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Foto: elTOQUE.

El referendo del Código de las Familias y el rechazo al modelo político cubano

26 / septiembre / 2022

El Consejo Nacional Electoral (CEN) dio a conocer los resultados preliminares del referendo del Código de las Familias en la mañana del 26 de septiembre de 2022. Al anunciarlos, la presidenta del CEN Alina Balseiro declaró que existía una «tendencia irreversible» en el voto favorable y, por ende, podía entenderse que el Código de las Familias había sido ratificado por el electorado.

De acuerdo con lo expresado por la presidenta del CEN, el Código de las Familias fue aprobado con el 66.7 % de los votos válidos escrutados. Los votos válidos son aquellos que cumplen con las formalidades legales y en los que se puede determinar con claridad la intención de voto. No obstante, más allá de los resultados favorables y de la inmediata entrada en vigor del nuevo estatuto familiar, otros datos ofrecidos por el CEN requieren una lectura adicional.

Pocos discuten que, detrás del referendo del Código, se ha desarrollado una disputa política y de valores. Una disputa que se delinea ―al menos en cuestión electoral― desde el referendo constitucional de 2019. Las discrepancias se han reproducido, en su mayoría, entre quienes defienden valores conservadores ―en lo fundamental, iglesias y otros actores religiosos― y quienes apoyan y exigen el reconocimiento de todos los derechos para todas las personas. Pero, también, entre quienes de forma creciente desconfían y no apoyan el modelo político cubano y quienes lo soportan y sostienen cualquier decisión u oferta que provenga del poder, incluso si no se corresponde con valores en los que cree.

Los resultados del referendo del Código de las Familias son una muestra de esas pugnas y de cómo se han comportado sus tendencias. 

No obstante, no quiero concentrarme en la existencia real de un conflicto entre cosmovisiones conservadoras y liberales que no se agota con la entrada en vigor del Código de las Familias y que todos sabíamos que existía, entre otras cosas, motivado por décadas de discriminación institucionalizada impulsada por el régimen cubano. Prefiero concentrarme en la lectura política que se puede realizar en cualquier proceso electoral.

A nivel político, el dato más relevante del referendo concluido el 25 de septiembre es el porcentaje de participación ciudadana en el proceso. En otros contextos ―sobre todo en aquellos en los que el voto no es obligatorio―, el abstencionismo no es siempre un dato relevante. Sin embargo, en el caso cubano sí tiene vital importancia porque el sistema electoral cubano se caracteriza por su falta de competitividad. 

Por regla general, en Cuba solo en las elecciones de primer nivel (las de los delegados de circunscripción) contiende más de una persona por un puesto. Por ejemplo, Díaz-Canel no tuvo competidores al aspirar al puesto de presidente de la República, como tampoco tuvieron competidores los 605 diputados quienes, en las pasadas elecciones generales, aspiraron a ocupar las 605 sillas disponibles en el inoperante Parlamento cubano. 

En más de 40 años de institucionalización ―no cuento el período de provisionalidad previo a 1976― el electorado cubano solo ha participado de tres ejercicios electorales competitivos. Los dos referendos constitucionales (1976 y 2019) y el del Código de las Familias. Digo procesos competitivos porque, a pesar de los déficits democráticos que puedan señalarse, han sido las únicas veces en las que los electores cubanos han estado frente a la posibilidad de elegir entre una opción u otra ( o no).

La falta de competitividad del sistema electoral cubano impide evaluar de manera clara los apoyos populares a figuras, modelos y propuestas. Por eso, la propaganda y los gobernantes han utilizado durante mucho tiempo la participación en los procesos electorales como una muestra del apoyo popular al modelo político cubano.

La abstención (que no es más que la no participación en los procesos electorales) ha sido entendida e impulsada como un mecanismo de oposición al Gobierno cubano. 

En los últimos tiempos, la participación popular en los procesos electorales ha ido reduciéndose cada vez más. En el referendo constitucional de 1976 ―contexto diferente por completo― participó el 98 % del electorado cubano. En las últimas elecciones generales realizadas en 2018 se reportó una participación popular del 85.65 %. Una cifra que aumentó en el referendo de 2019, entre otros factores, porque se trataba de la primera vez que el electorado tenía la posibilidad de decir no al modelo político socialista y muchos opositores y ciudadanos optaron, no por la abstención, sino por un voto claro de rechazo que desde 1976 no habían tenido la posibilidad de ofrecer.

De acuerdo con los datos definitivos publicados en su momento por las autoridades electorales cubanas, en el referendo constitucional de 2019 ejercieron el derecho al voto 7 848 343 electores, lo que se correspondía con el 90.15 % del total del padrón electoral. Pero los resultados del referendo del Código de las Familias superan con creces las cifras de abstencionismo del último referendo y elecciones generales. En esta oportunidad, aproximadamente el 25 % del padrón electoral no participó. Los resultados preliminares anunciados por Alina Balseiro arrojan que solo el 74.01 % del padrón electoral básico ―de 8 447 467 electores― compareció a las urnas. Esto implica una reducción de casi 16 puntos porcentuales en relación con la participación en el referendo de 2019.

