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Foto: Raúl Medina.

«¡Que se vayan todos!». Protestas en Perú y el fantasma autoritario

26 / enero / 2023

El cambio de año en Perú trajo imágenes que parecían superadas por la joven democracia pos-Alberto Fujimori. En las últimas semanas se ha repetido como un mantra que el país parece vivir un déjà vu de los años noventa del siglo anterior. Los principales protagonistas políticos han sido, paradójicamente, el primer presidente de origen campesino y la primera mandataria que ha tenido Perú.

Pedro Castillo Terrones, un sindicalista y exprofesor rural que asumió la presidencia en julio de 2021, tras ganarle en segunda vuelta a Keiko Fujimori (hija del exdictador), acumuló en año y medio de mandato cinco investigaciones fiscales contra él y su entorno cercano por presunta corrupción, y una por presunto plagio de la tesis de maestría.

Las pesquisas al exmandatario están abiertas por los delitos de encubrimiento personal contra la administración de justicia y la administración pública; por tráfico de influencias a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. (organización criminal para facilitar un contrato al Consorcio Puente Tarata III); y por colusión agravada.

Otra investigación se ocupa de la presunta intervención de Castillo y dos funcionarios de su Gobierno en ascensos indebidos en las fuerzas armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Castillo no consolidó su gabinete ni avanzó en cumplir sus promesas electorales. La politóloga y analista Paula Muñoz Chirinos describió su Administración como «desgobierno», en el cual el presidente estaba «más interesado en defenderse, esconderse y en cómo evitar la transparencia y la investigación de acusaciones en su contra».

En estas condiciones llegó el mandatario al 7 de diciembre de 2022. Ese día, poco antes de la hora prevista para la discusión que, por tercera vez, habría en el Legislativo sobre la posibilidad de destituirlo, Castillo Terrones intentó zanjar el conflicto con un autogolpe de Estado. En un mensaje a la nación repitió las palabras de Fujimori dichas en abril de 1992 cuando anunció que disolvería «temporalmente el Congreso de la República» para mandar por decreto bajo un régimen de excepción. También ordenó a los militares intervenir el Poder Judicial.

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Unas horas después, sin el apoyo de las fuerzas armadas y la policía, Castillo fue detenido «en flagrancia» por su escolta cuando intentaba huir a la Embajada de México. Tras el estrepitoso fracaso del golpe, el Congreso aprobó por mayoría su vacancia (destitución) y asumió el Ejecutivo Dina Boluarte. La nueva mandataria era la vicepresidenta electa en los comicios de 2021, cuando postuló junto con el exmaestro por el partido marxista-leninista Perú Libre.

Estalló entonces la frustración nacional contra la clase política. Si bien Castillo tenía en noviembre de 2022 una aprobación de solo el 31 %, la gestión del Congreso apenas era satisfactoria para el 10 % de los peruanos. Las manifestaciones más fuertes de la primera oleada (del 7 al 25 de diciembre de 2022) se reportaron en las regiones del sur, donde el expresidente tiene el núcleo duro de sus votantes y alianzas políticas.

El conflicto llegó cargado por los efectos de una de las peores sequías en las zonas altoandinas durante los últimos 50 años, así como las secuelas de la COVID-19, que en el Perú ocasionó la mayor tasa de muertes per cápita del mundo.

En un inicio, las protestas pidieron la rehabilitación de Castillo, preso y bajo investigación de la Fiscalía por el delito de rebelión; la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso; la convocatoria a nuevas elecciones y a una Asamblea constituyente para sepultar la carta magna de 1993.

Durante diciembre y enero de 2023, las manifestaciones se extendieron con fuerza y estremecieron Lima, la capital. La liberación de Castillo dejó de ser una exigencia principal, mientras que aumentó el reclamo de «que se vayan todos», tanto la presidenta y su premier, Alberto Otárola, como los congresistas.

«¡Dina, qara uya!», se escucha gritar en quechua, que se puede traducir como «sinvergüenza». Boluarte se apresuró en declarar 2023 como el «Año de la unidad, la paz y el desarrollo». La realidad de un país en estado de emergencia desde mediados de diciembre de 2022 la desmiente.

