Lo que se sabe del motín en la prisión Canaleta, en Ciego de Ávila
Capturas de videos del motín en la cárcel de Canaleta, Cuba.
Los reportes de un motín en la prisión provincial de Ciego de Ávila, conocida como Canaleta, provienen hasta el momento de comunicados públicos difundidos por organizaciones independientes de derechos humanos: el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), Cubalex y Prisoners Defenders. Parte de la información divulgada por estas organizaciones se basa en fuentes locales protegidas y denuncias publicadas en redes sociales por familiares y activistas.
No existe, al cierre de esta nota, una versión oficial de las autoridades cubanas sobre lo ocurrido. Tampoco se encontraron comunicados en medios estatales ni pronunciamientos públicos del Ministerio del Interior (Minint). Las restricciones de acceso a centros penitenciarios y a información pública dificultan la verificación independiente de los hechos.
¿Cuándo y cómo comenzó el motín?
Según Prisoners Defenders, la protesta se inició durante la noche del 18 de febrero de 2026 tras denuncias de golpizas, falta de alimentos y malos tratos contra los reclusos. La organización afirma que el detonante habría sido la agresión a un joven preso que protestó por hambre y que posteriormente apareció ahorcado en su celda. Esta versión no ha sido confirmada por fuentes oficiales. Otras versiones independientes vinculan el detonante a un incidente suicida.
Una fuente local dijo al Centro de Documentación de Prisiones Cubanas que la protesta «comenzó tras el intento de suicidio de una persona privada de libertad y la posterior negación de asistencia médica a otra persona que la había solicitado, en un contexto de condiciones de vida degradantes a las que está siendo sometida esta población», similares a las que sufre el resto de los reclusos cubanos.
Por su parte, Cubalex señaló que la protesta comenzó cuando un preso político colgó sábanas con varios mensajes («S.O.S» y «Patria y Vida»); posteriormente, otros reclusos se sumaron debido al deterioro de las condiciones de vida dentro del penal.
Otras fuentes independientes reportan que durante la revuelta algunos internos corearon «¡patria y vida!» y «¡abajo Díaz-Canel!».
Las denuncias sobre el presunto suicidio del joven recluso se insertan en un contexto en el que organizaciones independientes han reportado previamente desnutrición severa y reducción arbitraria de alimentos en la prisión.
¿Qué se denuncia sobre la represión?
Prisoners Defenders menciona la participación de efectivos de tropas especiales, incluida la Brigada Especial del Minint, y denuncia el uso de balas de goma, bastonazos y patadas contra los reclusos. También señala que unidades especiales habrían sido trasladadas desde Camagüey y Sancti Spíritus para responder al motín.
Cubalex reportó que se escucharon disparos y que se produjo la entrada de fuerzas especiales al penal. Ambas organizaciones indican que varios reclusos fueron arrastrados, trasladados en ambulancias y en vehículos policiales, y que se desconoce el estado de algunos.
En cuanto al número de víctimas, Prisoners Defenders afirma que testigos hablan de, al menos, siete fallecidos. Esta información no ha sido corroborada de manera independiente ni confirmada por autoridades estatales.
Tampoco se conocen las circunstancias exactas sobre el estado actual de los reclusos que, tras la represión, fueron presuntamente trasladados a centros médicos. El CDPC informó que «varios internos habrían sido trasladados a un hospital con heridas en la cabeza y lesiones provocadas por el gas pimienta».
Giorkis Vargas Ramos, miembro del grupo disidente Cuba Primero, y Yumel Rodríguez Carbó, preso por un delito común, han sido identificados por activistas entre los heridos tras la respuesta de las fuerzas del Estado, informó Diario de Cuba.
¿Hay responsables señalados?
En su comunicado, Cubalex menciona como responsables de las «redes de corrupción interna» y la impunidad «frente a los abusos contra la población penal» al mayor Noel Morales López, jefe de la cárcel; al teniente coronel Orlando Fernández Fernández (Landy) de la PNR de Ciego de Ávila; y al teniente coronel Carlos Rodríguez (Carlito el Cojo).
Estas acusaciones no son resultado de investigaciones judiciales públicas, sino que forman parte de reportes de organizaciones independientes sobre violaciones de derechos humanos en Canaleta y sobre las condiciones precarias a las que someten a la población penal.
Imagen de archivo del exterior de la prisión Canaleta. Foto: tomada de El Mundo
¿Cuál es el contexto previo en Canaleta?
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas sostiene que lo ocurrido responde a un patrón documentado desde enero de 2023. Según su monitoreo, en cárceles cubanas —incluida Canaleta— se han registrado cerca de 40 eventos que implican violaciones de derechos humanos.
Entre las denuncias recogidas por el CDPC se incluyen golpizas de oficiales penitenciarios, uso de celdas de castigo en condiciones degradantes, denegación o retraso de atención médica, enfermedades crónicas sin tratamiento, desnutrición severa, reducción arbitraria de raciones de alimentos, falta de agua potable, hacinamiento, plagas, represalias por denuncias y muertes bajo custodia en contextos de presunta negligencia médica.
Cubalex también ha documentado denuncias reiteradas en Canaleta relacionadas con hambre, desvío de alimentos, prohibición de visitas, brotes de enfermedades sin atención médica, castigos y presuntas redes de corrupción interna.
En un audio y mensajes citados por el periodista Javier Díaz, familiares describen así la comida en Canaleta: «caldo de cabeza de res con tarro y piel, con gusano y en descomposición», además de arroz racionado en pequeñas cantidades y alimentos en mal estado. También denunciaron brotes de chinches dentro del penal.
Estas descripciones coinciden con los patrones documentados por el CDPC y Cubalex sobre mala alimentación, desvío de alimentos, plagas y condiciones insalubres.
¿Cuál es la situación ahora?
Las organizaciones coinciden en que la situación sigue siendo tensa y que existe riesgo para las personas privadas de libertad. Según estándares internacionales, el Estado es responsable de garantizar la vida e integridad de las personas bajo su custodia.
Durante décadas, el régimen impuesto por el Partido Comunista de Cuba (PCC) ha negado la existencia de violaciones de derechos humanos dentro de su sistema penitenciario, al tiempo que bloquea el acceso de organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes a las prisiones. Las denuncias de las víctimas y de la ciudadanía también son criminalizadas y castigadas.
Sin embargo, estudios como el «Informe anual sobre condiciones carcelarias en Cuba. Lo que cuentan los números», publicado en 2025 por el CDPC, contradicen la narrativa oficial. Los datos recopilados y analizados por la ONG indican que, en el sistema penitenciario cubano, son comunes la tortura, el hambre y el abandono médico; se viola de manera sistemática la Declaración Universal de Derechos Humanos, además de contravenir las Reglas Mandela, la Convención contra la Tortura y los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos de la ONU.
La prisión de Canaleta, donde ocurrió el motín, tiene una población estimada de más de 3 000 internos y se ha convertido en símbolo de lo que ocurre en el resto del sistema penitenciario cubano. El episodio ocurre en medio de una crisis económica generalizada que también impacta a las cárceles del país; familiares denuncian desde hace años la reducción de las raciones alimentarias y el aumento de enfermedades asociadas a la desnutrición.
Esta nota se basa en los comunicados públicos emitidos por el CDPC, Cubalex y Prisoners Defenders, y será actualizada en caso de que las autoridades cubanas ofrezcan una versión oficial o surjan nuevas verificaciones independientes.
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