La presidenta del Consejo Electoral Nacional (CEN), Alina Balseiro, dio a conocer el resultado definitivo de las elecciones generales de 2023 en Cuba en conferencia de prensa. Activistas y miembros de la sociedad civil cubana consideraron el resultado una nueva muestra de la capacidad del régimen de torcer la verdad. Un esfuerzo por intentar negar un problema cada vez más evidente: el creciente rechazo de los cubanos al modelo político-económico que diseñó y sostiene el Partido Comunista (PCC). 

La propaganda y los burócratas han vendido el hecho de que 6 167 605 electores —el 75.87 % del padrón electoral convocado— acudieran a las urnas como una «victoria». Tras la publicación de los resultados preliminares, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dijo desde su perfil de Twitter: «Cuba ganó».

Sin embargo, ante la frase se impone una pregunta: ¿de qué Cuba y de cuál victoria presume el presidente?

NO HAY VICTORIA EN EL CINISMO

Las votaciones del pasado 26 de marzo de 2023 estuvieron marcadas por la apatía de los electores y por los ilegítimos manejos de las autoridades electorales, que no solo tocaron las puertas de los vecinos para incitarlos a votar, sino que fueron denunciadas por llevar ―sin justificación legal― boletas a domicilio y por permitir ―imbuidos en el espíritu del voto unido― que un elector votara por varios.

Lo sucedido lleva a muchos a creer que los resultados finales que anunció Balseiro cuatro días después de las «elecciones» son fruto del cinismo que consume al régimen cubano, que habla de victoria cuando en la ciudadanía prima la desesperanza. Que habla de triunfos cuando las imágenes de la prensa oficial mostraban al presidente mientras hacía cola para votar, acompañado de electores «casualmente» uniformados con pulóveres que tenían el eslogan de la campaña. 

Pero no hay victoria en el cinismo y tampoco en construir una posverdad. No hay victoria cuando la gente no participa por voluntad, sino que tiene que ser acarreada.

El 26 de marzo de 2023 ―cuando faltaba una hora para el cierre de los colegios―, el CEN anunció que extendería el horario de votación una hora más, hasta las 7:00 p. m. La decisión, a pesar de justificarse con lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley Electoral, no cumplió con lo regulado en la norma, la cual establece que los horarios de votación solo pueden extenderse por razones de «fuerza mayor».

La nota de prensa del CEN reconoció que para extender el horario habían tenido «en cuenta la alta movilidad de los electores y las posibilidades que ofrece este ejercicio democrático de poder votar fuera del lugar de residencia, además del sostenido incremento de la asistencia a las urnas y las solicitudes desde los territorios».

Ninguna de las justificaciones anteriores son causas de «fuerza mayor». No obstante, dentro de las razones que ofreció el CEN para extender el horario de votación destaca el «sostenido incremento de asistencia a las urnas». Un elemento que no solo fue negado por la evidencia gráfica, las denuncias en redes sociales y los testimonios de observadores independientes, sino también por las estadísticas oficiales. 

«Elecciones generales» en Cuba: ¿Qué pasó este 26 de marzo?

Los tiempos de mayoría abrumadora han pasado a la historia. Estas elecciones han sido las «más irregulares» en Cuba desde 1976.

De acuerdo con los reportes periódicos que emitiera el CEN durante el día, desde el momento en que se anunció la extensión del horario de votación (5:00 p. m.) y hasta las 7:00 p. m. ―hora en que cerraron los colegios― solo votaron en el país 453 479 personas; lo que equivale a un 5 % del padrón electoral. Una cifra que es consistente con la cantidad de personas que votaron entre las cinco y las siete de la noche en las elecciones generales de 2018, en las cuales también se extendió el horario de votación (pero solo en 47 municipios). 

Las estadísticas oficiales demuestran que después de las 2:00 p. m. se produjo un decrecimiento constante del número de votantes en los colegios. Por ende, puede afirmarse que la decisión de extender el horario de votación no respondía a la necesidad real de ofrecer más tiempo a los electores ―como en otros procesos― cuya afluencia a las urnas había comenzado a disminuir después del mediodía.  

La extensión del horario de votación no respondió a las excusas que ofreciera el CEN. Entonces, tampoco es descabellado pensar que las autoridades electorales intentaban ganar tiempo en pos de acarrear un mayor número de personas y acomodar las cifras que justificaran el relato de «victoria». 

