El despliegue de las fuerzas represivas del Gobierno cubano ante la cercanía del 15N ha ido in crescendo a lo largo de todo el país. El espectro de control que busca neutralizar a quienes han manifestado de manera pública su apoyo o participación en la convocatoria de Archipiélago incluye variados métodos que van desde el amedrentamiento, la vigilancia, el acoso, las amenazas, los interrogatorios hasta las primeras detenciones.

Con el objetivo de acompañar esta situación de violencia y desprotección que se vive en el archipiélago fue creada la Comisión Independiente de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de noviembre en octubre último. Está presidida por la Dra. Ivette García González e integrada por el Lic. Ernesto Pérez Alonso, el Lic. José Ottoniel Vázquez, el MSc. Erick Brito Barrios, entre otros juristas cubanos. La comisión emitió dos informes que explicitan el incremento de la represión estatal contra quienes promueven o apoyan la manifestación antigubernamental; uno que abarca del 25 al 30 de octubre y otro del 31 al 6 de noviembre.

Este comité independiente recibió un total de 67 denuncias de hostigamiento en el período que cubren los informes, 22 de ellas en la primera semana y 45 en la segunda. Sus integrantes advierten que estas cifras podrían ser mayores, pero muchos cubanos deciden guardar silencio por temor «a ser más reprimidos o perseguidos, a perder el trabajo, a que le fabriquen una causa por delito común para encarcelarlos o silenciarlos», detallan.

Ambos documentos exponen los principales métodos de acoso y amedrentamiento empleados por el poder político contra los impulsores de esta iniciativa cívica; y provienen de las provincias Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Estos procedimientos han sido usados con mayor asiduidad después del 12 de octubre de 2021, fecha en que el Gobierno cubano declaró ilícita la Marcha Cívica por el Cambio.

Entre las modalidades de represión se sitúan los actos de repudio contra personas críticas al Gobierno o involucradas en iniciativas cívicas. Uno de los ejemplos más recientes fue el mitin realizado el pasado 1 de noviembre al coordinador de Archipiélago, el dramaturgo Yunior García Aguilera.

Ese día el programa Razones de Cuba dedicó un audiovisual a difamar a García Aguilera y «destapó» al agente «Fernando» de la Seguridad del Estado, un médico llamado Carlos Leonardo Vázquez González quien acudió como infiltrado a un taller en Madrid sobre el papel de las Fuerzas Armadas en los procesos de transición; evento en el cual también participó García Aguilera. Tras la emisión del video, el artista fue víctima de un corte selectivo de Internet y frente a su domicilio «más de 10 personas, los mismos "factores" de siempre, con pulóver de "A Cuba ponle corazón”», según acotara, gritaron consignas y frases en defensa del poder. 

También la ilustradora Mary Esther Cordero Lemus, colaboradora de elTOQUE, fue blanco de un ataque similar el 6 de noviembre cuando vecinos de su localidad protagonizaron un acto de repudio con banderas cubanas en las inmediaciones de su vivienda.

Sobre los actos de repudio, la comisión expresó: «Teniendo en cuenta lo ocurrido en Cuba en períodos anteriores, es lógico presuponer que dichos “mítines” se hagan más sistemáticos conforme nos acercamos al 15 de noviembre, y que aumente el grado de violencia en ellos. Se conoce la estrategia del gobierno de propiciar estos actos para aislar, agredir y aterrorizar a las familias».

Otra forma de represión utilizada han sido los despidos laborales. A finales de octubre dos miembros de Archipiélago, el ingeniero químico David Martínez Espinosa y el doctor Manuel Guerra fueron expulsados de sus respectivos centros de trabajo. 

A Martínez Espinosa le retiraron la categoría docente y le expulsaron como profesor de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. La Resolución 109 de 2021 de esta institución aclaró que el despido está relacionado con sus publicaciones en redes sociales «en contra del proceso social cubano de naturaleza laboral, social y política».

Por su lado, Guerra trabajaba desde hacía dos años en la Dirección Municipal de Salud Pública de Buenaventura en el municipio Calixto García, Holguín. Allí le comunicaron que, si deseaba seguir ejerciendo como médico, su ubicación quedaría a disposición de las autoridades del territorio.

El 3 de noviembre el actor Edel Carrero comunicó que lo habían despedido como informático del Centro de Teatro de La Habana, una entidad perteneciente al Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE), porque esa plaza tenía que ser para alguien confiable, escribió en Twitter.

Varias han sido las detenciones arbitrarias reportadas, entre ellas la del coordinador de la marcha en Guantánamo, Leinier Cruz Salfrán, quien luego de una citación con la Oficina Territorial de Control del Ministerio de Comunicaciones, fue secuestrado el 22 de octubre por agentes de la Seguridad del Estado y trasladado, con la cabeza cubierta, a un sitio para ser interrogado.

El 11 de noviembre Cruz Salfrán fue interrogado por la Seguridad del Estado, tras el encuentro publicó un video en redes sociales en el cual anunció su retirada de Archipiélago, la decisión de abandonar la marcha por falta de apoyo en su provincia y para preservar su libertad y poder dedicarse, en un futuro, a crecer personal y profesionalmente.

El 28 de octubre la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, fue arrestada en las cercanías de su vivienda y liberada horas después. 

Otro de los detenidos es el profesor de Física Pedro Albert Sánchez (3 de noviembre). El académico mencionó en redes que saldría a la calle el 8 de noviembre a caminar «por la libertad de pensamiento, de expresión y manifestación».

Yahima Díaz, una de las coordinadora de Archipiélago, fue detenida el 11 de noviembre luego de que peregrinara vestida de blanco y colocara unas flores en un busto de Martí.

La comisión percibió como otra forma de agresión: las «campañas de difamación y criminalización de líderes de la marcha pacífica y de Archipiélago a través de los medios de comunicación».