Desde el 7 de diciembre de 2022, al menos 46 civiles han muerto en los enfrentamientos. Muchos de ellos eran menores de edad o jóvenes estudiantes que fueron impactados por balas en el contexto de choques entre policías, soldados y manifestantes, fundamentalmente en las regiones de Ayacucho y Puno. Los heridos se acumulan por centenares.

Los manifestantes también cerraron vías, lo que impiden el paso de mercancías y viajeros. Se han reportado ataques e intentos de tomar aeropuertos, saqueos de tiendas e incendios de comisarías y sedes judiciales, entre otros actos de vandalismo contra la infraestructura pública y privada.

La Casa Marcionelli, un inmueble centenario ubicado en el centro histórico de Lima, a pocos metros de la plaza San Martín, quedó devastada por el fuego el 19 de enero de 2023, luego de un fuerte choque de fuerzas policiales y manifestantes.

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Foto: Raúl Medina.

El 21 de enero la Policía Nacional irrumpió con tanquetas y unos 300 efectivos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América, para detener a quienes se alojaban en el campus durante la jornada de protestas llamada «toma de Lima». Arrestaron a casi 200 personas, entre alumnos y manifestantes, que fueron liberados un día después por orden de la Fiscalía.

Mientras la crisis política se agudiza, el Gobierno que debió ser de transición ha optado por atrincherarse y acusa a los manifestantes, sin distinción, de intentar «generar caos para tomar el poder».

«Quiero desmentir las noticias falsas (…), el Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca», aseguró la presidenta Boluarte en uno de sus comunicados.

«Con el argumento de estado de emergencia [declarado el 14 de diciembre de 2022] se están vulnerando muchos derechos humanos, de estas personas que de por sí ya han sido ignoradas siempre», comenta el joven André Sebastián Vega Guerrero, para quien «es una desgracia lo que está pasando».

«Hoy estuvimos con mi familia, atentos al pronunciamiento del Estado y pasó lo que esperábamos: una lavada de manos impresionante. Dicen respetar los derechos humanos», agregó Vega Guerrero.

A medida que aumentan las víctimas mortales de la violencia, crecen los opositores de Boluarte y su primer ministro Alberto Otárola. En las calles, algunos carteles y consignas afirman que «esta democracia ya no es democracia».

¿Terrorismo hoy?

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, más de 69 mil personas perdieron la vida en el período conocido como «La época del terrorismo» (1980-2000), conflicto interno entre el Estado y grupos armados que querían derrocarlo mediante la violencia (principalmente el Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso [PCP-SL] y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru [MRTA]).

A pesar de que los movimientos radicales de izquierda, culpables de secuestros, asesinatos, extorsiones y atentados se desmovilizaron, las heridas del conflicto no se han cerrado en dos décadas. Por estos días, «terruquear» o estigmatizar a los manifestantes, sin excepción, como si todos fueran violentos, es moneda corriente y frena las posibilidades de una conciliación.

«La política declina cuando la conspiranoia y la represión es la única respuesta. Y cuando quienes gobiernan están fuera de la realidad», advirtió el politólogo y profesor José Alejandro Godoy en un tuit.

Un reciente estudio de opinión pública mostró una gran polarización respecto a la crisis actual: mientras el 50 % de los peruanos dicen sentirse identificados con las manifestaciones, el 46 % las rechaza.

«¿Hay vándalos en las marchas? Sí. ¿Representan una mayoría? No. ¿Marchar te convierte en terrorista? No. ¿Hay un discurso racista en quienes piensan que hay un grupo manipulado y sin agencia? Sí. ¿Marchar debería llevarte a la muerte? No. Insistir en que todo está bajo control y que esto se reduce al vandalismo, solo agrava la crisis», manifestó el artista peruano Michael Day en un mensaje en redes sociales.

La abogada y periodista Rosa María Palacios señaló en una columna en La República que «defender la vida se ha convertido en una actividad peligrosa. La palabra terrorista, contradictoriamente, se escupe contra todo aquel al que se le ocurre recordar que no hay pena de muerte en el Perú».

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Foto: Raúl Medina.

