¿La comida regresará a tu mesa? Qué cambia con la nueva norma de agroecología en Cuba
Foto: elTOQUE
Alcanzar la «soberanía alimentaria» es uno de los mantras repetidos desde hace décadas por la burocracia cubana, con pobres resultados. Año tras año, las familias ven cómo la mesa cada vez está más despoblada y el precio de los alimentos se dispara, en un contexto marcado por la baja productividad agropecuaria y la escasa inversión estatal en áreas económicas esenciales.
El más reciente intento del oficialismo por cambiar las cosas en el campo cubano es la nueva normativa relacionada con la agroecología. El 29 de septiembre de 2025, la Gaceta Oficial 79 publicó el Decreto 128, aprobado por el Consejo de Ministros, y la Resolución 228 del Ministerio de la Agricultura (Minag) que establecen el marco jurídico para el desarrollo de la agroecología como política nacional.
La norma jurídica, que entrará en vigor 90 días después de publicada en la Gaceta Oficial, define qué es una finca agroecológica, cómo se evalúa y qué derechos tiene quien alcanza esa categoría.
El Decreto 128 define la agroecología como «ciencia integral y transdisciplinaria» que busca sistemas alimentarios locales, sostenibles y soberanos, con enfoque ecológico, económico, energético y sociocultural. La norma implementa un esquema nacional de evaluación y certificación que clasificará las fincas según su nivel de cumplimiento agroecológico.
La clasificación debe abrir el acceso a beneficios económicos y habilitar las fincas para recibir turismo o comercializar sus productos con sello agroecológico.
De esta manera, el Gobierno cubano intenta ordenar —y también estimular— un modelo agrícola que, más allá del discurso ambiental, se presenta como respuesta a la prolongada crisis alimentaria y de insumos que enfrenta el país.
El decreto establece un Sistema Participativo de Garantía Agroecológica, administrado por el Minag junto a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Se basa en evaluaciones técnicas de campo y revisión documental que determinan cuánto cumple cada finca o cooperativa con los principios agroecológicos.
El proceso estará a cargo de evaluadores formados por las delegaciones municipales del Ministerio de la Agricultura, que trabajarán junto a universidades, centros científicos y cooperativas. Se clasificará los escenarios productivos en tres niveles:
- Inicio de transición agroecológica (40–60 % de cumplimiento): inicio del cambio desde la agricultura convencional.
- Transición agroecológica (61–80 %): productos certificados para la venta local.
- Agroecológico (más del 80 %): fincas plenamente sostenibles que pueden exportar, desarrollar turismo agroecológico y acceder a beneficios financieros.
De acuerdo con la normativa, los inspectores y evaluadores asignados por las delegaciones municipales del Minag aplican una matriz de componentes que mide desde el manejo del suelo, la biodiversidad, el uso del agua y la energía, hasta la equidad de género, la gestión de residuos y la resiliencia ante el cambio climático. Cada aspecto se puntúa en una escala del cero al cuatro, y la puntuación final define el nivel de transición agroecológica.
¿Qué beneficios traerá la certificación agroecológica?
Obtener el sello agroecológico no solo tiene valor simbólico, afirman las autoridades. En teoría, las fincas certificadas podrán transportar y comercializar directamente sus producciones, incluso a través de ferias agroecológicas; y acceder a bonificaciones tributarias, créditos preferenciales y seguros agropecuarios.
Además, pueden vender sus productos con sello oficial, diferenciados en los mercados locales. Aunque una de las cuestiones no esclarecidas es si también podrán vender a precios distintos que los productores que no están certificados como agroecológicos.
Puede presumirse que, al tener la posibilidad de comercializar fuera del sistema estatal de Acopio, también estarían habilitadas para ofrecer sus productos a precios diferenciados, aunque dentro de los límites establecidos por las autoridades locales que tienen la facultad de determinar individualmente los precios de los productos agrícolas.
También podrán participar en proyectos de turismo agroecológico, que integran producción, cultura rural y servicios a visitantes.
La certificación, con vigencia anual, abre la posibilidad de exportar productos cuando se alcanza el nivel superior de cumplimiento (más del 80 % de los requisitos agroecológicos).
