La educación de posgrado en Cuba tiene nuevas reglas. Cinco normas jurídicas –publicadas en la Gaceta Oficial– llegan para implementar la “Política para el estudio de los trabajadores utilizando el tiempo laboral por interés estatal. Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Grados Científicos y la formación académica de posgrado”, aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2018.

Entre las novedades más interesantes aparece la posibilidad de que los trabajadores del sector no estatal y las personas sin vínculo laboral puedan tener acceso a las maestrías, especialidades de posgrado y doctorados, en igualdad de condiciones que los empleados estatales.

Un acuerdo del Consejo de Ministros señala que ese acceso ocurrirá “(…) de acuerdo con las prioridades que se establezcan por el país y las capacidades disponibles en las instituciones del Ministerio de Educación Superior.”

Las medidas incluyen también “la reducción en horas para obtener el crédito académico y la posibilidad de que los comités académicos de los programas de posgrado determinen qué nivel de presencialidad tendrán en el programa que están ejecutando”, según reseñan medios estatales de lo dicho por la doctora Amarilis Torres Ramírez, directora de Educación de Posgrado, del Ministerio de Educación Superior (MES)

El “paquete legal” respalda, de igual manera, la educación a distancia, a partir del avance del proceso de informatización de la sociedad, de manera que se adelanta y crea las condiciones jurídicas para existan las condiciones tecnológicas que este modelo de enseñanza requiere.

Los funcionarios del MES insisten en que estas medidas no solo son necesarias, sino que preservan y descentralizan procesos; además, de “atemperar” la superación profesional a los estándares internacionales y poner las regulaciones del organismo bajo el manto de la nueva Constitución, la cual en el artículo 73 señala que “La educación es un derecho de todas las personas y responsabilidad del Estado”.

No obstante, lo positivo de las regulaciones palidece cuando entre las disposiciones se desliza un requisito que relaciona el desarrollo profesional con la disciplina ideológica al modelo socialista cubano.

En el sexto punto del Acuerdo del Consejo de Ministros incluido en la Gaceta, se lee:

“Los rectores de las universidades y directores de las entidades de ciencia, tecnología e innovación, priorizan y autorizan el acceso a las maestrías y doctorados a los recién graduados incorporados a la actividad docente, científica, la innovación y la creación artística y a otros que por especial interés estatal así lo requieran y para ello tienen en cuenta, además de la necesidad de su superación, los requisitos siguientes:

1. a) Que hayan concluido el primer año de su preparación para el empleo;
2. b) haber obtenido resultados satisfactorios en su trabajo; y
3. c) demostradas cualidades político-ideológicas.”

“Hasta ahora se entendía que los recién graduados no debían empezar a hacer una maestría ni un doctorado, esperando que pasara tiempo en su actividad laboral”, explicó en la conferencia de prensa la asesora del ministro del ramo, la doctora Aurora Fernández González. “Ahora –se dice en el acuerdo– los jefes, los rectores y los jefes de los organismos están facultados para determinar qué joven recién graduado, cuando concluya su primer año de preparación para el empleo, con resultados satisfactorios y tenga cualidades demostradas político-ideológicas, puede comenzar una maestría o un doctorado (…)”.

Este ordenamiento, que condiciona el derecho a la superación del aspirante a su disciplina ideológica, llega justo en medio de un sostenido debate sobre la discriminación por posiciones políticas dentro de las universidades del archipiélago.

A raíz del caso de la profesora del Instituto Superior de Diseño, ISDi, Omara Ruiz Urquiola, un texto de la viceministra primera de Educación Superior, Martha Mesa Valenciano, ha generado múltiples reacciones ante la abierta apología de la discriminación que, en sus párrafos, realiza la funcionaria.

En el fragmento más peligroso, dice Mesa Valenciano: “El que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario.”; unas palabras que han sido alabadas por varias universidades del país y respaldadas públicamente por la rectora de la Universidad de Oriente; en lo que se adivina como un nuevo paso de “reafirmación revolucionaria” dentro de las instituciones públicas de enseñanza.

En respuesta al discurso de la también miembro del Consejo de Estado, un grupo de 14 profesores y estudiantes relacionados con la educación superior cubana, publicaron una carta abierta pidiendo al gobierno un distanciamiento claro de la propuesta de la viceministra; un pronunciamiento que, tras casi un mes de polémica, no se ha realizado aún.

La propuesta de los profesionales de la educación superior ha sido endosada con las firmas de más de 2500 personas, quienes se han registrado en la petición lanzada desde la plataforma digital change.org.

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