por protestar. El objetivo del grupo es «verificar, actualizar y divulgar información relacionada con protestas públicas en Cuba».
Alrededor de 1 555 arrestos se efectuaron como consecuencia del 11J, 103 en el contexto del 15N, 207 en 2022 y 21 en lo que va de 2023. Se ha comprobado que al menos 91 personas han salido al exilio, 782 continúan en prisión y 911 han sido juzgadas o sancionadas.
De enero a junio de 2023, el grupo registró unas 33 manifestaciones colectivas e individuales, en sitios públicos y en centros de detención. En relación con ellas, unas 21 personas fueron detenidas, 11 por poco tiempo y 10 permanecen con privación de la libertad bajo proceso de investigación o medidas cautelares.
Tres personas están siendo procesadas únicamente por publicaciones en redes sociales en las que hacían llamados a la protesta pública masiva: Sulmira Martínez (Salem), Jesús Guerra y Agustín López Canino, según detalla Justicia 11J. En los centros penitenciarios se han reportado al menos siete protestas que demandan el respeto a los derechos, el acceso a atenciones básicas y el cese del hostigamiento a familiares de los presos políticos.
«El constante registro de nuevos casos de manifestantes en detención, víctimas de procesos penales, así como la falta de claridad y transparencia de la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular en la emisión de cifras asociadas a las protestas de julio es una inquietud latente desde el inicio de este trabajo de documentación y denuncia sobre el 11 de julio», apunta el grupo de trabajo.
A la vez, aclara que aun cuando las cifras recogidas por Justicia 11J y Cubalex son alarmantes, estas representan un subregistro del número real de casos. La totalidad solo podrá obtenerse con la mediación de instancias globales que reclamen información transparente al Estado cubano y le exijan el cumplimiento de normativas internacionales, tratados, pactos y acuerdos de diálogo político.
Consecuencias e impacto del estallido social
El informe «Un año sin justicia» del grupo salió a la luz pocos días después del primer aniversario de las protestas de 2021. Entonces, el total de detenciones era de 1 484. El 87 % (1 297) de esta cifra fueron verificadas a través de testimonios de los manifestantes o de sus familiares, o con documentos emitidos por los Tribunales o la Fiscalía.
Unas 1 259 personas detenidas se reconocieron como hombres, 218 como mujeres y existen siete cuya identidad de género es desconocida o no binaria.
En relación al color de la piel, se pudo recabar información relativa a 964 personas (65 %), de las cuales 553 son de piel blanca y 411 de piel negra o mestiza.
Se desconoce la edad de 406 personas, lo que representa el 27 % del total de casos registrados. Los rangos etarios identificados demuestran la alta participación de los jóvenes en las manifestaciones: 166 tenían entre 12 y 20 años, 556 entre 21 y 35 años, y 356 entre 36 y 75 años.
La mayor parte de la población detenida fue sancionada por la vía administrativa o juzgada en juicios sumarios y ordinarios, o espera serlo. La Fiscalía cubana empleó varias figuras delictivas para sancionar a los detenidos, especialmente los delitos de desórdenes públicos (626 acusados), desacato (369), atentado (345) e instigación a delinquir (119), «por lo general en combinación, buscando sanciones conjuntas más elevadas».
Destaca el documento que el delito de atentado fue usado contra las personas que reaccionaron en defensa propia a la violencia policial. Justicia 11J puntualiza que el «desacato» ha sido calificado como incompatible con el derecho internacional por organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional. Por lo que se ha instado reiteradamente a las autoridades cubanas a su revocación como parte del ordenamiento jurídico.
Las sanciones aplicadas van desde uno hasta 30 años de privación de libertad en primera instancia, para un total de aproximadamente 4 500 años de cárcel. Tras los procesos de apelación, las sanciones máximas se redujeron a 25 años. La duración más común de las sanciones es de 10 años (53 personas) y de 6 años (49) de privación de libertad.
Un detalle que resalta en el sobreseimiento y la disminución de sanciones es la visibilidad mediática de los detenidos. Los procesos penales de intelectuales y artistas reconocidos e integrantes de plataformas civiles fueron suspendidos y reducidas las condenas de algunos presos políticos cuyas detenciones se mediatizaron.
La Seguridad del Estado, luego de las protestas del 11J, ha acosado y reprimido a familiares de manifestantes en detención —especialmente a las madres de los menores de edad privados de libertad—, por exigir su liberación y por defender su inocencia. Según consta en el informe, las medidas represivas más comunes contra ellos son interrogatorios, vigilancia policial y amenazas de ampliar la condena a sus parientes presos.
