Foto: Free Malaysia Today.
Honduras. Narcotráfico, nepotismo y corrupción revolucionaria
23 / diciembre / 2024
Durante las primeras semanas de septiembre de 2024, la presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, enfrentó protestas y movilizaciones populares contra su gestión de Gobierno. Un video en redes sociales publicado el 4 de septiembre destapó un escándalo de corrupción que involucra a sectores del narcotráfico local y miembros de su gabinete.
En el material se aprecia la voz de Carlos Zelaya, quien fuera —hasta el 31 de agosto de 2024— secretario general del Congreso hondureño. Zelaya es, además, cuñado de la líder en funciones. El affaire de corrupción salido a la luz pública detonó la renuncia al cargo que desempeñaba, así como la aceptación de este por la mayoría de los diputados del Parlamento.
En el video, que data de 2013, se aprecia también el vínculo indirecto del expresidente José Manuel Zelaya (Mel). Uno de los presentes sostuvo que el 50 % de los fondos de soborno irían para «el Comandante», en alusión al esposo de la mandataria y su principal asesor político.
Los montos negociados ascendían a 650 000 USD, que serían utilizados en la campaña electoral del Partido Libertad y Refundación (Libre) de cara a los comicios de 2013. La asociación política, fundada en 2011 por el expresidente Zelaya, nació como respuesta al golpe de Estado militar de 2009 que sumergió al país en una profunda inestabilidad política, económica y social sostenida hasta hoy.
La trama de corrupción develada provocó la renuncia el 31 de agosto de 2024 del ministro de defensa José Manuel Zelaya, hijo del exsecretario general del Congreso y sobrino de la presidenta en funciones. El escándalo mostró, además, los lazos de nepotismo, tráfico de influencias y clientelismo político en la Administración considerada progresista.
Las contradicciones políticas en el Gobierno de Xiomara Castro
Xiomara Castro, la primera mujer presidenta en la historia de Honduras, llegó al poder luego de las decepciones que significaron los Gobiernos electos tras el golpe de Estado de 2009: Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022). Ambos dirigentes fueron detenidos y extraditados para cumplir largas condenas por sus vínculos con organizaciones criminales de narcotráfico, cuyas actividades ilícitas tenían como principal destino el consumo del mercado estadounidense.
Castro capitalizó en las elecciones de 2021 el descontento social acumulado en torno a los períodos presidenciales que le antecedieron y la popularidad de su esposo, José Manuel Zelaya. De igual forma, impulsó un discurso feminista —como parte de su agenda de Gobierno— ante las realidades que enfrentan las mujeres en un país donde el aborto se encuentra penado constitucionalmente y donde sufren de forma severa las consecuencias de la violencia de género feminicida.
En su proyección política, Castro aboga por la justicia ecológica mediante la lucha contra la minería a cielo abierto, lo que en el transcurso de su mandato la condujo a eliminar mediante decreto presidencial las zonas económicas especiales aprobadas por las Administraciones neoliberales precedentes. Al mismo tiempo, impulsa numerosas iniciativas en defensa de las tierras de las comunidades indígenas contra el accionar de las trasnacionales. Sin embargo, su gabinete afronta serias dificultades ante los obstáculos impuestos por un Congreso de mayoría opositora, que se dedica de forma sistemática a obstaculizar las iniciativas oficiales y favorecer los intereses del empresariado corporativo.
En términos políticos, la corrupción institucionalizada ha terminado por pasarle factura al Gobierno de Castro. Los recientes escándalos de corrupción y vínculos con el narcotráfico que involucran a Carlos Zelaya (hermano de Mel Zelaya y cuñado de la presidenta) pusieron en el foco público las redes familiares en el poder político, lo cual muestra lo normalizada que se encuentra la práctica en el frágil modelo democrático centroamericano.
La red clientelar se extiende: Héctor Manuel Zelaya Castro, el segundo hijo de la pareja gobernante, ocupa el puesto de secretario privado de la líder nacional, además de haber asumido como coordinador durante su campaña presidencial. Por otro lado, al también descendiente de los altos dignatarios y el menor de sus hijos, José Manuel Zelaya Castro, conocido como Melito, le fue otorgado el cargo de asesor presidencial —aunque su salario no figura en los documentos públicos—.
Las consecuencias sociales del autoritarismo y el narcopoder hondureño en la agenda «socialista del siglo XXI»
Según la experta en estudios latinoamericanos Constanza Mazzina —quien funge como directora de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina—, el régimen Castro-Zelaya y sus comprobados vínculos con el narcotráfico está atravesado por un modelo de autoritarismo de larga data en el subcontinente, en el que el crimen organizado está presente en la institucionalidad de los frágiles modelos políticos y «amenaza la democracia en la región».
El Gobierno hondureño aceptó —ante la fragilidad de las estructuras institucionales y dado al aumento de la violencia e inseguridad ciudadana como resultado del crimen organizado— la deportación del expresidente Juan Orlando Hernández a la justicia estadounidense para dar la imagen de no tolerancia ante el problema.
No obstante, el país aún enfrenta notorios desafíos en materia de seguridad, a los que Castro ha respondido, contrario a sus promesas de campaña, con militarización y operativos policiales de gran alcance que incrementaron la población carcelaria. Por esa razón, algunos expertos consideran que la presidenta opta por una estrategia de enfrentamiento «bukelista», similar a la de su par centroamericano en El Salvador.
