La Conferencia Internacional Decenio de los Afrodescendientes, Cuba 2024, sesionará del 9 al 13 de diciembre, con sede en La Habana y Matanzas, y bajo el auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Entre los objetivos declarados por las autoridades cubanas está visibilizar el compromiso de la isla en la lucha contra el racismo y la discriminación basada en el color de la piel, origen étnico, nacionalidad u origen territorial de las personas.

Sin embargo, la sociedad civil independiente y diversos estudios muestran que la población negra y mestiza en Cuba sufre vulnerabilidad y exclusión, con evidencias de discriminación en el sistema judicial.

El abordaje institucional del racismo en Cuba

Tanto la prensa oficialista como las instituciones cubanas sostienen desde hace décadas el discurso de que la revolución produjo un golpe mortal al racismo en Cuba, como resultado de la abolición de la segregación en espacios públicos, la implementación de políticas públicas universales que beneficiaron a los sectores más pobres y racializados, como la salud y educación pública, así como la adopción de prácticas de socialización sin restricciones por razones de «raza».

Detrás de ello predomina la narrativa paternalista de un discurso que incide en la liberación del negro/a cubano/a como conquista del proceso de cambio, lo cual suele invisibilizar o sencillamente tachar los aportes de este sector a los más diversos campos de la cultura, el saber y la sociedad antes del período revolucionario.

Los diferentes censos realizados en el país después de 1959, así como las investigaciones sociológicas de expertos en la temática, demuestran que la población negra heredó niveles de desventaja social considerables que no fueron revertidos por la agenda igualitaria del modelo socialista. Además, desde 1962 se impuso un velo de silencio sobre el tema que se mantendría por varias décadas, hasta que la crisis de 1990 develase, de forma contundente, las asimetrías por color de piel entre los habitantes del país.

A nivel internacional, los líderes cubanos manifestaron de forma mediática su apoyo a las luchas por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. De ese momento perdura la imagen icónica de Fidel Castro junto al líder negro Malcolm X en el Hotel Theresa de Harlem, durante su estancia en New York para participar en el 15º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1960.

La política exterior del Gobierno cubano —cuya participación, con apoyo soviético, fue crucial para la derrota del régimen racista del apartheid en Sudáfrica— en sus batallas internacionalistas por la liberación anticolonial de países africanos es utilizada de manera recurrente para demostrar ante el mundo la proyección antirracista del país caribeño.

¿Hay racismo estructural en Cuba?

Manifestaciones de racismo estructural. Aquellas que se manifiestan en los organismos, instituciones, organizaciones y que impiden el ejercicio plenos de los derechos de las personas negras.

Sin embargo, los medios oficialistas optan por rechazar el abordaje público del racismo dentro del país. Más allá de la censura sobre los problemas más acuciantes de la sociedad cubana, que suele predominar en los espacios de información institucionales, la razón unitaria de «no contribuir a la división interna» constituye una de las máximas históricas invocadas para sostener el silencio oficial en torno al asunto.

La lealtad al statu quo del modelo político regente es otro de los filtros empleados con frecuencia por las instancias de poder para escuchar, o descartar, a quien lo interpela sobre el racismo en Cuba. Esta estrategia constituye no solo un mecanismo de control totalitario sobre los actores más radicales de la sociedad civil cubana, sino además un mecanismo de extorsión contra quienes asumen postulados críticos sobre las relaciones raciales en el país.

En el contexto totalitario cubano, un sector de la comunidad científica especializada en el tema también practica un silencio selectivo por lealtad ideológica. Esta postura se explica por el restrictivo marco nacional que controla la libertad de cátedra, las publicaciones institucionales, los medios de comunicación y los espacios públicos; además de la persecución contra quienes se atreven a disentir, una vigilancia de la que no escapan los especialistas y militantes encargados del estudio y atención a la discriminación racial en Cuba.

De igual modo, predomina una política de no difusión de los trabajos sociológicos más relevantes que se realizan por encargo estatal en instituciones como el Centro de Investigaciones Sociológicas y Psicológicas (CIPS), el Instituto Cubano de Antropología (ICAN), la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) y la Academia de Ciencias de Cuba (ACC). 

La negación del racismo estructural

El historiador Rolando Julio Rensoli Medina, encargado de la recepción de ponencias para el próximo evento, aseguró en un reciente artículo publicado en Cubadebate, que «el racismo en Cuba no es ni puede ser sistémico», al sostener que este «es sistémico y estructural en el capitalismo, pero no en el socialismo». 