Las cifras de participación en el referendo del Código de las Familias ―que pueden variar en las próximas horas― son las más bajas de todos los procesos electorales desarrollados en la historia cubana reciente. Ante la falta de información pública y sondeos confiables sobre los apoyos a las autoridades cubanas y, si se atiende a la lógica que ha empleado el Gobierno cubano para legitimar su sistema electoral, los datos sobre la participación en el referendo del Código de las Familias, las multitudinarias protestas del verano de 2021 y las más recientes muestras públicas de insatisfacción con la gestión gubernamental, pueden utilizarse para medir ―de forma imperfecta― el apoyo o rechazo populares a la institucionalidad y al modelo político cubano.

En los números de abstenciones pudieron influir las altas cifras de emigración cubana del último año; solo en la frontera sur de Estados Unidos han sido admitidos cerca de 200 mil cubanos. Sin embargo, no se trata de una cifra que cambia de manera drástica la perspectiva defendida hasta aquí porque fueron cerca de 2 200 000 cubanos con derecho al voto quienes no acudieron a las urnas. Además, en el nuevo ejercicio electoral un aproximado de 400 mil nuevos votantes arribaron a la edad electoral y fueron incluidos en el padrón básico. 

El número final de la participación popular puede variar cuando se ofrezcan los resultados definitivos. El CEN ratificó que, a última hora, fueron incluidos en el padrón cerca de 800 mil personas que no votaban por sus lugares de residencia. Las inclusiones de último minuto muchas veces generan duplicidades que son corregidas y, por ende, disminuyen los números de electores y aumentan los porcentajes de participación. En el referendo de 2019 los resultados de participación definitivos fueron superiores en cerca de un 4 % a los preliminares. No obstante, a pesar de las posibles variaciones, un abstencionismo de cerca del 20 % sería una cifra igual de destacable e histórica para el contexto cubano.

Junto con el abstencionismo como muestra de rechazo al modelo cubano, también destacan los votos negativos. El Gobierno cubano asumió y apoyó de manera abierta el . Llegó, incluso, a propugnar que votar implicaba votar por la Revolución, el socialismo y la unidad. Sin embargo, 1 950 090 votaron no al Código de las Familias. Si se atiende la postura y solicitud gubernamental, el voto negativo no solo puede significar un rechazo al Código, sino también al Partido Comunista que lo propuso y que consideró que votar por el texto implicaba votar por el mantenimiento del modelo político. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, luego de ejercer su derecho al voto el domingo 25 de septiembre, reconoció ante la prensa que muchas personas podían votar no como una muestra de insatisfacción y «castigo» a la gestión de la Administración que él dirige.

De igual manera, los números de los votos anulados o en blanco son significativos en el caso cubano. En Cuba no existen reglas claras para determinar los votos que pueden ser anulados, pero reportes de observadores independientes en otros ejercicios electorales demuestran que los votos que contengan consignas o escritos contrarios al sistema cubano, sin importar si la intención de voto es clara, son anulados. Por ende, los votos nulos y en blanco podrían ser considerados, como mínimo, muestra de no apoyo al sistema. 

De acuerdo con las cifras preliminares, cerca del 5.75 % de los votos emitidos fueron anulados o en blanco, lo que se corresponde con un universo de cerca de 360 mil personas.

Los procesos electorales cubanos definen poco y sus números no son confiables. Una muestra clara puede ser la divergencia de 5 825 votos entre la suma de los votos en favor del y el no, y el total de votos válidos anunciados en los resultados preliminares. Cualquier asunción acrítica de los números ofrecidos por el CEN puede considerarse una ingenuidad. Sobre todo ante la ausencia de actores independientes que puedan fiscalizar la labor del CEN, de observadores internacionales y de instancias efectivas ante las que se puedan impugnar los resultados.

A pesar de la credibilidad o no de los resultados, el referendo del Código de las Familias generará efectos inmediatos. De acuerdo con el texto publicado en la Gaceta, el Código de las Familias está vigente desde el mes de agosto. No obstante, los números generadores de dudas permiten sacar en claro una conclusión que no solo se aprecia en las muestras de insatisfacción en las calles, sino también en las urnas: la pérdida constante de apoyo popular del régimen cubano.



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Eloy Viera Cañive
Cienfueguero ausente. Graduado de Licenciatura en Derecho en 2011. Abogado de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos hasta 2017. Director legal del Colectivo+Voces. El Derecho sigue siendo mi esperanza, pero he renunciado a ser un abogado que solo recomienda paciencia y fe.
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