Entre 2018 y 2022 el Gobierno apeló a las «interrupciones programadas del servicio» para rebajar el consumo doméstico un 10.6 %. Pero ese ahorro no resultó suficiente para compensar el déficit de generación ocasionado por la falta de combustible y por el deterioro de las viejas centrales termoeléctricas. Por eso, en el mismo período el sector estatal debió contraer su demanda un 19.9 %, sobre todo paralizando procesos. Los recortes más profundos afectaron las actividades agropecuarias (que dispusieron de un 45.3 % menos de energía), la industria (31.9 % menos) y la construcción (19.4 % menos).

Hasta el reinicio en septiembre de los apagones de larga duración, 2023 mostraba una situación mucho más favorable, con un aumento del suministro eléctrico del 37 % respecto al año anterior, según informó el ministro de Energía y Minas Vicente La O Levy.

En mayo de 2023, las autoridades evidenciaron su «optimismo energético» con dos hechos. La reinauguración de la acería eléctrica de Antillana de Acero y el anuncio, por parte del vice primer ministro Alejandro Gil Fernández, de una orden del presidente Miguel Díaz-Canel: «priorizar la agricultura apenas tengamos una situación mejor con el combustible».

Ambas decisiones, que pretendían mandar un mensaje esperanzador en cuanto a la posibilidad de recuperación de la economía productiva en la isla, quedaron en lo anecdótico cinco meses después.

Con déficits de generación eléctrica que en las últimas semanas se han acercado a un tercio de la demanda nacional, resulta impensable echar a andar la metalúrgica capitalina o asignar recursos para poco más que «asegurar las cosechas», como indicó el propio Gil Fernández durante la Mesa Redonda en que se declaró la actual contingencia energética.

Escasez y apagones, el escenario perfecto para el aumento de la delincuencia (+Narración)

En las redes sociales y los medios de prensa han trascendido noticias de robos con fuerza e incluso asesinatos para ocupar vehículos y prendas. Sin embargo, poco se ha informado sobre el aumento de los delitos de este tipo en los últimos años o la conclusión de los casos.

Círculo vicioso

Las más de 220 000 toneladas de «acero líquido» que cada año puede producir la acería eléctrica de Antillana brindarían un importante impulso a la construcción y a otras industrias. Precisamente el acero es uno de los productos más deficitarios en el país, que programas como el de producción local de materiales de la construcción no tienen cómo suplir.

La inversión en Antillana de Acero fue financiada mediante un crédito ruso de 95 millones de dólares que debía reembolsarse con los ingresos generados con la producción de la planta. Sin embargo, las dificultades para que trabaje a plena capacidad obligarán a obtener ese dinero por otras vías o a negociar postergaciones de pago en condiciones probablemente desventajosas.

Algo similar ocurre con la actividad agropecuaria. El desvío del diésel hacia la generación eléctrica ha incidido en el incumplimiento de las últimas campañas de siembra y cosecha. Los planes de electrificación de labores como el riego también están en pausa, tanto por la falta de divisas para la adquisición de los equipos como por la previsible dificultad para emplearlos, incluso, en horarios como la madrugada.

Las alarmas sobre la crisis energética en Cuba se encendieron cuando se conocieron medidas drásticas de los gobiernos provinciales de Villa Clara y Cienfuegos para reducir el consumo eléctrico, como paralizar servicios no esenciales, cambiar horarios laborales, ajustar bombeo de agua e incluso desconectar frigoríficos y cámaras de frío cuando no afecte los productos. Lo extremo de las medidas revela la gravedad de la situación eléctrica en el país.

El escenario ha terminado convirtiéndose en un círculo vicioso. La isla necesita incrementar sus producciones industriales y agropecuarias para disminuir importaciones, pero para hacerlo necesita un suministro estable y barato de electricidad que no tiene cómo garantizar, precisamente porque parte de las divisas para hacerlo se destinan a la compra de artículos que podría producir.

Una generación de apagones

30 años de apagones es demasiado, mucho más para los jóvenes cubanos que desde que nacieron solo conocen de una realidad marcada por cortes de electricidad cada cierto tiempo.