«Una protesta con piedras, hondas, palos, botellas, cartones y llantas incendiadas no es terrorismo», añadió la analista política, quien explica: «las protestas de hoy no buscan, del lado de los manifestantes, matar, como era el eje principal de Sendero Luminoso y el MRTA, que se sostenían sobre una ideología demencial (…) y respondían a una jerarquía criminal organizada en células y liderazgos. Nada de eso hay en las protestas que piden la renuncia de Dina Boluarte».

Un reciente estudio de Transparencia, la red de medios Ama Llulla y eMonitor+ sobre «discurso político y mensajes polarizadores» en las protestas, halló que en 14 456 publicaciones en redes sociales la palabra terroristas (que se refiere a los manifestantes) es la más usada, seguida por golpista y asesina, empleadas contra Boluarte.

«La banalización de la palabra terrorista es un insulto a los muertos y, sobre todo, a los que murieron combatiendo el terror. Pero también a los que sobrevivimos a vivir siempre con miedo. (…) A veces, las voces son de políticos viejos. ¿Qué les pasó? (…) Se desgañitan defendiendo el capítulo económico de la Constitución (que yo defiendo), pero se olvidan de su primer y segundo artículo: toda persona tiene derecho a la vida», concluyó Palacios.

Hacia Lima

Las movilizaciones abarcan un amplio abanico de grupos y organizaciones, así como ciudadanos autoconvocados. Aunque no parece haber un liderazgo central, destacan la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Frente Agrario y Rural, la Asamblea Nacional de los Pueblos y rondas o milicias campesinas.

En redes sociales también se ven iniciativas de cooperación y esquemas de autogestión de comunidades aimaras, entre otros colectivos autoconvocados y sin filiación castillista, para organizar caravanas hacia la capital. Los manifestantes viajan desde Cusco, Puno, Arequipa, Abancay y el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), entre otros territorios.

Lourdes Huanca, quien junto a Marino Flores es una de las activistas cercanas a Castillo más activas en la convocatoria de las protestas, dijo en una entrevista reciente con elDiario.es: «Nuestro acuerdo es no retroceder».

El lenguaje bélico impregna el ambiente y hace que cualquier chispa se convierta en un incendio, a veces simbólico, a veces literal. Para llevar las protestas a la capital, diversas organizaciones convocaron a la «Toma de Lima» el 19 de enero de 2023, al día siguiente del aniversario 488 de la fundación de la ciudad.

En igual tono, las autoridades se prepararon como si estuvieran ante un asedio militar y no fuesen peruanos quienes se manifestaran en la megalópolis de más de 10 millones de habitantes.

Por primera vez en la crisis, se vieron en el centro histórico tanquetas y un extraordinario número de efectivos de la PNP. El general Víctor Zanabría dijo: «[la policía desplegó] 11 800 efectivos en las calles de Lima para el control de disturbios, tenemos más de 120 camionetas y 49 vehículos militares, y también la participación de las fuerzas armadas. La policía está en alerta máxima».

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Foto: Raúl Medina.

Mientras la violencia se extiende por el país, los principales medios nacionales, en su mayoría concentrados en el Grupo El Comercio, amplían su cobertura con los actos de vandalismo y los ataques contra la PNP. Por otra parte, las autoridades advierten sobre la llegada desde las provincias de presuntos «terroristas» o personas vinculadas a los restos de Sendero Luminoso. Viejas heridas se reabren por estos días y la brecha cultural entre Lima y las regiones se acentúa.

La idea de una élite urbana limeña que se ha coludido contra los pobres de las zonas rurales fue justo una de las narrativas que llevó a Castillo y Boluarte al poder, tras ganarle a Keiko Fujimori, también investigada por presunta corrupción.

Pero Boluarte, una abogada de provincias sin resultados políticos notables antes de ser incluida en la plancha presidencial de Perú Libre, ha dado declaraciones chocantes para los manifestantes castillistas que ahora la consideran una «traidora». El 24 de enero, refiriéndose a una de las zonas de más violencia en las últimas semanas, Dina Boluarte dijo: «Tenemos que proteger la vida y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú».

