Hace varios años, Víctor Cuevas abogaba por incentivos fiscales para quienes contraten a personas con alguna discapacidad. En su proyecto Corazón Solidario, santaclareños con enfermedades de salud mental se ocupan en varias labores que alguien podría remunerarles. Con las ayudas, donaciones y venta de artículos que ellos mismos hacen, el proyecto les entrega un estipendio, pero no es suficiente.

«Perfectamente pueden tener un empleo, pero no los contratan por prejuicios», dice Víctor. «Muchos tienen sus padecimientos controlados y saben algún oficio o son graduados universitarios. Tenemos agrónomos, informáticos, licenciados».

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Poco se reflexiona sobre las acciones solidarias de las mipymes cubanas, que van desde donaciones hasta mejoras en instalaciones médicas y educativas.

De acuerdo con el Decreto Ley 88/2024 «Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas», las mipymes definen por sí mismas y de forma voluntaria el alcance de su responsabilidad social. No obstante, la norma establece que las mipymes deberán «prestar atención a los trabajadores y sus familias, con énfasis en la capacitación, la formación y la inclusión laboral de mujeres, jóvenes y personas en situación de discapacidad».

De esa manera, el Decreto Ley 88 anuncia posibles «incentivos fiscales o de otra naturaleza» para las mipymes que impulsen «prácticas socialmente responsables», pero no precisa más detalles.

Aunque lo anterior pudiera indicar que en el futuro se promulgasen normativas específicas para regular los incentivos, las previsiones pudieran ser leídas también como una reafirmación de beneficios fiscales disponibles para entidades públicas y privadas que contraten personas con discapacidad.

La Ley 113 de 2012 establece que los trabajadores por cuenta propia (TCP) y las personas jurídicas ―pequeñas y medianas empresas (mipymes) y cooperativas no agropecuarias (CNA)― pueden apelar a la exención del impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo si emplean a personas con discapacidad. Asimismo, la ley tributaria reconoce como gastos deducibles del Impuesto sobre las Utilidades, los derivados de la readaptación y acondicionamiento de un puesto de trabajo para que pueda ser ocupado por una persona con discapacidad.

Sin embargo, otras cuestiones permanecen en la lista de pendientes en materia legislativa. Aunque las disposiciones jurídicas citadas y el Código de Trabajo plantean la necesidad de la inclusión, no existe obligación de los empleadores estatales o privados de incorporar personas con discapacidad a sus plantillas.

Por otro lado, tampoco se han establecido normas claras que exijan a los establecimientos de nueva creación contar con la infraestructura adecuada para personas con movilidad reducida. También falta señalización adaptada para personas ciegas o con visión limitada.

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Corazón Solidario es un proyecto de la iglesia católica en Santa Clara que atiende a pacientes con trastornos siquiátricos. Ante el desabastecimiento actual de productos de aseo personal y alimentos, han encontrado varias alternativas para no detener sus servicios.

La peor barrera es la insensibilidad

Aunque la educación de los cubanos con discapacidad está garantizada, la incorporación laboral tras cumplir 18 años es una de las principales preocupaciones de sus familias.

Maylín Oliva Rodríguez, presidenta de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (Acpdi), reconoció a Granma que muy pocos integrantes de la Acpdi encuentran empleo. «Carentes de esto, acuden al vínculo socio familiar, y la madre –generalmente la cuidadora– deja de trabajar y se dedica por completo al cuidado. Por tanto, se beneficiarían las personas cuidadas y las cuidadoras, porque estas últimas podrán incluirse en la vida laboral».

Sucede igual para los cubanos miembros de las asociaciones de limitados físico-motores (Aclifim), de ciegos y débiles visuales (Anci), o de sordos (Ansoc).

Durante años ha sido la empresa estatal la que más oportunidades de empleo ha ofrecido a los cubanos con alguna discapacidad, pero con el desarrollo del sector privado estas personas también podrían hacer mejor uso de sus habilidades.

