La situación económica que atraviesa Cuba es sumamente compleja, gran déficit fiscal, creciente inflación y dificultades para controlar los precios. Así lo reconoció el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, durante la Mesa Redonda del jueves 9 de noviembre de 2023, en la que analizó el panorama económico cubano.
Según explicó el titular, el presupuesto estatal aprobado para 2023 tiene un déficit fiscal de 68 000 millones de pesos, una brecha significativa entre los ingresos proyectados y el nivel de gasto público previsto.
Regueiro Ale advirtió que el abultado déficit fiscal constituye uno de los principales factores que alimentan la acelerada inflación que sufre el país, pues la emisión monetaria inyecta más recursos del lado de la demanda cuando la oferta de bienes y servicios se encuentra deprimida. La inflación es el problema económico que más afecta a la población cubana.
Según afirmó el ministro, se trata en buena medida de una inflación importada, pues Cuba debe adquirir alimentos, combustibles y otras materias primas (que luego se trasladan al mercado interno) a precios internacionales elevados. A esto se suma la insuficiente producción nacional para abastecer la demanda de los cubanos.
«Con los ingresos que se captan a través del sistema tributario mediante los impuestos, tasas y contribuciones, solo se logra financiar alrededor del 78 % de los gastos», comentó Vladimir Regueiro. «Esos ingresos no son suficientes y tenemos entonces que acudir al endeudamiento a través de financiamiento con la emisión de bonos soberanos de la República de Cuba».
Ante tal panorama, el titular del Ministerio de Finanzas y Precios aseguró que las autoridades económicas implementan medidas para combatir la evasión, fiscalizar de manera más rigurosa a contribuyentes estatales y privados y facilitar el pago de impuestos a través de plataformas digitales.
De acuerdo con Regueiro Ale, la recaudación de las empresas estatales se cumple en un 98 %, pero entre los actores privados hay varios casos de evasión e impagos que es necesario enfrentar. Ante la situación dijo que, además de las multas, la principal medida que han tomado es la regulación de salida o entrada del país.
«El fortalecimiento de la fiscalización y el cobro de las deudas tributarias es una prioridad», enfatizó.
En cuanto a la inflación, el ministro reconoció que los subsidios generalizados a productos básicos han resultado insuficientes para proteger el poder adquisitivo de los cubanos frente a la subida de precios. Por esa razón, se trabaja en focalizar mejor los subsidios en las familias realmente vulnerables.
Su afirmación coincide con una idea que han repetido en los últimos meses varios funcionarios, la importancia de subsidiar personas y no productos. Idea que aún no se concreta a pesar de haber sido planteada por los economistas desde hace años y estar incluida entre los objetivos de la Tarea Ordenamiento.
La medida, no obstante, sería impopular en las actuales condiciones. Lo anterior debido a que, ante la inflación galopante que vive Cuba, los «mandados de la bodega» —incluso incompletos, como ha sucedido en 2023— aseguran parte de la alimentación mensual de la mayoría de las familias.
Desafíos actuales del presupuesto estatal
Durante la Mesa Redonda, Vladimir Regueiro Ale resaltó la emisión en julio de 2023 de la Resolución 148 que actualiza las metodologías de formación de costos y precios en empresas estatales y privadas. El objetivo es garantizar que los precios reflejen de manera transparente los costos en los que incurren los productores, pero evitando márgenes especulativos.
Aunque se mantiene un alto nivel de regulación y subsidios en servicios esenciales como la salud, la electricidad y el transporte público, el ministro reconoció la necesidad de una mayor flexibilidad en otros renglones para incentivar la producción.
Entre los principales desafíos que afronta el Ministerio de Finanzas y Precios, Regueiro Ale destacó la necesidad de reducir el déficit fiscal, controlar la inflación, actualizar el sistema tributario, modernizar la tesorería nacional, lograr una mayor participación de los colectivos laborales y de la sociedad en la gestión presupuestaria, elevar el control sobre la ejecución del gasto público y aumentar la transparencia en cada uno de los procesos.
Sin embargo, no es la primera vez que en el discurso gubernamental se hace alusión a la importancia de una mejor administración y asignación de los recursos existentes. Se trata de un problema que algunos cubanos identifican como parte del «bloqueo interno».
Año tras año, durante la presentación del presupuesto en la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados debaten al respecto y repiten frases hechas («el uso racional del presupuesto», «mayor participación y transparencia», etcétera).
Regueiro Ale reiteró que el panorama desfavorable que vive Cuba se debe al «recrudecimiento» del embargo estadounidense y a la crisis inflacionaria global desencadenada por la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania. Sin embargo, hizo también una tímida alusión a las ineficiencias internas.
El ministro dijo que Cuba apuesta por una recuperación apoyada en el incremento de la producción nacional, la diversificación de actores económicos, la descentralización a nivel territorial y una mayor integración entre los sectores estatal y no estatal.
El camino por delante es arduo, reconoció Regueiro, dado que los desequilibrios estructurales que arrastra la economía cubana se han agravado con la confluencia de factores externos e internos. Pero confía en que con disciplina fiscal, optimización de recursos y una gestión más eficiente se podrá transitar de forma paulatina hacia la anhelada prosperidad.
De no adoptarse medidas efectivas en los frentes cardinales, será difícil estabilizar la economía cubana y mejorar las condiciones de vida de la población, advirtió el titular del Ministerio de Finanzas y Precios.
No sería la primera vez que este tipo de declaraciones gubernamentales caen en un saco roto.
Los cubanos, mientras tanto, esperan que las medidas económicas adoptadas por el Gobierno rindan frutos concretos y alivien su deteriorado nivel de vida. La elevada y creciente inflación erosiona el poder adquisitivo de salarios y pensiones, en un país donde el Estado mantiene el monopolio sobre numerosos bienes y servicios básicos y ni los discursos, arengas o promesas de un mejor trabajo y eficiencia logran garantizar la calidad de vida que el pueblo merece.
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