La captura del capo del fentanilo Zhi Dong: un arma de doble filo para el régimen de La Habana

Foto: Gobierno de México.
Zhi Dong Zhang, ciudadano chino señalado como cabecilla de una red transnacional de tráfico de fentanilo, enfrenta cargos en México y Estados Unidos por distribución de drogas y lavado de millones de dólares. Conocido como «Brother Wang», es un objetivo prioritario para Washington.
Estados Unidos buscaba su extradición desde México, pero el plan se frustró tras su fuga el 11 de julio de 2025. Ese día, Zhi escapó por un boquete en la pared de la vivienda donde estaba bajo custodia de la Guardia Nacional, luego de que un juez sustituyera la prisión preventiva por arresto domiciliario.
La evasión provocó la indignación de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, sobre quien pesa la presión de la Administración Trump para desarticular los cárteles responsables de introducir fentanilo y otras drogas en EE. UU. Washington amenaza con operaciones militares en territorio mexicano y la imposición de aranceles como palanca política. Sheinbaum ha buscado evitar salidas militares —como destruir laboratorios con drones o usar Fuerzas Especiales estadounidenses para capturar capos—, pero episodios que exhiben la penetración del crimen organizado en diversos niveles del Estado y la sociedad debilitan su margen de maniobra.
Días después de la fuga, Sheinbaum cuestionó la decisión judicial y sostuvo que, tratándose de un extranjero con cargos graves, debió ordenarse prisión preventiva y no arresto en casa. En ese momento, la presidenta afirmó que se le había concedido arresto domiciliario sin fundamento y que había corrupción en el Poder Judicial.
En ese contexto, recapturar a Brother Wang para su entrega —como ha ocurrido en otros casos de alto perfil— es prioritario para el Gobierno de Sheinbaum.
Pero un reportaje de El País sostiene que Zhi Dong Zhang podría estar en Cuba bajo custodia de las autoridades de la isla. Esa posibilidad complica lo que hasta hace poco parecía una jugada cantada: su traslado de México a Estados Unidos, donde también enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de activos.
No se complica porque Zhi Dong ya no esté en México: de hecho, los reportes indican que La Habana estaría dispuesta a entregarlo al Gobierno de Claudia Sheinbaum. El problema radica en el marco jurídico que habilitaría la operación y que podría chocar con los intereses de la Administración Trump.
Desde 2015, rige un tratado de extradición entre Cuba y México (que actualiza otro de la década de 1920). El tratado incluye una cláusula de especialidad que dificulta rextraditar a una persona entregada bajo su amparo.
En concreto, el artículo 6 dispone que, como regla general, si alguien es extraditado, el país que lo recibe (México, en este caso) no puede enviarlo a un tercer país salvo que se cumpla alguna de estas condiciones:
- La persona, después de ser extraditada, salga de México y regrese voluntariamente.
- Estando en libertad, no abandone México dentro de 30 días.
- Cuba otorgue su consentimiento para la nueva extradición.
Lo establecido en el tratado bilateral otorga al régimen cubano capacidad de incidir en una negociación que afecta de lleno los intereses públicos de la Administración Trump y de uno de sus aliados claves, el México de Sheinbaum.
A Trump le vendría bien exhibir a Zhang como otra gran captura que respalda su promesa de «make America safe again». A Sheinbaum, por su parte, le interesa recuperar su custodia, en tanto le serviría como moneda de cambio para preservar relaciones cordiales con su principal socio comercial y, a la vez, como señal de que bajo su Gobierno la impunidad puede romperse tras años de ser la norma en México.
Por esa razón, es poco probable que en este caso no se repita la práctica consuetudinaria de La Habana de utilizar personas (criminales o presos políticos) a cambio de ventajas políticas en su siempre tensa relación con Estados Unidos. Y es poco probable porque cualquier movimiento que involucre a Zhang puede constituir un arma de doble filo.
Por un lado, la cooperación en materia de aplicación de la ley entre el castrismo y las distintas Administraciones estadounidenses a las que ha sobrevivido ha sido irregular. Por ese motivo, negociar directamente con Washington la extradición de Zhi Dong Zhang pudiera ser un movimiento de resultados inciertos.
Pero sobre todo, si el régimen cubano decide negociar con Estados Unidos la extradición de Zhang —poco probable de acuerdo con todos los reportes—, estaría dejando a Sheinbaum, su aliada estratégica, en una posición política desventajosa ante la Administración Trump y ante la opinión pública de su país. Igual pudiera suceder si el régimen cubano decide hacer uso de su facultad para negarle a Sheinbaum el permiso de rextradición de Zhang hacia Estados Unidos.
Por esa causa, aunque sea tentador para el régimen cubano usar a Zhang como ficha política, la opción más sensata —dada la coyuntura— sería entregarlo a Sheinbaum sin condiciones, incluso si beneficia indirectamente a la Administración Trump y no deja réditos políticos inmediatos para La Habana.
Al fin y al cabo, el régimen cubano carece de margen de negociación con la Administración estadounidense mientras que México se ha consolidado como aliado estratégico: no solo ha legitimado políticamente al PCC, sino que ha transferido recursos mediante la contratación de médicos cubanos y el envío abundante de petróleo subvencionado a la isla.
Lo anterior, pese a los cuestionamientos internos en México por el impacto fiscal y el endeudamiento de Pemex que han señalado tanto sectores de la sociedad civil como de la oposición mexicana.
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