Elías Rizo León tenía 16 años cuando subió a una patrulla volcada en la esquina de Toyo (municipio Diez de Octubre, La Habana) y ondeó sobre el vehículo una bandera cubana manchada con su sangre. Era el 11 de julio de 2021. La imagen de un adolescente sobre un vehículo policial derribado por la multitud, con la bandera ensangrentada al viento, recorrió el mundo en cuestión de horas y se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del histórico estallido social conocido como «11J».
Semanas después, con la Seguridad del Estado tras su rastro, Rizo León se escondió con ayuda de su madre, quien se negó a entregarlo a pesar de las presiones de los agentes del Ministerio del Interior (Minint). En agosto de 2021, huyó del país junto a su familia rumbo a Rusia y terminó exiliado en España, evitando así el proceso judicial que alcanzó a cientos de quienes protestaron el 11 de julio. Muchos continúan encerrados.
«Cinco años después, podemos decir que lo que cambió en Cuba fue el miedo. Ya nadie puede decir que el pueblo no es capaz de levantarse», dice Elías Rizo a elTOQUE. «El régimen sigue igual o más represivo, pero perdió el monopolio psicológico», agrega el joven.
Para quienes salieron a la calle aquel día, dice, la vida cambió para siempre: «Muchos sufrieron cárcel o exilio, pero ganaron algo irreversible, la certeza de que la dictadura puede temblar cuando la gente se une. El 11J fue una grieta que no se ha cerrado».
Las protestas que se desarrollaron sobre todo el 11 y 12 de julio de 2021 rompieron una de las imágenes más cuidadosamente construidas por la propaganda oficial cubana durante más de seis décadas: la de un pueblo leal e incondicional a «la Revolución».
Miles de personas salieron a las calles en decenas de ciudades para exigir servicios esenciales y gritar «Libertad», «Patria y Vida» y «No tenemos miedo», entre otras consignas que cuestionaban el poder omnímodo del Partido Comunista. En las multitudes había madres, jubilados, jóvenes estudiantes, trabajadores y personas sin militancia política previa al 11J que compartían el mismo hartazgo ante la escasez y la falta de libertades civiles y políticas.
Horas después de que comenzaran las protestas, Miguel Díaz-Canel —el presidente designado por el general Raúl Castro— lanzó su conocida «orden de combate» contra los manifestantes y llamó a los partidarios del Gobierno a salir a las calles a enfrentarlos.
El régimen intentó aislar al país con cortes de Internet y restricciones a las comunicaciones, pero las imágenes lograron salir de la isla. El mundo vio a agentes de distintas ramas del Minint disparar y detener a manifestantes, a civiles afines al Gobierno actuar junto a las fuerzas represivas, y a fuerzas especiales del ejército y la policía propinar golpes a personas ya reducidas.
La represión dejó, además, la muerte del manifestante Diubis Laurencio Tejeda, abatido por un disparo en la espalda durante las protestas en La Güinera. Organizaciones de derechos humanos documentaron decenas de heridos y denuncias de torturas y desapariciones forzadas.
Las huellas de aquellas jornadas no se han borrado. Según datos de la organización Justicia 11J, al menos 1 600 personas fueron detenidas tras las protestas y 337 continúan privadas de libertad por aquellas manifestaciones. Entre quienes permanecen recluidos, 167 personas recibieron sanciones de diez años o más y la pena más alta impuesta alcanza los 22 años, por supuesta «sedición».
Ese patrón represivo no se detuvo con el paso de los años. «Seguimos viendo que la respuesta del Estado a la protesta pública y a la exigencia de rendición de cuentas es la represión. Es una política sistemática y generalizada», dijo a Martí Noticias Joanna Cilano, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, con motivo del quinto aniversario.
La experta afirma que durante el último lustro continuaron ocurriendo «detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal [para castigar el disenso], patrones de vigilancia contra activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, así como la imposición de penas excesivamente desproporcionadas».
Cilano sumó a la lista la detención de niños, niñas y adolescentes que han participado en protestas y «un patrón de represión contra creadores de contenido digital y sus familiares, con el objetivo de generar miedo, intimidación y silenciar las voces críticas».
La cercanía del quinto aniversario ha vuelto a traducirse en presión sobre quienes protagonizaron aquellas jornadas o sus familiares. «Así amanecí, dos agentes en mi puerta. Hoy no puedes salir. Así vivimos los que exigimos libertad y vida digna», escribió el 2 de julio en Facebook Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, sobre la vigilancia que miembros de la Policía política mantienen frente a su vivienda.
Pese a la presión, aseguró que continuará denunciando la situación de su hijo, condenado a 12 años de cárcel, y del resto de los presos políticos en Cuba: «Prefiero luchar por mi verdad que vivir en la mentira», escribió el padre, «la razón y la verdad nunca serán delito».