Incluso, asumiendo la existencia del socialismo en Cuba —cada vez más cuestionada por economistas y científicos sociales—, la negación del racismo estructural contradice la producción intelectual de autores como Mayra Paula Espina Prieto, Juan Carlos Albizu-Campos, María del Carmen Zabala Argüelles, Alberto Abreu Arcia y Esteban Morales Domínguez, que apuntan la profundización de las asimetrías económicas por color de piel, con la transformación de la estructura socioclasista cubana.

En un escenario socioeconómico donde la población negra y mestiza enfrenta la mayor vulnerabilidad, marginación y exclusión, y dado que las políticas sociales no han logrado revertir esta situación, se cuenta con evidencia suficiente para sostener el carácter estructural del racismo en el país.

Diversos estudios, incluidos los censos nacionales, evidencian que las personas negras y mestizas en Cuba habitan en condiciones de vivienda inferiores, poseen una menor esperanza de vida y reciben una remuneración laboral más baja en comparación con sus pares blancos. Además, enfrentan brechas en el acceso a la educación y una notable sobrerrepresentación en centros penitenciarios. También debe considerarse la persistencia de prejuicios culturales que obstaculizan tanto la movilidad social como la realización de las aspiraciones de este grupo poblacional.

El censo nacional de población y viviendas realizado en 2012 reveló que la población negra en Cuba presentaba una mayor vulnerabilidad a la migración interna, alcanzando un 12.3 %. Por otro lado, la población mestiza enfrentaba desafíos significativos en el acceso a la educación superior, con solo un 29.9 % completando este nivel académico, en comparación con el 32.3 % de la población negra. Ambas cifras son inferiores incluso al 32.6 % de la población blanca.

La encuesta concluyó que las familias negras eran más propensas al hacinamiento. Según los especialistas, «del total de hogares del país, un 10.1 % tiene como jefe a una persona negra, mientras que entre los hogares con diez o más miembros, hay un 22.9 % de hogares negros». Esto sugiere que la proporción de hogares con un mayor número de miembros es más alta en aquellos encabezados por personas negras. 

Discriminación racial en Cuba: ¿Qué se puede hacer legalmente?

Hay elementos plausibles para impulsar acciones penales contra la persona que publicó en Revolico un anuncio que promocionaba el alquiler de su apartamento en La Habana junto a la frase: «solo para blancos».

Además, se observó una vulnerabilidad considerable de las familias negras y mestizas en viviendas unipersonales; el estudio reveló que el 20.6 % de estas viviendas estaban habitadas por personas negras y el 18.6 % por mestizos.

Un reciente estudio de Cubalex, sobre derecho penal y color de la piel entre los sancionados por sedición en las protestas del 11J, reafirma la existencia de «un preocupante sesgo racial que se traduce en sentencias más severas para las personas afrodescendientes». La investigación señala una tendencia que sugiere «la existencia de una discriminación sistemática dentro del sistema judicial, afectando de manera desproporcionada a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad cubana, quienes ya enfrentan múltiples formas de exclusión y desigualdad». 

De acuerdo con las sentencias de primera instancia a las que pudieron acceder los investigadores, «las personas afrodescendientes reciben sanciones con una duración promedio de 13.63 años, mientras que las personas no afrodescendientes tienen una duración promedio de 12.61 años». Considerando estas cifras, los expertos concluyen que «independientemente de la conducta, las personas afrodescendientes son objeto de sentencias más largas en comparación con las personas no afrodescendientes», lo que sugiere que «el sistema judicial podría estar afectado por prejuicios raciales que influyen en la severidad de las penas». 

En otra variable de análisis, los expertos detectaron que en la tipificación de lo que el Estado considera «conducta desfavorable», las personas afrodescendientes reciben sanciones con una duración promedio de 13.02 años. En contraste, las personas no afrodescendientes bajo el mismo concepto enfrentan sanciones con un promedio de 12 años. 

La investigación desarrollada confirma el predominio de patrones policiales y jurídicos que inciden de forma negativa en el procesamiento de personas negras y mestizas, tales como la tenencia de antecedentes penales, el desinterés por la participación político-social, la desvinculación laboral y el perfilamiento racial en la percepción de peligrosidad de los sospechosos. Lo anterior se traduce en la criminalización de la pobreza, la racialización de la población penal y la ausencia de políticas de justicia reparativa orientadas a la reintegración de las personas, en especial aquellas provenientes de contextos empobrecidos y marginalizados.

En este contexto, es posible afirmar que los congresos internacionales y eventos académicos realizados en el país bajo el auspicio de la institucionalidad estatal, carecen de objetividad crítica para acercarse a las realidades más acuciantes que afectan a la población afrodescendiente en Cuba.

Asimismo, estos eventos contribuyen al blanqueamiento del accionar represivo, criminalizante y racista del Estado cubano, más interesado en proyectar un falso ambiente de «fraternidad racial» que en solucionar los problemas de la población negra y mestiza en el país.