Foto: elTOQUE.
El apagón eterno. ¿Por qué la crisis energética en Cuba está lejos de solucionarse?
8 / noviembre / 2024
En la tarde del 6 de noviembre de 2024, el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) colapsó por segunda vez en tres semanas. El Gobierno señaló los fuertes vientos del huracán Rafael como los culpables de la caída. Antes de la desconexión, algunas zonas del país llevaban más de 12 horas sin electricidad.
El anterior colapso del SEN tardó cuatro días en solucionarse. Los operarios trataron de encenderlo una, dos, tres veces. Pero algo fallaba. Cuando finalmente lo lograron, volvieron los apagones, esta vez no por colapso, sino por falta de combustible, según las autoridades. En estos tiempos, que el SEN funcione con normalidad significa que casi la mitad del país permanezca en penumbras durante largas horas.
Pero, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Qué ha hecho el Gobierno para solucionar la crisis?
La crisis de los noventa
La crisis energética en Cuba tiene un antecedente importante en el derrumbe del denominado campo socialista europeo, entre 1989 y 1991. La Isla experimentó una caída del 35 % de su producto interno bruto (PIB) y perdió el 98 % de su abastecimiento petrolero con la URSS, país con el que sostenía el 72 % de sus relaciones comerciales.
Según un estudio sobre el colapso energético cubano, de Joaquim Sempere, profesor emérito de la Universidad de Barcelona; a partir de agosto de 1990 se produjo la clausura de varias industrias y proyectos; incluyendo una planta de níquel y la paralización de la construcción de una nueva refinería. A partir de agosto de 1990, Cuba enfrentó una serie de medidas drásticas que afectaron diversas industrias y proyectos. Se clausuraron varias fábricas e instalaciones, incluyendo una planta de níquel y la paralización de la construcción de una nueva refinería. Además, se redujo en un 50 % la entrega de gasolina al sector estatal y en un 30 % al transporte privado. La circulación de vehículos disminuyó inicialmente en un 25 % y luego hasta un 70 %, mientras que las locomotoras redujeron su funcionamiento en un 50 % por falta de combustible. Como medida alternativa, el Gobierno adoptó la estrategia de adquirir más de un millón de bicicletas chinas a precio reducido, convirtiéndolas en el principal medio de transporte para los cubanos. Paralelamente, se proyectó el cierre de programas sociales durante varios años.
En cuanto a los apagones, desde 1990 se extendieron por todo el país hasta 20 horas diarias, agravando la inseguridad alimentaria. La programación de la televisión pasó de 129 horas semanales a 81, para luego reducirse a 48 horas. La crisis provocó incluso que el aparato burocrático central del Partido Comunista de Cuba se redujera hasta un 50 % y sus trabajadores fueran reincorporados, en su mayoría, a la agricultura.
La llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela, en 1999, cambió de manera significativa la situación cubana. La firma de acuerdos bilaterales entre ambos países permitió la adquisición subsidiada de combustible, piezas y maquinarias destinadas al sector electroenergético. Los acuerdos también permitieron que la clase dirigente encabezada por Fidel Castro implementara un programa de ahorro y medidas de reparación de la infraestructura, luego de una caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en 2004. El colapso sucedió durante unas labores de reparación planificadas en la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas y dejó a oscuras a todo el país por varias horas, aunque sus efectos se extendieron durante varios días.
¿Cuánto se transformó realmente al sector eléctrico tras la revolución energética?
El 2006 fue denominado el año de la revolución energética en Cuba. En esa fecha comenzó la ejecución de un programa gubernamental destinado a promover el ahorro energético mediante la sensibilización de la población, la mejora de las redes de abastecimiento, transmisión y distribución de energía, el fomento de fuentes renovables, y el aumento de la exploración y producción de combustibles fósiles de origen nacional. Al menos ese era el plan.
Como parte del programa se reemplazaron equipos obsoletos de alto consumo por 2.5 millones de refrigeradores chinos en todo el país. También se cambiaron millones de bombillos incandescentes por ahorradores con el apoyo de trabajadores sociales. En comunidades sin servicio eléctrico o con una red deficiente se instalaron miles de paneles solares, fundamentalmente en zonas rurales del oriente del país.
El Estado invirtió en plantas de generación distribuida que funcionaban con motores de combustible diésel y fuel oil. Entre 2004 y 2014 el Gobierno importó 53 912 grupos electrógenos, según cifras oficiales. El objetivo era fortalecer el Sistema Electroenergético Nacional en los horarios de máxima demanda y responder en caso de tormentas, ciclones, huracanes y otros eventos. Estas fuentes de generación experimentaron un considerable deterioro con el paso de los años, al punto que su disponibilidad resultó cada vez menor y más costosa de mantener, debido a la falta de mantenimiento a los equipos y de financiamientos que permitieran renovar las necesarias piezas de fabricación extranjera que estos exigen, según indicó el director de Generación Distribuida de la UNE, Arles Luna Leiva, a Cubadebate en 2022.
