El Gobierno cubano publicó el primero de agosto nuevas cifras de muerte de mujeres por violencia machista en el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG).
De acuerdo con la plataforma oficialista, en 2023 se juzgaron un total de 60 casos de asesinatos de mujeres (de 15 años y más) a manos de sus parejas, exparejas u otras personas. La cifra parte del subsistema de información estadística complementaria del Tribunal Supremo Popular.
Las métricas actualizadas elevan la tasa oficial de feminicidios en el país de 0.99 por cada 100.000 mujeres —cifra que manejaba la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI) desde 2016— a 1.37 por cada 100 000 mujeres.
De las «víctimas de homicidio intencional (asesinato), como consecuencia del tipo de violencia de género más extrema» —categoría que emplea el OCIG para nombrar los feminicidios—: 50 (83,3 %) mantenían o tuvieron, en algún momento, una «relación íntima» con el victimario y solo 10 (16,7 %) murieron a manos de «otras personas» que no eran sus parejas.
Cuando la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) presentó en junio de 2023 el Observatorio, agrupaciones y medios feministas independientes vieron el hecho como «un paso importante». No obstante, alertaron que el esfuerzo quedaba aún por debajo de las necesidades reales de información de la sociedad civil. En aquel momento, las cifras oficiales hablaban de 19 casos de asesinatos de mujeres (mayores de 18 años) con «sentencia firme» en 2022.
Con la actualización del OCIG puede decirse que los crímenes con sesgo de género aumentaron, al menos, casi un 12 % en el país. O, en el otro caso, ha habido un mayor procesamiento judicial. De una forma u otra, el nuevo registro ha traído a la mesa más incertidumbres que certezas.
Nuevos datos, viejas interrogantes
La cifra de 60 mujeres asesinadas por razones de género está significativamente por debajo de los registros del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) —ambos considerados sub registros—. A pesar de operar con recursos limitados y enfrentar la criminalización del Gobierno, las plataformas independientes contabilizaron, al menos, 89 muertes en 2023.
Aun así, los 60 feminicidios en 2023 inscritos por el Gobierno también puede considerarse un sub registro. En parte, porque las métricas abarcan únicamente casos llevados ante la justicia. Se desconoce si la muestra contempla incidentes donde hubo un proceso judicial inconcluso o no hubo proceso alguno; situación que puede darse por diferentes motivos como el suicidio del victimario.
Otro detalle, los casos que levanta el observatorio oficialista responden a juicios que sucedieron en 2023. Sin embargo, los feminicidios pueden no haber ocurrido en ese año.
Si bien la ley cubana estipula seis meses para concluir la investigación e iniciar el juicio, en la práctica los procesos suelen ser más largos. El 7 de agosto de 2024, el Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos dictó las sentencias de Alnier Chao Navarro y Yarelquis Aguilar Duarte, responsables del asesinato de Yoilén de la Caridad Acosta Torriente, de 18 años, en enero de 2023. La justicia tardó más de un año y existe la posibilidad de que su caso no aparezca en los registros oficiales hasta 2025.
No obstante, sí pueden citarse ciertas coincidencias entre los registros independientes y gubernamentales, que permite tener una idea muy general sobre la forma más extrema de la violencia de género en el país.
Tanto el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género como el Observatorio de Género de Alas Tensas señalan a La Habana —provincia con mayor densidad poblacional— como el territorio de mayor incidencia, aunque difieren en el resto del listado.
Ambos registros también coinciden en que la mayoría de los asesinatos fueron cometidos por parejas o exparejas. Incluso, la proporción gubernamental del 83.3 % de feminicidios íntimos (categoría empleada por ONU Mujeres) frente el 16.7 % de asesinatos cometidos por «otros» se ajusta a tendencias mundiales y regionales. En 2023, la Organización de las Naciones Unidas emitió una alerta tras registrar casi 89 000 asesinatos de mujeres y niñas, la cifra anual más alta en las últimas dos décadas. Según la ONU, el 55 % de estos crímenes fueron perpetrados por «familiares o parejas íntimas».
Víctimas y victimarios… ¿Qué dice el Gobierno?
En su más reciente actualización, el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género hace uso de dos categorías para describir el vínculo entre victimarios y víctimas: «parejas y exparejas» y «otras personas». Es la primera vez que las autoridades cubanas publican cifras de feminicidios no relacionados con parejas o ex-parejas, y queda en duda quiénes son esos «otros» agresores.
A diferencia de los reportes de los observatorios independientes, el OCIG no hace una distinción de otras tipologías de feminicidios, como puede ser: el feminicidio sexual, social, familiar, el feminicidio vicario, el ginecobstétrico y el transfeminicidio. Tipologías que explican otros posibles vínculos entre agresores y sus víctimas, y brindan una imagen más precisa de la violencia de género.
La violencia de género en su máxima expresión no se circunscribe a los límites de los hogares, sino que ocurre en espacios tan diversos como puede ser una sala de parto.
¿Qué sabemos de las víctimas?
Por primera vez, la cifra de víctimas publicada por las autoridades cubanas incluye cuerpos feminizados de entre 15 y 17 años. El 65 % estaban entre los 20 a 44 años en el momento de su muerte.
También se puede llegar a suponer que los datos solo contemplan mujeres cisgénero. No hay ningún indicador o aclaración que haga referencia a mujeres transgéneros.
La mayoría de las víctimas (37) vivían en zonas urbanas y 23 residían en espacios rurales. La tasa de incidencia en la zona rural (2,33) es superior a la urbana (1,09).
Asimismo, el registro oficialista indicó que en el 68,3 % de los casos el crimen tuvo lugar en el hogar y el 71,6 % de las víctimas no tenían vínculo laboral. Este último dato podría sugerir que, en la mayoría de los casos, existía una dependencia económica que dificultaba la salida de las mujeres de los ciclos de violencia. «Quedaron en total 38 menores sin el amparo materno», agrega el reporte estadístico.
Incluso con datos por debajo de la incidencia real, las cifras de las autoridades demuestran que la creación de refugios y la entrega de ayudas económicos a mujeres en situación de violencia —demandas incluidas en el proyecto de Ley Integral Contra la Violencia de Género presentado por la sociedad civil independiente en 2019— siguen siendo de vital urgencia en Cuba.
Antes de la salida del OCIG en 2023, las autoridades habían dado cifras dispersas sobre asesinatos de mujeres con sesgo de género. Nunca llegaron a ser sistemáticos ni transparentes en relación con la metodología empleada para el levantamiento de la información.
El resultado es que, a día de hoy, la sociedad civil tiene dificultades para fiscalizar el verdadero impacto de las políticas públicas enfocadas a reducir y atender el problema de la violencia de género en el país, como el llamado «Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres». Una sociedad civil que está en su derecho de exigir responsabilidad estatal.
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