La religiosidad católica en el mundo hispánico tiene en las procesiones de imágenes sacralizadas una expresión de piedad y de devoción arraigada en la larga duración histórica. Desde España hasta distintas regiones latinoamericanas, numerosas cofradías y hermandades han capitalizado el fervor popular mediante peregrinaciones públicas en Semana Santa, fiestas patronales o celebraciones marianas.
Cuba es un caso anómalo en cuanto al desarrollo de este tipo de festividades, pues el régimen castrista prohibió las concentraciones religiosas en la década de los sesenta del pasado siglo. Si bien fueron restauradas gradualmente después de la visita del papa Juan Pablo II, para ese entonces se había roto la tradición cultural e inmaterial que sostienen los actos sacros.
La reaparición de las procesiones religiosas en la Cuba comunista —al igual que las ocupaciones del espacio público en el régimen totalitario de Stalin— han pasado por el control y el veto del Partido Comunista. Particular atención merecen las peregrinaciones organizadas en las parroquias y comunidades cristinas integradas por sacerdotes, religiosas o laicos críticos. Esas peregrinaciones son ampliamente vigiladas por la Seguridad de Estado que recortan sus itinerarios o las prohíben.
Para entender los temores de la cúpula de poder en Cuba respecto a los actos de piedad popular, es preciso analizar la evolución histórica de la censura religiosa en dos períodos, la década de los sesenta y la actualidad.
Antecedentes
Entre 1959 y 1966, el país era escenario de un conflicto civil generado por los manejos autoritarios de Fidel Castro. Mediante un discurso populista, el líder político impuso en el país un régimen comunista que contó con la reprobación de la comunidad católica.
La Acción Católica y otras asociaciones religiosas constituyeron una fuerza motriz de la lucha antibatistiana. Frente a las simpatías iniciales de los obispos católicos, el clero y el laicado debido a los cambios sociales revolucionarios, sobrevino la frontalidad tras los procesos sumarios y los fusilamientos.
El acercamiento político de Fidel Castro con la Unión Soviética y la declaración del Estado comunista convirtió a la comunidad católica en un actor de disenso sociopolítico, lo cual se agudizó con la nacionalización de los colegios religiosos y el despojo de la nacionalidad de los universitarios exiliados.
El clima de tensión con el Gobierno revolucionario llegó a su máximo nivel el 8 de septiembre de 1961, cuando se suspendió la procesión de la Virgen de la Caridad que tendría lugar en el templo ubicado en la calle Salud y Manrique, en La Habana. La iglesia era tendida por el entonces obispo auxiliar de La Habana, monseñor Eduardo Boza Masvidal. Finalmente, el acto religioso tuvo lugar el 10 de septiembre, convirtiéndose en un hecho de protesta contra el régimen de Fidel Castro. Ante la efervescencia de la feligresía, que correaba consignas antisistema, los cuerpos militares emplearon la violencia y asesinaron al joven católico Arnaldo Socorro Sánchez.
El suceso dio la excusa perfecta al Gobierno revolucionario para aniquilar la estructura interna de la Iglesia católica en el país. El 12 de septiembre de 1961 fue detenido y trasladado a Villa Marista el obispo Boza Masvidal y cuatro días después, el 16 de septiembre, fueron desterrados del país 130 clérigos católicos en el barco Covadonga, que tenía de destino final España.
Con el suceso, Castro lograba dos objetivos, aniquilar a la Iglesia católica —que se quedaba diezmada con solo 150 sacerdotes para atender a 520 parroquias en el país— y prohibir la expresión religiosa en el espacio público —lo que reforzaba el control del universo simbólico de la ciudadanía insular—.
Los sucesos antes descritos robustecieron el control del régimen cubano sobre la Iglesia católica, pero a su vez endurecieron el control sobre la ocupación del espacio público que estuviera fuera del control del Partido Comunista de Cuba. Con la visita del papa Juan Pablo II en 1998 se creó un clima de distensión con la Iglesia católica que tuvo su punto de máximo acercamiento con las visitas de los papas Benedicto XVI (2012) y Francisco (2015). Las peregrinaciones pontificias favorecieron la concesión de los permisos para volver a realizar procesiones.
Los católicos molestos
Después de 2018, la sociedad civil cubana ha vivido un proceso de reavivamiento que ha traído consigo el auge de iniciativas de incidencia cívica y la ocupación sostenida del espacio público. En ese contexto, la comunidad católica y en particular un grupo de laicos, religiosos y sacerdotes críticos constituyen un sector activo frente al deterioro de la situación sociopolítica y la ausencia de derechos en el país. Debido a su actitud, el régimen cubano ha desplegado una estrategia de limitación de la libertad de cultos basada en la cancelación de los derechos civiles de los religiosos y en la prohibición de procesiones.
Las expresiones piadosas se han convertido en una letra de cambio, pues se autorizan allí donde los sacerdotes mantienen una actitud de silencio respecto a la situación del país, mientras se prohíben en las parroquias regentadas por curas críticos. Los vetos particulares tienen varias causas, impedir la concentración masiva de un sector poblacional que se caracteriza por no comulgar con el statu quo; evitar la promoción de la imagen pública de sujetos críticos; y anular la libertad religiosa de la ciudadanía.
Los últimos cuatro años, además, han estado atravesados por el auge de las protestas ciudadanas a lo largo del país. En particular, las prohibiciones más recientes de procesiones radican en el temor existente en la clase política por las manifestaciones de los pasados 17 y 18 de marzo de 2024. Los sucesos dispararon las alarmas de la Seguridad del Estado y del Partido Comunista de Cuba que prohibieron las procesiones de Viernes Santo en la Diócesis de Bayamo-Manzanillo, en Sagua la Grande y en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús del Vedado habanero. Pero la tendencia de veto ha sido común en los últimos años en las iglesias animadas por los sacerdotes José Castor Devesa, Alberto Reyes, Rolando Álvarez, Kenny Fernández Delgado y Lester Zayas O. P.
Según la mentalidad de la clase política cubana, al negar los permisos previenen que los mensajes críticos de los religiosos sean amplificados a un mayor número de ciudadanos. En cambio, la actitud encierra un profundo desconocimiento del rito católico, pues las procesiones son actos piadosos en los que las oraciones, los cantos y los gestos sacralizados predominan por encima de cualquier predicación. En ese sentido, el padre Lester Zayas O. P. precisaba en su muro de Facebook:
«Nunca en mis años de sacerdocio he hecho uso del espacio público, dígase durante las procesiones, para exhortar a nada que no sea la piedad. Soy muy consciente del espacio público y máximo defensor de un Estado laico, como para saber distinguir entre el espacio público que lleva un tipo de tratamiento y el espacio religioso que lleva otro».
Las palabras del fraile dominico encierran la idea central que cuestiona el proceder del Estado totalitario. Un ministro religioso, a la vez que exige su derecho, reconoce y defiende la laicidad del Estado. Esa realidad evidencia el proceso de maduración cívica existente en los sectores críticos de la Iglesia, a la vez que muestra su capacidad para articularse con la sociedad civil.
Los episodios de prohibiciones de las procesiones religiosas y la violación de las libertades religiosas muestran la naturaleza antidemocrática del sistema cubano y remiten al 10 de septiembre de 1961. 63 años después, el castrismo aún teme a cualquier forma de ocupación del espacio público que se escape de su canon político y que los obligue a mostrar a la opinión pública su verdadero rostro represivo.
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