Según la norma, «corresponde al Ministerio de Finanzas y Precios y al Banco Central de Cuba establecer los mecanismos económicos y financieros que incentiven la agroecología mediante prácticas adaptadas a la localidad».
Además, se anunció la creación del Fondo Nacional de Fomento a la Agroecología. Este será administrado por el ministro de la Agricultura y se nutrirá de recursos estatales, donaciones, subvenciones y aportes nacionales e internacionales.
De acuerdo con la legislación, el fondo financiará proyectos agroecológicos, actividades de capacitación, innovación tecnológica, promoción de la cultura agroecológica y mecanismos económicos (créditos preferenciales y bonificaciones tributarias para productores certificados).
Más allá del papel, el campo espera
El impacto del Decreto 128/2025 no dependerá solo del texto legal, sino de su aplicación concreta en un campo que sigue marcado por la falta de recursos básicos, combustible e infraestructura.
Elizabeth Peña Turruellas, directora nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, dijo en su presentación que el reglamento tomó en cuenta «el esfuerzo, experiencias y conocimientos acumulados durante casi tres décadas, en los que el país ha sido (…) un referente internacional».
La norma colocó a Cuba entre los países que definen legalmente la agroecología como política pública. Sin embargo, con su implementación se verá si responde a las expectativas de quienes apuestan por la agroecología desde hace años; o si representa otro gesto del Gobierno cubano para buscar impacto en Naciones Unidas, pero sin repercusión real en la mayoría de las familias de la isla.
«En Cuba hay condiciones para una agricultura sostenible sobre bases agroecológicas (…). El asunto está en mantener una política y actuación sistemática al respecto», advirtió en 2021 el profesor e investigador Luis L. Vázquez, asociado del Programa de Agroecología de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas, Forestales y Tabacaleros (Actaf), en declaraciones a la agencia IPS.
Roberto Caballero Grande, gestor de proyectos de la Actaf, admitió, tras la aprobación del Decreto 128, que «para que se puedan implementar estos principios en la práctica, la agricultura debe cambiar su estructura de funcionamiento».
Aunque algunos ven un aire propicio para los cultivos a pequeña escala con la aprobación, tras varios años de espera, del reglamento para potenciar la agroecología, expertos como el Dr. en Ciencias Económicas Pedro Monreal cuestionan «la presumible función “salvadora” de la agroecología» en Cuba, un país sumido en una crisis estructural.
En mayo de 2025, a propósito de celebrarse el congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, Monreal afirmó en X que «inflar discursivamente» la eventual función de la agroecología «no resuelve las causas esenciales de la crisis del agro cubano».
El camino parece cuesta arriba y sin resultados concretos para la mayoría de los cubanos a mediano plazo. Según la profesora universitaria y productora, Leidy Casimiro, «con 100 000 fincas [dedicadas a la agroecología] en Cuba podemos abastecer a más de la mitad de la población».
En 2023, apenas un millar de fincas —de un total de 300 000 en el país— tenían «una verdadera práctica agroecológica», de acuerdo con lo expuesto por el especialista Giraldo Jesús Martín Martín en un evento de la Academia de Ciencias de Cuba.
El economista Pedro Monreal —quien también fue Especialista de Programa del sector de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco (2008-2023)— sostiene que «el relato oficial que exalta la agroecología más allá de sus posibilidades reales debería explicar qué entiende por su función “salvadora”. Sería aceptable si se refiere a evitar un desfondamiento total [de la producción agropecuaria], pero es incorrecto verla como factor clave de una recuperación robusta».
Las autoridades han promovido el reciente decreto como un paso para alcanzar el horizonte —todavía muy distante— de la soberanía alimentaria y reducir la dependencia de insumos importados, una de las causas estructurales del desabastecimiento en Cuba.
La institucionalización de la agroecología puede favorecer una red de producción local más autónoma, pero su efectividad dependerá del nivel real de descentralización, de la accesibilidad a créditos y fondos, y de que la certificación no se convierta en un trámite burocrático más.
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