UNA CUBA MÁS ESTRECHA

Es difícil considerar válidas las cifras que se generan desde la opacidad y sin la presencia de observadores y fiscalizadores independientes. Es complicado considerar ciertos los números que dieron a conocer las autoridades electorales designadas ―atentos a su fidelidad y obediencia al Partido Comunista― por el poder que solo utiliza las «votaciones» como mecanismo simbólico de su legitimidad y como garante de su supervivencia.

Incluso si se asumen como reales los números que ofrecieron las autoridades electorales cubanas, no debería haber espacio para la victoria. Los resultados de las elecciones generales de 2023 confirman una tendencia que solo puede ser evaluarda de manera negativa, en tanto demuestra la creciente desconexión entre la ciudadanía y la forma de hacer política en el país. El régimen de La Habana ha construido su legitimidad en torno a la presencia masiva de las personas en las urnas. La calidad del voto o el volumen de apoyos que reciban los candidatos es intrascendente. 

Por ejemplo, candidatos asociados a la dirección del Partido Comunista (a pesar de no contar con una competencia real) no recibieron el apoyo del total de sus electores. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, candidato por Santa Clara, obtuvo el 88.78 % de los votos válidos de su localidad. Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Central y primer secretario del PCC en La Habana, fue el candidato con menor cantidad de votos en su municipio, con el 79.26 % de los votos válidos y junto con Mariela Castro (79.29 %) estuvo dentro del listado de candidatos menos votados en la capital. En Camagüey, y en especial en el municipio cabecera, los resultados de las votaciones pueden verse como un rechazo a la gestión de las autoridades designadas ―como Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en la provincia, y Dixamy Rodríguez Gómez, presidenta de la Asamblea Municipal―. Ambos fueron los candidatos menos votados de Camagüey, con un 61.52 % y un 62.02 % de los votos válidos computados de la provincia. 

Ante la intrascendencia del número de votos obtenidos por cada uno de los candidatos, cualquier disminución de la participación en los procesos políticos convocados por el Gobierno solo puede interpretarse ―a menos que se viva en una realidad paralela, como lo hacen los dirigentes cubanos― como una derrota.

Desde 2003 y hasta la fecha, la tendencia a la disminución de la participación popular en las «elecciones generales» ―que se utilizan para legitimar los máximos cargos de dirección del país― ha sido creciente. El proceso se profundizó desde la salida efectiva de Fidel Castro del poder en 2006. Los procesos electorales posteriores a 2008 han mostrado una tendencia a la disminución en la participación popular.

La tendencia ha tenido expresiones locales más pronunciadas. Destaca La Habana, que no solo es la ciudad más importante del país, sino el lugar donde se han desarrollado los sucesos políticos más significativos en oposición al régimen cubano. De acuerdo con las cifras oficiales, en las votaciones del pasado 26 de marzo solo votó el 65.81 % de los habaneros convocados.

Las cifras oficiales también arrojan que, en un lapso de 20 años, se produjo una reducción paulatina y constante de aproximadamente el 22 % en la participación del electorado durante elecciones generales. Desde hace diez años la abstención ha ido en aumento en múltiplos consecutivos de cinco. En las elecciones generales de 2013, el porcentaje de abstencionismo alcanzó el 9.12 % del padrón electoral. En 2018 aumentó a un 14.35 % (9+5x1) y en 2023 los datos arrojan que la abstención creció hasta el 24.36 % (14+5x2).

De continuar la tendencia, en las próximas elecciones generales podría esperarse un abstencionismo que ronde el 39 % (24+5x3).

A la par del crecimiento del abstencionismo, ha disminuido la calidad del voto. Entre 2003 y 2023 se ha triplicado la cifra de votos anulados o en blanco. Situación que puede evaluarse como la decisión explícita del elector de no validar a ninguno de los candidatos. Pero también como una demostración de que más allá de la abstención o la anulación y blanqueamiento de la boleta, el elector cubano no tiene otra opción para demostrar ―mediante su voto― el rechazo al modelo político del archipiélago. 

