El Gobierno cubano reguló la salida al exterior a 9 248 personas que acumulaban deudas fiscales por un monto de 1 200 millones de pesos. El primer ministro Manuel Marrero informó sobre la medida en una intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el 18 de diciembre de 2024. 

En su comparecencia, Marrero no especificó cómo se ha implementado la restricción de viaje y afirmó que «casi todo el que ha sido regulado enseguida [paga] con tal de que se le permita viajar».

Aunque se conoce poco sobre cómo funciona el proceso, que las autoridades cubanas impidan la salida al extranjero de personas con deudas con la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) no es nuevo. En septiembre de 2023, medios de prensa reportaron que alrededor de 600 contribuyentes fueron regulados por tener «deudas significativas» con el fisco.

En un comunicado de la ONAT, Yudith Navarro, jefa del departamento de Cobranza de la Dirección de Recaudación, explicó que la decisión está amparada por la Ley 113 del Sistema Tributario (artículo 389) y el Decreto 308 (artículo 11). No obstante, los artículos que menciona solo disponen que la ONAT podrá establecer «relaciones de auxilio administrativo, colaboración y coordinación con los órganos y organismos del Estado, sus entidades subordinadas o adscritas y con otras instituciones, en cumplimiento de las funciones tributarias que le correspondan».

elTOQUE accedió a un ejemplar de la notificación que emplea la Oficina de Administración Tributaria en estos casos y, a diferencia de lo que señaló Navarro, ninguna de las normas que cita figuran en el texto de la resolución. En cambio, el documento refiere que la medida se aplica en virtud del artículo 25 del Decreto Ley 302 de 2012. Sin embargo, ese artículo maneja igual ambigüedad que la legislación citada por la funcionaria en 2023.

Ejemplar de notificación de fiscalización de la ONAT a una emprendedora cubana.

En cualquier caso, la implementación de la normativa cubana parece dejar margen a la discrecionalidad de las autoridades, en tanto no alude de forma explícita a la regulación como medida legítima para el cobro de deudas tributarias. Amparado en un marco legal ambiguo, el Estado cubano a menudo aplica restricciones de este tipo contra voces críticas al régimen y miembros de la sociedad civil, incluidos periodistas, activistas y opositores políticos. 

De acuerdo con un reporte de la agencia EFE, el comunicado de la ONAT precisó que si el contribuyente no salda su deuda, la entidad puede acusarlo ante los Tribunales.

Una emprendedora, que prefirió mantener el anonimato, contó a elTOQUE que en agosto de 2024 le notificaron que estaba regulada. El documento decía de forma expresa que mientras no abonara la cantidad correspondiente no tenía permiso para salir del país. La joven se negó a pagar la multa y presentó una apelación. Desde entonces, no tiene permiso para viajar al extranjero.

«La funcionaria que me notificó me dijo que la orden de regulación se había hecho efectiva desde que comenzó la investigación, que yo intuyo que fue en diciembre de 2023. Sin embargo, no supe que no podía viajar al extranjero hasta que me entregaron el papel en agosto del año siguiente», explicó.

El Código Penal cubano establece sanciones para el delito de evasión fiscal que pueden incluir la privación de libertad de uno a tres años y multas de 300 a 1 000 cuotas, o ambas, en los casos en que una persona incumpla de forma deliberada con el pago de impuestos, tasas o contribuciones declaradas como deuda por la administración tributaria. Las sanciones se elevan a penas de entre dos y cinco años de cárcel si los hechos causan un grave perjuicio al presupuesto del Estado.  

Además, las acciones fraudulentas como la falsificación, ocultamiento o alteración de información tributaria para evadir impuestos se penalizan con prisión de dos a cinco años o multas de 500 a 1 000 cuotas. En casos de perjuicio grave al presupuesto estatal, la sanción puede alcanzar de tres a ocho años de privación de libertad. 

Desde julio de 2024, las autoridades cubanas han realizado más de 193 000 acciones de control fiscal que identificaron adeudos por un monto superior a los 6 000 millones de pesos, de acuerdo con Marrero. El funcionario aseguró que la fiscalización de grandes negocios con conductas evasivas será una «prioridad» en 2025.  

El primer ministro señaló, además, que continuará el programa de supervisión a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que se declaran con pérdidas, pero mantienen operaciones. El plan —dijo— no solo busca detectar a quienes no pagan los impuestos declarados, sino abordar también la subdeclaración. Según las cifras oficiales, este año cerrará con más de 500 mipymes declaradas en pérdidas, de las cuales alrededor de 150 siguen operando pese a no pagar impuestos.

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