Si se quería una postura oficial del gobierno cubano con respecto a la apología de la discriminación hecha pública por la viceministra de Educación Superior, Martha Mesa Valenciano, finalmente se obtuvo este lunes 16 de septiembre de 2019, en la voz de su jefe inmediato superior: el ministro José Ramón Saborido Loidi.

Para el funcionario, la universidad cubana tiene la misión de formar “ante todo, profesionales revolucionarios y comprometidos”.

Durante su intervención en la televisión nacional, Saborido Loidi expresó:

“(…) en los últimos días en las redes, un grupo de mercenarios que, de una manera u otra formaron parte o se sintieron parte de ese claustro y que el mismo claustro realmente rechazó, atacaron de manera deliberada [a Mesa Valenciano] — a raíz de una exprofesora del ISDi que por su propia vía realmente y por su actividad, sin lugar a dudas, marcadamente enemiga, se fue alejando de ese colectivo”, dijo el ministro.

Aunque esgrimió que las universidades cubanas son instituciones de carácter público porque la educación es un bien al acceso de todos, aclaró que la misión de los docentes de la Enseñanza Superior es “formar jóvenes profesionales altamente preparados pero, a la vez, comprometidos con la causa que defiende la revolución y el pueblo de Cuba; capaces de enfrentar cualquier tarea que sea asignada por nuestro Partido, por nuestro gobierno”.

Para justificar sus argumentos, Saborido hizo alusión al artículo 5 de la Constitución — refrendada en febrero de este año — en el cual se declara al Partido Comunista de Cuba como la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado cubano.

“Los colectivos, cuadros, trabajadores, profesores, estudiantes vanguardias y destacados están dispuestos a defender estas ideas al precio que sea necesario”, concluyó.

Esta toma de postura oficial es un espaldarazo claro a la frase “el que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario”; escrita por Mesa Valenciano y publicada por el sitio web del MES.

Esa posición ha sido criticada por profesores y estudiantes universitarios, intelectuales, artistas y ciudadanos en general. El movimiento de denuncia a la discriminación política impulsó la redacción de una carta abierta, dirigida al gobierno de la República, y una petición pública en la plataforma Change.org que ha reunido más de 3000 firmas de cubanos en el archipiélago y fuera del país.

Profesores dirigen carta abierta al gobierno cubano

En la misiva los 14 firmantes —intelectuales y académicos— manifestan su “(…) rechazo a que el derecho universal a la educación, al trabajo y la protección contra toda forma de discriminación consagradas en la Constitución cubana, se continúen violando en las universidades del país con cada persona expulsada de las mismas por razones políticas”.

Los promotores de esta iniciativa, y quienes la apoyaron, fueron calificados por Saborido Loidi como “un grupito de mercenarios, de llamados “cubanólogos”, ninguno radicado en Cuba; algunos ingenuos conscientes que no son tan ingenuos; y algunos ingenuos inconscientes que, incluso, requieren que trabajemos más con ellos”.

Entre los firmantes, al menos cuatro residen y trabajan de manera permanente en Cuba. A saber: Julio Antonio Fernández Estrada, Alina Bárbara López Hernández, René Fidel González García y Omara Ruiz Urquiola.

Al movimiento generado por la carta abierta, el ex-rector de las universidades de Cienfuegos y la Central Marta Abreu de las Villas lo denominó como una “agresión” que “trata por todos los medios de separar en este país al Partido de la Revolución, al Partido del pueblo, al Partido de las universidades”.

En su intervención, el titular  también hizo referencia al caso de la profesora Omara Ruiz Urquiola —quien denunció irregularidades en el proceso de cierre de su contrato en el Instituto Superior de Diseño (ISDi)— y tras el cual la viceministra Mesa Valenciano hizo pública su posición.

Al respecto Saborido Loidi aseguró: “(la actividad de Omara Ruiz Urquiola) trajo como consecuencia incluso que por su irresponsabilidad en la presentación final de sus responsabilidades de trabajo fuera separada del centro”; confirmando de esta manera lo que la operación en el ISDi había buscado todo el tiempo: despedir a Omara; aunque lo hayan disfrazado con un cambio de contrato de plaza fija a contrato por tiempo parcial.

El problema es más profundo

Las reacciones por la postura de Marta Mesa Valenciano no se limitan a una crítica a la actuación contra Ruiz Urquiola, sino que han permitido visibilizar la práctica reiterada de discriminar por motivos políticos a estudiantes y profesores cubanos, negándoles el acceso al derecho a la educación y al trabajo.

Uno de los casos más escandalosos y que involucra a la propia Mesa Valenciano, en su época como rectora de la Universidad de Oriente, es la separación del Doctor en Ciencias Jurídicas, René Fidel González García, de su condición de profesor en la casa de altos estudios de Santiago de Cuba.

En 2016, González García fue despedido y durante estos tres años ha tratado de impulsar una batalla legal presentando varios recursos de Queja y Petición y denuncias a la Fiscalía General, ante todas las cuales la respuesta invariable ha sido el silencio y el incumplimiento de los plazos.

El doctor compartió en el blog de Silvio Rodríguez su testimonio: “Durante casi 17 años ejercí como profesor de Historia del Derecho hasta que, por solicitud de esa misma funcionaria, el actual Ministro dictó Resolución que me privó ilegal e ilegítimamente de mi condición de profesor. Como jurista intenté que la Fiscalía atendiera el caso. Después de los primeros pasos, ellos callaron hasta hoy. Calló la Fiscalía General. Luego la Fiscal General y por último el Presidente de la República. Todo eso violando las leyes que organizan y rigen el trabajo de las instituciones y la letra de ya dos Constituciones”.

