Más de 5 900 reclamaciones certificadas, propiedades que ya no existen tal como eran, generaciones nacidas sobre tierras que otros reclaman, y una deuda que con intereses supera hoy los 9 000 millones de dólares según estimaciones de Bloomberg. Ese es el tamaño del problema. ¿Cómo se resuelve algo así?
La respuesta corta es que no existe una fórmula mágica. Pero sí existe bibliografía disponible de propuestas concretas, construida sobre los precedentes de Vietnam, Alemania, Bulgaria, Nicaragua y la Unión Soviética. El economista Richard Feinberg, investigador senior de Brookings Institution, sistematizó en 2015 la más completa de estas propuestas.
Tras el triunfo de la Revolución cubana, el Gobierno nacionalizó propiedades de ciudadanos y empresas estadounidenses entre 1959 y 1961. El Congreso de Estados Unidos autorizó en 1964 a la Comisión de Reclamaciones contra el Exterior (FCSC, por sus siglas en inglés) para certificar esas pérdidas. Siete años después, la Comisión había revisado más de 8 800 solicitudes y certificó casi 6 000 como legítimas, con un valor total de 1 900 millones de dólares. Puedes verlas todas aquí.
Las diez reclamaciones más grandes suman casi 960 millones de dólares —la mitad del total—. Entre ellas están la Cuban Electric Company (hoy parte de OfficeMax), cinco compañías azucareras y firmas tan conocidas como ITT, Exxon y Starwood Hotels. El resto del listado incluye a Texaco, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Woolworth, IBM, General Electric, GM, Sears, Goodyear, Procter & Gamble y Citibank.
Con el interés simple al 6 % anual que la FCSC acostumbra adjudicar desde la fecha de cada pérdida, la deuda total superaría hoy los 9 000 millones de dólares. A la tasa de letras del Tesoro estadounidense —un punto de referencia alternativo—, el interés acumulado desde 1960 llegaría igualmente a unos 5 100 millones. Cuba no puede pagar eso en ningún horizonte realista, y los precedentes históricos están de su lado: en la mayoría de los acuerdos de pago global que EE. UU. ha firmado con otros países, los intereses se pagaron parcialmente o no se pagaron en absoluto.
Lo crucial, apunta Feinberg, es que el 85 % de las reclamaciones —más de 5 000— son de ciudadanos individuales y suman apenas 229 millones de dólares en conjunto. Es decir: la mayoría de los afectados en número son personas naturales que perdieron propiedades relativamente pequeñas. El grueso del dinero en juego corresponde a corporaciones.
Experiencias de otros países ofrecen referencias útiles. En Europa del Este, tras la caída del bloque socialista, los procesos de compensación combinaron pagos parciales, bonos y programas de privatización de propiedades estatales que se dieron en pago o retribución por propiedades confiscadas.
El acuerdo Roosevelt-Litvinov de 1933 normalizó las relaciones entre EE. UU. y la URSS, incluido un entendimiento sobre reclamaciones; la normalización con Vietnam en 1995 fue posible después de que Hanoi renunciara a sus demandas de reparaciones de guerra y utilizara sus activos congelados en EE. UU. para pagar el 100 % del principal y el 80 % de los intereses a los reclamantes estadounidenses que perdieron propiedades en el país asiático.
El pago global: cómo funciona y cuánto puede pagar Cuba
El mecanismo que La Habana puso sobre la mesa esta semana, en declaraciones del viceministro de Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, es exactamente el que la FCSC diseñó desde el principio para este caso: un acuerdo de pago global. Los dos Gobiernos negocian un monto total; Cuba lo transfiere al Tesoro de EE. UU., que luego lo distribuye entre los reclamantes de forma proporcional.
De acuerdo con Fernández de Cossío, Cuba ya lo hizo con otros países. Firmó acuerdos de este tipo con Canadá (1980), Reino Unido (1978), Francia (1967), España (1967) y Suiza (1967). ¿Puede Cuba pagar ahora, en medio del inminente colapso del sistema en todas sus dimensiones?
El economista Richard Feinberg calculó el escenario base en 2015: si Cuba pagara el monto principal íntegro sin intereses en diez años, eso equivaldría a 190 millones de dólares anuales, alrededor del 3.4 % de sus exportaciones de mercancías y el 0.2 % del PIB para esa época. Con el eventual crecimiento económico proyectado tras un acuerdo con Estados Unidos, esa carga bajaría progresivamente. «No es correcto afirmar que Cuba es demasiado pobre para manejar estos pagos si se distribuyen en un plazo razonable y se excluyen los intereses», concluyó Feinberg.
Las reclamaciones individuales suman 229 millones de dólares en total. Si se establece un tope de 1 millón de dólares por reclamante —lo que afectaría solo a 39 de los 5 014 casos—, el costo total baja a 171 millones. Distribuido en diez años, eso es menos de 18 millones anuales. Con un solo acuerdo de esta categoría, más del 85 % de todos los casos quedarían cerrados definitivamente.
Las 899 corporaciones que concentran el 88 % del valor en disputa son otra cosa. Feinberg propone darles a elegir entre dos caminos: sumarse al pago global —con el descuento proporcional que resulte de la negociación— o «salir» del acuerdo y negociar directamente con Cuba mediante instrumentos alternativos. Esta solución, sin embargo, tiene una dificultad: los graves problemas de credibilidad del régimen cubano con sus acreedores posteriores a las nacionalizaciones de 1959 a 1961 hacen sumamente difícil confiar en que respetaría acuerdos de pago individuales.
Las fuentes posibles para un fondo de compensación
Según Feinberg, el Gobierno cubano podría realizar pagos graduales financiados con ingresos de exportaciones. Con el embargo levantado, se esperaría un crecimiento económico que haría esos pagos más manejables que en el escenario actual.
Impuestos modestos a los turistas que arriben. Un impuesto de 50 USD por cada visitante podría generar entre 50 y 100 millones de dólares anuales. La lógica detrás de esa medida sería que los turistas se benefician de una normalización facilitada por el acuerdo de compensación.
Entre otras opciones, Feinberg sugiere que la reinserción de Cuba en organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, podría facilitar el acceso a créditos que le ayudarían a financiar el acuerdo. El problema, otra vez, sería el mismo: un régimen no transformado en su modelo político no es un pagador creíble.
Alex G