García Aguilera es la figura de Archipiélago más atacada por el poder político cubano y su red de medios de prensa. Sobre él se han difundido artículos, videos e incluso memes con el propósito de desacreditarlo ante la opinión pública. 

El 26 de octubre fue publicada en plataformas estatales una conversación entre García Aguilera y el exiliado cubano Ramón Saúl Sánchez. Al respecto, el dramaturgo aseveró que había rechazado la propuesta de Sánchez y agregó: «fue la Seguridad del Estado quien trucó e interceptó esa llamada privada, (…) la editaron, manipularon y pusieron lo que quisieron que usted escuchara. Yo por mi parte estoy dispuesto a escuchar a cualquier cubano que me llame y nunca le preguntaré cuáles son sus antecedentes penales».

Por otro lado, la cuenta de Telegram de David Martínez Espinosa fue hackeada y uno de los audios del joven fue manipulado por el youtuber Guerrero Cubano, un perfil empleado por la policía política para desprestigiar a quienes son críticos con el sistema. Guerrero Cubano empleó un audio de Martínez Espinosa para afirmar que el cienfueguero aprobaba el vandalismo y la violencia el día de la manifestación. Martínez Espinosa desmintió este ardid, mostró el contexto conversacional en el que surgió el audio y lo ofreció sin cortes a la audiencia. «Guerrero Cubano, usted es un impostor», señaló.

La activista Saily González Velázquez, de Santa Clara, ha sido también acosada en redes sociales por cuentas falsas. 

La última noticia sobre el actuar de las autoridades de Santa Clara contra la emprendedora es que la acusan de actividad económica ilícita y de receptación basándose en declaraciones de antiguos trabajadores de Amarillo, un negocio que González Velázquez cerró para evitar ser encausada por actividades relacionadas con él.

González Velázquez ha denunciado las citaciones realizadas por la policía y la Seguridad del Estado a sus exsubordinados y advirtió que estos pudieron ser presionados para declarar en su contra. En un post del 9 de noviembre, la activista escribió sobre el encuentro: «Aunque ellos negaron el carácter político de esta citación, no dejé pasar la oportunidad de hacerles saber que yo sé que lo que están intentando hacer es lo mismo que hicieron con Luis Manuel Otero Alcántara en noviembre de 2017: acusarlo por receptación ilícita de materiales de construcción. Claro que crear delitos de este tipo es muy fácil en un país donde desde que uno se levanta hasta que se acuesta está incurriendo en ilegalidades para poder sobrevivir», concluyó.

En el caso de la activista Daniela Rojo, moderadora de la plataforma Archipiélago en Facebook, una agente de la Seguridad del Estado la coaccionó emocionalmente para que no se manifestara el 15N, de lo contrario sus hijos podrían crecer sin su madre o ser víctimas de bullying en la escuela, le dijo.

Otro ejemplo de hostigamiento ha sido el «acoso a las familias de quienes se vinculan con la organización de la marcha pacífica o se conoce que piensan participar» como lo menciona uno de los informes de la comisión. Destaca en este sentido el asedio continuado al artista Gabriel Jarquin Velázquez, a quien no han podido localizar y por ello citaron a su pareja a interrogatorio.

Entre las víctimas de persecución por sus posicionamientos políticos en redes sociales destacan el médico Alexander Pupo, Leinier Cruz Salfrán y el tuitero Rafael Santos Regalado; este último ha sido citado a «entrevista» en cinco ocasiones en menos de un mes.

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Clément N. Voule comunicó en la mañana del 11 de noviembre a las autoridades cubanas que es su obligación proteger y facilitar la expresión en el país a través de protestas pacíficas.

Otras de las variantes de represión detectadas por la Comisión son:

• Incremento de citaciones a interrogatorios ilegales.
• Amedrentamiento para evitar que más cubanos se sumen a la marcha.
• Amenazas anónimas y por parte de la Seguridad del Estado.
• Vigilancia policial o de la Seguridad del Estado frente a las viviendas.
• Reclusión domiciliaria sin causa formada. 
• Interrupción de los servicios de internet y de telefonía fija. 
• Imposición de multas reiteradas e injustificadas.
• Conminación a activistas y periodistas independientes para que se exilien.

El comité de apoyo a los manifestantes resaltó, además, que varios cubanos emigrados han sido presionados por la Seguridad del Estado: «han recibido amenazas por carta y redes sociales de dañar a sus familiares en Cuba si continúan apoyando la marcha. También en la emigración se ha expandido un tanto el miedo de que no dejen entrar al país a la persona, o lo enjuicien reteniéndolo en Cuba».

Uno de los aspectos recogidos en ambos informes es la creación y preparación de grupos paraestatales para enfrentar a los manifestantes pacíficos del 15N. La comisión señaló que de esta manera el Gobierno no expone a sus cuerpos militares «ante la opinión pública internacional», aunque se trata de un asunto que debería preocupar no solo a los cubanos, sino a la comunidad internacional.

La comisión tuvo acceso a un documento de una empresa de comercio en Holguín, el cual es prueba de que se traza un plan de actuación para dirigentes y empleados con el fin de reprimir la marcha o hechos afines. Esta estrategia, recogida en una planilla o modelo, «se implementa por las áreas de “Seguridad y protección” de la entidad, bajo la dirección del Consejo de Defensa, en este caso municipal».

Por último, la comisión teme que el Estado «esté preparando a la opinión nacional a favor del linchamiento políticamente justificado». De tal forma, denuncia el aumento de la represión en días previos a la realización de la Marcha Cívica por el Cambio y señala la necesidad de un pronunciamiento internacional con respecto al «recrudecimiento alarmante de los poderes ilimitados del Estado cubano».

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