Preparémonos para esta escena dentro de unos días: voceros de la Seguridad del Estado cubana aparecerán en televisión, con voz engolada y música efectista, para presentar los «resultados» de una «nueva investigación» que, basada en «pruebas de peso», servirá para «demostrar» una «nueva operación organizada desde Estados Unidos». 

Lo que veremos será, en cambio, una nueva puesta en pantalla de las tácticas represivas del régimen cubano. Usando declaraciones obtenidas bajo coacción y sesiones de interrogatorios de entre ocho y 12 horas, cargadas de amenazas y chantajes, los guionistas de Villa Marista pretenderán que han conducido una investigación penal con garantías y que han revelado una nueva «conspiración contra Cuba». 

La realidad, sin embargo, es otra. 

Desde que comenzó esta oleada represiva a mediados de septiembre de 2024, hemos podido confirmar que una veintena de colaboradores de varios medios de prensa independientes (activos o que renunciaron desde 2022) y también gestores de proyectos sociales o de emprendimiento, activistas y creadores de contenido, fueron llevados a declarar como «testigos» de una supuesta instrucción penal por la comisión del delito de «mercenarismo», tipificado en el artículo 143 del Código Penal. 

El delito establece penas de entre cuatro y diez años de prisión para quienes reciban fondos que se empleen para realizar actividades «contrarias al Estado cubano y su orden constitucional». 

Entre las irregularidades del proceso destaca que las declaraciones son adquiridas incumpliendo varias normas de procedimiento, pues hasta el momento no se ha indicado contra quién se dirige la supuesta causa legal en la que deben declarar las personas interrogadas. 

Los agentes de la Seguridad del Estado condicionan la «colaboración» de los interrogados dándoles a escoger entre ser «acusados» o «testigos» del proceso. Aluden a la participación de estas personas en programas de formación que incluyen estipendios o fondos para la ejecución de proyectos —como es habitual en ese tipo de programas— para hacerles creer que violaron la ley. 

Los represores apenas han aportado pruebas documentales (y de las pocas que han presentado, varias fueron obtenidas como resultado de vigilancia electrónica ilegal a través del monopolio estatal Etecsa). En los interrogatorios se grita y violenta verbalmente a las personas interrogadas—, los oficiales del cuerpo represivo intentan convencer de que tienen evidencias; luego, presionan hasta obtener «confesiones» y señalamientos a otros individuos que sirvan para el libreto que han creado. 

Una de las tácticas más peligrosas que han empezado a usar es la de obligar a las personas interrogadas a entregar cientos de dólares que supuestamente recibieron en los programas de formación o por colaborar con medios independientes. Lo anterior, luego de firmar un acta de entrega en la que reconocen haber recibido el dinero de parte de proyectos «subversivos». Además de un claro acto de extorsión, la Seguridad del Estado obliga a estas personas a autoinculparse por participar en actos que no existen y, en el proceso, fabrica las evidencias que no tiene. 

Otro patrón que se repite, en las sesiones de amedrentamiento, es que se fuerza una declaración de renuncia a ejercer el periodismo independiente en la isla o a participar en programas de formación y apoyo financiados por entidades extranjeras. En varios casos, también obligan a filmar en video las «confesiones». 

Alertamos sobre nueva operación represiva contra elTOQUE

La nueva operación anuncia una instrucción penal en marcha por el supuesto delito de «mercenarismo» e incluye sesiones de tortura psicológica de más de ocho horas.

No habrá sorpresa cuando, como ocurrió en el pasado, los videos obtenidos por los agentes de la Seguridad del Estado sean expuestos en programas televisivos para desacreditar a entidades y personas de la sociedad civil independiente. La exposición mediática es, con frecuencia, una forma de acoso y presión contra periodistas y personas que disienten, la cual afecta también a sus familiares y redes de apoyo, y apunta al ostracismo social. 