Encuestas realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) e Ipsos Perú, publicadas a mediados de enero, coincidieron en que la gestión de Dina Boluarte tiene un 71 % de rechazo entre los peruanos, mientras que el 19 % (IEP) y el 20 % (Ipsos) la aprueba.

El Congreso es peor visto que el Ejecutivo por quienes participaron en los recientes sondeos. El 88 % de la población desaprueba al Legislativo y apenas un 9 % le da un voto de confianza, según IEP. Mientras que Ipsos arrojó que el 80 % rechaza al poder del Estado.

El presidente del Congreso, el general retirado José Williams (quien de producirse una renuncia de Boluarte asumiría el Ejecutivo) es desaprobado por un 72 % y 62 % de los peruanos, según IEP e Ipsos, respectivamente. 

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¿Cuándo se jodió el Perú?

El conocido dilema de un personaje de Vargas Llosa en Conversación en la Catedral (1969) reaparece en cada crisis: «¿En qué momento se había jodido el Perú?».

Los antecedentes del último ciclo de conflictos podrían comenzar tras la caída del régimen de «El Chino», como le decían a Fujimori, hijo de japoneses. Desde el 2000 se sucedieron varios Gobiernos elegidos de manera democrática cuyos presidentes, en su mayoría, terminaron procesados o acusados por corrupción, al tiempo que crecía el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, dotado de amplios poderes para destituir a un mandatario por «incapacidad moral» si así lo acuerdan en votación. El escenario se agravó durante la corta presidencia de Castillo (28 de julio de 2021-7 de diciembre de 2022).

«La izquierda fue bastante complaciente con los problemas de gestión y casos de corrupción del Gobierno de Castillo, así como lo defendió únicamente con la esperanza de un supuesto “reencauce” del Gobierno. La derecha más conservadora buscó anular las elecciones en un estilo muy parecido al de Trump y luego buscó vacar al presidente Castillo bajo cualquier pretexto», explica a elTOQUE José Alejandro Godoy, politólogo y profesor universitario.

Algunos piden no disminuir la responsabilidad de Castillo, actualmente con una medida de 18 meses en prisión preventiva. Junto a una imagen del exmandatario y sus ex primeros ministros y cercanos colaboradores Aníbal Torres y Betssy Chávez ―todos investigados por la Fiscalía―, la fotógrafa peruana Gladys Alvarado escribió en sus redes sociales: «Estos son los principales responsables del desangramiento del Perú (…), alimentando un odio y resentimiento desmedido día a día, en cada discurso, en cada presentación».

En un informe del Ministerio del Interior publicado el 29 de diciembre de 2022 se mencionan al menos «130 actores políticos» que presuntamente participan o lideran las manifestaciones en 19 regiones, algunos calificados como «operadores» cercanos a Castillo.

«Se tiene una multiplicidad de organizaciones y dirigentes que a partir de la coyuntura vienen fortaleciendo coordinaciones y acciones con el fin de realizar protestas más organizadas». Además, el Servicio de Inteligencia peruano afirma que las grandes movilizaciones hacia Lima están supuestamente financiadas con recursos de la minería ilegal, el narcotráfico y otros agentes «que buscan sembrar el miedo».

Por otra parte, el Gobierno de Boluarte impidió entrar al país a Evo Morales y el Congreso lo declaró «persona no grata», tras acusar al expresidente boliviano de actividades proselitistas en el sur del país y promover una Asamblea constituyente, entre otras actividades consideradas «injerencia» en el contexto actual.

Al hacer una lectura interesada del escenario político, Gobiernos latinoamericanos de izquierda, incluidos los regímenes antidemocráticos de Cuba y Venezuela, apoyaron la maniobra autoritaria de Castillo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también dijo que el exmandatario peruano tomó la decisión del «suicidio político y democrático», arrinconado desde el primer día «por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular».

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Foto: Raúl Medina.

¿Cómo evolucionará el escenario en Perú?

Según el politólogo José Alejandro Godoy, la influencia real de Castillo en los acontecimientos se ha reducido considerablemente. «El expresidente está encarcelado y no tiene dominio sobre ningún grupo político y social. Asimismo, las demandas por su libertad han cesado» en las principales demostraciones de calle.