La política en materia de securitización cuenta con la asesoría de técnicos y oficiales salvadoreños, así como con la compra de vehículos blindados de origen israelí, lo cual contrasta con la retórica del país centroamericano en defensa de la soberanía del pueblo palestino. Los pronunciamientos propalestinos generaron tensiones diplomáticas con el Estado hebreo a raíz de la escalada del conflicto iniciada el 7 de octubre de 2023. No obstante, lo anterior no ha detenido las actividades comerciales en el ámbito castrense, mientras la colaboración se extiende a la asesoría de expertos.
En ese complicado contexto, la decisión de renunciar al acuerdo de extradición con la nación norteamericana, en vigor desde 1912, salta las alarmas sobre la posibilidad de que sea un intento por eximir de responsabilidades a los involucrados en casos de corrupción que integran el equipo de trabajo de Castro. De esa forma, evitaría que sean develadas informaciones comprometedoras que impliquen a otros funcionarios del círculo cercano a la mandataria como parte de las investigaciones federales por los delitos de narcotráfico. En las declaraciones emitidas por varios acusados en el transcurso de los juicios, se involucra también al expresidente José Manuel Zelaya.
Según una encuesta nacional implementada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en mayo de 2024, solamente el 14.2 % de la población estima que el país ha mejorado bajo el actual Gobierno, mientras que el 39.3 % considera que la situación sigue igual y el 45.9 % la ve peor; el 0.6 % no tiene respuesta definida.
El estudio arrojó también que para la ciudadanía la percepción de violencia a nivel social es elevada, encontrándose las mujeres como las principales víctimas de ese flagelo. A su vez, más de la mitad de la población encuestada (53.2 %) considera que no se visibilizan logros durante el segundo año de gestión de la mandataria. En relación con otros indicadores, la mayor parte de la ciudadanía cree que la gestión es poco transparente (29.0 %) o nada transparente (40.1 %). Tales cifras indican la percepción generalizada de baja confiabilidad en las autoridades y sus instituciones, así como la crisis general que persiste en el país.
En materia de seguridad, los indicadores fortalecen la incertidumbre, pues más de la mitad de la población (50.1 %) considera que las transformaciones resultan irrelevantes con la puesta en marcha del «estado de excepción» para combatir el narcotráfico, las pandillas y el crimen organizado. Igualmente, las personas manifiestan una baja confianza en las instituciones policiales y militares, aunque su percepción de que estas protegen en primer orden a las personas de más ingresos es mayoritaria entre los entrevistados.
Los vínculos con Cuba y otros regímenes autoritarios durante la presidencia de Xiomara Castro
La mandataria hondureña impulsó un cambio en las relaciones internacionales como parte de su política exterior. Las afinidades ideológicas con otros países proclamados de izquierda y perfil autoritario (Cuba, Rusia, China y Venezuela) marcan el resultado de su gestión en el ámbito foráneo.
No obstante, a pesar de su discurso «socialista democrático», en Honduras persiste la represión hacia colectivos obreros y populares que movilizados en las calles protestan contra los efectos de la pobreza, el hambre, la corrupción y la miseria; mientras algunos funcionarios estatales cobran hasta 30 veces el sueldo mínimo. Ante esa realidad, la defensa de una narrativa política de «izquierda» o «revolucionaria» deja de tener mucho sentido.
El restablecimiento de acuerdos de colaboración con Cuba para la contratación de las «brigadas médicas», muestra la voluntad de acercamiento entre ambos Gobiernos, a pesar de que dichas contrataciones han sido declaradas por organismos internacionales, entre los que resaltan la OPS y Naciones Unidas, como mecanismos de explotación laboral y neo-esclavitud moderna.
La colaboración en el área educativa entre ambas naciones quedó ratificada tras la firma en Tegucigalpa el 21 de octubre de 2022 de un convenio entre la Secretaría de Educación hondureña y el Ministerio de Educación de Cuba. Una de las metas es «reducir el analfabetismo hasta menos de un 4 %», que en el país centroamericano resulta especialmente significativo en los entornos rurales con un 18.9 % y en el área urbana alcanza el 6.8 % de su población.
El periódico hondureño El Heraldo sostiene que tras haber accedido al convenio, el importe destinado a cada profesional es de 10 000 lempiras mensuales, para un total de 14.7 millones anuales (medio millón de dólares). La publicación señala, al igual que otros expertos en pedagogía, que detrás del acuerdo predominan intereses políticos de expandir una doctrina ideológica afín a las ideas de la Administración en el poder.
En el caso de Venezuela, que enfrenta un escenario de crisis poselectoral, Xiomara Castro respaldó la autoproclamada victoria de Nicolás Maduro; a pesar de las advertencias sobre falta de garantías, poca credibilidad de las instituciones y violaciones sistemáticas de los derechos humanos denunciadas por organismos internacionales y Naciones Unidas (ONU). Al mismo tiempo, se consolida la concesión de licitaciones, permisos de construcción y explotación de los recursos naturales a empresas chinas bajo condiciones de escasa transparencia pública.
Las denuncias de corrupción y clientelismo, los vínculos con regímenes antidemocráticos mientras que a lo interno se consolida como práctica de Gobierno la represión militarista contra sectores obreros y populares muestran las contradicciones que sumergen el Gobierno de Xiomara Castro.
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