Cada vez se conocen más señales de la actual oleada represiva. Colegas de Periodismo de Barrio y Cubanet han denunciado que varios de sus colaboradores están entre las víctimas.

La periodista María Lucía Expósito denunció en el perfil de una colega —porque el suyo está inhabilitado— el acoso que vivió en días recientes, la violencia del interrogatorio (pasaron más de seis horas) y el decomiso de dinero (1 000 USD que «pidieron en nombre de la subversión que representa el pago de un curso formativo en periodismo») y de su teléfono celular. 

«La violencia psicológica, con la venia del Estado, usa el Código Penal como instrumento», dijo María Lucía.

En los días anteriores, se conoció que entre los intelectuales interrogados y acosados se encuentra el ensayista Alexander Hall y el escritor Jorge Fernández Era —ambos han colaborado con elTOQUE—.

Hall recibió una citación para presentarse en Villa Marista, la sede de la Seguridad del Estado, el 19 de septiembre de 2024. El joven fue liberado tras varias horas de interrogatorio. Hall ha sido sometido a un hostigamiento constante desde julio de 2023, cuando fue regulado.

El escritor Jorge Fernández Era recibió dos citaciones, una para Villa Marista y otra, vía telefónica, para presentarse en la estación de Aguilera, en Diez de Octubre. En Villa Marista, lo interrogaron dos veces y la teniente coronel «Kenia» dijo estar preocupada por sus escritos en elTOQUE.

«Fui sometido a dos interrogatorios de poco más de una hora cada uno en una oficina de dos por dos metros con aire acondicionado. El resto del tiempo lo pasé sentado en el recibidor», contó Era.

Como parte de la nueva ola represiva, también fue citado a interrogatorio el joven Raymar Aguado, para el 18 de septiembre de 2024 en la estación de Zanja. Allí esperó más de 15 minutos a que se presentara el oficial que lo citó. Organizaciones internacionales como Artículo 19 han sistematizado otro grupo de ataques, solamente en septiembre, al periodismo independiente y el activismo ciudadano. 

También fue presionado el director de la revista Magazine AM:PM, lo que llevó al cierre temporal del medio, anunciado el 16 de septiembre de 2024. Estas son apenas las denuncias que, de una u otra manera, se han hecho públicas.

Tierra arrasada: la política oficial

La represión contra los colaboradores de elTOQUE no es nueva. En agosto de 2022, la Seguridad del Estado forzó a varios miembros del equipo a renunciar a su labor, bajo presión, y enfrentaron el decomiso de equipos de trabajo y prohibiciones de salida del país. Otros, han tenido que exiliarse para evitar la cárcel.

Editorial «La noche no será eterna» (+Audio)

Nueve miembros del equipo de elTOQUE han renunciado, hasta el momento, a su trabajo por presiones directas e indirectas de los Órganos de la Seguridad del Estado cubano.

Las presiones no solo afectaron a elTOQUE. Entre 2022 y 2024, al menos 150 periodistas cubanos se exiliaron a causa del constante acoso de la policía política. La nueva oleada ha sumado otros tres, hasta el momento. 

Siguiendo el patrón represivo de 2022, en las últimas 24 horas al menos tres personas hicieron pública su renuncia a «colaborar y/o participar en cualquier medio de comunicación o proyecto de carácter independiente y/o considerado subversivo o contrario a los intereses del gobierno cubano».

La ola represiva intenta apagar una parte del periodismo independiente en la isla y certifica la peligrosidad de trabajar con proyectos no controlados por el Partido Comunista. 

Ante el panorama, reiteramos nuestro llamado a las organizaciones de derechos humanos, a los Gobiernos y a la opinión pública internacional para que presten atención a la grave situación que enfrentan los comunicadores y creadores independientes en Cuba. Estamos en las puertas de una potencial acción judicial que pueda sumar gravedad al enorme número de prisioneros políticos en nuestro vejado país.