«Probablemente, hoy la única salida [a la crisis] sea la renuncia de la presidenta para adelantar más rápido las elecciones. Pero, para ello, el Congreso debería elegir un presidente menos controvertido que el actual para que luego sea el nuevo mandatario», razona Godoy.

Edith Bautista, presidenta del nuevo partido político Hacer País, cree que la reacción a la crisis actual «tiene que ver con una democracia manipulada para intereses de pocos, que es percibida principalmente desde la acción del Congreso de la República; con contrarreformas, blindajes, venta de votos, tráfico de influencias y desconocimiento de la legitimidad de quienes son elegidos por voto popular como sucedió con [los expresidentes Pedro Pablo] Kuczynski y Castillo».

En declaraciones a elTOQUE, Bautista opina que otra de las causas estructurales del estallido es «la marginación de la toma de decisiones y del acceso al poder de sectores ciudadanos en su mayoría racializados. Históricamente, hubo una insuficiente representación de los más excluidos, que se vio contenida y reivindicada con la presencia de Castillo en el poder».

Un tercer factor está asociado, según Bautista, con «la corrupción sistémica y la incapacidad del Estado en sus tres niveles de Gobierno para resolver los problemas de los más excluidos. Hay un descontento acumulado, como un silencio sísmico, buscando un factor desencadenante para manifestarse; un sector de peruanos y peruanas no es parte del desarrollo del país y vive en inaceptables condiciones de exclusión de servicios y del bienestar más básico».

Al día de hoy, la crisis peruana se encuentra estancada y no parece posible un diálogo entre la ciudadanía y el Estado, con Boluarte y el premier Otárola en el poder. «Resulta bastante difícil. El Gobierno no ve a los manifestantes como agentes con empoderamiento y agenda legítima. Y quienes protestan piden la salida del Gobierno», señala Godoy.

«Un Gobierno que mata es un Gobierno sin legitimidad. Una presidenta que llega al poder constitucionalmente, pero se comporta como una dictadora asesina, es alguien a quien el pueblo tiene todo el derecho a derrocar», opinó la periodista y escritora peruana Gabriela Wiener en El País.

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Foto: Raúl Medina.

Para José Alejandro Godoy, «si bien se mantienen varios elementos de la democracia, sí es claro que hay algunos notorios elementos de preocupación por una deriva autoritaria del Gobierno de Boluarte».

A su vez, los partidos con representación en el Congreso no muestran voluntad de poner de lado sus intereses particulares y acelerar la convocatoria a elecciones generales. Boluarte, quien podría precipitar el desenlace de la crisis con su renuncia para presionar a favor de que se cree un Gobierno de emergencia y se convoque a elecciones, se afianza en el poder. Es probable que busque retrasar los procesos judiciales que le auguran analistas, debido a su responsabilidad política en el medio centenar de muertes por las manifestaciones.

Sobre convocar a una Asamblea constituyente (otra de las demandas de las protestas), estandarte de la izquierda durante mucho tiempo contra el Perú «neoliberal», opina Godoy: «Es claro que el pacto constitucional de 1993 en lo que se refiere a las reglas políticas se ha agotado y se requieren cambios. El nudo tiene que ver con el capítulo económico de la Constitución».

Al respecto, Francisco Sagasti, quien asumió la presidencia en noviembre de 2020 tras la renuncia por masivas protestas del expresidente de facto Manuel Merino, definió así el contexto actual del Perú: «un momento destituyente muy lejos de uno constituyente. Para avanzar, debemos pasar por un momento instituyente, en que las instituciones cobran una mayor vigencia».

En entrevista con La República, Sagasti explicó que «un problema de la política en el país es que la gente no quiere pensar ni escuchar. Algunos políticos ponen al otro una etiqueta: caviar o neoliberal, y no piensan más. (…) Hay que hacer un enorme esfuerzo por escuchar a quien piensa distinto».

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Silvano

Excelente resumen noticioso, como es ya habitual en el Toque. Información pura y dura, muchas gracias.

Esther

Excelente para entender
Esther
Silvano

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