Durante su visita a Italia, Miguel Díaz-Canel celebró las excelentes relaciones de su Gobierno con el Vaticano, en una reunión a puertas cerradas con el papa Francisco. Dos días después, el 22 de junio de 2023, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) publicó su segundo informe sobre la libertad religiosa en la isla. La conclusión principal del documento: en el país no solo «no se respeta y garantiza» ese derecho, sino que se persigue a los religiosos que mantengan una proyección social crítica con el régimen.

El estudio se fundamentó en una encuesta realizada a 1 394 personas, residentes en 83 municipios de 15 provincias de la isla, de las cuales el 45 % son mujeres y el 76 % practica alguna religión. El Observatorio remarca, además, que la recolección de los datos se hizo con asistencia de colaboradores dentro del territorio nacional y expertos internacionales, lo que contribuye a que su margen de error sea pequeño (2.62 puntos).

El OCDH reveló que el 68 % de los participantes sufrió personalmente o conoce casos de personas que han sido amenazadas, reprimidas o vigiladas por motivos relacionados con su religión. Asimismo, un 59 % de los entrevistados cree que la causa más común de acoso es tener una postura cívica relacionada con su fe, seguido por un 45 % que opina que profesar su religión públicamente acarrea algún tipo de discriminación.

Díaz-Canel y el papa Francisco: los costos de una reunión

Ojalá que la visita de Díaz-Canel al Vaticano tenga resultados visibles en el corto plazo. Varias fuentes internas informan sobre los esfuerzos de la Santa Sede para liberar a los presos políticos del 11J.

Un 55 % declara, además, que es consciente de que el Gobierno obstaculiza la labor de líderes e instituciones religiosas, a través de la prohibición de eventos en espacios públicos (64 %), la limitación de licencias para reparar y construir templos (63 %) y la negación de permisos para realizar procesiones (63 %). 

En comparación con el informe de 2022, que recogía estadísticas similares, el reporte más reciente del OCDH muestra una radicalización de la opinión pública, al situar la confianza en las organizaciones de masas, los tribunales y la Policía en un 2 %; el ejército en un 1 % y el Gobierno en un 13 %. Por su parte, las instituciones religiosas cuentan con un 42 % de confianza entre los entrevistados, seguido por los grupos independientes de derechos humanos, con un 19 %. Además, el 73 % de la muestra cree que el país va en «la dirección incorrecta».

Otra sección del documento da cuenta de la percepción social respecto a organizaciones oficialistas como los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) –un 65 % cree que monitorean a los creyentes– y la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido –cuyas funciones son más conocidas entre las distintas denominaciones cristianas–; lo que sugiere una mayor atención sobre este grupo.

Represión

A través de las respuestas de las casi 1 400 personas entrevistadas por el Observatorio, es posible intuir la realidad de la libertad religiosa en Cuba, donde todavía queda la imagen de los sacerdotes involucrados en las protestas del 11 de julio de 2021, como el padre Castor J. Álvarez, golpeado con un bate y encarcelado por la Policía por defender a los manifestantes o el padre Alberto Reyes, al que le realizaron actos de repudio después de las protestas.

Asimismo, la represión sobre líderes religiosos que participan en la vida política tiene antecedentes tan graves como el del líder político católico Oswaldo Payá, en cuya muerte estuvieron involucrados «agentes estatales», según una investigación reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

«El régimen cubano continúa utilizando sus sistemas de vigilancia y control para limitar o perseguir cualquier expresión pública, especialmente política, de quienes asumen un compromiso cívico acorde con los valores de su fe», concluye el informe, que también menciona la restringida presencia de las instituciones religiosas en los medios de comunicación, la enseñanza y los espacios públicos como una censura a su influencia.

El OCDH ha realizado otras investigaciones que sirven de precedente y respaldo a la actual, como el informe sobre libertad religiosa publicado en 2022, o un comunicado el pasado enero que contabilizaba 1 030 actos contra el ejercicio de la libertad religiosa en Cuba durante 2022, entre los que se contaban prohibiciones para salir del país, violaciones a la libertad de culto, citaciones arbitrarias, hostigamiento a la familia y exilio forzado.

Oswaldo Payá y Harold Cepero: la CIDH responsabiliza al Estado cubano por sus muertes

La CIDH indicó tener «indicios serios y suficientes» que involucran a «agentes estatales» con el choque automovilístico en el que perdieron la vida Oswaldo Payá y Harold Cepero.

En 2022 la organización Prisoners Defenders (PD) entrevistó a 56 líderes religiosos y laicos de cuatro agrupaciones religiosas: católica, protestante, yoruba y musulmana. El 84 % también reconoció haber sufrido actos represivos. 

El régimen ha creado instituciones oficialistas como la Asociación Cultural Yoruba, la Liga Islámica de Cuba o el Consejo de Iglesias de Cuba, para suplantar «la voz de la verdadera Iglesia» y «presentar tanto a la población como a la opinión internacional supuestos religiosos que están en armonía con su Gobierno», concluyó el reporte de PD.  

En diciembre de 2022, el Gobierno de Estados Unidos también incluyó Cuba y Nicaragua en su lista anual de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa, una categoría que acarrea sanciones en el plano internacional a ambos Gobiernos.