Justo el día en que el ministro Saborido apoyaba a su viceministra, una veintena de profesionales del Derecho, la Comunicación y la Docencia, egresados de las universidades de Oriente y Holguín, hicieron pública su adhesión a otra carta que también denuncia ese acto de discriminación.

Firmada originalmente por Álvaro Francisco Pixá e Ismael Tamayo, expresidentes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) en sus facultades de la UO (Derecho y Filosofía, respectivamente) la misiva denuncia a la entonces rectora Mesa Valenciano por haber conducido un proceso contra René Fidel a “espaldas de sus estudiantes, de su núcleo del partido, de su sindicato (…)”.

En el documento, al que se acaban de sumar los graduados, los autores dan detalles de las presiones y manipulaciones que aseguran haber conocido en la práctica por parte de la hoy también miembro del Consejo de Estado, para lograr su propósito de separar a René Fidel.

Listado de firmantes en apoyo a René Fidel González García.

Los firmantes manifiestan que coincidieron en los cursos comprendidos entre 2011 y 2016 con las labores administrativas y educativas de la mencionada dirigente y, por tanto, conocen “en alguna medida sus métodos de trabajo y actitud ante cuestiones pretendidamente ‘ideológicas’”.

“Queremos que René Fidel vuelva a nuestra Universidad, a nuestra Facultad de Derecho, que formalmente se le devuelva su condición de profesor que no ha hecho más que honrar (…) Esto es para nosotros, lo único revolucionario y decente. Es la Cuba que queremos”, concluyen.

La “línea dura” del MES y una sociedad que no se calla

A pesar de las críticas, desde el Ministerio de Educación Superior han continuado incólumes en su práctica de condicionar todos los procesos formativos a muestras de disciplina ideológica al Partido Comunista. En un reciente paquete de normas jurídicas sobre la educación postgraduada en Cuba, insisten en que para acceder a maestrías y doctorados, los recién graduados no sólo deben demostrar el cumplimiento de requisitos profesionales sino también “demostradas cualidades político-ideológicas“.

Esta política y su presentación sin ambages por los funcionarios ha generado las más diversas reacciones. Una de ellas, muy reciente, fue la del cantautor Silvio Rodríguez, quien tras ver la intervención de Saborido Loidi en la Mesa Redonda, expresó: “Muy triste que un ministro nada menos que de educación le diga mercenario a quien no piensa como él. Menos mal que conocí a Armando Hart”.

En las semanas precedentes, y como reacción a varios artículos y la petición de firmas en Change.org, se han podido conocer muchos otros testimonios de estudiantes y profesores de las universidades cubanas, que han expuesto, a manera casi que de un movimiento de denuncia como el MeToo, sus propias historias de discriminación por pensar o actuar diferente a como los burócratas esperan.

Jorge González Arocha, premio de Ensayo de la revista Temas y quien fuera profesor de la Universidad de La Habana, compartió su historial de “regaños” mientras impartió clases en las aulas de la institución habanera.

“La primera vez que me ‘llamaron la atención’ fue por una intervención pública a teatro lleno. En el susodicho evento se me ocurrió decir que en Cuba no había la suficiente libertad de expresión como para pensar la nación”, relató.

Otras reprimendas llegarían por “no ser lo suficientemente revolucionario” en sus clases o publicar en la revista Espacio Laical un ensayo inspirado en nuestra tradición intelectual decimonónica, realzando el concepto de libertad de Caballero a Martí y, al mismo tiempo, tomando como enemigo a la superficialidad y la burocracia estatal.

La última “llamada de atención” fue por no pedir autorización para “hablar con norteamericanos”, a quienes recibía como parte del programa People to people.

“Tras varias negociaciones con el rector Gustavo Cobreiro me concedieron una tregua; de esa salí con una amonestación pública pero no podía seguir viajando al extranjero, ni tener contacto con norteamericanos”, cuenta. “Esta última vez calculé y recalculé mejor las cosas. Esperé a terminar mi doctorado y les pedí la baja”.

Ciro Javier Díaz Panedo, investigador en Ciencias Matemáticas e integrante de la banda de rock Porno para Ricardo recordó como “(…) en julio de 2004, cuatro de mis compañeros de graduación y yo, fuimos vetados para ejercer como profesores en la educación superior. Nos informaron que no teníamos aval político, impidiéndonos dar clases en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana, donde ya había impartido docencia como alumno ayudante”.

Fue así que quedaron otros profesores con menor promedio académico, pero “políticamente correctos” y ninguno de sus compañeros pudo encontrar trabajo como docente en el ISDi, la CUJAE o la UCI, agrega Díaz Panedo.

“Al principio nos aceptaban debido a nuestra calificación y la escasez de docentes, pero días después nos rechazaban misteriosamente. Al final todos acabamos emigrando y ahora ejercemos en otros países”.

También se ha recordado el caso de Karla María Pérez González, quien en abril de 2017, mientras cursaba el primer año de la carrera de periodismo en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV), fue expulsada por “actitudes manifiestas y conscientes de la inculpada, contrarias al ideario de la juventud cubana y el proyecto social que defiende”, según constaba en el acta.

“El estudiantado universitario no aceptará jamás la contrarrevolución dentro de nuestras universidades”, señalaba la declaración de la brigada de la FEU, publicada en la página web de la UCLV a propósito del caso.

“Firmo para que a nadie más lo expulsen de las universidades cubanas por decir lo que piensa”, expresó Karla María al firmar la carta de rechazo a las declaraciones de la viceministra primera del MES.

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