A pesar de los avances, el programa de la revolución energética no concibió una transformación estructural del sector, al no ejecutarse inversiones sustanciales para la modernización de las termoeléctricas, ni ampliar de manera significativa la capacidad de generación. Los apagones siguieron formando parte de la vida cotidiana de los cubanos, con las consecuentes afectaciones al sector residencial, las industrias y otras esferas productivas. Además, debido a la insolvencia financiera, el Gobierno fue incapaz de mantener un suministro estable de combustibles en el país. Al mismo tiempo, las fuentes renovables de energía seguían teniendo una participación poco significativa.
De la revolución energética a la crisis con los aliados históricos
En 2014 el presidente ruso Vladímir Putin, condonó a Cuba el 90 % de la deuda con la antigua Unión Soviética que ascendía a más de 35 000 millones de dólares. El país solo quedó debiendo alrededor de 3 500 millones.
Desde ese mismo año se iniciaron conversaciones con Rusia para establecer nuevos acuerdos que le concedieran facilidades en materia de crédito al país caribeño, en aras de fortalecer su deteriorado Sistema Electroenergético Nacional (SEN). En 2015 el medio oficialista Cubadebate anunció que la isla accedería a un crédito de 1 200 millones de euros para la construcción de cuatro unidades de generación con una disponibilidad de 200 MW cada una, que serían instaladas en las centrales térmicas de Mariel (Máximo Gómez) y al Este de La Habana.
La implementación de las obras experimentó retrasos significativos debido a la realización de estudios de factibilidad entre 2016 y 2019 por parte de los técnicos y representantes de las empresas ruso-cubanas involucradas en el proceso de inversión. Posteriormente, la irrupción de la pandemia de COVID -19 y el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania a principios de 2022 prolongaron aún más la implementación del proyecto. Hasta la fecha, Cuba no ha podido iniciar las labores necesarias para expandir sus capacidades de generación eléctrica ni mejorar su infraestructura.
La situación de sus aliados históricos no resulta menos compleja. La crisis que afronta Venezuela desde hace años tiene al país sumido en una permanente inestabilidad, lo que se traduce en la disminución de sus envíos de petróleo a la Isla. En el caso de Rusia se encuentra sumida en una guerra con Ucrania; mientras China se resiste a dar nuevos pasos en materia comercial ante el incumplimiento de su aliado antillano en acuerdos bilaterales firmados, al tiempo que cuestiona la negativa de sus pares ideológicos en adoptar reformas de mercado que permitan paliar el duro contexto.
¿Qué soluciones existen para la crisis energética en Cuba?
El Gobierno cubano es consciente que no posee alternativas en el corto o mediano plazo para solucionar la crisis energética en el país. El viernes 18 de octubre, en horas de la noche, el primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, lo confirmó.
Aunque las autoridades del Partido/Gobierno y sus aliados internacionales insisten en que la situación se debe a la persecución financiera de los Estados Unidos contra la Isla, como resultado de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, la realidad del archipiélago resulta aún más compleja.
La nación caribeña no puede acceder a los préstamos de entidades crediticias como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) al abandonar estas instituciones en 1960 y 1964 respectivamente. Tampoco puede obtener préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tras su salida de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1962, e impugnar sus estructuras de funcionamiento, lo que reduce sus posibilidades de maniobra ante escenarios de crisis. Por otro lado, Cuba constituye un país de alto riesgo para la inversión extranjera en cualquier sector, como resultado de sanciones externas, inestabilidad económica, atraso tecnológico, elevada inflación, problemas de infraestructura y otras dificultades restrictivas asociadas a su dinámica interna.
Por otro lado, resulta contradictoria la aprobación, desde hace más de diez años, de partidas superiores al 20 % del presupuesto del Estado, destinadas a la construcción de hoteles de alta gama que demandan elevado consumo energético, mientras la población padece prolongados apagones. Semejante disparidad, inexplicable desde la racionalidad económica o el sentido común de la administración política, tiene graves consecuencias que se evidenciaron, una vez más, en la reciente crisis.
Mientras tanto, los líderes del Partido Comunista de Cuba no han presentado alternativas viables para la mayoría de la población, que enfrenta el deterioro de los servicios públicos, el aumento de la pobreza vinculado a la escasez de recursos materiales y alimentos. En paralelo, las autoridades han intensificado la represión policial contra aquellos que expresan públicamente su descontento por la situación humanitaria que vive el país.
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