Algunas de las familias más hostigadas son la del manifestante Andy García, de Santa Clara, parte de la cual tuvo que exiliarse, y Barbara Farrat, madre del menor Jonathan Torres Farrat, en La Habana.
Por otro lado, las manifestaciones de julio de 2021 fueron las más grandes y de mayor importancia dentro de los pocos casos registrados luego de 1959. Sus antecedentes más conocidos han sido el asilo en la Embajada de Perú de casi 10 800 cubanos en 1980 y la protesta de 1994 en La Habana, denominada el Maleconazo.
A diferencia de las anteriores, las protestas del 11J no estuvieron localizadas en un único punto, sino que se extendieron por más de 60 localidades de todo el país que abarcaron las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.
De acuerdo a Justicia 11J y al registro efectuado por el Proyecto Inventario, las manifestaciones ocurrieron entre los días 11 y 17 de julio, luego de su inicio en el municipio San Antonio de los Baños, en Artemisa.
La respuesta estatal a las protestas fue violenta; con despliegue de militares y paramilitares, cortes de Internet, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y acoso luego de la excarcelación.
Señala el documento que la única concesión hecha por el Gobierno a raíz del estallido fue ceder ante las demandas de la sociedad civil vinculadas con la flexibilización de trámites burocráticos y la eliminación de aranceles en la Aduana para ingresar al país medicinas, insumos médicos y alimentos.
Reclamos ante la injusticia
Justicia 11J ha expresado su preocupación por la continuidad de los patrones represivos para impedir un derecho básico como el de la manifestación pacífica.
Ante la nueva ola represiva desatada luego del primero de diciembre de 2022, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el grupo lanzó un llamado a la acción por los presos políticos.
En los últimos meses las autoridades cubanas establecieron una tendencia a sustituir las detenciones de corta duración por la privación de libertad bajo procesos investigativos o bajo imposición de medida cautelar e instrucción de cargos.
Justicia 11J instó a que las corresponsalías de medios extranjeros acreditados en Cuba dieran cobertura sistemática a la creciente represión, así como a los pronunciamientos de organizaciones internacionales a favor del respeto a los derechos humanos de los detenidos.
El 20 de febrero de 2023 el grupo firmó junto a Cubalex y al Observatorio Cubano de Derechos Humanos una declaración sobre la situación de los presos políticos cubanos. En ella hacen constar que las protestas de 2021 y 2022 han dejado un saldo de manifestantes detenidos que quintuplica la cifra de presos políticos desde inicios de julio de 2021.
Se dirigen a instancias como la Iglesia católica, la Unión Europea (UE) y el Gobierno de Estados Unidos, las cuales con anterioridad han conversado con el Estado cubano y se han expresado a favor de la liberación incondicional de los presos políticos.
Existen antecedentes que avalan el llamado, como la excarcelación y salida al exilio en 2010 de la mayoría de los presos políticos de la Primavera Negra (2003), como parte del proceso de negociación en la modificación de la Posición Común de la Unión Europea en torno a Cuba; así como en 2015 la excarcelación de 53 presos políticos y el posterior exilio de algunos de ellos como parte del proceso de negociación para restablecer las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Las organizaciones también denuncian la privación de libertad y la expatriación forzada como forma de castigo por ejercer los derechos de libertad de expresión, de reunión y de asociación. Ambos métodos represivos son empleados por el Estado cubano «para obtener ventajas en procesos de negociación política, diplomática y económica, y como método para ejercer control social y desmovilizar a la sociedad civil».
En caso de una eventual negociación para la excarcelación de los presos políticos cubanos, las tres agrupaciones solicitan que se trate de un proceso de valor humanitario, que la excarcelación sea inmediata y que se soliciten garantías de que la persona privada de su libertad tomará la decisión de salir del país por voluntad propia, sin presiones de los órganos de la Seguridad del Estado o como condición para su liberación o excarcelación, ya que ello constituye una violación del derecho a la libre circulación.
A la vez, exigen priorizar la participación de las personas privadas de la libertad y sus familiares en un hipotético proceso de negociación de la salida. También, garantizar la legalización de su estatus migratorio y acceso a servicios de rehabilitación a quienes decidan libre y voluntariamente salir del país.
Anteriormente, en el informe publicado con motivo del primer aniversario de las protestas, Justicia 11J había clamado acciones urgentes para la obtención de justicia y reparación a los manifestantes del 11J y de otros escenarios de protesta pública a la comunidad internacional, a la Unión Europea y a organizaciones de defensa de derechos humanos y de carácter humanitario.
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