Sin embargo, ninguna de esas presiones ha logrado apagar la impronta del estallido del 2021. La ONG Justicia 11J registró al menos 614 protestas públicas en Cuba en lo que va de 2026, 222 de ellas solo en junio, y al menos 34 en la primera semana de julio.
«Aunque desde entonces no ha ocurrido un levantamiento popular masivo y simultáneo en decenas de localidades del país como el 11 de julio de 2021, miles de cubanos continúan expresando su descontento de maneras diversas: manifestaciones callejeras espontáneas, cacerolazos, bloqueos de vías, carteles antigubernamentales», señaló la organización en un comunicado, en el que atribuye ese pulso constante al «profundo malestar social y la persistencia de las demandas de libertad, derechos y mejores condiciones de vida».
Quienes protagonizaron las protestas de 2021 coinciden en que algo cambió de manera irreversible, incluso si el aparato represivo sigue intacto. «Fue un parteaguas en la percepción del cubano de su propia realidad. El pueblo se dio cuenta luego de esa fecha que tiene poder», dice a elTOQUE Andy García Lorenzo, condenado por el 11J a cuatro años (pena que cumplió íntegramente en julio de 2025) y residente en Santa Clara.
«Creo que el cubano sueña que se repita el 11 de julio, pero un poquito más grande. Algo que defina completamente el futuro de Cuba», opina.
García fue interrogado y amenazado apenas unos días antes de nuestra conversación con él, el 24 de junio, algo que atribuye directamente a la cercanía del aniversario: «El 11 de julio opacó por completo la fecha del régimen [del 26 de julio, aniversario del ataque armado al cuartel Moncada]. Por eso ellos tratan de presionar para sembrar el temor».
Lo que no quiere el Gobierno, dice Andy García, es que se repita: «Ellos esperan que pueda suceder otro nuevo 11 de julio, o que los mismos participantes lo celebren, o que el pueblo cubano lo celebre».
Elías Rizo, el adolescente de la bandera en Toyo, coincide con García en que la protesta ya no cabe solo en la calle. «Cuando digo que cinco años después seguimos protestando, no hablo solo de estar en la calle, hablo de algo más profundo», dice desde España.
«Los que están presos resisten cada día desde la cárcel. Los que están en Cuba resisten sobreviviendo y hablando cuando pueden. Y los que estamos fuera protestamos con nuestra voz, con nuestro trabajo, con nuestra memoria».
Andy García (izquierda) y Elías Rizo se manifestaron el 11J en Santa Clara y La Habana, respectivamente.
Sobre la imagen que lo hizo conocido, Elías dice sentir dos cosas a la vez: «Orgullo porque ese momento dejó claro que el miedo podía romperse y que la dignidad podía imponerse incluso en medio del caos. Y dolor porque sé lo que vino después, la cárcel, el exilio, las familias partidas, la represión multiplicada».
«La historia no está escrita», cierra, «la escribimos nosotros cuando decimos que ya basta de dictadura en Cuba».
Betty Guerra Perdomo, prima de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, condenados a ocho y seis años de cárcel por manifestarse el 11J en San José de las Lajas (Mayabeque), describe estos cinco años en los mismos términos contradictorios.
«Han sido duros. El dolor, la rabia, la frustración, las injusticias, las denuncias y las enfermedades siguen presentes. Pero también han estado marcados por el aprendizaje, la hermandad, el amor y una fe inquebrantable», dice Guerra Perdomo. «Somos una familia que batalla contra un régimen sin alma, pero tenemos la certeza de que la luz y el bien prevalecerán algún día».
En diciembre de 2021, Betty fundó el proyecto Presos Políticos de Cuba para visibilizar en redes sociales, además del caso de sus primos, el de cientos de personas presas por motivos políticos en ese momento. Las cifras de quienes están tras las rejas por el 11J y otras causas políticas no han dejado de crecer y oscilan entre 823 y más de 1 300, según las estimaciones de distintas organizaciones independientes.
Su compromiso, dice Betty, no ha cambiado: «Me está prohibido callar, y mientras uno solo de ellos siga preso, ahí estaré yo levantando mi voz por su liberación. Abandonarlos sería un crimen».
Cinco años después del 11 de julio de 2021, el balance que arrojan las cifras, los testimonios y los casos de prisión política abiertos durante las últimas semanas de manifestaciones apunta en una sola dirección: la represión del Estado no cesó, pero tampoco las protestas. Entre la cárcel, el exilio y la calle, miles de cubanos demuestran que aquel estallido social no fue un hecho aislado que quedó en el pasado, sino el punto de partida de una resistencia que continúa.