Entre cinco y diez años de inversiones

«En Cuba, el sector residencial absorbe el 60 % de la electricidad producida, por el 42 % de promedio del Caribe. Entre 2000 y 2020, el sector residencial más que duplicó su consumo total», detallan los economistas Jorge Piñón y Ricardo Torres en un artículo publicado en diciembre de 2022 por el Cuba Capacity Building Project, de la universidad estadounidense de Columbia.

En contraposición, desde 1990 la generación eléctrica de la isla creció a un ritmo anual del 1.1 %, apenas un tercio del promedio mundial. Buscando superar ese «retraso», en la década de los dos mil la Revolución Energética apostó por las baterías de grupos electrógenos para complementar a las termoeléctricas, cuyas unidades más antiguas superaban el límite de 30 años de explotación recomendado por la mayoría de los fabricantes. El sistema funcionó mientras estuvo disponible el combustible venezolano. Pero a partir de «2016 se hizo evidente que la isla no podría contar con un suministro tan abundante […]. El Gobierno se vio obligado a introducir el racionamiento en el consumo de electricidad para clientes públicos con el propósito de minimizar las afectaciones al sector residencial», recuerdan Piñón y Torres.

Durante un par de años, los «autoapagones» estatales bastaron para impedir los cortes de servicio en las viviendas. La situación cambió en 2018, cuando las dificultades para importar combustible forzaron el regreso de los cortes de electricidad residenciales, que desde entonces han signado la cotidianidad nacional; en ocasiones, de forma dramática.

Las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y del verano-otoño de 2022 fueron incentivadas por los largos cortes de energía. Luego del paso del huracán Ian, en septiembre de 2022, la inconformidad ciudadana tuvo como epicentro mediático al Vedado, barriada que en 2021 poco secundó las protestas de otras zonas de La Habana. La diferencia entre uno y otro momento fue el apagón de casi una semana sufrido por toda la capital, incluso por la céntrica urbanización. La experiencia ha demostrado al Gobierno que los apagones en La Habana son un recurso extremo, al que conviene no recurrir en aras de la estabilidad social. Así lo confirmaron las «desafortunadas» declaraciones del primer secretario del PCC Luis Antonio Torres Iríbar, quien les llamó «apagones solidarios» para que en el resto del país hubiera «menos sufrimiento» por los cortes de electricidad.

Con el consumo del sector privado creciendo —de 2021 a 2022 aumentó un 33.8 %— y el residencial insatisfecho, pero también en franca expansión, los recortes a la economía productiva parecen haber llegado al límite de sus posibilidades. La única solución es renovar integralmente la industria eléctrica cubana.

Hacerlo implica una inversión de hasta 10 000 millones de dólares y entre 5 y 10 años de trabajo, calculan los economistas Jorge Piñón y Ricardo Torres. Por la magnitud del proyecto, la isla solo podría llevarlo adelante con la participación de capital extranjero, lo que demandaría un cambio de mentalidad y en el ordenamiento jurídico. Se «debería considerar, dentro de un modelo económico descentralizado, promover el uso de Asociaciones Público-Privadas […] que atraerían financiamiento de capital privado y multilateral», explican.

Su propuesta se empantana en el punto de la viabilidad económica. Incluso si la isla encontrara la forma de financiar las inversiones en infraestructura eléctrica, tendría por delante el problema del bajo poder adquisitivo de su población, que obliga a subsidiar al 89 % de los clientes residenciales. El inevitable crecimiento de la demanda implicaría —como ahora— un aumento de gastos sin posibilidad de recuperación. «Desafortunadamente, no tenemos respuesta a la pregunta “¿quién paga?”», reconocen los expertos.

En tales circunstancias, las perspectivas no son promisorias para Antillana de Acero. Tampoco para otros proyectos de la economía productiva que requieran de grandes volúmenes de energía. El destino previsible de todos probablemente será el de la Electroquímica de Sagua la Grande, industria que poco antes de la pandemia concluyó una modernización capital, y resultó decisiva en el enfrentamiento a la COVID-19.

Tras el fin de la emergencia sanitaria también recibió la orden de «apretarse el cinturón», a pesar de que producciones como el cloro líquido y la sosa cáustica tienen mercado seguro dentro y fuera de la isla. Así sucedió en 2022 y en los primeros meses de 2023 —solo pudo reiniciar operaciones en mayo—; y con toda seguridad, también en las últimas semanas. No hay electricidad suficiente para ponerla en marcha. Así de simple.