Horas después de la explosión el 6 de mayo de 2022 en el hotel Saratoga, que dejó un saldo de 45 fallecidos y 37 familias evacuadas, varios grupos de ciudadanos se movilizaron de manera independiente con el fin de recaudar donaciones para los afectados: ropa, zapatos, juguetes, agua, comida no perecedera, medicamentos.

Aunque cada iniciativa ha buscado sus propias vías para efectuar las entregas de forma directa en manos de los damnificados y sin la intervención de organismos estatales, no han faltado las trabas gubernamentales.

El 14 de mayo, después de días clasificando, empacando y comprando comida con los más de 50 mil pesos cubanos recaudados, el usuario Michel Morán llegó al apartotel La Brisas, en la Villa Panamericana, donde hoy se albergan los damnificados.

Pese a su buena voluntad, no le permitieron acercarse al hotel: «Si entregas las donaciones al Gobierno Municipal no hay problema, ni te exigen ningún documento, pero si te niegas empiezan las preguntas sobre si eres parte de alguna organización, y le toman fotos a tu carné de identidad para investigarte. Al menos esto fue lo que me ocurrió a mí», relata en entrevista con elTOQUE.

Para él, dejar los donativos en el Gobierno de Municipal de La Habana Vieja, al cual pertenecen estas familias, y hacer de la entrega algo lento y poco transparente, no era una opción; por lo que, a pesar de las intimidaciones de la Seguridad del Estado, decidió ubicarse a un costado de la edificación e irle dando, poco a poco, bultos de comida y ropa a quienes salían del hotel y se acercaban a verlo. «Los agentes y la policía estaban molestos, pero no pudieron hacer nada. Nosotros no estábamos cometiendo ningún delito», recuerda Morán.

 La experiencia de Massy Carram fue similar. Sin embargo, también encontraron vías alternativas para entregar las donaciones, aunque prefirieron no hacerlas públicas, pues en el momento de su denuncia en Facebook quedaban recursos por repartir.

 Al músico cubano residente en Estados Unidos, Erich Concepción, tampoco le permitieron entregar el dinero que había recolectado con ayuda de sus seguidores y que trajo personalmente a La Habana.

 «Me han visitado en mi casa y se me ha imposibilitado acceder a donde quería entregar el dinero. La justificación que me dieron es que el tema está muy politizado y hay personas que tienen segundas intenciones que no son precisamente ayudar (…). Las donaciones de insumos médicos fueron entregadas en el Hospital Calixto García sin ningún problema», comentó en una directa en su página de Facebook.

 Pero, ¿qué dictan las leyes sobre el comportamiento de las donaciones en Cuba?

Hasta el momento, no existe una norma en Cuba que regule cómo deben realizarse las donaciones entre personas naturales residentes en la isla.

Ningún documento especifica que, en estos casos, el Gobierno tenga la obligación de ser intermediario entre quienes recolectan y clasifican donativos, y aquel que los necesite.

Para los casos de donaciones que llegan desde el exterior, existe el Decreto Ley 16 de 2020 de la Cooperación Internacional, que establece el procedimiento a seguir por las donaciones materiales o financieras que Cuba recibe u ofrece.

En su artículo 4 deja explícito que, en cualquiera de los casos, el apoyo se realiza «sin condicionamientos económico, político o social que impliquen injerencia en los asuntos internos, sin afectar la unidad de la sociedad cubana y con estricto respeto a la soberanía, autodeterminación, leyes, cultura, religión y costumbres del país que se beneficia».

Una de las modalidades de contribución que reconoce el decreto es la «ayuda ante desastres o emergencias», que consiste en acciones para «ayudar a poblaciones cuando se producen situaciones excepcionales».

Sin embargo, en cualquiera de las circunstancias, las donaciones están mediadas por el Gobierno cubano, quien regula y determina tanto la aprobación como su recepción: «en la cooperación internacional que Cuba recibe se favorece al Estado como responsable de garantizar los servicios básicos de la población» (artículo 34).

Si bien las personas jurídicas, previo consentimiento, también pueden ser receptoras, en la distribución de los recursos solo pueden emplearse los mecanismos estatales. Las medidas no permiten que personas naturales actúen como receptores, administradores o distribuidores de los donativos en ninguna de las modalidades existentes.

Incluso, los medios de transporte que el Estado disponga para realizar las entregas una vez en Cuba tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Vehículos a nombre de un programa o proyecto de cooperación internacional y contar con el aval de consentimiento emitido por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), según plantea el artículo 49.1.

La certificación, imprescindible para recibir una donación en Cuba, se dirige a la Aduana cuando se trata de bienes, y al Banco Central cuando consiste en efectivo o recursos financieros. Sin este permiso, cualquier donativo queda en manos de las autoridades aduaneras.

Si en las acciones de cooperación participan organizaciones de masas o sociales, como las iglesias u otras formas asociativas cubanas sin ánimos de lucro, «deben ser avaladas por los órganos que correspondan». Este punto concede a los organismos gubernamentales, una vez más, la facultad de autorizar o no las ayudas.

Ante la burocracia que conllevan dichos mecanismos, la demora y la total autoridad del Estado sobre lo donado, la comunidad cubana en el exterior ha buscado, en varias ocasiones, vías expeditas para hacer llegar a la nación algunos de los recursos más demandados; ya sea a través de agencias de paquetería o como parte del equipaje acompañante de personas naturales.

Hasta mediados de 2021, los pasajeros podían arribar a la isla solo con 10 kilogramos de medicamentos libres de costos permitidos por la Aduana, lo que dificultaba que este último medio fuera una opción. Sin embargo, desde el 19 de julio del año pasado se permite importar alimentos, aseo y medicamentos, sin límites en su valor y sin pagar los aranceles aduanales que antes estaban establecidos. La medida se extendió hasta el 31 de diciembre de 2022.

Tal «flexibilidad» se ha convertido en otra alternativa para quienes desean ayudar a cientos de cubanos de la forma más ágil posible, y sin que el Gobierno, ya sea por diferencias políticas o por falta de transparencia, esté involucrado.

Organizaciones políticas y sociales de la isla también han servido, en varias ocasiones, como punto de recogida y clasificación de donativos. Sin embargo, estos son entregados luego al Gobierno Municipal. Espacios como el Centro Memorial Martin Luther King o la Sede Nacional de los CDR, con la ayuda de grupos voluntarios, comenzaron la recolecta a solo horas del accidente en el hotel Saratoga y documentaron la organización y ayudas a través de las redes sociales.

El proceso de donación, ya sea de una institución estatal o desde iniciativas particulares, no debe tomarse a la ligera y amerita un protocolo que registre todos los detalles: hacer listados de los recursos que más se necesitan, documentar con fotos y videos las entregas, separar y clasificar los productos (aseo, comida, ropa para diferentes grupos etarios), exponer el monto de dinero recolectado, de ser el caso, y qué uso tendrá.

La destrucción que dejó a su paso por varios municipios de La Habana el tornado del 27 de enero de 2019 fue, sin dudas, uno de los impulsores de la articulación ciudadana en la que grupos de personas naturales, negocios privados y la comunidad cubana en el extrajero confluyeron para servir a quienes se encontraban vulnerables.

Desde entonces, los coordinadores de la sociedad civil, por lo general, han demostrado que cumplen de forma ordenada con los pasos requeridos y que no es necesario centralizar las gestiones de ayuda humanitaria en mecanismos estatales para llevar a cabo una donación efectiva.

A la solidaridad no se le debe poner trabas, los donantes tienen el derecho de escoger la vía por la que sus pertenencias llegarán a quienes las necesitan.



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