Entre 2018 y 2023, la cifra de votos en blanco o anulados aumentó en un aproximado de cuatro puntos porcentuales. Si se mantiene la tendencia de crecimiento, en las próximas elecciones generales (2028) podría esperarse que un 15 % de quienes acudan a votar anulen o dejen sus boletas en blanco. El 15 %, sumado al 40 % de abstencionismo (que también puede ocurrir de acuerdo con las tendencias confirmadas hasta la fecha), permite vaticinar que en las «elecciones» generales de 2028 más de un 50 % del electorado podría decidir no apoyar al sistema electoral que ha permitido el sostenimiento del castrismo por más de seis décadas.

Los números oficiales de las elecciones indican que lo que hoy la burocracia celebra como victoria pudiera ser el preludio de una ruptura definitiva entre el poder y la «abrumadora mayoría» del electorado. 

La ruptura real entre las autoridades cubanas y la ciudadanía es un hecho palpable hace tiempo. Es tan evidente que los datos oficiales no pueden ocultarla. No obstante, el régimen necesita controlar los actos de sinceridad. Reconocer que en Cuba un 25 % del electorado no apoya una maquinaria que no le garantiza prosperidad es un acto de política controlada. El Gobierno necesita construir una semiótica de legitimidad acorde con sus circunstancias políticas concretas. Pero los símbolos que se edifican según circunstancias puntuales tienen sus límites. En el caso de las «elecciones», el límite es el 50 % de participación del electorado. Sin el 50 % de participación y con un sistema electoral no competitivo sería insostenible la idea de que el régimen cubano es democrático porque cuenta con el apoyo de la mayoría. 

Por esa razón, la posibilidad de que los resultados electorales —como la mayoría de las estadísticas oficiales— sean manipulados u omitidos es siempre latente. El Gobierno trata de no utilizar el fraude burdo, pero no duda en echar mano de él cuando lo necesita.

Para garantizarlo, tiene autoridades electorales controladas y no auditadas y un sistema de represión que permite limpiar el camino de opositores «ocurrentes» (que intenten dinamitar el engranaje mientras usan sus propias estructuras) y que funciona como mecanismo de coacción indirecta. En última instancia, es capaz de movilizar el sector de votantes autómatas que acude a las urnas para «no buscarse problemas». 

Para evitar el fraude burdo, el régimen ha estrechado el alcance de lo que entiende por nación cubana con derecho al voto. Desde 2019 construyeron la categoría «residencia efectiva», que ha permitido —entre unas elecciones generales y otra— disminuir el padrón electoral en más de medio millón de votantes. 

Los mecanismos de presión y las elecciones en Cuba

Las estrategias electorales y la presión para garantizar el resultado que el poder necesita han llevado a utilizar mecanismos que constituyen presiones y malas prácticas que vulneran el derecho ciudadano a votar — o no hacerlo—. Esto se ha naturalizado como una práctica común, pero constituyen irregularidades.

Sin embargo, la reducción —que implica que más de 230 mil electores desaparecieran de las listas entre noviembre de 2022 y marzo de 2023— no es suficiente para revertir la abstención, que es resultado directo de la insatisfacción y desesperanza del electorado. Ambos sentimientos crecen mucho más rápido que las posibilidades reales de la ciudadanía de continuar su escape de la isla.  

Ante tal escenario, lo que el régimen cubano en realidad desearía es excluir del padrón electoral a quienes hayan demostrado su animadversión por el PCC y sus políticas. Un padrón que estuviera conformado solamente por los cubanos «dignos» y «revolucionarios». Así podrían regresar a los porcientos «abrumadores» de participación en las elecciones. 

No obstante, el condicionamiento expreso del derecho al voto por razones políticas —a pesar de ser un deseo de muchos burócratas— es una solución no descartable en un sistema como el cubano, pero poco probable. 

La Administración de La Habana ha demostrado que puede mantener altos volúmenes de participación mediante la coacción y la movilización de sus fuerzas de choque. Sin embargo, se trata de un recurso que durante las últimas votaciones ha mostrado ser finito. Un sector cada vez más amplio de la ciudadanía demuestra ser inmune al acarreo, el cual apela al miedo que se deriva de creer que la abstención es un desafío al poder.

El deterioro del sistema también se muestra en la ineficacia de métodos que hasta ayer funcionaban a la perfección. En materia electoral, el poder cubano está ante una encrucijada con una única salida: manejar los números, convertir la realidad en ficción y alejar mucho más la palabra de la verdad.

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