El 16 de mayo de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba anunció un paquete de medidas para ciudadanos cubanos residentes en el exterior que entrarán en vigor el primero de julio de 2023. 

De acuerdo con Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior del Minrex, las disposiciones buscan facilitar los viajes de cubanos al extranjero, su retorno a Cuba e incrementar su participación en la vida política, económica y social del archipiélago. Sin embargo, ¿las medidas significan un cambio real que permitirá a la emigración cubana ejercer sus derechos? 

¿Cuáles son las medidas?

1. Extender la validez del pasaporte corriente de seis a diez años para los ciudadanos cubanos con 16 o más años de edad, y fijarla en cinco años para los menores; eliminar el requisito de prorrogar los pasaportes cada dos años y disminuir el costo de los trámites asociados a los pasaportes en los consulados (se fijó un arancel único de 180 USD/EUR para mayores de 16 años y de 140 USD/EUR para menores de edad). Los documentos que se realicen en Cuba mantienen la tarifa actual de 2 500 CUP. 
2. Equiparar el tiempo de estancia permitida en Cuba de los cubanos residentes en el exterior y sus familiares extranjeros (cónyuges e hijos). Podrán permanecer en el país hasta un año. 
3. Establecer para las personas que emigraron antes del primero de enero de 1971 el requisito de presentar su pasaporte cubano para ingresar a Cuba; conforme con lo establecido en la Constitución de la República, aprobada en 2019.

Se mantiene la medida emitida en marzo de 2020, debido a la limitación de movilidad que impuso la pandemia de la COVID-19, de que los cubanos puedan extender su estancia en el exterior, más allá de los 24 meses estipulados, sin perder su residencia. 

La mayoría de los usuarios en redes sociales celebran el paquete de medidas, que de cierta forma responde a viejas demandas de cubanos que residen en el exterior. A pesar de ello, algunas personas advierten que la decisión gubernamental responde más a la urgencia de aumentar el flujo de visitantes y dinero que a la declarada intención de mejorar la relación con los emigrados.

Residencia permanente más allá de los 24 meses, ¿qué representa?

Desde 2013, tras la actualización de la política migratoria, los cubanos pierden la residencia si permanecen fuera de la isla durante más de dos años de manera ininterrumpida. Al sostener la prórroga otorgada bajo la excepcionalidad de la pandemia, las autoridades abren la posibilidad de que los emigrados mantengan (no se sabe por cuánto tiempo más) los derechos que solo tienen los residentes.

Por ejemplo, la residencia es el criterio que se utiliza para garantizar el derecho a la propiedad, ya sea de viviendas, locales o vehículos. Cuando una persona se declara emigrada, la ley establece la confiscación de los bienes que deben pasar a los familiares. La residencia también posibilita el acceso de forma gratuita a la salud y a la educación. 

Residencia “efectiva”: nuevo concepto para delimitar derechos electorales

La “residencia efectiva”, o presencia física del ciudadano en el territorio nacional, como requisito para ser considerado elector, cierra definitivamente la puerta al establecimiento de un posible voto en ausencia o voto desde el exterior para la comunidad cubana que sienta y quiera manifestar su vínculo político con la Isla.

La limitación de los derechos políticos de los emigrados, sin embargo, es aún más aguda. La Ley Electoral (aprobada el 19 de agosto de 2019) incorporó el criterio de residencia efectiva como requisito para el ejercicio del sufragio tanto activo como pasivo (el derecho a elegir y ser elegido). 

Los criterios para determinar la residencia efectiva son la presencia física del ciudadano en el territorio nacional y «los actos que evidencien su voluntad de permanecer en el territorio nacional como su domicilio permanente», según la norma. En la práctica, determinar qué persona cuenta o no con residencia efectiva en el país tiene un amplio margen de discrecionalidad, sobre todo si se considera el número de personas eliminadas del padrón electoral en las últimas votaciones. 

Es decir, para participar en los ejercicios de ratificación que el Gobierno llama elecciones no basta con conservar la residencia legal en el país, algo que no cambió en las nuevas disposiciones del Minrex. 

Por otro lado, el Gobierno de La Habana ha violado de manera sistemática el derecho de ingresar al territorio nacional de emigrados cubanos que participan en la vida pública desde el activismo político o que expresan opiniones contrarias a los intereses del poder. Omara Ruiz Urquiola, Anamely Ramos, Carlos Manuel Álvarez y Glenda Corella son solo cuatro ejemplos de la lista de cubanos a los que se les impide regresar a su país. 

Entonces, ¿cómo se incentiva la participación de los emigrados en la vida política cubana?

Leyes postergadas 

Varias de las medidas del Minrex podían haberse incorporado en legislaciones pendientes de aprobación, como la ley de pasaporte. ¿Por qué continúan promulgándose medidas desde el plano administrativo sin que se regulen jurídicamente? 

La reforma migratoria más grande de la última década fue dispuesta mediante el Decreto Ley 302 en 2012, el cual estableció el límite de 24 meses para considerar una persona emigrada y eliminó el permiso de salida conocido como Carta Blanca.

Otra regulación de la política migratoria se estableció en 2017 a través del Decreto Ley 352, el cual estableció algunas facilidades como la eliminación de la «habilitación» del pasaporte (permiso de entrada para los cubanos emigrados), y restituyó el permiso de entrada de quienes salieron de manera irregular del país (excepto aquellos que lo hicieron a través de la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo).