«He sufrido muchos prejuicios por usar silla de ruedas. Puedo estar muy capacitado para un puesto, pero siempre hay varios “peros”», contó a elTOQUE Rolando, un ingeniero en Electrónica de Las Tunas.

Según explica, la ausencia de infraestructura para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad reduce sus posibilidades de búsqueda de trabajo. «Debe ser algún sitio cerca, que no tenga barreras arquitectónicas, con espacio suficiente para pasar la silla de ruedas, etcétera» dice.

«Si la aplicación a los incentivos fiscales no fuera tan engorrosa y hasta desconocida para los privados, quizá los talleres de cuentapropistas no lo pensarían tanto para contratarme», piensa Rolando.

En días recientes, la abogada Isis Castañeda compartió en sus redes sociales su frustración por no encontrar trabajo en Santiago de Cuba. En la página de Facebook del comunicador Yosvani Mayeta dijo que no entiende cómo si el Gobierno habla de oportunidades para todos, ella no puede encontrarlas.

«Me siento disgustada, estoy dolida porque no pensé pasar por tan malos momentos, después de haberme esforzado y estudiado cinco años mi carrera. ¿Hasta las cuántas tengo que seguir esperando para que me den el lugar que merezco en esta sociedad?».

No solo encontrar un empleo apropiado es un problema para muchos cubanos con discapacidad. Emprender también es difícil. Un reporte del periódico local Escambray reveló que en Sancti Spíritus aprueban muy pocas solicitudes de préstamos iniciales.

«A pesar de las políticas nacionales y los programas de empleo, falta sensibilidad en determinados funcionarios y decisores», dijo Rubén Parejas, vicepresidente de Integración social, deporte y cultura de la Aclifim en ese territorio.

Un emprendedor habanero contó a elTOQUE, bajo condición de anonimato, que hace unos cinco años acudió a la Aclifim para buscar las normas que debían cumplir los aseos para personas con limitaciones físicas.

«La respuesta que me dieron fue que ellos no tenían ninguna norma escrita y que solo podían recomendarme visitar los baños de la recién reformada terminal de ómnibus y fijarme por esos».

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La inclusión es posible

Aunque sobre las entidades estatales cae todavía la mayor responsabilidad de empleo de personas con discapacidad, algunos negocios privados han comenzado también a contratarlas.

Según un reporte de IPS, la mipyme pinareña Ecoble emplea a personas en desventaja social o con alguna discapacidad. El negocio, especializado en reparación y restauración de muebles, también ofrece servicios de lavandería y confección de artesanías y juguetes que permiten aprovechar las habilidades de personas con limitaciones físicas o mentales.

José Carlos Hernández, un joven con discapacidad intelectual, es uno de los cuatro empleados con esa condición. El director de la mipyme, Francisco González, dijo a IPS que Hernández «es capaz de asumir varias tareas; es muy disciplinado y respetuoso».

El socio de una mipyme cienfueguera dijo a elTOQUE que no hay que esperar por incentivos para contratar a una persona con discapacidad, porque si cumple los requisitos debería tener las mismas oportunidades que otra aspirante al puesto. «Sin embargo, es una práctica internacional no solo disminuir los impuestos o dar otras facilidades para motivar esas contrataciones, sino además exigir una cantidad mínima de empleados con estas características».

Los incentivos a los emprendedores privados no solo mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad en Cuba, sino que también reducen la dependencia de programas de asistencia social y, a largo plazo, alivian la presión sobre los escasos recursos estatales.

Además, fomentan una cultura empresarial más responsable y consciente. Las empresas que contratan a personas con discapacidad contribuyen activamente al desarrollo de la sociedad «más equitativa y justa» que el Gobierno asegura construir.

No basta con dejarlo escrito como una «voluntad» en el papel. Es necesario que exista transparencia y claridad en estos procesos para que finalmente los más necesitados puedan acceder a un mercado laboral inclusivo y justo.