Anna Sofía Benítez Silvente y su madre, Caridad Silvente Laffita, fueron declaradas «culpables» de cometer supuestos «actos contra la intimidad» de un agente del Ministerio del Interior (Minint) después de que lo grabaran y publicaran el acto de entrega de una citación en la vivienda de ambas. La joven, conocida por sus videos críticos en redes sociales como «Anna Bensi», dijo a la salida de la vista oral que el proceso es «una injusticia» por expresar sus opiniones sobre el régimen de Cuba.
De acuerdo con la activista de 21 años, el Tribunal las sancionó a «dos años de limitación de libertad» en un juicio realizado el primero de octubre de 2026 en el Tribunal Municipal de Habana del Este, presidido por la jueza Zamira Marrero Morgado. Esperan recibir el fallo por escrito de la sentencia para apelar.
El juicio, declarado «privado», ocurrió en la mañana de este jueves. Decenas de personas acudieron a los exteriores del Tribunal para expresar su apoyo a la familia, a pesar de los intentos de las autoridades por frenar la solidaridad con las acusadas mediante el acoso a periodistas independientes —incluida la reportera de CubaNet, Camila Acosta— y activistas, así como detenciones arbitrarias contra líderes cristianos.
El pastor evangélico Rolando Fidel Pérez Lora, conocido en redes sociales como «Pregonero de Cristo», fue detenido con violencia por agentes de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) cuando se dirigía al Tribunal con las acusadas. En un video del momento del arresto difundido por redes sociales se observa que Pérez Lora es esposado y tirado al suelo por los uniformados, quienes no explican las causas de la detención ni presentan ningún documento legal.
Horas antes, el pastor había advertido a Martí Noticias sobre un despliegue policial frente a las viviendas de integrantes del colectivo juvenil Fuera de la Caja, otros creadores de contenido crítico que han sido acosado en los últimos meses.
El activista cristiano David Espinosa Martínez también fue detenido cuando intentaba asistir al juicio. De acuerdo con Pérez Lora, Espinosa fue arrestado sobre las 8:00 a. m. y trasladado a una estación policial en el municipio de La Lisa.
Miembros de Fuera de la Caja Cuba afirmaron que agentes les comunicaron que no podían salir de sus casas hasta después de las 11:00 a. m. El grupo denunció la presencia de patrullas y agentes frente a los domicilios de varios de sus integrantes.
Anna Bensi denunció a su llegada que había patrullas y decenas de agentes vestidos de civil alrededor de su casa desde primera hora, y que fueron escoltadas durante todo el trayecto.
Un caso fabricado para castigar la libre expresión
Minutos antes de entrar, Anna Sofía Benítez habló frente al Tribunal con la prensa extranjera acreditada en la isla. «No va a ser justo el juicio, pero yo tengo un Dios justo», dijo la joven. Añadió que esperaba que triunfara la verdad, pero advirtió que el país está gobernado por «un Estado de injusticia».
La joven sostuvo que ni ella ni su madre son criminales y que se limitan a expresar lo que piensan a través de un teléfono, que «no es un arma». Afirmó que no están de acuerdo con el sistema político cubano y que «eso no es delito».
Cuando una periodista de la agencia de noticias EFE le preguntó cuál era la solución para el país, Anna Bensi respondió: «Que Cuba sea libre». Varios de sus acompañantes la apoyaron pidiendo «cambios» y «libertad».
De acuerdo con CubaNet, entraron al juicio con Anna Bensi y su madre, Bárbaro Marrero, presidente de la Junta Directiva de la Convención Bautista de Cuba, y el pastor de la congregación de Alamar, Arturo Leal.
El proceso tiene su origen en marzo de 2026, luego de que un suboficial de la PNR, identificado como Yoel L. Rabaza Ramos, le entregara una citación en nombre de la Seguridad del Estado. Anna Bensi y su madre grabaron la actuación del agente y publicaron en redes el video.
Luego de un primer intento fallido de procesarla mediante una acusación de oficio presentada por las autoridades, el suboficial presentó a título personal una querella ante el tribunal contra Anna Bensi y su madre, probablemente presionado por sus oficiales superiores y la Seguridad del Estado.
Aunque no existe prohibición expresa en la legislación cubana que impida filmar a funcionarios en el ejercicio de sus funciones, en la práctica, estas personas (sobre todo los agentes de la PNR y la Seguridad del Estado) se oponen a ser grabados y expuestos.
En espacios de la propaganda oficial se ha dicho que los funcionarios públicos están protegidos por el derecho a la imagen y, por ende, no deberían ser filmados y mucho menos publicado su accionar en las redes sociales.
No obstante, las funciones públicas no son privadas y quienes ejercen como funcionarios no deben estar protegidos por las reglas de privacidad, mucho menos si se desenvuelven en el espacio público (la calle, instituciones oficiales o en el pasillo común de un edificio multifamiliar, como ocurrió en este caso).
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Justicia 11J y Cubalex, han descrito el proceso contra Anna Bensi y su madre como «otro caso de criminalización de la expresión crítica en Cuba» y de la utilización de la ley para perseguir la disidencia.
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