Sin embargo, en los últimos cinco años los cambios en política migratoria cubana se han presentado como disposiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin siquiera ser codificados en el ordenamiento jurídico público en forma de resolución o decreto. 

Para el jurista Eloy Viera Cañive, la tendencia trae dos problemas fundamentales. Primero, las decisiones administrativas son más fáciles de modificar y revocar; segundo, la ausencia de regulación legal genera un clima de inseguridad jurídica que impide a las personas apelar a la ley como mecanismo para defender los derechos que, en teoría, el Gobierno les reconoce. 

«Por ejemplo, ninguna de las personas reguladas a las que se les ha impedido salir o entrar de Cuba por motivos políticos ha recibido documento legal alguno que acredite el origen o la fundamentación de la decisión que cancela su derecho. De igual forma podría pasar si a alguien, a pesar de la suspensión anunciada por el Minrex, le cancelan la residencia por no haber entrado a la isla durante los últimos 24 meses», ejemplifica Viera Cañive. 

Lo que no dijo Soberón sobre la ley de ciudadanía

Las aseveraciones de Ernesto Soberón deben analizarse como parte de un discurso oficial que no implica compromisos reales en materia de ciudadanía.

Para el abogado, las medidas del Minrex constituyen más un movimiento político que jurídico; un gesto que, como en otras ocasiones, busca mostrar la buena voluntad del Gobierno de acercarse a su migración, pero sin ofrecer cambios reales. 

Sin embargo, advierte: «La mejor forma de expresar el compromiso del Gobierno cubano con su emigración estaría en la promulgación de una ley de ciudadanía. Aunque la ley en Cuba no es una garantía, implica un compromiso en blanco y negro que permitiría a los cubanos (si lo hacen de manera correcta) ejercitar derechos reconocidos en la Constitución y que hoy no tienen posibilidad de ejercer». 

Entre los derechos constitucionales de los que no pueden disfrutar los emigrados está el acceso irrestricto de los hijos de nacionales a la ciudadanía cubana, limitado en ocasiones por motivos políticos; o la posibilidad de renunciar a la ciudadanía cubana y entrar al país con el pasaporte del país de acogida. 

La Constitución de 2019 regula que la «ley establece el procedimiento a seguir para la formalización de la pérdida y renuncia de la ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo». Hasta la fecha no se ha emitido la legislación para regular el procedimiento.

En la práctica, los cubanos no pueden renunciar a la ciudadanía, lo cual implica que, como establece el artículo 36 de la carta magna, «cuando se encuentren en el territorio nacional se rigen por esa condición, en los términos establecidos en la ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera».

Lo anterior, de cierta forma, respalda la obligatoriedad del uso del pasaporte cubano para entrar al país. El único grupo eximido de ese requisito eran las personas que habían emigrado antes de 1971, una prerrogativa que fue eliminada con las disposiciones anunciadas en días recientes. A partir del primero de julio de 2023 se equipara la condición de acceder al archipiélago con pasaporte cubano para todos los nacionales. 

La ley de ciudadanía —añade Viera— permitiría eliminar de manera definitiva el término de los 24 meses para el ejercicio de los derechos civiles y políticos y patrimoniales; y, con ello, la diferenciación que existe hoy entre ciudadanos y residentes permanentes.

Precisiones y dudas sobre las medidas 

En el espacio Mesa Redonda de la televisión nacional, autoridades de Inmigración y Extranjería respondieron algunas preguntas sobre la aplicación de las nuevas medidas migratorias. elTOQUE sistematiza algunas de las que considera de mayor interés para la ciudadanía. 

1. ¿La extensión de la validez del pasaporte aplica para los documentos que fueron emitidos? 

La medida solo aplica para los documentos que se emitan luego del primero de julio de 2023. No se aplica de manera retroactiva. Los pasaportes con vigencia de seis años y los que se emitirán próximamente coexistirán hasta el primer semestre de 2029.

2. ¿Se modifica el procedimiento para solicitar el pasaporte de un menor de edad?

No se ha modificado el procedimiento. Se mantienen los requisitos legales para la emisión del pasaporte de un menor de edad (autorizo notarial de ambos padres o cualquier otro documento establecido en la Instrucción 279 del Tribunal Supremo).

La reducción del tiempo de validez de seis a cinco años de los pasaportes, según las autoridades, responde a una mayor variación de la fisionomía en los menores de 16 años, y a lo que establecen al respecto regulaciones internacionales.

No obstante, se mantiene la validez de los pasaportes de seis años para los menores de edad que cuenten con uno. 

3. ¿Cómo será el proceso de los cubanos que emigraron antes de 1971 para obtener el pasaporte ?

Las personas emigradas antes de 1971 dispondrán de un año a partir de la entrada en vigor de las medidas para viajar a Cuba con su pasaporte extranjero y permiso de viaje, como han realizado hasta el momento. Una vez que sean identificados por las autoridades cubanas, podrán solicitar su pasaporte cubano. Se elimina, además, el requisito de contar con un permiso de entrada para ingresar a territorio cubano.

4. ¿La eliminación de las prórrogas aplica para los pasaportes emitidos antes del primero de julio de 2023? 

Sí, la medida aplica para todos los pasaportes en vigor. Según las autoridades, las reclamaciones por los sellos digitales adquiridos deberán dirigirse a la ONAT.